En La Guajira faltó el agua y sobraron los contratos. Tres años después, la justicia decidió no decidir. La historia de cómo unos recursos de emergencia se volvieron maquinaria electoral, y de por qué el caso contra la senadora Martha Peralta se congeló justo cuando iba a resolverse.
Por Hipólito Palencia · Barranquilla, 17 de julio de 2026
Nos encontramos en La Guajira, el departamento donde los niños wayúu mueren de sed y de desnutrición con una constancia estadística que ya nadie se atreve a discutir, y donde, entre septiembre y octubre de 2023, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres firmó contratos de maquinaria amarilla y ollas comunitarias a una velocidad que la sequía jamás tuvo. El 17 de julio de 2026, EL TIEMPO reveló que la magistrada Cristina Lombana retiró el proyecto que iba a definir la situación jurídica de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú por el saqueo a esa entidad. No habrá, por ahora, medida de aseguramiento. El expediente quedó congelado. La senadora sigue procesada en libertad. Y el reloj de la Corte corre, porque el periodo de Lombana termina el 8 de octubre de 2026. Conviene decirlo desde el primer renglón, con todas sus letras: Peralta es investigada, no imputada, no acusada, no condenada. La presunción de inocencia la ampara. Lo que no la ampara es el expediente, y el expediente es un mapa.
Este no es el retrato de una funcionaria. Es la radiografía de una red. Y la red empieza donde siempre empieza en La Guajira: en el agua que no llega. La promesa era construir 1.626 jagüeyes, esos pozos artesanales que en la alta Guajira son la diferencia entre beber y no beber, con una inversión que rondaba los $75.000 millones de pesos. Sobre esa promesa se montó el mecanismo. Según el testimonio del exdirector de la UNGRD Olmedo López, el 19 de septiembre de 2023 la senadora llegó a las oficinas de la entidad en Bogotá acompañada de los empresarios Isaac Francisco Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi para pedir que un contrato de maquinaria amarilla se direccionara a su firma, Inversiones IRL SAS. La visita, dice López, quedó registrada en la bitácora de seguridad. El 25 de octubre de 2023, cuatro días antes de las elecciones regionales, la UNGRD expidió la orden de proveeduría a favor de esa empresa por $2.125 millones de pesos.
Aquí es donde la maquinaria muestra sus dientes. Inversiones IRL SAS, según las pesquisas de la fiscal delegada María Cristina Patiño, tiene como objeto social el comercio al por menor de libros, periódicos, útiles de papelería y artículos de oficina. Nada, absolutamente nada, relacionado con volquetas ni con maquinaria amarilla. Fue constituida en 2017 con un capital de cinco millones de pesos, y nueve años después conserva el mismo capital irrisorio. Una papelería de cinco millones ganó un contrato de dos mil millones para mover tierra en el desierto. No hubo cotizaciones competitivas, ni estudios previos, ni verificación de idoneidad. Se presume, además, sobrecosto y alteración de las planillas de horas trabajadas. Porque claro, contratar una librería para operar retroexcavadoras suena mucho mejor que decir que la plata ya tenía dueño antes de que se abriera el proceso.
El de los Rizcala no fue el único hilo. Cinco días antes de esas mismas elecciones, según los chats analizados forensemente por Metropolitano y EnLaDiana, Sneyder Pinilla le escribió a Olmedo López una frase que lo dice todo: “Álvaro Celedón, maquinaria del Magdalena, recomendado Martha Peralta”. Se refería a una orden de proveeduría para Maicao por 1.700 millones de pesos, adjudicada de manera exprés y a dedo a la firma Equipos y Construcciones Celedón SAS. El alcalde de Maicao que solicitó esa maquinaria había sido elegido por el MAIS, el partido de Peralta. El recomendado, Álvaro Andrés Celedón, aspiraba ese año al Concejo de Santa Marta en una coalición de la que hacía parte el MAIS. Los jagüeyes de Maicao nunca se construyeron. La pregunta que queda flotando en el desierto es sencilla y brutal: ¿dónde terminó ese dinero?
Los actores
Los actores de esta obra no improvisan. Cada uno cumple una función dentro de una división del trabajo que la propia fiscalía describió como un reparto de roles indispensables. Olmedo López, el hombre que confesó haber convertido la UNGRD en una central de contrataciones a dedo, es el testigo que señala directamente a la senadora. Sneyder Pinilla, el exsubdirector, aparece en los chats coordinando con ella la logística, los buses, las tarimas y hasta el celular de los contratistas a los que había que “presionar”. Los hermanos Rizcala y Álvaro Celedón son los beneficiarios finales de las órdenes de proveeduría. Y por encima de todos ellos, según la investigación, la orden política venía de arriba: el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, hoy tras las rejas, habría instruido a López para que aceitara con contratos el trámite de la reforma pensional en el Congreso. La corrupción, ya lo advertía Alejandro Nieto, no es el desliz de un mal funcionario: es una casta que parasita el Estado y lo convierte en botín.
