Dos años de gestión del alcalde Javier Isaac Castro Jiménez en Galeras, Sucre (2024-2025), diseccionados dato por dato

CALIFICACIÓN FINAL: 4.2 / 10

MEDIOCRE · PREOCUPANTE

Por · Confederación Colombiana de Ciudadanos Contra la Corrupción

Nos encontramos en el municipio de Galeras

Nos encontramos en el municipio de Galeras. Vamos a auscultar la gestión municipal de Galeras, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Javier Isaac Castro Jiménez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Galeras es un municipio de la subregión Sabanas de Sucre, a 50 kilómetros de Sincelejo, con 22.492 habitantes y 7.015 hogares. Tierra de la algarroba y de los Cuadros Vivos, vive de la ganadería, la caña y el jornal. Detrás de la postal folclórica hay una cifra dura: el 32,5% de su población está en pobreza multidimensional y el 77,2% trabaja en la informalidad, según el Sisbén IV. En 2019 la pobreza multidimensional llegaba al 46,1%, y en los corregimientos y el campo alcanzaba el 57,9%. Ese es el país real que recibió el alcalde el 1 de enero de 2024.

Su lema municipal reza «Paz, Cultura y Progreso«. Este trabajo pregunta, con datos oficiales en la mano, qué pasó con el progreso. Y la respuesta que arrojan las cifras del Ministerio de Hacienda, del Sistema General de Regalías, del FURAG y de la prensa regional no es cómoda: en dos años, con recursos girados y comunidades esperando, Galeras terminó en el decil más bajo del país en desempeño institucional, con su empresa de agua casi en el fondo nacional y con niños caminando kilómetros para llegar a una escuela sin agua. Las cifras no mienten, aunque los informes de gestión sí puedan disimular.

Aclaración necesaria: los antecedentes penales de contratación que registran los archivos públicos de Galeras (el cartel de contratistas 2016-2019 y la captura de un exalcalde en 2022) corresponden a administraciones anteriores, no a Javier Castro Jiménez. Este análisis evalúa su gestión 2024-2025 con presunción de inocencia y con base exclusiva en la evidencia documental.

La radiografía financiera

Un municipio que vive de lo que le mandan

La primera verdad de Galeras es su dependencia casi total del gobierno central. En 2024, de los $46.683 millones recaudados, $43.563 millones (93,3%) fueron transferencias de la Nación. En 2025 el patrón se repite: $50.243 millones de $54.745 millones, el 91,8%. Los recursos propios tributarios apenas representaron el 5,0% en 2024 y el 6,8% en 2025.

El caso más elocuente es el impuesto predial. Todo un año de predial en Galeras produjo $274,9 millones en 2024 y $323,0 millones en 2025. Es menos de lo que cuesta pavimentar una cuadra grande. El impuesto de industria y comercio sumó $431,5 y $503,8 millones. Hubo un esfuerzo por mejorar el recaudo propio, que creció 59% entre los dos años, pero desde una base tan pequeña que el avance es simbólico. La sobretasa a la gasolina, incluso, cayó un 10,7%.

Tabla 1. Composición del ingreso recaudado (millones de pesos)

Una advertencia metodológica: buena parte de ese presupuesto no es dinero que Galeras decide. Los $20.769 y $21.073 millones de salud (ADRES y seguridad social) son plata de aseguramiento que solo pasa por el municipio rumbo a EPS y hospital. Depurado ese flujo, la dependencia real de transferencias ronda el 88% y los recursos propios apenas rozan el 12% del presupuesto operativo. En cualquier lectura, Galeras no tiene músculo fiscal propio.

El gasto: dónde quedó el dinero

En 2024 la administración central comprometió $47.852 millones y pagó $45.982 millones. En 2025 comprometió $52.960 millones y pagó $49.820 millones. La estructura es la típica de un municipio pequeño: funcionamiento bajo, inversión alta. Pero hay dos señales que un ojo forense no deja pasar.

La primera: los gastos de personal de funcionamiento crecieron 36%, de $1.872 a $2.555 millones en un solo año. En un municipio que no ejecuta el agua ni el transporte escolar, una nómina que se dispara pide explicación. La segunda: aunque la inversión representa el 91% del gasto, ese porcentaje está inflado por las transferencias de salud. La inversión que el alcalde realmente decide es una fracción, y ahí es donde aparecen los vacíos.

Tabla 2. Semáforos fiscales

Regalías: la ejecución que arrancó tarde

Galeras no es municipio PDET. Sus regalías no vienen del OCAD Paz de los Montes de María, sino de la Asignación para la Inversión Local y de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías. En 2024 recibió $1.669 millones y solo pagó $907 millones: una ejecución del 54,3%. Casi la mitad del dinero de inversión quedó sin ejecutar en el primer año. En 2025 la historia mejora: sobre $4.145 millones recaudados, comprometió el 97% y pagó $3.744 millones, el 90,3%.

