Condenado a 28 años de prisión por dirigir un grupo paramilitar de exterminio, el hermano del expresidente iba a sufragar por el candidato que hoy lidera las encuestas rumbo a la segunda vuelta. El círculo no es coincidencia, es arquitectura.
El 3 de junio de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión, contenida en 605 páginas, establece sin margen de duda que el hermano del expresidente Álvaro Uribe fue líder y financiador de Los 12 Apóstoles, grupo paramilitar que operó en el norte de Antioquia durante los años noventa, cometiendo asesinatos selectivos, coordinados en algunos casos con miembros de la fuerza pública, desde una hacienda llamada La Carolina en el municipio de Yarumal.
La misma semana en que esa sentencia se conocía, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del partido Centro Democrático, anunciaba públicamente el respaldo de su colectividad a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. «Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia», escribió Uribe en la red social X. Un día después, Miguel Uribe Londoño, sobrino del expresidente y excandidato presidencial, también se adhería a la campaña del abogado de Montería.
La pregunta que ningún medio tradicional se ha molestado en formular con la claridad que merece es esta: ¿por quién habría votado Santiago Uribe Vélez si no estuviera camino a prisión?
La respuesta, a la vista de los hechos, no requiere investigación especial.
El mecanismo expuesto: cómo funciona el reciclaje político
Para entender lo que está pasando en Colombia en estas semanas, no hace falta teoría conspirativa. Basta con leer las sentencias judiciales y cruzarlas con los comunicados de prensa de los partidos políticos.
La Corte Suprema determinó que Santiago Uribe no era un simple asociado de Los 12 Apóstoles. Era su líder. Abastecía el grupo con material de guerra. Financiaba la estructura. Coordinaba, junto con elementos de la fuerza pública, asesinatos selectivos contra civiles a quienes se señalaba de colaborar con la guerrilla. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lo señaló directamente como quien «vendía fusiles y abastecía el grupo en Yarumal«. La hacienda La Carolina, de su propiedad, era el sitio de entrenamiento. La lista negra que determinó el asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos Durán en 1994 pasaba por sus manos.
Los magistrados de la Corte fueron precisos: los hechos eran «ultrajes especialmente lesivos de la dignidad humana» que formaban parte de eventos «sistemáticos y generalizados» contra la población civil del norte de Antioquia. Por ese motivo, los delitos no podían prescribir. Son crímenes de lesa humanidad.
Esta es la persona cuyo apellido, cuyo entorno familiar, cuya red política ha operado durante décadas como columna vertebral del movimiento que hoy impulsa la candidatura de Abelardo de la Espriella.
Y eso no es una coincidencia. Es un mecanismo.
El mecanismo funciona así: los actores directos de la violencia son condenados eventualmente, después de décadas de dilaciones procesales, aforamientos, teorías del complot y testigos cuestionados. Pero la red que los sostuvo, que se benefició de su acción, que construyó capital político sobre el terror que sembraron, no es condenada. Esa red migra. Se recicla. Se presenta bajo nuevas siglas, nuevos candidatos, nuevos discursos. Habla de familia, de libertad, de economía sana. Y vuelve a tocar las puertas del poder.
Los actores y sus roles: el elenco que nadie presenta completo
Abelardo de la Espriella obtuvo el 31 de mayo de 2026 el 43,7% de los votos en primera vuelta. Pasó a segunda vuelta como el candidato de la derecha colombiana. Su candidatura fue avalada por el Movimiento Salvación Nacional. Suma el respaldo del Centro Democrático, del partido Creemos de Federico Gutiérrez, de representantes de Cambio Radical y de políticos liberales como Mauricio Gómez Amín, que renunció a su curul para apoyarlo. El partido evangélico Colombia Justas Libres también lo apoya.
Su fórmula vicepresidencial es José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque.
Ahora bien: ¿quién es Abelardo de la Espriella?
Es el abogado que durante años representó a exparamilitares en procesos judiciales. El mismo que entre 2008 y 2019 fue denunciante en 109 casos de difamación y calumnia contra periodistas y columnistas, la mayoría archivados. El mismo cuya campaña interpuso acciones judiciales contra la columnista Ana Bejarano por cuestionar su trayectoria. La Fundación para la Libertad de Prensa ha documentado ese historial como hostigamiento judicial a la prensa. El mismo candidato que, durante la campaña, propuso la pena de muerte para asesinos de niños y que obtuvo en 2023 la ciudadanía estadounidense, dato que prefiere no enfatizar en sus tarimas.
Este es el perfil del hombre a quien Álvaro Uribe Vélez le pide a Colombia que vote el 21 de junio.
El mismo Álvaro Uribe cuyo hermano Santiago acaba de ser condenado por la Corte Suprema por dirigir un grupo paramilitar que cometió crímenes de lesa humanidad.
Qué casualidad, dirían algunos. Qué sistema, diría cualquiera que lo observe sin anestesia.
