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A comienzos de diciembre el Ministerio de las Tics en cabeza de la barranquillera Karen Abudinem adjudicó un billonario contrato, a través del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el objeto de “Ejecutar el proyecto centros digitales en la región adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico”. 

El monto total de la contratación será de $2 billones 138 mil 117 millones 270.447 pesos, dividida en dos zonas (A y B) del país. La Región A fue adjudicada por un valor de $1.065.564.968.972 a la firma Comunicaciones Celular SA Comcel, que conectará 7.468 Centros Digitales en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. No hay dudas sobre la experiencia de esta compañía sobre el tema. 

El otro consorcio al que se le adjudicó la llamada Región B, por un valor de $1.072.552.301.475 es la Unión Temporal Centros Poblados 2020, que conectará 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca. Chocó, Cundinamarca, Magdalena. Nariño, Putumayo, Quindío. Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. 

Lo primero por decir es que en esta ocasión el Ministerio de las Tics decidió disponer más de $2 billones de pesos para conectar 14.745 escuelas oficiales, lo que representa un aumento en el número de escuelas de 56,6 %, con respecto a años anteriores cuando se desarrolló el programa Vive Digital por el anterior Gobierno. 

Pero, esto podría no ser del todo cierto, pues el pliego de condiciones no estipuló cuáles son las entidades educativas que se beneficiarán, sino que serán los contratistas quienes las busquen.  

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Incluso en el anexo técnico del pliego de condiciones en el numeral 2.1.1.5 CAMBIOS, se contempla que las Instituciones Públicas podrán ser cambiadas, cuando el contratista evidencie en sus estudios de campo alguna de las siguientes situaciones: a. Ausencia de interconexión eléctrica en los sitios definidos con energía interconectada en el listado de beneficiarios (Anexo Base Región A y Anexo Base Región B) ” b. Cuenta con servicio de conectividad a internet, bien sea prestado por otro proyecto del MinTic u otra entidad oficial o privada. c. Para el caso de las Instituciones Educativas, si estas no cuentan con por lo menos dos (2) terminales (diferentes a teléfonos móviles) en funcionamiento, que, a su vez, permitan conectarse a la red Inalámbrica (wifi). d. Que el responsable de la Institución Pública no firme el Acta de Compromiso. e. La exigencia demostrable por parte de la comunidad de que se debe realizar el procedimiento de consulta previa. f. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentadas por el Contratista ante la Interventoría y la Entidad Contratante para su aprobación, que impidan la instalación del Centro Digital por fuera de las instituciones. Además, estipuló que tales cambios no pueden ser mayores al 15% del número de centros a instalar, 

Es decir que el Ministerio de las TIC le dejó a los contratistas la verificación de qué entidades tienen el servicio de Internet y por lo visto no cuenta con dicha información, luego, no queda claro bajo qué criterios y en qué informe se basó el Ministerio de las Tics para decidir o contabilizar el número de centros educativos a beneficiar. 

Según información del propio Mintic, entre el 2012 y 2019 se invirtieron $1,3 billones de pesos, incluyendo las adiciones contractuales celebradas y los respectivos costos de interventoría que benefició a 6.879 centros poblados rurales de 32 departamentos; 6.657 Sedes Educativas, se incrementó la apropiación y uso de los servicios por parte de los habitantes de los centros poblados. 

En esta ocasión el Gobierno, decidió destinar casi el doble de lo invertido para el mismo objetivo en años anteriores, argumentando que se beneficiará a más del doble de las instituciones educativas del país, pero ya se aclaró que no hay información sobre cuántos colegios cuentan ya con el servicio de internet; y que ampliará la cobertura para los municipios, pero no será de manera considerable pues el programa contempla es la instalación de Centros Digitales con señal dentro de los colegios y una externa para que puedan conectarse a Internet los moradores próximos a las entidades educativas. Y que, en vez de ocho años, el plan será financiado a 10 años, es decir hasta el 2030. 

Los ganadores de la licitación 

En cuanto a los ganadores de la licitación los cuestionamientos se centran en la Unión Temporal Centros Poblados, que integran cuatro empresas: la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), con el Nit: 900.485.861-0 y una participación del 35%; Icm Ingenieros SAS con el Nit: 800.231.021-8 y una participación del 35%; Intec de la Costa SAS con Nit: 830.502.135-1 (15%) y, Omega Buildings Constructora SAS con el Nit: 900.990.182-3 (15%). 