El destino de esas regalías dice mucho. En 2024 se fueron a escenarios deportivos y algo de transporte; en 2025, casi todo a construcción de carreteras ($3.791 millones). Es inversión visible, sí, pero llama la atención que, con un municipio sin agua y sin transporte escolar rural, la prioridad de las regalías fuera el cemento y no el agua. El Ciclo Secreto se repite: obra que se ve, servicio que se siente, y la segunda casi siempre pierde.

Deuda y vigencias futuras: hipotecar el agua

En lo positivo, el saldo de deuda bajó de $1.131 millones (cierre 2023) a $677 millones (2024) y $463 millones (2025). Hay disciplina en el pago. Pero el detalle forense es incómodo: los dos créditos vigentes (Bancolombia por $1.500 millones y Banco Pichincha por $1.200 millones) están garantizados con el 100% del SGP de propósito general y, sobre todo, el 100% del SGP de agua potable y saneamiento básico. Es decir, el municipio comprometió como prenda de pago la misma plata que la ley destina a llevar agua a la gente.

Y hay una nube en el horizonte: el reporte presupuestal de 2026 ya registra $4.000 millones de nuevo crédito de banca comercial. Un municipio que empieza su tercer año endeudándose de nuevo, con el agua ya pignorada, enciende una alerta de sostenibilidad que la Contraloría debería mirar de cerca. En vigencias futuras, en 2024 se autorizaron $600 millones para cultura; en 2025 el municipio reportó «No reporte de información», otra señal de opacidad.

Los cinco problemas, los cinco indicadores

El Plan de Desarrollo no es un catálogo de buenas intenciones. Es un contrato con la comunidad. Estos son los cinco frentes donde Galeras más duele, contrastando la promesa con la realidad verificada.

P1 · Agua potable y saneamiento   3.0/10

Problema: Amplias zonas rurales sin agua continua; empresa de servicios públicos débil.

Compromiso: Garantizar agua potable y saneamiento a corregimientos y veredas, con cargo al SGP de agua.

Evidencia verificada: El SGP de agua creció de $2.570 a $3.028 millones, pero está pignorado al 100% para respaldar deuda. En 2026 corregimientos completaron semanas con el servicio suspendido por una bomba dañada, y la respuesta del alcalde fue quedar «a la espera de un proyecto con la Gobernación». La empresa municipal de agua registra un FURAG de 12,47, casi el fondo nacional.

ODS relacionado: ODS 6 · Agua limpia y saneamiento (incumplido)

P2 · Educación y transporte escolar   3.5/10

Problema: Niños rurales sin transporte escolar y escuelas sin agua ni aseo.

Compromiso: Asegurar el transporte escolar y condiciones dignas en las sedes educativas rurales.

Evidencia verificada: En la Institución Educativa de San José de Rivera, con 420 estudiantes, los docentes tuvieron que reunir dinero de su propio bolsillo para contratar transporte porque la Alcaldía no firmó el contrato. Niños caminando kilómetros bajo el sol; baños sin aseo por falta de agua. El SGP de educación subió de $1.006 a $1.564 millones sin traducirse en servicio para los corregimientos.

ODS relacionado: ODS 4 · Educación de calidad (en riesgo)

P3 · Vías e infraestructura rural   5.0/10

Problema: Vías terciarias intransitables en invierno; conectividad rural deficiente.

Compromiso: Mejorar y mantener la malla vial rural del municipio.

Evidencia verificada: Con regalías de 2025 se ejecutaron $3.791 millones en construcción de carreteras, un avance real y verificable. Sin embargo, la ejecución de regalías en 2024 fue débil (54%) y la prensa documenta que las vías rurales siguen con huecos y barro. Avance parcial y desigual.

ODS relacionado: ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura (parcial)

P4 · Salud   5.5/10

Problema: Cobertura de aseguramiento y salud pública en territorio disperso.

Compromiso: Sostener el aseguramiento y fortalecer la atención primaria.

Evidencia verificada: El aseguramiento del régimen subsidiado está financiado por ADRES y el SGP salud, un flujo casi automático. El centro de salud municipal alcanza 63,01 en el FURAG, el mejor indicador de todo el municipio. Los déficits están en promoción y salud pública, no en el aseguramiento.

ODS relacionado: ODS 3 · Salud y bienestar (aceptable con reservas)

P5 · Institucionalidad y desarrollo económico   4.0/10

Problema: Institución débil, informalidad masiva y economía de subsistencia.

Compromiso: Fortalecer la gestión pública y generar oportunidades productivas.

Evidencia verificada: El Índice de Desempeño Institucional (FURAG 2025) de la Alcaldía es de 49,69: puesto 109 entre 1.099 alcaldías del país, en el decil inferior, muy por debajo del promedio nacional (70,19) y de su grupo par (67,43). La informalidad llega al 77,2% y el desempleo de larga duración al 27,4%. El único punto a favor es el aumento del recaudo propio (+59%), desde una base mínima.

