El cinismo con hoja de vida: el regreso de Leyton Barrios mide la vergüenza del Atlántico

La misma falsedad que hundió a Juliana Guerrero en el Gobierno Petro hoy se maquilla de padre cabeza de familia para volver a la rectoría de la universidad pública más grande del Caribe. El expediente no cambió. Cambió el padrino.

Por   |  corrupcionaldia.com  |  16 de julio de 2026

Nos encontramos en la Universidad del Atlántico, sede Puerto Colombia, la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano, donde la memoria institucional dura lo que dura un pliego bajo la lluvia. El nombre de Leyton Daniel Barrios Torres, exsecretario de Educación del departamento, vuelve a rondar la rectoría como si el expediente que lo apartó del cargo fuera un papel traspapelado y no lo que de verdad es: una denuncia penal por presunta falsedad en documento público, dos certificaciones que las propias corporaciones emisoras calificaron de falsas, y una intervención del Ministerio de Educación que todavía mantiene el alma máter bajo vigilancia especial.

Más allá de los titulares, esto no es un pleito de oficina. Es la radiografía de un país donde mentir en la hoja de vida no inhabilita: negocia. Donde el mismo pecado que hunde a unos apenas despeina a otros. Y donde una palabra pequeña y exacta describe lo que estamos presenciando. Esa palabra es cinismo.

Para entender cómo se fabrica un rector con papeles cuestionados, hay que mirar el calendario, porque en Colombia la trampa casi siempre está en las fechas. El Acuerdo Superior 000023 del 28 de julio de 2025 fijó un plazo perentorio: el Comité de Credenciales tenía hasta el 1 de septiembre para validar las hojas de vida de los aspirantes. Perentorio, en lengua de abogados, significa que no se negocia. Pero el Comité decidió que las reglas eran una sugerencia. Según lo confesó el propio gobernador Eduardo Verano, presidente del Consejo Superior, en entrevista radial del 1 de noviembre, el Comité sesionó diez horas el 27 de octubre, el mismo día de la elección, para dar por buena la hoja de vida de Barrios. Léalo despacio. El día de la votación. Cuando ya no tenía competencia legal para hacerlo.

Lo que validaron esa noche fue, entre otras piezas, una certificación de experiencia docente supuestamente emitida por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. Semanas después, el rector de esa institución, Luis Francisco Robayo, respondió sin anestesia: Leyton Barrios nunca tuvo vinculación laboral con ellos, y el Consejo Superior de la CUES rechazó y repudió la certificación por ser completamente falsa. No conforme con eso, la CUES presentó denuncia penal, porque el documento presentado en Uniatlántico no coincidía con firmas ni funcionarios reales de la institución. La Corporación Universitaria Americana repitió la coreografía: primero dijo que sí, después dijo que no. Dos universidades, una misma conclusión. El papel no era papel. Era humo.

Aquí está el Ciclo Secreto operando a plena luz: no hace falta un allanamiento nocturno ni un maletín de billetes. Basta con estirar un plazo, sesionar cuando ya no se debe, validar lo invalidable y confiar en que el cansancio ciudadano hará el resto. La irregularidad no se esconde. Se normaliza.

Ahora los nombres, sin eufemismos. Leyton Barrios sostiene, a través de su abogado Iván Cancino, que sus certificaciones son auténticas y que tiene pruebas para demostrarlo. Lo sostiene mientras las dos universidades que supuestamente firmaron esos documentos declaran lo contrario y una de ellas lo denuncia penalmente. A eso, en cristiano, se le llama cinismo: la capacidad de mirar a la cámara y defender como verdad lo que las fuentes originales ya desmintieron. El ministro del Interior, Armando Benedetti, lo dijo con todas las letras: Barrios falsificó su experiencia como docente en la Universidad de Salamanca, y hoy intenta volver con una tutela sustentada en que es padre cabeza de familia. La condición de padre, que merece respeto, se convierte así en escudo procesal para blindar lo que las credenciales no aguantan.

Y aquí aparece el Sistema Silencioso, el de los silencios que escogen a quién callan. Recordemos a Juliana Guerrero. En 2025, con 23 años, estuvo a punto de ser viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro. La Fundación Universitaria San José le había otorgado títulos de tecnóloga y de contadora sin que presentara las pruebas Saber Pro, requisito legal ineludible. La representante Jennifer Pedraza destapó el fraude, la Presidencia retiró su hoja de vida, la universidad anuló los títulos y la Fiscalía la imputó por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Contra ella se levantó un coro de indignación transversal. Correcto. Ese era el rasero. El problema es que el rasero cambia de dueño según la camiseta política. La misma dirigencia que fustigó a Guerrero por un título falso hoy guarda silencio, o aplaude, frente a un rector con dos certificaciones falsas. No se puede juzgar al diablo siendo parte de los demonios.

