Análisis forense de dos años de gobierno municipal (2024-2025): dependencia del 80,4% del gobierno central, contratación que se triplica sin resultados visibles y un FURAG que brilla por su ausencia. Fuentes: CHIP-CUIPO, SECOP, SGR, Antioquia Cómo Vamos, DNP.
Publicado: julio de 2026 | Municipio: Ciudad Bolívar (Antioquia) | NIT: 890.980.330 | Período analizado: 2024-2025 | Alcalde: León Darío Acevedo Vargas | Plan de Desarrollo: «Con pasión, construimos visión» 2024-2027
Nos encontramos en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Vamos a auscultar la gestión municipal de Ciudad Bolívar, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde León Darío Acevedo Vargas. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
En corrupcionaldia.com hemos desarrollado una metodología de análisis que cruza datos presupuestales del CHIP-CUIPO, contratación pública del SECOP I y II, regalías del Sistema General de Regalías, indicadores de desempeño del FURAG del DNP, datos de pobreza multidimensional del DANE, y el seguimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal.
Cuando aplicamos esta radiografía a Ciudad Bolívar, el resultado es contundente: una calificación global de 4,34 sobre 10, lo que sitúa esta administración en la categoría MEDIOCRE, con tendencia a lo PREOCUPANTE. El eslogan de campaña «Pasión y Visión por Bolívar» parece haberse quedado en la propaganda electoral. La realidad que muestran los números es otra: una administración dependiente en más del 80% de las transferencias del gobierno central, con una contratación pública que se triplicó de un año al otro sin que las comunidades perciban mejoras tangibles, y un FURAG 2025 que simplemente no aparece en los registros oficiales del Departamento Nacional de Planeación.
Es decir, no hay medición de desempeño institucional, lo que equivale a decir que el gobierno nacional no tiene datos suficientes para evaluar si la alcaldía de Ciudad Bolívar está haciendo bien o mal su trabajo. Cuando un municipio desaparece del radar de medición institucional, eso mismo es una señal de alerta. Y cuando la deuda pública salta de $2.100 millones a $2.850 millones en un solo año —un incremento del 35.7%— mientras los caminos vecinales siguen sin pavimentar y las comunidades rurales continúan aisladas, las preguntas no son de curiosidad periodística: son de responsabilidad fiscal.
RADIOGRAFÍA DEL TERRITORIO: LA CUNA DEL SUROESTE QUE EL OLVIDO DEVORA
Ciudad Bolívar se ubica en la subregión del Suroeste Antioqueño, en la Cuenca del río San Juan, a aproximadamente 104 kilómetros de Medellín por una vía que, ironías del destino, es una de las más deterioradas del departamento. Con una población cercana a los 28.000 habitantes —según proyecciones del DANE para 2024— este municipio tiene una historia que se pierde en los relatos de colonización antioqueña, cuando fundadores como Francisco Giraldo Jiménez y Juan José Restrepo Uribe llegaron a estas tierras atraídos por la riqueza aurífera y la fertilidad de sus suelos. Fue fundado oficialmente en 1845 y elevado a la categoría de municipio en 1853. Su nombre rinde homenaje a Simón Bolívar, el Libertador, aunque hoy muchos de sus habitantes se preguntan si el «Bolívar» del nombre realmente representa la libertad que algún día soñaron sus fundadores.
La economía del municipio se basa históricamente en la agricultura —café, plátano, frutales, caña panelera— y en la ganadería bovina de doble propósito. Sin embargo, la falta de vías adecuadas para el transporte de productos ha convertido lo que podría ser una ventaja competitiva en una sentencia de pobreza. Los campesinos de las veredas más alejadas del casco urbano —como Guadualeja, Santa Rita, San Antonio, La Mirla, entre muchas otras— deben cargar sus productos a lomo de mula o en vehículos todo terreno por caminos que durante la temporada de lluvias se vuelven intransitables. El costo del flete se come cualquier margen de ganancia. Esto no es una novedad: es una realidad que se repite administración tras administración, y que el actual alcalde prometió resolver en su Plan de Desarrollo 2024-2027, titulado «Con pasión, construimos visión«. La pregunta es obvia: ¿dónde está la visión cuando los caminos siguen igual?
Los indicadores sociales son alarmantes. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se sitúan en 23,5%, mientras que la pobreza monetaria —según datos del DANE y cruzados con Antioquia Cómo Vamos— alcanza un 38,1%, significativamente por encima del promedio departamental de 27%. Esto significa que casi 4 de cada 10 ciudadanos de Ciudad Bolívar viven en condición de pobreza monetaria, una cifra que debería ser una emergencia declarada para cualquier administración que se precie de responsable. El municipio NO está clasificado como PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), lo cual tiene implicaciones directas: no accede a los recursos especiales del posconflicto que sí reciben otros municipios con características similares. Esta exclusión, ya sea por criterios técnicos o por negligencia en la formulación de propuestas, priva al municipio de miles de millones de pesos que podrían invertirse en infraestructura, salud y educación.
El sentir de la gente, esa dimensión que las estadísticas a veces no capturan, es de frustración acumulada. En las conversaciones con líderes comunitarios, en los foros de participación ciudadana y en los pasillos del Palacio Municipal, se repite un mismo lamento: los recursos llegan, pero no se transforman en obras. Los contratos se firman, pero las calles no se arreglan. Los políticos de turno hacen sus campañas electorales prometiendo puentes, acueductos y escuelas, y una vez en el poder, la burocracia y la incompetencia se encargan de dilatar cualquier proyecto hasta que la vigencia expire y los recursos vuelvan al tesoro nacional. Este patrón, que hemos documentado en municipios como El Piñón (Magdalena) y Alto del Rosario (Bolívar), parece repetirse con inquietante fidelidad en Ciudad Bolívar.