ODS relacionado: ODS 8 y 16 · Trabajo decente e instituciones sólidas (deficiente)

Tabla 3. Consolidado de puntajes

Contratación pública: el rastro del dinero

El Secop no miente: dice quién ganó, cuánto, y, si se lee bien, por qué. Galeras arrastra una cultura contractual frágil. La Contraloría General del Departamento de Sucre no feneció la cuenta de la Alcaldía por la vigencia 2015, con concepto de resultados desfavorable (0,0 puntos) y 22 hallazgos, varios disciplinarios y fiscales. Y en el pasado reciente, un cartel de contratación desfalcó el presupuesto municipal entre 2016 y 2019, con un exalcalde capturado en 2022. Insistimos: esos hechos son de administraciones anteriores.

Para la administración de Castro (2024-2025), lo verificable en las bases oficiales es la ejecución de regalías: escenarios deportivos y transporte en 2024, carreteras en 2025. El llamado forense es a que la ciudadanía y los órganos de control revisen en el Secop I y el Secop II la trazabilidad de esos contratos, la concentración de proveedores y, sobre todo, por qué el agua y el transporte escolar rural no aparecen contratados mientras sí se contrató cemento. La ausencia de un contrato también es un dato.

Los ODS: las promesas del mundo

Galeras firmó, como todo municipio, un pacto con la Agenda 2030. El ODS 6 (agua) está incumplido: hay recursos, pero están pignorados y el servicio se suspende. El ODS 4 (educación) está en riesgo por el transporte escolar y las aulas sin agua. El ODS 3 (salud) se sostiene gracias al aseguramiento automático, no a una gestión propia. El ODS 8 (trabajo decente) choca contra una informalidad del 77%. Y el ODS 16 (instituciones sólidas) queda retratado en un FURAG de 49,69. De los objetivos que dependen directamente de la gestión, el municipio reprueba los más sensibles para la vida diaria.

Análisis jurídico: Prevaricato por Omisión

Con una calificación mediocre, el análisis forense debe ir más allá de la cifra. El artículo 414 del Código Penal colombiano tipifica el prevaricato por omisión: el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurre en prisión de dos a cinco años, multa e inhabilitación. No estamos condenando a nadie; estamos señalando, con evidencia, dónde los datos sugieren que podría configurarse.

Hallazgo 1 · El agua pignorada

Obligación legal: destinar el SGP de agua potable a garantizar el servicio (Ley 715/2001). Acto omitido: no llevar agua continua a los corregimientos pese a existir el recurso. Recursos disponibles: entre $2.570 y $3.028 millones anuales de SGP-APSB, además de regalías. Daño verificable: comunidades semanas sin agua, escuelas sin aseo. La circunstancia agravante es que ese mismo SGP de agua fue pignorado al 100% para respaldar deuda. Cuando el recurso destinado a un derecho se compromete a otro fin y el derecho no se cumple, la omisión deja de ser descuido.

Hallazgo 2 · El transporte escolar que pagaron los maestros

Obligación legal y programática: garantizar el transporte escolar rural (competencia municipal, Plan de Desarrollo). Acto omitido: no firmar el contrato de transporte para las zonas rurales. Prueba: los propios docentes de San José de Rivera reunieron dinero para movilizar a los niños, según registró la prensa nacional. Daño verificable: 120 niños y adolescentes de tres corregimientos caminando kilómetros, con deserción latente. Existían recursos del SGP de educación, que además crecieron. La omisión tiene nombre, tiene fecha y tiene víctimas.

Cuando un alcalde tiene recursos, tiene Plan de Desarrollo y tiene comunidades esperando, y no actúa, la omisión deja de ser descuido para convertirse en una posible conducta punible. Corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría establecerlo.

Reiteramos el lenguaje: los datos sugieren una posible configuración del tipo penal. No es una imputación ni una sentencia. Es una alerta ciudadana documentada que se pone a disposición de los organismos de control competentes.

Calificación final y cierre

Sumados los cinco indicadores, la gestión de Javier Isaac Castro Jiménez en sus dos primeros años obtiene 4.2 sobre 10: MEDIOCRE, �� PREOCUPANTE. No es el peor escenario posible, hay disciplina en la deuda y algo de ejecución vial en 2025, pero es una gestión que, teniendo con qué, dejó sin resolver lo esencial: el agua y la escuela. El FURAG lo confirma desde afuera: puesto 109 entre 1.099 municipios, decil inferior del país.

Traduzcamos la cifra a vida cotidiana. Los $763 millones de regalías que quedaron sin ejecutar en 2024 habrían pagado varios sistemas de bombeo de agua para los corregimientos que hoy están secos. El contrato de transporte escolar que nunca se firmó cuesta una fracción de lo que creció la nómina de funcionamiento. El municipio no se quedó sin plata: se quedó quieto donde más dolía.

La pregunta no es si hubo omisión. Es si vamos a seguir permitiéndola. En Galeras, tierra de Cuadros Vivos, el cuadro más vivo hoy es el de un niño caminando bajo el sol hacia una escuela sin agua, mientras el dinero que debía llevarle el líquido está firmado como garantía de un banco. Ese cuadro también es un dato. Y es el que este municipio tiene que cambiar.

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