De las 4, la única que reporta experiencia y contratos en el sector es Novotic, pero a través de una “jugadita” que analizaremos después y que MinTics aceptó de manera descarada. El resto tienen como actividad principal la construcción de vías, ferrocarriles y obras civiles, nada que ver con telecomunicaciones ni conectividad. 

LO QUE ERA FUNTICS AHORA ES NOVOTIC DESDE EL 23 DE OCTUBRE DEL 2020, EL LECTOR PUEDE CORRER HACIA LA IZQUIERDA O LA DERECHA PARA HACER LA COMPARACIÓN.

Pero, además, la empresa Intec de la Costa SAS, estuvo involucrada en el escándalo de corrupción por la adjudicación de un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar. Esta empresa hacía parte del consorcio Vías de San Jacinto del Cauca que cedió el contrato 10 días después de haberlo firmado. 

En mayo del año 2018, la Gobernación de Bolívar abrió una licitación pública para adelantar los trabajos de “Mejoramiento en placahuella desde la Ye de Los Arrastres hasta el municipio de San Jacinto del Cauca”, al sur del departamento, límites con Antioquia. 

La convocatoria cuyo costo estaba tasado en $12.383.000.000 de pesos, fue declarada desierta el 6 de julio al considerar que ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos exigidos. 

Como suele pasar en procesos que son declarados desiertos, con el único propósito de poder avanzar en un proceso menos dispendioso y de manera directa, nuevamente la Gobernación abrió una convocatoria el 4 de septiembre del 2018, pero bajo la modalidad de Selección abreviada de menor cuantía, para las mismas obras. 

El 14 de noviembre del 2018, le fue adjudicado el contrato al consorcio Vías de San Jacinto del Cauca, integrado por las sociedades Betcon Ingeniería SAS, Intec de la Costa SAS, e Ingoser Ingeniería de Obras SAS, representados por Miguel Antonio Martínez Niño, Hugo Armando Canabal Hoyos y Agustín Parodi Martínez, respectivamente, siendo éste último el representante legal del consorcio. 

Corrupción y actos delictivos en su máxima expresión rodean contrato de obra en San Jacinto del Cauca (Sur de Bolívar)

Lea aquí la historia completa y el papel que jugó la firma Intec de la Costa SAS .

Pero apenas habían pasado 10 días de haberse firmado el contrato entre la Gobernación de Bolívar y el mencionado consorcio, sucedió algo muy curioso. Dicho consorcio decidió ceder (aunque en realidad el término real sería entregar) a una persona natural, Laura Patricia Contreras Cáceres y a una empresa de Sincelejo que presta servicios de ingeniería, Marmojana SAS (representada por Omar Marmolejo Meza), lo que llamaron “derechos de pago o económicos que le corresponden provenientes de las actas de pago parcial de parte del Departamento de Bolívar a favor del Consorcio Vías San Jacinto del Cauca”.  

A cambio de esta “cesión”, el Consorcio Vías de San Jacinto del Cauca, recibiría como pago por el Acuerdo de Participación la suma de la suma de $1.984.000.000 de pesos, de donde mil millones de pesos se pagarían de manera inmediata a la firma del documento, y tres pagos más de $600 millones de pesos, $234 millones de pesos y $150 millones de pesos que le serían consignados a Ingoser SAS, apenas se entregaran las tres primeras actas de informes de actividades. 

A estas alturas vale la pena precisar que Laura Contreras, es la esposa de quien fuera en las pasadas elecciones territoriales (2019), candidato a la alcaldía de Achí (Bolívar), Yeimis Rojas Rojas, por el partido Centro Democrático y sobre quien hay graves acusaciones relacionadas con que su candidatura estuvo apoyada por miembros del Clan del Golfo, situación que él ha negado de manera rotunda. 

A la fecha el contrato aún no ha sido liquidado y la obra ha tenido un sinnúmero de problemas, incluso de seguridad para los trabajadores y ha sido suspendida en varias oportunidades. 

