La Fiscalía llevó a juicio a cuatro exdirectivos por presuntamente maquillar las cuentas de la aseguradora más grande del país. Detrás de ellos, treinta años de un sistema que convirtió la salud de once millones de colombianos en un negocio de intermediación.
Nos encontramos en el Atlántico, donde varias clínicas pasaron semanas atendiendo solo urgencias vitales porque la Nueva EPS les debía sumas que ningún hospital pequeño resiste. Mientras un paciente esperaba una cita que no llegaba, en Bogotá cuatro exdirectivos habían firmado en años anteriores unos estados financieros que, según la Fiscalía, retrataban una empresa sana que no existía. Esa es la distancia entre el papel y la sala de espera. Once millones y medio de afiliados, la aseguradora más grande del país, un patrimonio negativo que ronda los doce billones de pesos y una pregunta que los titulares no terminan de contestar: quiénes son las personas de carne y hueso detrás del hueco. No las siglas. Los nombres. Un socavón de esta magnitud no lo cava una institución abstracta. Lo firman manos concretas, lo aprueban juntas concretas, lo vigilan superintendencias concretas que a veces prefieren mirar hacia otro lado. Diseccionemos el caso.
Esconder, el verbo que ordena el expediente
La palabra que ordena todo este expediente es esconder. Entre 2019 y 2023, según el escrito de acusación de la Fiscalía, la Nueva EPS dejó de procesar alrededor de catorce millones de facturas emitidas por las clínicas y hospitales que atendían a sus afiliados. Catorce millones de cuentas de cobro por servicios ya prestados, engavetadas, apartadas del sistema contable como quien barre el polvo debajo del tapete. De ese universo, los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación examinaron 3.419.015 facturas con inconsistencias, la prueba que la Fiscalía llevará al juicio oral.
El resultado de esconder deudas es sencillo de entender. Si usted no anota lo que debe, sus cuentas se ven sanas. Eso, dice la Fiscalía, fue lo que ocurrió. Con las obligaciones ocultas, los estados financieros mostraban una situación irreal en reservas técnicas, costos, ingresos y patrimonio, y llegaron a reportar utilidades por 70.563 millones de pesos que nunca existieron. Aquí conviene una precisión que muchos titulares saltaron. La propia Fiscalía aclaró que esa cifra no corresponde a una ganancia que alguien se haya llevado al bolsillo, son utilidades de mentira reportadas en el papel. La diferencia entre inventar una ganancia y robarse una plata es jurídica y es enorme. Confundirlas es hacerle el favor a la defensa.
¿Para qué inventar una empresa sana? Para dos cosas concretas. Renovar la licencia de funcionamiento y evitar que la Superintendencia Nacional de Salud interviniera la entidad. Para que el negocio siguiera andando mientras la realidad decía lo contrario. Porque claro, reportar utilidades inexistentes suena mucho mejor que admitir que se perdía plata año tras año.
Los cuatro apellidos que firman el hueco
| Los cuatro acusados | Cargos en la entidad |
|---|---|
| José Fernando Cardona Uribe | Expresidente (2009–2024). Falsedad, fraude procesal, omisión de control y peculado por apropiación. |
| Juan Carlos Isaza Correa | Exvicepresidente administrativo y financiero. |
| Édgar Pedraza Castellanos | Exgerente de contabilidad. Firmó los estados financieros junto a Cardona. |
| Fabián Antonio Peralta Núñez | Exgerente de cuentas médicas. |
Ahora los nombres, que es lo que usted pidió y lo que el expediente entrega. José Fernando Cardona Uribe dirigió la Nueva EPS desde 2009 hasta comienzos de 2024. Quince años al frente de la aseguradora más grande del país. La Fiscalía lo acusa de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y, a él solo entre los cuatro, peculado por apropiación. Los estados financieros cuestionados, señala el ente acusador, llevaban su firma.
Junto a él responden tres apellidos más. Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente administrativo y financiero, el hombre de los números. Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad, quien según la Fiscalía firmó los estados financieros junto a Cardona. Y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas, el área por donde pasaban precisamente las facturas de las IPS. Cuatro cargos, cuatro responsabilidades individuales, un mismo juicio oral radicado ante el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá. La audiencia preparatoria quedó fijada para el 23 de febrero.
Acusados no es lo mismo que condenados
Y aquí va la advertencia que corrupcionaldia.com no se salta jamás. Todo esto es una acusación. Los cuatro se presumen inocentes hasta que un juez diga lo contrario. Una cosa es que la Fiscalía tenga 3.419.015 facturas sobre la mesa y otra distinta es una condena en firme. La primera existe. La segunda todavía no. Conviene recordar además que en diciembre de 2025 la Procuraduría archivó de manera total y definitiva el proceso disciplinario contra Cardona. El camino penal sigue abierto. El disciplinario se cerró.
Sobre el escenario hay un quinto nombre que no está acusado y que conviene distinguir. Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, asumió como agente interventor el 10 de abril de 2026 y fue quien abrió los libros. Su intervención presentó, por primera vez en cinco intervenciones, unos estados financieros certificados. Gracias a ese ejercicio hoy sabemos el tamaño del socavón. Ospina no es el problema del caso, es quien encendió la luz en el cuarto.