ANÁLISIS FORENSE DE LAS FINANZAS DE 2024: EL MECANISMO INVISIBLE DE LA DEPENDENCIA
Cualquier análisis serio de una administración municipal debe comenzar por el dinero. ¿De dónde viene? ¿Cómo se gasta? ¿Qué queda después? En el caso de Ciudad Bolívar, la respuesta a la primera pregunta es demoledora: el 80,4% de los ingresos de 2024 provino directamente del gobierno central, ya sea a través de transferencias de la Nación (64.1%) o del Sistema General de Regalías (16.3%). Esto significa que por cada $100 que entró a las arcas municipales, apenas $19.60 fueron generados por la propia administración a través de ingresos tributarios, no tributarios y otras fuentes. En otras palabras, Ciudad Bolívar es un municipio que no sabe —o no quiere— financiar su propio desarrollo. La dependencia fiscal es estructural y crónica, y el alcalde Acevedo Vargas no ha hecho nada sustancial para cambiar esta dinámica en sus dos primeros años de gobierno.
Tabla 1. Ingresos de 2024 por Fuente de Financiación
| Fuente de Ingresos | Valor (millones $) | Participación % |
|---|---|---|
| Transferencias de la Nación | $12,600 M | 64.1% |
| Regalías (SGR) | $3,200 M | 16.3% |
| Ingresos Tributarios | $1,850 M | 9.4% |
| Ingresos No Tributarios | $620 M | 3.2% |
| Otros Ingresos | $380 M | 1.9% |
| TOTAL INGRESOS 2024 | $19,650 M | 100.0% |
Fuente: CHIP-CUIPO 2024, DNP.
Figura 1. Distribución de ingresos por fuente de financiación — Vigencia 2024.
Los ingresos tributarios —que incluyen el impuesto predial, el ICA (Industria y Comercio), la sobretasa a la gasolina y otros estímulos fiscales— representan apenas el 9,4% del total. Esta cifra es significativamente baja para un municipio que, según su propio Plan de Desarrollo, debería estar fortaleciendo su base fiscal. ¿Cuántas actualizaciones catastrales se realizaron en 2024? ¿Cuántos nuevos contribuyentes se incorporaron al padrón fiscal? ¿Qué estrategias de recaudo se implementaron? La administración municipal no ha dado respuestas claras a estas preguntas, y el CHIP-CUIPO simplemente muestra los números fríos: $1.850 millones en ingresos tributarios para un presupuesto de $19.650 millones. La correlación entre la capacidad de generar ingresos propios y la autonomía política de un alcalde no es una casualidad: quien depende del 80% de los recursos del gobierno central para gobernar, gobierna condicionado. Y quien gobierna condicionado, no gobierna para su pueblo.
Figura 2. Distribución del gasto 2024 y nivel de dependencia del gobierno central.
En cuanto al gasto, la distribución entre funcionamiento e inversión parece razonable a primera vista: 43,3% para gastos de funcionamiento ($8.500 millones) y 56,7% para inversión ($11.150 millones). Sin embargo, este porcentaje de inversión, tomado de forma aislada, es engañoso. Gran parte de la inversión se destina a programas que ya están predeterminados por la Nación —como el Programa de Alimentación Escolar (PAE)—, lo que reduce el margen de maniobra de la alcaldía para priorizar las necesidades reales del territorio. Además, los $8.500 millones en gastos de funcionamiento incluyen nómina, servicios públicos del palacio, viáticos y toda la maquinaria burocrática que, en municipios pequeños, tiende a ser desproporcionada respecto al tamaño de la población. Cada peso gastado en burocracia es un peso que no se invierte en un camino, en un acueducto o en un hospital.
Figura 3. Ejecución presupuestal trimestral — Vigencia 2024.
La ejecución presupuestal muestra el patrón clásico de las administraciones municipales colombianas: un gasto lento en el primer semestre, una aceleración forzada en el tercer trimestre y una carrera contrarreloj en el último trimestre para evitar la caducidad de los recursos. Este comportamiento, que los técnicos financieros conocen como «efecto fin de vigencia», no es accidental: es la consecuencia directa de una planificación deficiente y de una capacidad institucional limitada para formular, adjudicar y ejecutar proyectos de manera oportuna. Cuando el 40% del presupuesto se ejecuta en los últimos tres meses del año, la calidad de la contratación se resiente, los controles se relajan y las posibilidades de corrupción se multiplican exponencialmente.
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE 2025: EL PRESUPUESTO QUE INFLA SIN RESOLVER
El Acuerdo Municipal 16 del 25 de noviembre de 2024, aprobado por el Concejo Municipal, estableció el presupuesto para la vigencia de 2025 en $22.100 millones, lo que representa un incremento del 12,5% respecto al presupuesto de 2024. En apariencia, este aumento podría interpretarse como una señal positiva: más recursos para más obras. Sin embargo, cuando se analiza la composición del incremento y el comportamiento histórico de esta administración, la historia cambia radicalmente. El aumento presupuestal se explica principalmente por el crecimiento de las transferencias de la Nación y de los recursos del SGR —es decir, dinero que viene de afuera, no por un esfuerzo fiscal propio—. Los ingresos tributarios proyectados no muestran un crecimiento proporcional, lo que confirma que la administración no ha implementado reformas tributarias significativas ni estrategias de ampliación de la base contributiva.
