El exalcalde encargado se suma a un directorio que ya roza el centenar de funcionarios señalados: la prueba de que la urgencia manifiesta sigue siendo la puerta trasera favorita de la corrupción municipal en Colombia
Nos encontramos en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde el agua que debía llegar por acueducto legal terminó llegando primero a los bolsillos de una empresa sin trayectoria, contratada a dedo por $720 millones de pesos mensuales. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de Ocaña condenó en primera instancia a ocho años de prisión al exalcalde encargado Wilmar Bayona Ibáñez, por entregarle sin licitación la operación del acueducto y el alcantarillado del municipio a SEMSA S.A. E.S.P. en 2019. Desde hoy, ese nombre engrosa la Galería de Corruptos de Colombia, el directorio digital de corrupcionaldia.com que ya documenta a cerca de cien funcionarios señalados, procesados o condenados en el país. No es una colección de villanos aislados. Es el mapa de un mismo mecanismo que se repite, con apellidos distintos y en municipios distintos, siempre con la misma excusa: la urgencia manifiesta.
La urgencia manifiesta existe en la Ley 80 de 1993 para que un alcalde pueda saltarse la licitación cuando de verdad no hay tiempo que perder: un terremoto, una pandemia, un puente que colapsa. Bayona Ibáñez usó esa herramienta de emergencia para resolver un problema que, según la propia sentencia, no existía. La Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO, garantizaba entre el 99% y el 100% de continuidad en el servicio. No había ninguna crisis de agua en Ocaña en 2019. Había, eso sí, un fallo del Tribunal Administrativo que ordenaba recuperar los bienes que poseía ESPO y adelantar una licitación pública para elegir operador. Bayona tomó ese fallo, le dio la vuelta como quien voltea una camisa, y lo convirtió en coartada para hacer justamente lo contrario de lo que el Tribunal había ordenado. Le entregó el servicio a SEMSA sin que nadie más pudiera ofertar, a una empresa que, según el propio fallo, no tenía experiencia alguna operando acueductos. Ese es el patrón que la Galería de Corruptos documenta caso tras caso: inventar una emergencia donde no la hay, disfrazarla de legalidad citando una norma o un fallo judicial fuera de contexto, y quedarse con el contrato mientras se explica, con cara seria, que todo se hizo con transparencia y buena fe. Ingresar a alguien a la Galería no es un gesto simbólico ni un titular de un día. Es fichar a un funcionario en un registro público, permanente y buscable, para que su nombre quede unido a su delito mucho después de que la noticia se apague.
Wilmar Bayona Ibáñez llegó a la Alcaldía de Ocaña en julio de 2019, no por voto popular sino por encargo, después de que la entonces alcaldesa Miriam Prado Carrascal fuera apartada del cargo. En ese vacío de autoridad, sin el peso de una elección detrás, decretó la urgencia manifiesta y firmó el contrato con SEMSA. El juez fue claro: hubo dolo, es decir, intención comprobada de favorecer a esa empresa específica por encima del interés público. La sentencia lo declaró responsable de dos delitos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, artículo 410 del Código Penal, e interés indebido en la celebración de contratos, artículo 409. Un tercer cargo, fraude a resolución judicial, no prosperó porque el término para investigarlo y juzgarlo ya había vencido. Prescripción, la palabra que en Colombia funciona como salvavidas para los funcionarios que corren más rápido que la justicia. Del otro lado del expediente está la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña. Su gerente, Jesús Alfredo Contreras Mejía, y su antecesor, Gabriel Álvarez Duarte, describen años de maltrato institucional por defender lo que la ley ya les había reconocido: humillaciones, amenazas y, en el caso de Álvarez Duarte, un atentado con granada en la puerta de su propia casa. Esa es la otra cara de la corrupción municipal en Colombia. No solo se roba el presupuesto. Se persigue a quienes se niegan a entregarlo.
La sentencia fija el detrimento patrimonial en 856,8 millones de pesos. Convertido en algo que se pueda tocar, ese dinero equivale a más de un año completo de lo que Bayona Ibáñez le pagó a SEMSA por un solo mes de operación irregular, o a decenas de matrículas universitarias completas en una región donde la deserción escolar por falta de recursos sigue siendo la norma, no la excepción. Mientras el trámite contractual se maquillaba de emergencia, los trabajadores de ESPO seguían garantizando el servicio real, el que de verdad llegaba a las casas, sin que nadie les reconociera que su gestión hacía innecesaria la urgencia que el alcalde encargado había decretado en un papel. El costo no se mide solo en pesos. Se mide en la credibilidad de una institución pública castigada por cumplir, mientras la empresa recién llegada, sin experiencia, se llevaba el contrato y la tranquilidad de una ciudad entera que dependía de que el agua siguiera llegando.
Aquí el caso deja de ser sobre Bayona Ibáñez y pasa a ser sobre el sistema que lo hizo posible. El economista James Buchanan explicó hace décadas que los funcionarios públicos, igual que cualquier otro actor económico, responden a incentivos, y que el problema no es la maldad individual sino el diseño de reglas que hacen rentable la trampa. La Galería de Corruptos de Colombia no crece porque los funcionarios del país sean, uno por uno, personas moralmente defectuosas. Crece porque la arquitectura institucional premia la velocidad de la impunidad sobre la velocidad de la justicia. Bayona Ibáñez decretó la urgencia manifiesta en 2019. La condena, en primera instancia, llegó casi siete años después. El juzgado ni siquiera ordenó su captura, porque consideró que el condenado ha mantenido arraigo y ha comparecido durante todo el proceso. Es decir: el sistema penal colombiano trata la comparecencia puntual a las audiencias como mérito suficiente para dejar libre a un hombre que un juez acaba de declarar culpable de un detrimento de 856,8 millones de pesos. La sentencia todavía no está en firme. Puede ser apelada. Mientras se apela, Bayona Ibáñez sigue caminando libre por las calles de Ocaña, con el mismo arraigo que tenía cuando decidió que la ley no aplicaba para él. Urgencia fabricada, contrato a dedo, detrimento comprobado, condena tardía, libertad mientras se apela. Ese ciclo, con variaciones cosméticas, es el que repiten la mayoría de los cerca de cien nombres que hoy pueblan la Galería de Corruptos de Colombia. De gobernadores a inspectores de policía, de exdirectores del DAS a alcaldes de municipios que nadie ubica en el mapa, el mecanismo es idéntico. Solo cambia el nombre del pueblo y el monto robado.La pregunta no es si Wilmar Bayona Ibáñez merece estar en la Galería de Corruptos de Colombia. La sentencia ya respondió eso. La pregunta es cuántos alcaldes encargados están firmando, en este momento, en algún municipio que usted nunca ha visitado, una urgencia manifiesta que no existe, confiados en que para cuando un juez los condene ya habrán completado su periodo, cobrado su sueldo y construido su propio arraigo. Cada nombre que entra a la Galería es una advertencia y, al mismo tiempo, la prueba de que la advertencia anterior no sirvió de nada. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
