En mayo del año 2018, la Gobernación de Bolívar abrió una licitación pública para adelantar los trabajos de “Mejoramiento en placahuella desde la Ye de Los Arrastres hasta el municipio de San Jacinto del Cauca”, al sur del departamento, límites con Antioquia.

La convocatoria cuyo costo estaba tasado en $12.383.000.000 de pesos, fue declarada desierta por la Gobernación de Dumek Turbay el 6 de julio al considerar que ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos exigidos.

Dumek Turbay, ex gobernador de Bolívar.

Recordemos que Dumek Turbay era también en este momento el presidente del Ocad Caribe, organismo que aprobaba los proyectos de infraestructura de las gobernaciones de la región Caribe que iban a ser financiados por el fondo de regalías, y en el caso que nos ocupa este fondo giró $8.307.000.000, el resto lo asumía la gobernación de Bolívar.

Como suele pasar en procesos que son declarados desiertos, con el único propósito de poder avanzar en un proceso menos dispendioso y de manera directa, nuevamente la Gobernación abrió una convocatoria el 4 de septiembre del 2018, pero bajo la modalidad de Selección abreviada de menor cuantía, para las mismas obras.

El 14 de noviembre del 2018, le fue adjudicado el contrato al consorcio Vías de San Jacinto del Cauca, integrado por las sociedades Betcon Ingeniería SAS, Intec de la Costa SAS, e Ingoser Ingeniería de Obras SAS, representados por Miguel Antonio Martínez Niño, Hugo Armando Canabal Hoyos y Agustín Parodi Martínez, respectivamente, siendo éste último el representante legal del consorcio.

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Pero apenas habían pasado 10 días de haberse firmado el contrato entre la Gobernación de Bolívar y el mencionado consorcio, sucedió algo muy curioso. El consorcio Vías de San Jacinto del Cauca decidió ceder (aunque en realidad el término real sería entregar) a una persona natural, Laura Patricia Contreras Cáceres y a una empresa de Sincelejo que presta servicios de ingeniería, Marmojana SAS (representada por Omar Marmolejo Meza), lo que llamaron “derechos de pago o económicos que le corresponden provenientes de las actas de pago parcial de parte del Departamento de Bolívar a favor del Consorcio Vías San Jacinto del Cauca”. (Documento anexo)

Es decir, que desde ese momento, tanto Laura Patricia Contreras como la empresa Marmojona SAS iban a recibir los dineros cada vez que el departamento de Bolívar desembolsara de acuerdo a las actas de pago parcial, o sea que eran los autorizados para cobrar.

Un primer documento conocido por esta investigación da cuenta de un “Acuerdo de Participación”, presuntamente firmado el 23 de noviembre del 2018, en Fonseca (La Guajira), entre el consorcio al que le fue adjudicado el contrato, Laura Contreras y Marmojana SAS, donde se determina que “El Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018, cuyo objeto es “el mejoramiento en placa huella de la vía que conduce desde La Ye de los Arrastres hasta el municipio de San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar” será administrado y ejecutado por La Parte (Contreras y Marmojana SAS), en todo su alcance, obligaciones y demás aspectos derivados de la ejecución de las actividades para el cumplimiento de su objeto contractual y estará sujeto a las siguientes condiciones:

  1. a) Obligaciones: a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018, LA PARTE administrará, ejecutará y cumplirá a su costo y riesgo el ciento por ciento (100%) de las actividades y obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre de 2018 y sus adicionales si se presentan, por ende los Integrantes del Consorcio podrán hacer reclamaciones por posibles incumplimientos y anomalías en la ejecución del contrato y calidad del servicio resultado de dicha ejecución”.

A cambio de esta “cesión”, el Consorcio, recibiría como pago por el Acuerdo de Participación la suma de la suma de $1.984.000.000 de pesos, de donde mil millones de pesos se pagarían de manera inmediata a la firma del documento, y tres pagos más de $600 millones de pesos, $234 millones de pesos y $150 millones de pesos que le serían consignados a Ingoser SAS, apenas se entregaran las tres primeras actas de informes de actividades.

Además se advierte que en adelante el consorcio no se hacía responsable por la aceptación por parte del departamento de Bolívar.

Acuerdo de participacion y administracion Via San Jacinto VF 22112018

Ese mismo día fue firmada una Declaración Privada que consta de dos artículos donde se estipula básicamente que Laura Contreras Cáceres y Marmojana SAS, “liberan” de toda obligación y/o responsabilidad al Consorcio y a sus integrantes de cualquier requerimiento y/o solicitud y/o demanda y/o exigencia y/o reclamación que llegare a surgir de la Primera Autoridad del Departamento de Bolívar y/o su representante, del Secretario de Infraestructura del Departamento de Bolívar y/o su representante, de la Primera Autoridad del Municipio de San Jacinto del Cauca en Bolívar y/o su representante y en general de cualquier Tercero, diferentes a las establecidas y/o estipuladas en el Contrato de Obra Pública No. SI-C -4087 del 14 de noviembre.