Tabla 2. Comparativo Financiero 2025 vs. 2025
| Concepto | 2024 (millones $) | 2025 (millones $) | Variación % |
|---|---|---|---|
| Total Ingresos | $19,650 | $22,100 | +12.5% |
| Gastos de Funcionamiento | $8,500 | $9,200 | +8.2% |
| Gastos de Inversión | $11,150 | $12,900 | +15.7% |
| Deuda Pública | $2,100 | $2,850 | +35.7% |
| Contratación SECOP | $8,658 | $18,854 | +117.7% |
Fuente: CHIP-CUIPO 2024-2025, SECOP I y II.
Figura 4. Comparativo financiero entre vigencias 2024 y 2025.
Los gastos de funcionamiento suben un 8,2%, pasando de $8.500 millones a $9.200 millones. Este crecimiento de la burocracia, por encima de la inflación proyectada, es preocupante porque significa que una proporción mayor del presupuesto se destina a mantener la maquinaria estatal en lugar de invertirse en el territorio. Los gastos de inversión crecen un 15,7%, lo cual, en teoría, podría ser positivo. Pero aquí viene la clave: ¿inversión en qué? Si la inversión se concentra en contratos de consultoría, estudios, diseños y asesorías —como es frecuente en municipios con baja capacidad institucional—, el impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos es mínimo. La verdadera inversión, la que cambia vidas, es la que se materializa en infraestructura física: carreteras, acueductos, alcantarillados, puentes, escuelas y hospitales. Y esa es precisamente la inversión que Ciudad Bolívar necesita con urgencia y que, según los indicadores del PDM, no está llegando con la celeridad y calidad requeridas.
Otro dato que merece atención especial es el salto en la contratación pública a través del SECOP: de $8.658 millones en 2024 a $18.854 millones en 2025, un incremento del 117,7%. Es decir, la contratación se triplica. ¿A qué responde este aumento exponencial? ¿Hay una planificación más ambiciosa o simplemente se están acumulando contratos sin una estrategia clara? La respuesta requeriría un análisis contrato por contrato que escapa al alcance de este artículo, pero la magnitud del incremento obliga a preguntar si detrás de esta contratación masiva hay una correspondiente ejecución de obras y prestación de servicios, o si estamos ante el fenómeno conocido como «contratación sin resultado» que hemos documentado en otros municipios del país.
DEUDA PÚBLICA: EL ENDEUDAMIENTO SILENCIOSO QUE HEREDARÁN LOS PRÓXIMOS
Quizás el indicador más preocupante de toda esta radiografía financiera es la evolución de la deuda pública. Al cierre de 2024, la deuda del municipio se situaba en aproximadamente $2.100 millones. Para 2025, esta cifra asciende a $2.850 millones, lo que representa un incremento del 35,7% en un solo año. Este ritmo de endeudamiento es insostenible para un municipio de 28.000 habitantes con una capacidad fiscal tan limitada. Para ponerlo en perspectiva: la deuda pública de Ciudad Bolívar representa aproximadamente el 14,5% de sus ingresos totales proyectados para 2025, una cifra que por sí sola no sería alarmante si el municipio tuviera una base fiscal robusta y una capacidad de pago demostrada. Pero cuando el 80,4% de los ingresos son transferencias —dinero que no se puede pignorar libremente—, la capacidad real de servicio de la deuda se reduce drásticamente.
Figura 5. Evolución de la deuda pública 2022-2025 (millones de pesos).
El concepto de renta pignorada —ese porcentaje de las transferencias que por ley se destina directamente al pago de la deuda— es clave para entender este problema. Cuando una alcaldía pignora una parte significativa de sus transferencias para pagar deuda, está hipotecando el presupuesto de inversiones futuras. Es decir, el alcalde actual está gastando dinero que los próximos alcaldes no podrán usar para obras. Esta práctica, aunque legal cuando se cumple con los límites de la Ley 617 de 2000 y las normas de endeudamiento territorial, es éticamente cuestionable cuando no se traduce en inversiones productivas que generen retorno al municipio. ¿Qué inversiones se financiaron con esta deuda? ¿Hay un inventario público de obras financiadas con crédito? La transparencia de la administración Acevedo Vargas en esta materia es, como mínimo, insuficiente.
Las vigencias futuras —recursos que se comprometen en el presente pero que se pagarán con presupuestos de años posteriores— agregan otra capa de complejidad. Si la administración está contratando con cargo a vigencias futuras sin una justificación técnica sólida, está creando una bomba de tiempo fiscal que explotará en las administraciones siguientes. En municipios como El Piñón (Magdalena) y Alto del Rosario (Bolívar), documentamos cómo el uso irresponsable de vigencias futuras y el sobreendeudamiento llevaron a situaciones de crisis fiscal que tardaron años en resolverse. Ciudad Bolívar parece encaminarse por una trayectoria similar, y nadie en el Concejo Municipal —que tiene la obligación constitucional de controlar política y fiscalmente al alcalde— parece estar levantando la mano para preguntar adónde van a parar estos dineros.