Pero como si esto fuera poco, resulta llamativo que a través de este contrato el Ministerio de las Tics y su cabeza Karen Abudinem habría revivido una empresa fuertemente cuestionada por conductas corruptas en pasadas contrataciones. 

Resulta que la única empresa que hace parte de la Unión Temporal y que supuestamente certificó la experiencia requerida para desarrollar este tipo de actividad, no sería realmente ni la empresa que dice ser ni tendría la experiencia que dice tener. 

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La Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), aparece registrada en la Cámara de Comercio con el mismo NIT de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información, Funtics, que resultó cuestionada por incumplir contratos celebrados con entidades territoriales como las gobernaciones de La Guajira, Norte de Santander y Tolima, los mismos que Novotic presentó para respaldar su documentación de experiencia y ganar la licitación como socia del consorcio. 

Lo que quizás de manera intencional hicieron los socios de Funtics fue cambiar la razón social de la compañía, registrar dicho cambio en la Cámara de Comercio de Barranquilla, obviamente dejando el mismo NIT de la primera, para poder soportar su experiencia y poder ganarse la billonaria licitación, así estuviera cuestionada. 

Como se puede evidenciar en el certificado de Cámara de Comercio de Barranquilla, los socios de Funtics realizaron el Acta número 22 el 25 de septiembre del 2020 y la inscribieron un mes después, el 23 de octubre del 2020, con el objetivo de cambiar el nombre a la fundación.

En este punto, las dudas que surgen es si el Ministerio de las Tics tenía conocimiento del origen de Novatic, o sencillamente hubo la intención clara de beneficiar a esta firma que en realidad es Funtics. 

Estas capturas de pantalla del RUES muestran la realidad de Novatic. 

Como se puede observar, la razón social que aparece registrada en el RUP no es Novatic, sino Funtics, probablemente porque no se registró esta novedad ante la DIAN, y solo se hizo el ‘papeleo’ ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, cosa que puede hacer una entidad. Pero en esta oportunidad, aspirar a un billonario contrato con el Estado con modificaciones de última hora, genera más que suspicacias, teniendo en cuenta la serie de investigaciones que los organismos de control le abrieron a los directivos de Funtics.  

Al abrir el historial de Funtics en la página del RUES, direcciona a Novatic, la cual tiene el mismo NIT 900.485.861-0 y el mismo registro mercantil (90000011943).  Pero aún si así fuera, llama la atención que el supuesto registro mercantil no existe en la base de datos como lo muestra la captura de pantalla. 

Adicionalmente los contratos que presenta como experiencia Novatic fueron celebrados por entidades territoriales con la fundación Funtics, antes del cambio de la razón social. 

Lo que viene de Funtics a Novotic 

En enero del año pasado la Contraloría General de la República reveló un largo expediente en que presentó hallazgos fiscales por el orden de los $55.195 millones de pesos, tras finalizar la fiscalización de procesos de contratación de conectividad en las instituciones educativas de 6 departamentos del país (La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander), así como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL). 

Y envió a indagación preliminar lo relacionado con 3 contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones de pesos. 

Se analizó una muestra de $157.745 millones de pesos, de 12 proyectos y 25 contratos (aproximadamente por cada proyecto se auditaron 2 contratos). 

Según la Contraloría de los 25 contratos auditados, el 80% tuvieron como ejecutante a una sola empresa, la famosa Funtics, hoy convertida en Novatic, lo que para el organismo, constituyó un caso claro de una malla empresarial, dada que la firma citada hace presencia en 16 departamentos. 

El total de hallazgos fiscales encontrados equivale al 35% de la muestra auditada. 

Entre las presuntas anomalías detectadas por la Contraloría y que tuvieron como ejecutor a Funtics, están: 

Pagos por períodos de inactividad económica 

Lo primero que delató la Contraloría fue que se pagó el servicio de Internet durante períodos de inactividad académica, es decir que las Gobernaciones pagaron cuando los estudiantes estaban en vacaciones (junio-julio y diciembre-enero). En este caso, se determinaron hallazgos fiscales por $9.405 millones de pesos. 

