Sesenta y cuatro jóvenes campesinos ganaron un mundial de música. El Estado que gasta miles de millones en un solo concierto de feria los dejó pidiendo monedas en los semáforos.
Nos encontramos en el municipio de Samacá, Boyacá, a una hora de Tunja, donde Juan Francisco Rodríguez, campesino de 69 años de la vereda Churuvita, rifó este sábado un marrano y un cabro, dos animales que él y sus hijos criaron y que eran parte de su patrimonio, para completar la plata que necesitan sus dos hijos, Liseth de 21 años y Andrés Felipe de 19, para viajar a Países Bajos. No es una tragedia doméstica. Es la fotografía exacta de un país que descubrió cómo financiar lo que le conviene y cómo dejar sin un peso lo que lo enorgullece. Los dos muchachos, ella en la flauta traversa, él en la percusión, integran la Banda Sinfónica Especial de Samacá, la misma que en junio del año pasado se coronó campeona en la Sección Tercera del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, España, y que con ese premio recibió la invitación al World Music Contest de Kerkrade, el certamen de bandas de viento y orquestas sinfónicas más prestigioso del planeta, que se celebra cada cuatro años. Colombia clasificó. Colombia no tiene con qué ir.
La banda necesita más de $800 millones de pesos para el viaje. A punta de rifas, bingos, tamalatones, serenatas en los semáforos y bonos de cien mil pesos, reunieron cerca de $450 millones, con los que ya separaron tiquetes, hospedaje y alimentación. Faltan alrededor de $300 millones, y si no aparecen, se pierde en su mayoría lo ya pagado. El maestro Julián Ropero, director de la banda, prepara para el 25 de julio en Países Bajos el mismo repertorio que estos días suena en el Teatro Bicentenario de Tunja y en el Colegio Salesiano de Bogotá, con la esperanza de que alguien, empresario o entidad, entienda lo que está en juego. Que quede claro el punto de partida, porque en él está todo: aquí no hubo un peso robado. Aquí hubo un peso que nunca llegó. Y esa es una forma de corrupción que no aparece en los titulares, porque no tiene esposas ni allanamiento, solo una decisión silenciosa sobre qué merece plata pública y qué no.
Los mecanismos de la corrupción oculta
Miremos cómo opera el mecanismo, porque es más sutil que un contrato amañado. El Ministerio de las Culturas, a través de la ministra Yannai Kadamani, solo ofreció aportar hasta $50 millones de pesos, una cifra que el propio alcalde Wilson Castiblanco calificó de irrisoria frente al costo real, y lo ofreció condicionado a que la banda consiguiera el resto por su cuenta entre la Alcaldía, la Gobernación, la empresa privada o las donaciones. El argumento de la ministra tiene lógica administrativa impecable: en Colombia existen cerca de 2.000 bandas tradicionales y sinfónicas repartidas en los 32 departamentos, y concentrar recursos en una sola rompería la equidad del sistema. Nadie puede refutar esa aritmética. El problema no es la aritmética. El problema es que esa misma lógica de la escasez, la del «no hay para todos, entonces no hay para nadie en particular«, jamás se aplica cuando el gasto es políticamente rentable. La escasez, en el Estado colombiano, es selectiva. Se vuelve rígida como el acero cuando quien pide es una banda de pelaos campesinos que no reparte votos, y se vuelve elástica como el caucho cuando lo que se financia es una tarima con luces.
Y aquí es donde la Verdad Oculta se vuelve indignante, porque los dos hechos ocurren en el mismo país, con la misma plata pública, bajo las mismas leyes. En enero de 2025, el municipio de Puerto Gaitán, Meta, con poco más de 40.000 habitantes, quedó en el centro de una polémica nacional cuando se conoció que su festival Perla del Manacacías tenía un presupuesto que, según distintos medios, rondaba los $20.000 millones de pesos, de los cuales cerca de $5.000 millones estaban destinados al pago de artistas. Un solo intérprete internacional cobraba cifras superiores a los $2.000 millones por poco más de una hora de show. Mientras tanto, los propios habitantes denunciaban calles llenas de huecos, aguas negras cayendo al río Manacacías y un hospital al que, en palabras de un residente, «ni hablar«. Esa es la ecuación completa. Cinco mil millones para que un artista cante una hora. Cincuenta millones condicionados, y al final ni eso, para que 64 jóvenes representen al país en un mundial. La diferencia entre una cifra y otra no es económica. Es una declaración de valores.