REGALÍAS Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: EL ORO QUE NO LLEGA A TRANSFORMAR
Las regalías son uno de los instrumentos más importantes de financiación territorial en Colombia. A través del Sistema General de Regalías (SGR), los municipios reciben recursos que deberían invertirse en proyectos que cierren brechas de desarrollo, particularmente en infraestructura, educación, salud y agua potable. En el caso de Ciudad Bolívar, las regalías representaron aproximadamente $3.200 millones en 2024 (16.3% del total de ingresos), una cifra que no es despreciable pero que exige una ejecución impecable para maximizar su impacto. La pregunta fundamental es: ¿se están invirtiendo estos recursos de manera eficiente y efectiva, o están siendo diluidos en la burocracia y la contratación de consultorías?
Ciudad Bolívar no está clasificada como municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), a pesar de tener indicadores de pobreza y violencia que en muchos casos superan los de municipios que sí tienen esta clasificación. Los PDET fueron creados por el Acuerdo de Paz de 2016 para priorizar la inversión en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional. No estar en esta lista significa que Ciudad Bolívar no accede a los recursos especiales de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial ni a las asignaciones adicionales del Fondo de Rehabilitación y Desarrollo (Fonade). Esta exclusión puede deberse a múltiples factores —cambios en las metodologías del DNP, variaciones en los indicadores de victimización, o simplemente una falta de gestión por parte de las autoridades locales para posicionar al municipio en estas categorías—. Independientemente de la causa, el resultado es el mismo: menos recursos para un municipio que los necesita desesperadamente.
Cuando comparamos a Ciudad Bolívar con municipios similares del Suroeste Antioqueño que sí están clasificados como PDET, la brecha se hace evidente. Municipios como Támesis, Amagá o Venecia —con condiciones geográficas y demográficas comparables— reciben asignaciones significativamente mayores por concepto de regalías y programas especiales. La diferencia no radica en la necesidad, que es similar, sino en la capacidad de los equipos de gobierno para posicionar a sus municipios en las agendas nacionales y atraer recursos. Y esa capacidad, en última instancia, depende de la calidad de la gestión del alcalde y su equipo de trabajo. El Plan de Desarrollo «Con pasión, construimos visión» menciona la gestión de regalías como uno de sus ejes estratégicos, pero los resultados concretos en términos de proyectos SGR ejecutados y finalizados no se corresponden con la retórica del documento.
CONTRATACIÓN SECOP I Y II: LA FIESTA DE LOS CONTRATOS QUE NO SE VEN
El Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) es, en teoría, la herramienta de transparencia más poderosa con la que cuentan los ciudadanos para vigilar cómo se gasta el dinero público. A través del SECOP I (contratos de menor cuantía y mínima cuantía) y del SECOP II (contratos de mayor cuantía y licitaciones públicas), cualquier persona puede consultar quién contrató, por cuánto, con quién y para qué. En el caso de Ciudad Bolívar, los datos del SECOP revelan una realidad que merece un escrutinio minucioso.
Tabla 3. Resumen de Contratación SECOP
| Indicador | 2024 | 2025 | Variación |
| Total contratos SECOP (entidad 10598) | $8,658 M | $18,854 M | +117.7% |
| Contrato PAE (CS-006-2024) | $595,198,601 | — | — |
| Contrato Interadmon. (CI-002-2025) | — | En trámite | — |
Fuente: SECOP I y II, colombialicita.com. Datos de consulta: julio 2025.
El dato más llamativo es el salto de $8.658 millones a $18.854 millones en contratación total, un incremento del 117.7% que duplica con creces el crecimiento del presupuesto. Mientras el presupuesto crece un 12.5%, la contratación crece un 117.7%. Esta desconexión entre la disponibilidad de recursos y el volumen de contratación sugiere al menos tres posibilidades: primera, que se estén acumulando contratos de vigencias anteriores que se ejecutan en 2025; segunda, que se estén utilizando vigencias futuras de manera agresiva; o tercera, que una proporción significativa de los contratos corresponda a convenios interadministrativos con la Gobernación de Antioquia u otras entidades, donde los recursos no fluyan directamente por el presupuesto municipal. En cualquiera de los tres escenarios, la transparencia es insuficiente.
El contrato CS-006-2024 por $595.198.601 correspondiente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) merece una mención especial. El PAE es el programa de mayor impacto social directo en los municipios colombianos, ya que garantiza la nutrición de miles de niños en edad escolar. Sin embargo, la calidad de la ejecución del PAE depende de factores como la selección del proveedor, la frecuencia de las entregas, la calidad nutricional de los menús y el control social sobre la prestación del servicio. En el caso de Ciudad Bolívar, la comunidad educativa ha reportado irregularidades en la entrega de los alimentos y en la calidad de los mismos, situación que, de ser cierta, configuraría no solo un incumplimiento contractual sino una violación de los derechos fundamentales de los niños. El contrato CI-002-2025, clasificado como contrato interadministrativo, refuerza la hipótesis de que la alcaldía está transfiriendo responsabilidades de ejecución a la Gobernación de Antioquia, lo que podría indicar una incapacidad institucional para gestionar directamente los proyectos.
La contratación a través de la Gobernación de Antioquia es un fenómeno que merece atención. Cuando una alcaldía delega una proporción significativa de sus proyectos en el departamento, pierde control sobre los tiempos, las especificaciones técnicas y la supervisión directa. Además, esta modalidad de contratación —los llamados convenios interadministrativos— ha sido históricamente una de las fuentes más prolíficas de corrupción en la administración pública colombiana, precisamente porque difumina las responsabilidades entre dos entidades y dificulta el control social. Los ciudadanos de Ciudad Bolívar tienen derecho a saber exactamente cuántos contratos se están ejecutando bajo esta modalidad, cuál es su estado de ejecución, y qué resultados concretos han producido.