Detrás de Barrios no hay un solo hombre con suerte. Hay una estructura. El Espectador documentó que las cartas de Fuad Char, cabeza del clan político del Atlántico, estaban jugadas por Leyton Barrios cuando este era secretario de Educación del departamento. La denuncia que abrió la caja, conviene decirlo, no vino de esa dirigencia sino del sindicato SintraAdeua y de veedores como José Gabriel Coley Pérez. El poder puso el candidato. La sociedad civil puso la alarma.

¿Y esto a quién le duele? A los cerca de 24 mil estudiantes que dependen de que su título valga algo en el mercado laboral. Uniatlántico no es una notaría de barrio: es la universidad pública más grande del Caribe colombiano, financiada con recursos de todos. Preguntémonos lo obvio con la crudeza que merece. ¿Con qué autoridad moral se le exige honestidad académica a un estudiante que copia en un parcial, si quien firma su diploma llegó al cargo con papeles falsos? ¿Qué significa la palabra mérito en una institución donde el mérito se reemplazó por padrinazgo?

Hay un dato que ninguna defensa quiere mirar de frente. Cuando Barrios era secretario de Educación del Atlántico, suscribió contratos por más de siete mil millones de pesos con la Corporación Universitaria Americana, una de las dos instituciones enredadas en el lío de sus certificaciones. Siete mil millones. Esa cifra, para que no quede flotando en la abstracción, equivale a la dotación de decenas de aulas, a cientos de becas para pelaos de estrato uno y dos que hoy no llegan a la universidad, a laboratorios que el Caribe reclama hace años. El Código Penal es claro: el servidor público que consigne una falsedad en documento público arriesga entre cinco y doce años de prisión e inhabilitación. La ley existe. Lo que escasea es la voluntad de aplicarla.

El regreso, además, no llega por la puerta de la legitimidad sino por la rendija de las tutelas. En enero de 2026, un juzgado penal municipal suspendió de manera transitoria las resoluciones que habían anulado su elección, y reavivó el debate sobre su retorno. Días después, otro juzgado, el Primero Oral Administrativo, declaró improcedente la tutela con la que Barrios pretendía retomar el cargo. Hoy la universidad sigue bajo intervención, con Rafael Castillo Pacheco como rector encargado y con procesos electorales internos en curso. El pulso jurídico continúa. Y mientras continúa, cada mes de parálisis se paga con semestres inciertos y con una comunidad universitaria tomada de rehén.

El texto que originó esta nota sitúa ese regreso bajo la sombra del presidente electo Abelardo de la Espriella. Aquí la precisión es obligatoria, porque es lo único que nos separa del panfleto. Ninguna pieza judicial ni administrativa conocida vincula de forma directa a De la Espriella con la designación o el retorno de Barrios. Lo que sí está documentado es otra cosa, y no es menor. El clan Char apostó por Barrios. Y en junio de 2026, tras ganar la segunda vuelta por menos de un punto, Abelardo de la Espriella fue celebrado públicamente por Alejandro Char. Unir esos dos puntos es ejercicio del lector, no afirmación del titular. Pero la pregunta queda sobre la mesa: cuando el aparato político que empujó a un rector con papeles falsos se alinea con el poder que entra el 7 de agosto, ¿quién cuida la puerta de la universidad pública?

El economista James Buchanan enseñó que la sociedad civil es el auténtico soberano de una democracia, y que el poder solo se disciplina ante quien lo vigila. El jurista Alejandro Nieto describió el otro lado: un Estado secuestrado por una casta que trata lo público como botín. El caso Barrios es el punto donde esas dos ideas chocan. La estructura empuja. La veeduría frena. Y en el medio, una universidad decide si su firma vale un título o vale un favor.

La lección es vieja y sigue sin aprenderse: no se puede ser juez y parte. No se puede exigir transparencia con la boca mientras se sostiene con la mano a quien ya demostró lo contrario. Si la Universidad del Atlántico deja volver a Leyton Barrios, no estará resolviendo un trámite: estará firmando un comunicado dirigido a cada estudiante del Caribe. Un comunicado que dice que la falsificación no es un obstáculo, sino un requisito menor que el tiempo perdona. La pregunta, entonces, no es si Barrios miente. Eso ya lo dijeron las universidades que lo desmintieron. La pregunta es si vamos a seguir premiando el cinismo con la firma de lo público.

Cronología del caso

El mismo expediente, distinto padrino

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