El escalón más doloroso de esta escalera tiene nombre de programa social. Se llama Ollas Comunitarias, y fue concebido para pelearle el hambre a las comunidades wayúu, que encabezan las cifras de desnutrición infantil del país. Bajo la administración de Olmedo López, La Guajira se volvió el principal receptor del programa en Colombia, con una asignación desproporcionada de $61.650 millones de pesos para 470 ollas. Solo al municipio de Albania, fortín electoral de la senadora, se giraron $20.000 millones. Según las denuncias comunitarias recogidas en Albania, Uribia, Maicao y Distracción, los alimentos nunca llegaron a las rancherías de destino, o los que llegaron nunca se les pagaron a los operadores. El hambre de los niños wayúu se transformó, a punta de órdenes de proveeduría, en un botín para el control territorial. James Buchanan lo llamó, con frialdad de economista, la lógica de la acción colectiva capturada por intereses privados. En La Guajira tiene una traducción más simple: los que tenían sed pusieron los votos, y otros pusieron la mano.
Y luego está la fiesta. No una parranda vallenata, sino algo más eficiente: una manifestación política pagada con dinero de emergencias. El 27 de septiembre de 2023, La Guajira salió a la calle en la “Marcha por la Vida” convocada por el Gobierno. El relato oficial habló de ciudadanía espontánea defendiendo el agua. Los chats entre Peralta y Pinilla cuentan otra cosa: buses, tarimas, desayunos y refrigerios coordinados al detalle, por un valor cercano a los 434 millones de pesos, según la relación de gastos que ambos se intercambiaron. Un día antes de la marcha, la senadora le advertía al exsubdirector que no podía sufragar todos los gastos porque estaba en campaña. La espontaneidad, resulta, tenía factura. Y la factura la pagó el fondo destinado a atender desastres en el departamento más sediento de Colombia.
Pongámoslo en la única escala que de verdad se siente, la del cuerpo y la del hogar, y digámoslo con honestidad metodológica: lo que sigue son órdenes de magnitud, no cálculos exactos. Los 2.125 millones del contrato de la papelería equivalen, en pesos gruesos, a varios cientos de mercados mensuales para familias que hoy comen una vez al día. Los $20.000 millones que llegaron a Albania para ollas que nunca humearon habrían alcanzado para sostener durante meses la alimentación de miles de niños wayúu, esos mismos que las estadísticas cuentan cuando ya es tarde. Los $434 millones de la marcha son, en el desierto, muchos jagüeyes de verdad, muchos pozos que sí darían agua. Cada peso que se fue en volquetas fantasma y en logística de tarima es un litro de agua que no bajó a una ranchería. Esa es la aritmética que ningún abogado defensor menciona.
Queda el sistema, que es lo único que de verdad importa, porque el sistema es lo que se repite. Peralta repitió curul en el Senado con 61.098 votos en la circunscripción indígena, sostenida en La Guajira por el respaldo del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, el “Hombre Marlboro”, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y hoy barón electoral de la región. El aval del MAIS, según la investigación, se volvió moneda de cambio por contratos y por efectivo. El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra ella y otros ocho congresistas. Y mientras tanto, la Corte, que tuvo indicios suficientes para retenerla, negarle un habeas corpus y ordenar su conducción con policías, decidió esta semana no decidir. “Por menos están presos Iván Name y Andrés Calle”, le dijo a EL TIEMPO el apoderado de uno de los procesados. Ahí está el ciclo secreto en toda su desnudez: el fuero que protege, el proceso que se dilata, el periodo del magistrado que se vence, el expediente que se hereda o se pierde. La impunidad rara vez es un portazo. Casi siempre es un proyecto que se retira en silencio.
La corrupción en La Guajira no es el error de una senadora. Es la arquitectura de un país que aprendió a convertir la sed de sus niños en órdenes de proveeduría, y que diseñó su justicia para que los relojes siempre corran a favor del que tiene fuero. Peralta será inocente hasta que se demuestre lo contrario, y así debe ser. Pero la red que este expediente dibuja no depende de su culpabilidad: existe, opera y sobrevive a cada decisión que se congela. La pregunta, entonces, no es si Martha Peralta responderá. Es si vamos a seguir permitiendo que en el desierto los contratos lleguen puntuales y el agua no llegue nunca.
Nota de precisión. Martha Peralta Epieyú es investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. No ha sido imputada, acusada ni condenada. La presunción de inocencia la ampara. Los señalamientos aquí referidos provienen de testimonios y de chats que reposan en el expediente, y son de carácter presunto.
corrupcionaldia.com · La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.