Un comentarista en la sección de la nota de El Espectador donde se reportó la condena de Santiago Uribe lo escribió sin ambages: «A su hermano, cuya orden de comandante supremo cobró la vida de más de 7.777 inocentes, aspira a un puesto en el Ministerio de Defensa del destripador de izquierdistas La Espriella.» No es un análisis académico. Es la percepción ciudadana de quienes leen la sentencia y miran el tablero electoral al mismo tiempo.
El impacto real: lo que el reciclaje político le cuesta al país
Los 12 Apóstoles no fueron un episodio lejano de la historia. Fueron familias que en Yarumal, en el norte de Antioquia, perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus vecinos. Fueron conductores de bus con nombre y apellido, como Camilo Barrientos Durán, asesinado el 25 de febrero de 1994 porque alguien lo incluyó en una lista negra que pasó por las manos del ahora condenado. Fueron civiles que no pertenecían a ningún grupo armado, señalados, ejecutados y borrados de la memoria pública durante décadas mientras sus victimarios tejían redes de impunidad.
El costo de esa impunidad no es abstracto. Cada año de dilación procesal fue un año en que las víctimas esperaron justicia. Cada argumento de la defensa de Santiago Uribe, desde la supuesta «confabulación transnacional» que involucraba a Venezuela y a senadores de oposición hasta el cuestionamiento fragmentado de cada testigo, fue una estrategia para que la verdad tardara más en costar algo.
Tardó más de tres décadas.
Y mientras tanto, la red política que lo rodeó construyó un partido, ganó dos elecciones presidenciales, gobernó ocho años, dejó el escándalo de los falsos positivos como legado, y hoy pide votos para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
¿Cuánto le cuesta a Colombia ese ciclo? No es solo el sufrimiento de las víctimas del paramilitarismo, que es incalculable. Es también la señal que emite el sistema hacia abajo: que el poder protege a los suyos, que las redes se sostienen, que la impunidad tiene apellido y tiene partido.
Desde la teoría de la elección pública de James Buchanan, Premio Nobel de Economía, los actores políticos maximizan su beneficio personal dentro de las reglas institucionales disponibles. Cuando esas reglas permiten que la violencia sea rentable políticamente, que los condenados por paramilitarismo sean hermanos de expresidentes que luego impulsan candidatos a la Casa de Nariño, el sistema no está fallando. Está funcionando exactamente como fue diseñado.
El sistema que lo permite: arquitectura, no accidente
Lo más revelador de la sentencia de la Corte Suprema no es la condena en sí. Es el argumento que la Sala Penal tuvo que desmontar para llegar a ella.
La defensa de Santiago Uribe no argumentó inocencia con evidencia. Argumentó complot. Una «confabulación transnacional» que involucraba al gobierno de Venezuela, narcotraficantes y senadores de oposición. Es la estrategia clásica de quien no puede refutar los hechos: politizar el debate probatorio hasta el punto en que la verdad quede sepultada bajo el ruido.
La Corte fue contundente: esa hipótesis «carece de sustento fáctico y riñe con las reglas de la experiencia«. El intento de «politizar el debate probatorio carece de todo fundamento«, citó el tribunal al Tribunal Superior de Antioquia.
Pero esa estrategia, aunque fue rechazada en los estrados, sí funcionó en la opinión pública durante décadas. El mismo manual opera hoy en la campaña electoral: descalificar a quienes investigan, hostigar judicialmente a quienes preguntan, presentar el cuestionamiento de los vínculos paramilitares como una persecución política de la izquierda.
El abogado Alejandro Nieto, en su obra El desgobierno de lo público, describe con precisión quirúrgica cómo el Estado puede ser secuestrado por una clase política que no busca el bien común sino su propio beneficio, convirtiéndose en un aparato que protege a quienes lo controlan y castiga a quienes los denuncian. Colombia lleva décadas viviendo ese modelo. La sentencia contra Santiago Uribe es un momento de ruptura institucional. Pero la red que lo sostuvo sigue intacta y sigue pidiendo votos.
Eso no es una anomalía del sistema colombiano. Es el sistema colombiano.
La Corte Suprema hizo lo que debía hacer, después de más de tres décadas. Confirmó que Santiago Uribe Vélez es culpable de crímenes de lesa humanidad. Que dirigió un grupo paramilitar. Que financió asesinatos. Que coordinó operaciones de exterminio con miembros de la fuerza pública.
Eso es un hecho judicial. Está en 605 páginas de sentencia.
Lo que no está en ninguna sentencia, pero está en los comunicados de prensa del 1 de junio de 2026, es que la red política construida alrededor del apellido Uribe apoya hoy a Abelardo de la Espriella para la presidencia de Colombia. Que ese mismo candidato fue durante años el abogado de exparamilitares. Que su campaña interpone demandas contra periodistas que hacen preguntas incómodas. Que el país está a tres semanas de una segunda vuelta en que uno de los finalistas carga con toda esa historia en las alforjas.
La pregunta no es si hubo vínculos entre el paramilitarismo y la política colombiana. Eso ya lo respondió la Corte Suprema.
La pregunta es si Colombia está dispuesta a seguir votando como si esa respuesta no existiera.
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar si nadie lo nombra.
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