Deja claro en su artículo segundo que “Cualquier requerimiento y/o solicitud y/o demanda y/o exigencia y/o reclamación que llegare a surgir (…) serán asumidas de forma exclusiva y en su totalidad por Contreras y la firma Marmojana SAS”.

Además hacen especial énfasis en mantener en absoluta confidencialidad lo actuado, y los documentos firmados.

DECLARACIÓN PRIVADA PLACA HUELLA VF22112018

Sin embargo, apenas tres días después, el 26 de noviembre, aparentemente se firma otro documento denominado “Contrato de Cesión de Derechos Económicos”, entre quienes conforman el mencionado Consorcio y Laura Contreras Cáceres, es decir sin la participación de Marmojana SAS.

En él los integrantes del Concesionario le ceden a Laura Patricia Contreras “todos los derechos de pago o económicos derivados de la forma de pago prevista en la cláusula cuarta del contrato de Obra Pública No. SI-C -4087, hasta en la suma de $9.641.389.652 pesos, correspondiente al 90.74% del valor total de dicho contrato, pagaderos por la Gobernación de Bolívar con la presentación de las actas parciales de obras y el cumplimiento de los requisitos legales.

A su vez, Contreras Cáceres deberá pagarle a los integrantes de la concesión la suma de $984 millones de pesos que serán cancelados de la siguiente manera: un primer pago de $600 millones con la primera acta de informe de actividades, un segundo desembolso por $234 millones con la entrega de la segunda acta de actividades y un tercer pago por $150 millones de pesos con el tercer informe que serán girados a Ingoser.

CESION DERECHOS CONSORCIO VIA SAN JACINTO VF251118

Cabe recordar que en su cláusula novena el mencionado contrato señala que el contratista no podrá ceder ni subcontratar con persona natural o jurídica, sin autorización previa y escrita del Departamento, lo cual evidentemente no ocurrió en la cesión antes descrita.

A estas alturas vale la pena precisar que la mujer en mención, Laura Contreras, es la esposa de quien fuera en las pasadas elecciones territoriales (2019), candidato a la alcaldía de Achí (Bolívar), Yeimis Rojas Rojas, por el partido Centro Democrático y sobre quien hay graves acusaciones relacionadas con que su candidatura estuvo apoyada por miembros del Clan del Golfo, situación que él ha negado de manera rotunda.

Yeimis Rojas y su esposa Laura durante la campaña.

Lo que sí es cierto es que los seguidores de Rojas, al cierre de las elecciones el pasado 28 de octubre, provocaron una asonada en Achí alegando fraude electoral. Al día de hoy el municipio de Achí permanece sin alcalde debido a la disputa por el primer cargo administrativo de esa población.

Volviendo al contrato, esta investigación está en capacidad de informar con base en las denuncias hechas por trabajadores de la obra, que después de un año y tres meses de haberse adjudicado, su avance no va ni en el 30% de las obras, –se supone que estaba previsto realizarse en seis meses- y los ingenieros empleados en un principio por el Consorcio, todos renunciaron debido al incumplimiento en sus pagos, aclarando que nos abstenemos de dar sus nombres por seguridad.

Adicionalmente el contrato fue suspendido el primero de noviembre del 2019, alegando imposibilidad de acceder a la zona de los trabajos por el invierno, pero con todo y eso, la gobernación de Dumek Turbay aprobó una adición de $1.173.129.642 de pesos, en diciembre del año pasado, en los últimos días de ese mandato. Ver documento, acta de suspensión, subido al Secop. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/DA_PROCESO_18-11-8378166_213000001_67917602%20(1).pdf

Fuentes consultadas por esta investigación periodística, de quienes mantenemos en reserva sus nombres, por temas de seguridad, ya que trabajaron en la obra, señalaron que los materiales que se están utilizando no son de la mejor calidad, y que la labor de la interventoría, a cargo de Consorcio PZ 43, y su representante legal Guillermo Valencia Pinzón contratada por Invías, prácticamente ha hecho caso omiso a todas las anomalías que allí se vienen presentando.

En la obra, Yeimis Rojas con el interventor.

Las mimas fuentes comentaron que los trabajadores se ven permanentemente amenazados por integrantes de grupos armados ilegales que dicen ser paramilitares, según indicaron las mismas fuentes a Corrupciónaldía.com.

Mientras tanto, el abogado Yeimis Rojas participa en reuniones programadas en la Gobernación para seguimiento a los trabajos, tal como se registra en fotografías a las que tuvo acceso esta investigación.

 

Reunión en la Gobernación de Bolívar, aparece Yeimis Rojas, camisa blanca con figuras, y el alcalde de San Jacinto del Cauca, Marcial Chávez.
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