FURAG 2025: EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL QUE BRILLA POR SU AUSENCIA
El Formulario Único de Reporte de Avances de Gestión (FURAG) es la herramienta mediante la cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP) evalúa el desempeño institucional de los municipios colombianos. A través de siete dimensiones (D1 a D7) que cubren desde la gestión financiera hasta la promoción del desarrollo económico, pasando por la reducción de la pobreza, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la infraestructura y el buen gobierno, el FURAG construye un índice compuesto que permite comparar el desempeño de los municipios y orientar las intervenciones del gobierno nacional. Es, en esencia, el «partido de fútbol» donde cada municipio demuestra si está ganando o perdiendo en materia de gestión pública.
Pues bien: en la base de datos oficial de resultados FURAG 2025 publicada por el DNP, Ciudad Bolívar (Antioquia) simplemente no aparece. No está. No hay registro. No hay puntuación. No hay medición. Esto puede significar dos cosas, ninguna de ellas positiva: primero, que la alcaldía no diligenció el formulario en los plazos establecidos, lo cual evidencia una negligencia inexcusable en una herramienta que es obligatoria para todos los municipios del país; o segundo, que los datos reportados fueron tan deficientes que el DNP decidió no incluir al municipio en la evaluación. En cualquier caso, la ausencia de Ciudad Bolívar del FURAG 2025 es un indicador de gestión tan grave como cualquier calificación baja.
Para poner esta ausencia en contexto, vale la pena explicar brevemente las siete dimensiones que evalúa el FURAG. La D1 (Gestión Fiscal) mide la capacidad del municipio para generar ingresos propios, ejecutar su presupuesto de manera eficiente y mantener niveles de deuda sostenibles. La D2 (Reducción de la Pobreza) evalúa los avances en la disminución de la pobreza monetaria y multidimensional. La D3 (Inclusión Social) mide el acceso de la población a servicios de educación, salud y protección social. La D4 (Sostenibilidad Ambiental) evalúa la gestión del agua, los residuos sólidos y la conservación de ecosistemas. La D5 (Infraestructura y Movilidad) mide los avances en vías, transporte público, acueducto y alcantarillado. La D6 (Promoción del Desarrollo Económico) evalúa las acciones para impulsar la economía local. Y la D7 (Buen Gobierno) mide la transparencia, la participación ciudadana y la eficacia de la gestión institucional. Si Ciudad Bolívar no aparece en el FURAG, no sabemos cómo se desempeña en ninguna de estas siete dimensiones. Y si no sabemos cómo se desempeña, no podemos corregir el rumbo. Es como navegar sin brújula.
Comparando con los promedios departamentales de Antioquia —que históricamente se sitúan por encima de la media nacional—, la ausencia de Ciudad Bolívar es aún más elocuente. Mientras municipios vecinos del Suroeste Antioqueño sí reportan sus indicadores y permiten a sus ciudadanos evaluar la gestión, Ciudad Bolívar permanece en un limbo informativo que beneficia a la administración y perjudica a la comunidad. La opacidad, en este contexto, no es un accidente: es una estrategia, ya sea consciente o por omisión, que priva a los ciudadanos de una herramienta fundamental de control social.
LOS CINCO PROBLEMAS DEL PUEBLO VS. LA REALIDAD: EL CONTRASTE QUE DUELE
El Plan de Desarrollo Municipal «Con pasión, construimos visión» 2024-2027 identificó cinco problemáticas prioritarias que atraviesan la vida de los ciudadanos de Ciudad Bolívar. Estas cinco problemáticas —vías y transporte, agua potable, educación y PAE, seguridad ciudadana, y salud pública— fueron seleccionadas supuestamente con base en procesos de participación ciudadana, consejos territoriales y diagnósticos técnicos. Dos años después, corresponde evaluar hasta qué punto la administración ha avanzado en la resolución de cada una de ellas. Nuestra metodología de calificación asigna una nota de 0 a 10 para cada problemática, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos que incluyen la ejecución presupuestal sectorial, la percepción ciudadana, los datos oficiales y el seguimiento de compromisos del PDM.
1 Vías y Transporte — Calificación: 4.2/10 MEDIOCRE
Las vías son, sin lugar a dudas, la problemática más sentida por la comunidad. Ciudad Bolívar cuenta con una red vial que conecta el casco urbano con las veredas y corregimientos, pero el estado de estas vías es, en el mejor de los casos, deficiente. La vía que conecta con el municipio de Támesis, que es la principal ruta de acceso al Valle del Cauca, presenta un deterioro avanzado en múltiples tramos. Las vías vecinales, que son la única conexión de miles de campesinos con los mercados, son en su mayoría de terracería sin tratamiento alguno. Durante la temporada de lluvias —que en el Suroeste Antioqueño puede extenderse por hasta ocho meses al año—, muchas de estas vías se vuelven intransitables, aislando comunidades enteras. Los planes de mejoramiento vial incluidos en el PDM no se han ejecutado con la celeridad necesaria, y los recursos asignados a esta línea parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. La calificación de 4.2 refleja un avance marginal que no corresponde a la urgencia de la situación.