Un caso donde se dio esta situación fue en Norte de Santander. En el contrato 1423 de 2018, por 4 años, hubo 260 días de inactividad académica, donde se pagó el servicio de conectividad. En promedio, por año se prestó tal servicio durante 65 días en recesos académicos, cuando esto no se debía hacer. Se llegaron a pagar $3.878 millones de pesos. 

Doble conectividad 

Otra anomalía se dio con la doble conectividad, es decir que las instituciones educativas contaban con un servicio de internet, que había sido suministrado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC, a través de algunas iniciativas. Ese servicio es gratuito y de buena calidad, y sin embargo las Gobernaciones contrataron una nueva instalación, generando un posible detrimento patrimonial por $9.294 millones de pesos. 

La Contraloría encontró que hubo 822 Instituciones Educativas que tenían al menos un proyecto de conectividad con el Ministerio de Educación o con el MINTIC. 

Otro tema se presentó con pagos por servicios no prestados: la Contraloría verificó quiénes fueron los proveedores de los contratistas, o sea a qué operadores de telecomunicaciones les compraron su servicio de conectividad. 

Se determinó cuánto compraron y a cómo, lo que permitió concluir que no se entregaron la totalidad de los megas que tenían que entregar, situación que le costó al Sistema General de Regalías alrededor de $10.949 millones de pesos. 

Sobrecostos 

Se encontraron igualmente sobrecostos. En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega comprado llegaron a $1.664 millones de pesos. El precio que le cobraba el contratista a la Gobernación era un 65% superior frente a lo que este les pagaba a sus operadores. 

 Según la Contraloría, mientras los operadores (Azteca Columbus y Ufinet) le vendieron al contratista Funtics el mega a $113.700 pesos, éste a su vez lo vendió a la Gobernación de la Guajira a $321.685 pesos, o sea valor superior en un 65 por ciento (contrato 009 de 2016). 

También hubo un hallazgo fiscal por $2.030 millones de pesos, por intermediación innecesaria. La Gobernación adquirió un servicio de conectividad con un contratista, que a su vez lo subcontrató con quien finalmente lo prestó. 

Finalmente, la Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos casos y se encontró lo que llamó “elefantes blancos virtuales”, o sea casos donde se pagó por un software que nunca se utilizó. 

La histori que MinTics esconcondió o desconoció

Con esta información es increíble que el Ministerio de las TICs, a través de una empresa que hasta hace poco no existía, al menos en el papel, termine contratando a la cuestionada Funtics, sin entrar siquiera a considerar las investigaciones que le adelantan los organismos de control. 

Incluso, estas investigaciones provocaron la suspensión de sus cargos de los gobernadores de Norte de Santander (William Villamizar) y el encargado en la Guajira, Wilbert Hernández Sierra, a quienes la Procuraduría les abrió investigación el año pasado por presuntas irregularidades en el proyecto de $11.415 millones de pesos que celebraron con NIU Telco S.A.S., empresa de economía mixta, conformada mayoritariamente por la Gobernación de Norte de Santander y (curiosamente) Funtics que tenía una participación accionaria del 45%. 

El negocio era interesante para un privado porque, además de que lo dejaba recibiendo el 45 por ciento de las utilidades que generara durante 25 años, siendo socio de una empresa mixta, abría una puerta clave: la capacidad de contratar directamente con el sector público en todo el país. 

Eso, debido a que por su naturaleza, pues cualquier ente público le puede transferir recursos a otro público con experiencia en un tema específico para ejecutar proyectos relacionados, y por eso, si el ente público dueño de la plata no quiere, no tiene por qué someter a concurso el proyecto que necesita llevar a cabo. 

Aunque en teoría el negocio era interesante para todas las partes, la convocatoria cerró con un solo oferente, y fue Funtics, que solo en la administración de Villamizar ya había ejecutado 12 contratos por $ 41 mil millones para instalación de redes y suministro de internet. 

Pero para poner la fresa que le falta al pastel, en la junta directiva de la naciente empresa, tenían asiento Juan Carlos Cáceres Bayona, el rimbombante y muy exitoso dueño de Funtics, su hermano Ronald como miembros principales y sus suplentes eran Carlos Páramo Samper, un abogado que actualmente es asesor jurídico de la Alcaldía de Barranquilla y Luis Alejandro Caballero, un psicólogo de Bucaramanga. 