Los actores de esta tragedia
Conviene nombrar a los actores sin eufemismos, pero también con precisión, porque el rigor es lo que separa al periodismo de la pataleta. La ministra Kadamani no cometió un delito: aplicó una política de distribución que ella misma defiende como técnicamente correcta, y su ofrecimiento, aunque exiguo, existió. Los alcaldes que gastan miles de millones en ferias tampoco están, en la mayoría de los casos, robando: están ejecutando presupuestos aprobados por sus concejos, amparados en la promoción del turismo y la «reactivación económica«, esa fórmula mágica que convierte cualquier despilfarro en inversión. Ahí está el punto que este portal insiste en diseccionar. La corrupción estructural rara vez es ilegal. Es legal, está firmada, tiene interventoría y aparece en el Secop. Lo que la hace corrupta no es la violación de la norma, sino la traición al propósito: recursos que existían para elevar a un pueblo terminan financiando su anestesia. El politólogo James Buchanan lo explicó hace medio siglo con su teoría de la elección pública: el funcionario no persigue el bien común abstracto, persigue los incentivos concretos que enfrenta. Y en Colombia, el incentivo de una tarima con 40.000 asistentes que aplauden y recuerdan en las próximas elecciones siempre le ganará al incentivo de una banda que viaja a Holanda y cuyo aplauso ocurre a 9.000 kilómetros de la urna.
Pensemos ahora en el impacto real, en carne y hueso, porque es lo único que al final importa. Don Juan Francisco no conoce el mar, nunca se ha montado en un avión, y lo más lejos que llegó en su vida fue a Cúcuta cuando trabajó de ayudante en un bus intermunicipal. Sus hijos, gracias a la música, ya conocieron México y España. Ese hombre está rifando sus animales, su patrimonio, con el número que sale bajo la tapa de cada cerveza, para pagar un viaje cuyo valor no alcanza a dimensionar porque ni sabe dónde quedan los Países Bajos. La mayoría de los 64 integrantes de la banda vienen de familias campesinas o de obreros de escasos recursos. Traduzcamos la cifra que falta a términos tangibles, como órdenes de magnitud aproximados y no como cálculo exacto: esos $300 millones de pesos que faltan son, más o menos, lo que un solo artista de feria cobra por catorce minutos de tarima en un festival como el de Puerto Gaitán. Catorce minutos de reguetón contra una generación entera de músicos representando a Colombia en el escenario más importante de su disciplina. El Estado tiene plata para los catorce minutos. Para la generación, que rifen el marrano.
El sistema que permite esto no es un complot. Es algo peor, porque es rutina. Alejandro Nieto, el jurista español que estudió el desgobierno de lo público, describió cómo el aparato estatal deja de servir al ciudadano y se convierte en una estructura que responde a intereses de quienes lo administran, no a las necesidades de quienes lo financian con sus impuestos. La banda de Samacá es el ciudadano que financia y no recibe. La tarima de feria es el interés que administra y se sirve. Entre ambos hay una ley de presupuesto, un concejo municipal, un ministerio con 2.000 bandas que atender y una lógica electoral que premia lo visible sobre lo valioso. Ninguno de esos eslabones es ilegal. Todos juntos producen un país donde un campesino de 69 años debe desprenderse de sus animales para que sus hijos puedan hacer lo que el propio Estado debería estar celebrando como un triunfo nacional. La avergüenza no es de Samacá. La avergüenza es de un sistema que sabe exactamente cuánto cuesta una hora de rumba y finge no saber cuánto vale una generación de talento.
Falta lo esperanzador, y esta vez no es retórica. Todavía hay tiempo. La banda viaja, si logra el faltante, el próximo martes. Empresarios, entidades y ciudadanos pueden cerrar esa brecha de $300 millones en cuestión de días, y con ello demostrar que la sociedad civil, cuando el Estado renuncia, no siempre renuncia con él. Pero que nadie se engañe con la anécdota emotiva. El día que la banda de Samacá suba a la tarima en Kerkrade, el problema de fondo seguirá intacto, esperando al próximo grupo de niños talentosos que tenga la mala suerte de necesitar plata pública para algo que no da votos. La pregunta, entonces, no es si vamos a ayudar a Samacá. Es si vamos a seguir permitiendo un Estado que financia con miles de millones lo que nos entretiene y deja pidiendo monedas en el semáforo lo que nos enorgullece. Porque cada peso que sobra para una tarima y falta para una beca es una decisión. Y las decisiones tienen dueño.
