El congelador de la Corte Suprema: 16 años para condenar a un mega-corrupto a tres años

La condena en primera instancia contra Germán Olano por el carrusel de la contratación llegó cuando el proceso cumplió dieciséis años. El costo de esa demora no lo pagó él. Lo pagamos todos.

El congelador de la Corte Suprema: 16 años para condenar a un mega-corruptoa tres años

Por Hipólito Palencia, periodista investigativo  ·  16 de julio de 2026

Nos encontramos en Bogotá, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde el 14 de julio de 2026 se cerró en primera instancia un capítulo que empezó a escribirse hace dieciséis años. La Sala Especial de Primera Instancia condenó al excongresista Germán Alonso Olano Becerra a tres años y cuatro meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos, dentro del carrusel de la contratación que saqueó a Bogotá.

Olano no estaba en la sala. Vive en Miami. El proceso en su contra se abrió en junio de 2010, cuando una grabación filtrada a los medios lo puso a negociar coimas con el empresario Miguel Nule. Entre esa grabación y la sentencia pasaron dieciséis años. Los hechos, en realidad, son de 2007, así que hablamos de casi dos décadas desde el negocio original. Un niño que nacía cuando estalló el escándalo hoy ya tiene edad para votar. La obra que Olano ayudó a amañar, la Fase III de TransMilenio por la calle 26, quedó paralizada más de tres años y se convirtió en el monumento nacional a la impunidad. Esta no es la historia de una condena. Es la historia de una demora.

Conviene entender qué se condenó y qué no. Olano ya había aceptado, mediante sentencia anticipada, los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Del cargo por el que ahora lo condenan, interés indebido en la celebración de contratos, se había declarado inocente. La Corte no le creyó. Determinó que participó en reuniones donde se acordó pagarle un soborno de $1.750 millones de pesos para interferir en la adjudicación de la Fase III de TransMilenio por la calle 26. La sentencia describe algo peor. Olano presentó al intermediario Héctor Julio Gómez ante el Grupo Nule y, junto a él, exigió $3.500 millones de pesos para asegurar que la licitación cayera en manos de ese conglomerado. Después intervino ante el contralor de Bogotá para que nadie estorbara el manejo de los anticipos. El esquema es nítido. Lo que no es nítido es por qué tardó dieciséis años en producir apenas una sentencia de primera instancia.

Aquí aparece el mecanismo que casi nadie nombra: el congelador. No es una máquina. Es un ritmo. La periodista María Jimena Duzán lo describió con precisión cuando explicó cómo ciertos organismos operan como congeladores de procesos, lugares donde los casos entran y esperan, y esperan, hasta que el tiempo hace el trabajo que la justicia no quiso hacer, extinguirlos por prescripción. El derecho penal fija plazos. Si el Estado no juzga dentro de ellos, la acción se extingue y el procesado queda libre sin que un solo juez haya escrito la palabra inocente. El congelador no absuelve con un fallo. Absuelve con un calendario. Y su gran ventaja es que nadie firma esa absolución. La firma el reloj, y el reloj no responde ante nadie.

El carrusel tuvo un reparto amplio. Los primos Miguel, Manuel y Guido Nule montaron la ingeniería del despojo y en 2011 recibieron quince años de prisión por peculado. Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá entre 2008 y 2010 por el Polo Democrático, presidió la administración bajo la cual se cocinó el saqueo. Su hermano, el exsenador Iván Moreno, fue señalado de liderar la red que repartía licitaciones a cambio de comisiones. Miguel Ángel Morales-Russi, contralor distrital, y Liliana Pardo, directora del IDU, aparecieron en el centro del cobro de coimas. Y Emilio Tapia, condenado en 2015 a siete años por el mismo carrusel, recibió libertad condicional en 2019 y en 2021 reapareció como figura central de otro escándalo mayúsculo, el de Centros Poblados en el Ministerio de las TIC. Ese detalle merece una pausa. El sistema no alcanzó a corregir a Tapia. Le dio tiempo de reincidir.

Falta nombrar al actor que casi nunca aparece en estas crónicas, la propia Corte. No como cómplice, como cuello de botella. Un tribunal cuyo reloj convierte cada expediente de aforado en una carrera contra la prescripción. Para el procesado, ganar esa carrera muchas veces significa una sola cosa, sobrevivir al paso del tiempo. El aforo, esa figura que la Constitución pensó como garantía de imparcialidad para juzgar a los poderosos, terminó funcionando en la práctica como una sala de espera con salida propia.