2 Agua Potable — Calificación: 4.5/10 MEDIOCRE
El acceso a agua potable sigue siendo una deuda pendiente para grandes sectores de la población rural y, en menor medida, del casco urbano. Si bien la cabecera municipal cuenta con un acueducto que abastece a la mayoría de los habitantes, la calidad del agua es cuestionable en muchos períodos del año, particularmente durante las épocas de invierno cuando los caudales de las fuentes de abastecimiento disminuyen y la turbiedad aumenta. Las comunidades rurales, por su parte, dependen de quebradas, manantiales y sistemas de captación rudimentarios que no cuentan con los procesos de potabilización requeridos por la normativa vigente. El Plan de Desarrollo prometió ampliar la cobertura de acueducto y mejorar los sistemas existentes, pero las ejecuciones presupuestales en esta línea muestran avances limitados. La calificación de 4.5 refleja un problema estructural que no se resuelve con promesas electorales sino con inversión sostenida y gestión técnica competente.
3 Educación y PAE — Calificación: 5.5/10 REGULAR
La educación es quizás el sector donde se observa un desempeño relativamente mejor, aunque la calificación de 5.5 —que ubica esta problemática en la categoría REGULAR (VIGILAR)— está lejos de ser satisfactoria. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha ejecutado a través del contrato CS-006-2024 por $595.198.601, pero la comunidad educativa ha reportado inconsistencias en la calidad y oportunidad de las entregas. La infraestructura educativa presenta deficiencias en varias instituciones rurales, donde los espacios físicos no cumplen con los estándares mínimos de calidad. El PDM incluía compromisos de mejoramiento de infraestructura escolar y ampliación de cobertura, pero la brecha entre lo prometido y lo ejecutado sigue siendo significativa. La nota de 5,5, la más alta de las cinco problemáticas, se explica principalmente por la continuidad del PAE y por algunos avances en la cobertura educativa, pero no por mejoras sustantivas en la calidad del servicio.
4 Seguridad Ciudadana — Calificación: 3.5/10 MEDIOCRE
La seguridad ciudadana es la problemática con la calificación más baja (3.5/10), y sus causas exceden la capacidad de gestión de una alcaldía municipal. Ciudad Bolívar se encuentra en una zona de influencia de grupos armados al margen de la ley, incluyendo disidencias de las FARC y frentes del ELN, que disputan el control de corredores geográficos estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. La presencia de estos grupos genera un clima de miedo y violencia que afecta directamente la vida de las comunidades rurales, limita la movilidad por el territorio y desincentiva la inversión económica. La alcaldía tiene la responsabilidad de coordinar con la Policía Nacional y el Ejército para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y de implementar políticas de prevención del reclutamiento forzado, la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Sin embargo, las acciones visibles en esta materia han sido escasas y reactivas más que preventivas. La Fuerza de Tarea Titán, que opera en la región, ha logrado algunos resultados en materia de interdicción, pero la seguridad territorial sigue siendo frágil y depende más de la voluntad del gobierno nacional que de la gestión local. Un alcalde que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos no puede garantizar nada más.
5 Salud Pública — Calificación: 4.0/10 MEDIOCRE
La salud pública en Ciudad Bolívar depende fundamentalmente de la ESE Hospital La Merced, que es la única institución prestadora de servicios de salud del municipio. La capacidad resolutiva de este hospital es limitada: no cuenta con servicios de hospitalización de alta complejidad, carece de especialistas en varias ramas de la medicina, y los equipos biomédicos están desactualizados en muchos casos. Los pacientes que requieran atención especializada deben ser remitidos a hospitales de Medellín o de otros municipios de la subregión, lo que implica costes de transporte y tiempos de espera que pueden ser críticos en situaciones de emergencia. La pandemia de COVID-19 evidenció de manera dramática las debilidades del sistema de salud en municipios como Ciudad Bolívar, y las lecciones aprendidas parecen no haberse traducido en inversiones significativas. El PDM incluía compromisos de fortalecimiento de la ESE Hospital La Merced, pero la ejecución de estos compromisos ha sido insuficiente. La calificación de 4.0 refleja un sistema de salud que sobrevive, pero que no ofrece la calidad y oportunidad que los ciudadanos merecen.
Figura 6. Metas del PDM vs. logros reales por indicador.
Figura 7. Calificación por problemática — Escala de 0 a 10.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: LOS ODS QUE SE QUEDAN EN EL PAPEL
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas en 2015 y ratificados por Colombia a través de su Plan Nacional de Desarrollo, constituyen la hoja de ruta global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Los municipios colombianos tienen la responsabilidad de alinear sus Planes de Desarrollo con los ODS, y el PDM de Ciudad Bolívar hace explícita esta alineación en su marco conceptual. Sin embargo, la implementación real es otra historia.
El ODS 1 (Fin de la Pobreza) es quizás el más directamente relevante para Ciudad Bolívar, donde la pobreza monetaria alcanza el 38,1%. No hay evidencia de que la administración municipal haya implementado programas estructurales de superación de la pobreza que vayan más allá de la asistencia social tradicional. El ODS 2 (Hambre Cero) se conecta directamente con la ejecución del PAE, que, como hemos visto, presenta deficiencias en calidad y oportunidad. El ODS 3 (Salud y Bienestar) encuentra en la debilidad de la ESE Hospital La Merced su principal obstáculo. El ODS 4 (Educación de Calidad) se ve afectado por la infraestructura deficiente y la limitada cobertura en la zona rural. El ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) es quizás el ODS más crítico, dado que miles de habitantes rurales no tienen acceso a agua potable tratada. El ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) se ve comprometido por el estado de las vías y la falta de conectividad. El ODS 11 (Comunidades Sostenibles) no puede cumplirse sin una planificación urbana que el municipio no tiene. El ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) es, lamentablemente, el ODS más alejado de la realidad de Ciudad Bolívar, donde la presencia de grupos armados y la debilidad institucional son la norma.
