La semana pasada habitantes de la Isla de Providencia, del departamento de San Andrés realizaron bloqueos en varias vías para protestar por los atrasos en la reconstrucción de sus viviendas, destruidas tras el paso del huracán Iota en noviembre del año pasado. 

El famoso plan de 100 días para reconstruir la isla que presentó el presidente Iván Duque (y que se cumplieron en abril), avanza a paso de tortuga, y a la fecha según los últimos reportes, solo han sido reparadas un 30% de las viviendas afectadas y apenas construidas unas 30, incluidas las que ha aportado el sector privado, de las 1134 proyectadas. 

Susana Correa, gerente para la reconstrucción del archipiélago aseguró a principios de junio que había un nuevo cronograma de entrega de viviendas y que el mes pasado estarían listas 90 casas nuevas y, de ahí en adelante, 100 cada mes hasta marzo del 2022. 

Sin embargo, en esta ocasión tampoco esta meta se ha cumplido. 

Pero lo más curioso es que mientras esto ocurre, el único organismo de control que ha hecho alguna vigilancia sobre el fallido plan ha sido la Contraloría General de la República que ha lanzado voces de alerta sobre los retrasos. Mientras que la Procuraduría General de la Nación solo se ha limitado a llamar la atención al gobernador Everth Julio Hawkins Sjogreen, para que gestione y logre el pago de más de $1.000 millones que tienen los habitantes de Providencia por el servicio público de energía al operador privado del servicio. 

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Los organismos de vigilancia no se han pronunciado tampoco sobre las razones de los atrasos que han esgrimido las constructoras Amarilo, Marval y Constructora Bolívar, que según Correa, han tenido que ver con dificultades ocasionadas “por el paro nacional, que afectaron la entrega y transporte de los materiales, provenientes de Barranquilla, y que les ha sido difícil contratar mano de obra”. 

Suenan “pueriles” tales excusas teniendo en cuenta que se trata de tres firmas bastante curtidas en su área, con una larga trayectoria de contrataciones con el Estado y no de algunas sino de miles de viviendas en el país (Ver👉🏽 https://corrupcionaldia.com/mega-contratistas-en-colombia/). 

Los constructores 

Amarilo es una sociedad que nació en 1992. Está presidida por uno de sus socios fundadores: Roberto Moreno Mejía. Se asoció con la Inmobiliaria Mazuera y de ahí nació en 2004 Amarilo y está en el negocio de vivienda para Estratos altos 5 y 6 y los centros comerciales.  

A finales de 2020 Bancolombia realizó una alianza con la firma en la que aportó $200 mil millones para realizar conjuntamente algunos de los proyectos que la constructora planea ejecutar en Bogotá en los próximos años. 

Actualmente Amarilo está trabajando en 79 proyectos de vivienda, 27 de ellos son proyectos de vivienda VIS: 6 de ellos en Bogotá, 4 en Soledad, 4 en Villavicencio, 3 en Ibagué y los demás en la sabana de Bogotá y otros pequeños municipios. 

En cuanto a Marval es propiedad de la familia santandereana Marín Valencia y está presidida por Rafael Marín Valencia (Ver👉🏽 https://corrupcionaldia.com/mega-contratistas-marval-s-a-el-gigante-santandereano/).

Marval tomó relevancia luego de quedarse con las licitaciones públicas para construir cuatro cárceles, la de Popayán, la de La Dorada, la de Cúcuta y El Barne en Boyacá, durante el gobierno de Andrés Pastrana. También fue la constructora que levantó un gran porcentaje de las casas gratis que entregó Germán Vargas Lleras, durante su vicepresidencia en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Esta constructora ha levantado proyectos de vivienda y obras públicas a lo largo del territorio. También ha construido en Panamá, Honduras y Perú. 

El éxito de la constructora ni siquiera se ha visto empañado por el escándalo de uno de sus socios Fernando Marín Valencia, hermano de Miguel, quien el año pasado fue condenado a cuatro años de prisión por un juzgado de Barranquilla por el delito de soborno en actuación penal. Marín fue sindicado de haber participado en el escándalo del carrusel de la contratación al haber ayudado a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y al empresario Emilio Tapia, a lavar millonarias sumas de dinero en estos hechos de corrupción. 

Fernando Marín Valencia

El ente acusador demostró que Marín recibió $2.223’178.000 de Tapia, los cuales fueron dirigidos a su empresa Grama Construcciones. Además, Tapia le entregó en su oficina $2.500 millones en efectivo. 

Según argumentó la Fiscalía, Marín sabía que estas millonarias sumas provenían de las comisiones pactadas para celebrar contratos de manera irregular para la infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.  

El Grupo Andino Marín Valencia (Grama Construcciones) nació en el año 2005, luego de una escisión que hizo con Marval. Marín además de empresario de la construcción fue embajador en Malasia, Thailandia, Vietnam y Venezuela, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

En la actualidad Marval está construyendo y vendiendo 52 proyectos, 13 proyectos de interés social: 7 en Bucaramanga, 2 en Bucaramanga, 3 en Cartagena y uno en Zipaquirá. Y tiene gran participación en el mercado inmobiliario de Barranquilla, donde además ha ganado licitaciones para la construcción de obras de la administración de la casa Char. 

La otra firma que participa en la reconstrucción de San Andrés, es la constructora Bolívar, otras de las grandes del sector que nació de la mano de Enrique Cortés Reyes, quien en diciembre de 1939 fundó la empresa Seguros Bolívar, dedicada principalmente a la venta de seguros de vida. Con el rápido crecimiento de la compañía, en la que estaban varios socios, entre ellos Carlos Lleras Restrepo –antes de que este fuera presidente de la República— Seguros Bolívar incursionó en otros negocios como la capitalización de inversiones y la banca. 

El presidente de la constructora Bolívar es el economista paisa Carlos Arango Uribe, pero sus dueños son los mismos accionistas mayoritarios, los Cortes Osorio. 

El brazo financiero del Grupo Bolívar es Davivienda. Hoy el grupo está liderado por Miguel Cortés Kotal. Actualmente tiene andando 119 proyectos de vivienda, 51 de ellos de interés social. la mayoría de ellos en Cali, donde está levantando 36 conjuntos residenciales. En Bogotá tiene 17, 9 en Barranquilla, 7 en Ibagué, 6 en Santa Marta, y otros 6 en Soledad, 2 en Armenia, 2 en Cartagena y 2 más en Girardot. 

En resumen, ninguna de las firmas participantes es novata en procesos de contratación con el Estado; tampoco pueden argumentar la falta de músculo financiero.  

Pero con todo y eso, o les ha quedado grande la reconstrucción de la Isla o sencillamente no hay interés por terminar pronto las obras prometidas. 

Mientras tanto, los isleños afectados por Iota siguen durmiendo en carpas, y orando para que la reconstrucción de sus casas culmine, al menos antes de terminar el mandato de Duque. 

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