Ahora, la factura. ¿Cuánto nos costó a los colombianos que esta justicia llegara dieciséis años tarde? En dinero, el carrusel dejó cifras que nunca terminaron de aclararse. Hubo cálculos que hablaron de hasta 2,2 billones de pesos de detrimento en el conjunto del escándalo. Solo en la calle 26, la Contraloría estableció en 2016 un detrimento fiscal cercano a $175.000 millones de pesos, y algunos análisis elevaron los sobrecostos hasta $300.000 millones. Traduzcamos eso, que es lo que aquí hacemos. Con $175.000 millones de pesos se habrían podido construir, en órdenes de magnitud, entre tres y cinco hospitales de mediana complejidad, o del orden de veinte a treinta colegios nuevos en los barrios donde hoy los niños estudian en aulas prestadas. Ese dinero no volvió. Buena parte se desvió al exterior y se lavó en inversiones que la Fiscalía nunca persiguió con la fuerza necesaria.

El soborno concreto de Olano, $1.750 millones de pesos, equivale a lo que costaría sostener durante un año varios comedores escolares en la periferia bogotana. Pero el costo mayor no cabe en una cifra. La troncal de la calle 26 quedó abandonada, con retrasos de más de tres años, mientras cientos de miles de bogotanos perdían horas de su vida atrapados en trancones sobre una obra que se había vuelto símbolo del robo. El dinero, además, se encareció con el tiempo. Recuperar hoy lo saqueado en 2007 vale mucho más de lo que valía entonces, porque a la plata perdida hay que sumarle casi veinte años de inflación y de intereses que nadie cobró. El costo social de la demora tiene un nombre técnico, impunidad, y tiene un número que da vértigo. El presidente de la propia Corte Suprema reconoció en 2024 que la impunidad en Colombia ronda el 90 por ciento, y que hay procesos represados con más de doce años encima. Cada año de demora es un año en que la víctima, que somos todos, aprende una lección venenosa, que denunciar no cambia nada.

¿Por qué se perpetúa? Tres lentes ayudan a verlo. James Buchanan, con su teoría de la elección pública, enseñó que los funcionarios no son ángeles neutrales, son individuos que responden a incentivos. Si el incentivo es que la demora extingue el proceso, la demora deja de ser accidente y se vuelve estrategia. Alejandro Nieto, en su radiografía del desgobierno de lo público, mostró cómo el aparato estatal termina capturado por una casta que lo usa para protegerse y no para servir. El fuero, pensado como garantía, opera muchas veces como escudo. Los datos cierran el argumento. Entre 2007 y 2018 la Corte profirió 62 sentencias por parapolítica, un esfuerzo real y documentado, mientras cientos de procesos de aforados avanzaban al ritmo pausado de la prescripción.

El congelador, entonces, no es una teoría conspirativa. Es un diseño con incentivos, con capturas y con estadísticas. Un caso entra, la defensa dilata, los términos corren, el expediente engorda y el país olvida. Cuando la sentencia llega, dieciséis años después, ya no castiga, certifica. Certifica que el sistema funcionó justo lo suficiente para aparentar que funciona. Ese es el ciclo secreto de la impunidad colombiana, el patrón que se recicla caso tras caso hasta volverse paisaje. No necesita jueces comprados. Le basta con jueces lentos, expedientes eternos y una ley que, en la práctica, premia la lentitud. La corrupción del carrusel fue un acto. La demora de dieciséis años es una estructura. Y las estructuras, a diferencia de los actos, no se juzgan. Se heredan.

Germán Olano fue condenado a tres años y cuatro meses. La decisión es de primera instancia y todavía puede apelarse. Con una pena tan corta y unos hechos que datan de 2007, la pregunta incómoda es si alguna vez pisará una celda o si el reloj, una vez más, hará su trabajo silencioso. Ese es el verdadero veredicto que hoy examina el país. No el de un excongresista que vive en Miami. El de una justicia que aprendió a llegar tarde para no tener que llegar de verdad. Cada peso robado en el carrusel fue una oportunidad perdida para un hospital, un colegio, una troncal que sirviera. Cada año de demora fue un permiso. La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir aceptando que la demora sea la forma más elegante de la impunidad.

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