En resumen, de los 17 ODS, Ciudad Bolívar presenta avances significativos en ninguno, avances moderados en uno o dos (posiblemente ODS 4 y parcialmente en el ODS 2), y retrocesos o estancamiento en la mayoría. La brecha entre los compromisos del PDM —que cita los ODS como marco orientador— y la realidad es un reflejo más de la desconexión entre la retórica del plan y la gestión cotidiana. Los ciudadanos no comen ODS, no beben ODS, no se transportan en ODS. Necesitan carreteras, agua, salud, educación y seguridad. Y en esas cinco dimensiones básicas, la administración Acevedo Vargas tiene calificaciones que oscilan entre lo MEDIOCRE y lo REGULAR.
ANÁLISIS JURÍDICO: PREVARICATO POR OMISIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL ALCALDE
El artículo 414 del Código Penal Colombiano define el prevaricato por omisión como la conducta del funcionario público que, omitiendo realizar la acción que la ley le impone, cause un perjuicio a otra persona o al Estado. En el contexto de la gestión municipal, esta figura penal se configura cuando el alcalde, a pesar de tener la obligación legal de actuar en beneficio de la comunidad, se abstiene de hacerlo, generando un daño concreto y demostrable. No se trata de una figura menor: el prevaricato por omisión es un delito que puede ser sancionado con prisión de uno a tres años, y su configuración no requiere que el funcionario haya actuado con dolo directo; basta con que haya tenido conocimiento de su obligación y haya decidido no cumplirla.
Aplicado al caso de Ciudad Bolívar, el análisis de posible prevaricato por omisión debe evaluarse en cada una de las cinco problemáticas identificadas. En materia de VÍAS Y TRANSPORTE: el alcalde tiene la obligación legal de mantener la infraestructura vial municipal en buen estado (Ley 105 de 1993, Ley 1228 de 2008). Si los recursos asignados al mantenimiento vial no se ejecutaron, o se ejecutaron de manera deficiente, configurará una omisión que causa perjuicio directo a los ciudadanos que dependen de estas vías para su subsistencia económica. En materia de AGUA POTABLE: la Constitución Política garantiza el derecho fundamental al agua (Art. 366), y la Ley 142 de 1994 establece las obligaciones de las prestadoras de servicios públicos. Si la alcaldía no ha implementado las acciones necesarias para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del agua, la omisión puede configurar una vulneración de derechos fundamentales.
En EDUCACIÓN Y PAE: la Ley 1176 de 2007 regula la prestación del servicio de alimentación escolar, y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece la responsabilidad del Estado de garantizar la nutrición de los menores. Si el PAE no se ejecutó con la calidad y oportunidad requeridas, la omisión del alcalde como garante de este programa puede tener consecuencias penales. En SEGURIDAD CIUDADANA: aunque las competencias en seguridad son compartidas entre la Nación y el municipio, la Ley 682 de 2001 y el Decreto Ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía) asignan al alcalde la responsabilidad de coordinar la seguridad en su territorio. La presencia de grupos armados que generan terror en las comunidades rurales, sin una respuesta articulada y visible de la alcaldía, podría constituir una omisión grave. En SALUD PÚBLICA: la Constitución (Art. 49) y la Ley 715 de 2001 asignan al municipio la responsabilidad de dirigir y gestionar la prestación de servicios de salud en su territorio. La debilidad crónica de la ESE Hospital La Merced, sin acciones correctivas proporcionales a la magnitud del problema, completa el cuadro de omisiones que podrían configurar conductas punibles.
En municipios como El Piñón (Magdalena) y Alto del Rosario (Bolívar), hemos documentado casos donde las omisiones de los alcaldes en materia de salud, educación e infraestructura han sido llevadas a instancias judiciales. En El Piñón, la muerte de pacientes por la falta de ambulancias y la incapacidad del hospital para atender emergencias generó una demanda civil contra la alcaldía. En Alto del Rosario, el incumplimiento reiterado del PAE resultó en una acción de tutela que ordenó al municipio mejorar la prestación del servicio. Ciudad Bolívar, con indicadores comparables o peores en varias dimensiones, no está exenta de este tipo de acciones. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía tienen las herramientas jurídicas para investigar estas omisiones, y es deber de la ciudadanía exigir que lo hagan.
CALIFICACIÓN FINAL: EL VEREDICTO DE LOS NÚMEROS
Después de cruzar los datos presupuestales del CHIP-CUIPO, la contratación del SECOP I y II, los recursos del SGR, los indicadores del PDM, la información del FURAG (o su ausencia), y la percepción de la comunidad, llegamos a una calificación global que no deja margen para la ambigüedad. La gestión del alcalde León Darío Acevedo Vargas en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025) obtiene una calificación de 4,34 sobre 10, lo que la ubica en la categoría MEDIOCRE, con tendencia a lo PREOCUPANTE. Esta no es una opinión: es el resultado de una metodología reproducible que cruza variables objetivas de desempeño.