Y hay un sexto plano, el político, donde toca pisar con cuidado. El presidente saliente Gustavo Petro señaló durante meses a la familia Vargas Lleras por la administración histórica de la entidad. El Consejo de Estado le ordenó rectificar en dos oportunidades, en 2024 y en 2025, al concluir que no había presentado pruebas judiciales de una responsabilidad directa. Petro rectificó y aclaró que no existían condenas penales en firme contra Enrique Vargas Lleras por estos hechos. Repetir hoy la acusación que un alto tribunal ya frenó sería periodismo perezoso. La disputa política existe. La prueba judicial de un delito, no. Guardemos esa distinción como oro.
Del billón abstracto a la cita que no llega
La contabilidad, cuando se maquilla, no oculta cifras. Oculta enfermos.
Bajemos de los billones a la sala de espera, que es donde la corrupción y la mala gestión se sienten de verdad. La deuda real de la Nueva EPS con la red de hospitales y clínicas, una vez descontados giros de la Adres y conciliaciones, se estima en 13,2 billones de pesos. Trece coma dos billones que alguien dejó de pagarle a quienes ponen la gasa, la anestesia y la mano que opera. Cuando un hospital no cobra, no compra insumos, no paga nómina, no sostiene la puerta abierta. En el Atlántico, clínicas llegaron a atender solo urgencias vitales por cuenta de esas deudas. En medio país, pacientes de la Nueva EPS pelearon durante meses por un medicamento que no llegaba, hasta el punto de que la entidad tuvo que prometer normalizar el noventa y siete por ciento de las fallas en entrega de fármacos.
Piénselo en términos humanos. Once millones y medio de personas dependen de esta aseguradora para una cita, una cirugía, una quimioterapia. La mayoría son gente de barrio, de vereda, de rebusca, que no tiene con qué pagar una clínica privada cuando la EPS falla. Cada factura engavetada no es un número en una hoja de cálculo. Es un turno que se aplaza, una fórmula que no se despacha, un examen que llega tarde. La contabilidad, cuando se maquilla, no oculta cifras. Oculta enfermos.
Cuatro personas no cavan solas un socavón así
Y ahora la pregunta que a corrupcionaldia.com le interesa de verdad. ¿Cómo fue posible? Porque cuatro personas no sostienen un hueco de esta dimensión sin un sistema que lo permita. Vale la pena sentar a discutir a tres miradas. La primera es la del economista James Buchanan, premio nobel y padre de la teoría de la elección pública. Buchanan diría que el problema no son los hombres malos, son las reglas del juego. Cuando se diseñó un sistema donde entidades privadas administran recursos públicos de la salud y reciben un pago fijo por afiliado sin veeduría real sobre el gasto, se creó el incentivo perfecto para que el interés particular se comiera al interés público. No hay que suponer maldad. Basta con leer los incentivos.
La segunda mirada es la del jurista Alejandro Nieto, autor de El desgobierno de lo público. Nieto hablaría de captura institucional. Un supervisor, la Superintendencia de Salud, que según la Fiscalía recibió información adulterada y no intervino a tiempo, es la fotografía exacta de un aparato de control que no controla. La impunidad no empieza cuando el corrupto actúa. Empieza cuando el vigilante mira hacia otro lado.
La tercera voz es la del debate técnico que hoy divide a Colombia, y aquí está el punto ciego que ningún bando quiere mirar de frente. El gobierno Petro y el interventor Ospina sostienen que la pérdida no viene de la administración, que apenas pesó el 2,5 por ciento de los ingresos, viene del desbalance entre lo que el Estado gira por afiliado, la UPC, y lo que de verdad cuesta atender a la gente. Del otro lado, el Centro Democrático y varios expertos advierten que esas mismas cifras deben mirarse con lupa, porque la revisora fiscal no las dictaminó y porque la historia reciente de la entidad está sembrada de facturas represadas. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Puede haber una UPC insuficiente y un manejo deficiente. Puede haber un Estado que no gira lo que cuesta la salud y unos directivos que escondieron lo que debían. Quien le venda una sola de las dos mitades le está vendiendo media verdad.
Ese es el sistema. Treinta años de intermediación financiera privada de recursos públicos, un pago por cápita que se discute a los gritos, un supervisor que llegó tarde y una contabilidad que solo se sinceró cuando un interventor abrió la caja fuerte. Los cuatro apellidos del expediente son el síntoma. La enfermedad tiene raíces más viejas.
Lo que hereda el 7 de agosto
El 7 de agosto, la Nueva EPS y su socavón pasan a manos del gobierno de Abelardo de la Espriella. Heredará once millones y medio de afiliados, una deuda que supera los veintidós billones de pesos y un juicio en marcha que apenas empieza a soltar prendas. La tentación será la de siempre, culpar al gobierno anterior y seguir. La tarea real es otra, cerrarle el paso al sistema que hace posible que alguien esconda tres millones de facturas y duerma tranquilo. La verdad de este caso no se lee, se palpa en cada sala de espera del Atlántico. La pregunta no es si hubo irregularidades. La pregunta es si esta vez vamos a mirar los nombres, seguir el juicio hasta el final y desmontar la máquina, o si dentro de cinco años estaremos contando el mismo cuento con otros cuatro apellidos.
¿Vamos a mirar los nombres y seguir el juicio hasta el final, o dentro de cinco años contaremos el mismo cuento con otros cuatro apellidos?
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