Bayon-Vinculciones

En este documento, el lector puede verificar el historial de cargos y empresas que ha dirigido Juan Carlos Cáceres Bayona, y relacionarlos con los datos que aquí traemos a colación.

El portal La Silla Vacía confirmó que en aquel entonces llegó a la gerencia José Rafael Lastre Vergara, el coordinador de proyectos de Funtics, y estuvo ahí hasta por tres meses, luego la junta que designó por unanimidad Mayret Niño, una exempleada de Metrotel de la dirección de proyectos, en donde certificó la experiencia de Funtics cuando esa empresa penas despegaba.   

Luego del escándalo que no le permitió a Villamizar culminar su mandato, la entidad fue definitivamente liquidada y aparentemente se perdió el rastro de Cáceres Bayona, de Carlos Páramo Samper, quien merece comentarios aparte, y de Funtics. 

Al menos eso creían los organismos de control. Pero qué equivocados estaban pues la ministra de las TICS, Karen Abudinem sencillamente le dio soberano tanque de oxígeno a esta cuestionada firma y de paso, sin la mayor vergüenza permitió borrar su corrupto pasado. 

Sobre Páramo Samper toca señalar que es el actual Presidente de la junta directiva de Novatic, según consta en el registro del RUP. Es un abogado que ha hecho su carrera mayormente tras bambalinas. Estuvo en una UTL de un representante a la Cámara y estuvo envuelto en un proceso judicial, del cual no ha salido, es decir sigue abierto. 

La historia de Carlos Páramo Samper

Resulta que Páramo era accionista de la Clínicas Andinas, por allá por los años 2007 y 2008. Cuando el Gobierno de Álvaro Uribe decidió rematar los activos del desaparecido Instituto de los Seguros Sociales, Páramo y los accionistas de la Fundación Campbell de Barranquilla, cuya cabeza visibles es el polémico médico Iván Reátiga, decidieron ofertar para comprar la infraestructura de la ESE Francisco de Paula Santander, que de pura casualidad tenía sedes en Cúcuta y en Santander. 

Versa en el informe de auditoría de la Contraloría, presentado en el 2018, es decir 10 años después de la supuesta compra, que “Fiduciaria Popular SA continuó reconociendo por concepto de primer pago el valor de las arras ya retenidas a favor del Estado por el Consorcio Liquidación ESE Francisco de Paula Santander, eso es, pese a haber declarado el incumplimiento y apropiado de las arras a favor del Estado, éstas nuevamente se tomaron a favor del Grupo Empresarial Campbell SA y las sociedades Operadores Clínicos Hospitalarios SA e Inversiones Clínicas Andinas SAS, imputándose a título de primer pago en la compraventa de los muebles e inmuebles asociados a la clínica Primero de Mayo que funciona en Barrancabermeja, lo cual constituye un detrimento patrimonial por 1.259 millones de pesos, pues la negociación se hizo por un valor inferior al que se estableció en la promesa de compraventa 110 de 2008”. 

Ese contrato de compraventa fue cedido a Inversiones Clínicas Andinas SAS, la accionaria de Salud Andina EPS, en cabeza de Gerardo Vecino Villarreal, personaje soledeño, a quien años después, en el 2013, la Superintendencia de Salud le negó su habilitación luego de que se le cuestionaran a Vecino presuntos vínculos con paramilitares en épocas pasadas. 

A la fecha, ni el mencionado consorcio de Operadores Clínicos Hospitalarios, ni Inversiones Clínicas Andinas SAS han pagado la deuda y fuentes de entero crédito firman que la clínica Primero de Mayo quedó en manos de Gerardo Vecino. 

En síntesis resulta realmente poco creíble que todo un equipo auditor, de abogados y profesionales en contratación del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, haya pasado por alto todo este cúmulo de información en un proceso licitatorio, el más costoso que realizó el Gobierno nacional, en medio de la pandemia. 

No solo se feriarán más de un billón de pesos, sino que se premiará, a los mismos corruptos de siempre que viven esquilmando el erario público sin que ninguna entidad de control y vigilancia haga absolutamente nada. 

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