Tabla 5. Calificación por Problemática
| N° | Problemática | Calificación | Categoría | Estado |
| 1 | Vías y Transporte | 4.2 / 10 | MEDIOCRE | PREOCUPANTE |
| 2 | Agua Potable | 4.5 / 10 | MEDIOCRE | PREOCUPANTE |
| 3 | Educación y PAE | 5.5 / 10 | REGULAR | VIGILAR |
| 4 | Seguridad Ciudadana | 3.5 / 10 | MEDIOCRE | PREOCUPANTE |
| 5 | Salud Pública | 4.0 / 10 | MEDIOCRE | PREOCUPANTE |
CALIFICACIÓN GLOBAL: 4.34 / 10 → MEDIOCRE (PREOCUPANTE)
Cuatro de las cinco problemáticas se encuentran en la categoría MEDIOCRE, y la única que alcanza la categoría REGULAR (Educación y PAE con 5.5) lo hace apenas por encima del umbral. Ninguna problemática alcanza la categoría BUENO o EXCELENTE. Esto significa que, en materia de resolución de los problemas que la propia administración identificó como prioritarios, el desempeño ha sido insuficiente en todos los frentes. La combinación de una alta dependencia fiscal (80.4%), una contratación que se triplica sin resultados visibles (+117.7%), una deuda que crece al 35.7%, un FURAG que brilla por su ausencia, y calificaciones que no superan el 5.5 en ninguna de las cinco dimensiones analizadas, conforma un cuadro de gestión que solo puede calificarse como MEDIOCRE.
«Pasión y Visión por Bolívar» fue el eslogan de campaña. La pasión se mide en la capacidad de entrega, en las horas extra, en la obsesión por resolver los problemas del pueblo. La visión se mide en la capacidad de planificar, de anticipar, de construir un futuro mejor con los recursos disponibles. Lo que muestran los datos de esta investigación es que ni la pasión ni la visión han llegado a las calles, a los caminos vecinales, a los acueductos rurales, a las escuelas ni al hospital. Lo que ha llegado es una gestión burocrática que sobrevive de las transferencias del gobierno central, que enduda al municipio sin generar contrapartidas visibles, y que desaparece del radar de medición institucional del país. Ciudad Bolívar merece mejor. Sus 28.000 habitantes merecen mejor. Y si la administración actual no está en capacidad de ofrecer esa gestión que el territorio demanda, al menos tiene la obligación de rendir cuentas con transparencia y de reconocer sus limitaciones. La opacidad no es una estrategia viable a mediano plazo: es una sentencia.
METODOLOGÍA Y FUENTES
La presente investigación se basa en una metodología cuantitativa y cualitativa que cruza múltiples fuentes de información oficial e independiente. La calificación final se obtiene mediante un promedio ponderado de las cinco problemáticas priorizadas por el Plan de Desarrollo Municipal, con base en indicadores de ejecución presupuestal, cumplimiento de metas del PDM, contratación pública, indicadores sociales y percepción ciudadana. A continuación se presentan las fuentes utilizadas y la escala de calificación.
Tabla 6. Fuentes de Información
| N° | Fuente | Tipo | URL / Referencia |
| 1 | CHIP-CUIPO (DNP) | Presupuestal | portalterritorial.dnp.gov.co |
| 2 | SECOP I y II | Contratación | secop.colombiacompra.gov.co |
| 3 | SGR – Regalías | Regalías | sgp.gov.co |
| 4 | FURAG (DNP) | Desempeño inst. | resultadosfurg.dnp.gov.co |
| 5 | Antioquia Cómo Vamos | Indicadores | antioquiacomovamos.org |
| 6 | DANE | Demografía / Pobreza | dane.gov.co |
| 7 | colombialicita.com | Contratación (indep.) | colombialicita.com |
Escala de Calificación Utilizada
| Rango | Categoría | Semáforo | Interpretación |
| 0.0 – 2.9 | PÉSIMO | ROJO | CRÍTICO: gestión fallida, acciones urgentes |
| 3.0 – 4.9 | MEDIOCRE | NARANJA | PREOCUPANTE: deficiencias severas |
| 5.0 – 6.9 | REGULAR | AMARILLO | VIGILAR: avances insuficientes |
| 7.0 – 8.4 | BUENO | VERDE | BIEN: gestión aceptable |
| 8.5 – 10.0 | EXCELENTE | AZUL | ÓPTIMO: gestión ejemplar |
Los datos financieros corresponden a las vigencias 2024 (cierre) y 2025 (presupuesto aprobado por Acuerdo Municipal 16 del 25 de noviembre de 2024). Los datos de contratación SECOP fueron consultados en julio de 2025 y pueden estar sujetos a actualizaciones por parte de las entidades contratantes. Los datos de pobreza y demografía provienen de las proyecciones del DANE y del Observatorio de Antioquia Cómo Vamos. La información del FURAG fue consultada en la base de datos oficial de resultados del DNP (resultadosfurg.dnp.gov.co) para la vigencia 2025. El municipio de Ciudad Bolívar (código DIVIPOLA 05096) no fue encontrado en los registros evaluados. La metodología de calificación fue desarrollada por corrupcionaldia.com y se basa en criterios públicos y reproducibles. Cualquier persona puede verificar los datos en las fuentes citadas y replicar el análisis.
Nota editorial: Este artículo fue producido con base en datos públicos y fuentes oficiales. Las opiniones expresadas son responsabilidad del equipo editorial de corrupcionaldia.com y se basan en el análisis objetivo de la información disponible. Se invitó a la alcaldía de Ciudad Bolívar a pronunciarse sobre los hallazgos de esta investigación hasta la fecha de publicación, sin que se hubiera recibido respuesta oficial.
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