Entre 2006 y 2007, la Alcaldía del municipio de Pradera (Valle del Cauca), compró un lote de 25.000 metros cuadrados para llevar a cabo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que venía a complementar las obras del sistema de acueducto y alcantarillado de esa población.
Para ello la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) abrió una licitación pública que ganó el Consorcio Star V y O y la interventoría estuvo a cargo de la Universidad Militar Nueva Granada, así como de la Fundación para el Desarrollo Humano.
El 14 de septiembre de 2011, la CVC entregó las obras y la planta funcionando, pero, increíblemente, nunca se puso en operación, según las investigaciones de la Contraloría departamental, por negligencia de las administraciones municipales.
La falta de funcionamiento provocó el deterioro de la infraestructura y hoy en día, la planta permanece en medio de la maleza, los equipos instalados pudriéndose y los tanques llenos de aguas más verdes que las praderas que rodean la estructura.
Pese a ello, entre 2016 y 2019, la administración de ese municipio incluyó otra inversión, esta vez por $ 477.358.000 para adecuar la planta, pero hoy, los casi cincuenta mil habitantes del municipio siguen esperando que la obra sea asignada a un operador y entre en funcionamiento.
Incluso en el 2017, el entonces alcalde Henry Devia Prado, hijo íntimo de la ‘casa política’ de la exgobernadora Dilian Francisca Toro convocó a licitación pública para contratar por 100 millones de pesos para la vigilancia de la Planta de Tratamiento.
A este elefante blanco le han invertido la bicoca de $ 5.348.986.341.
En conclusión los pradereños han visto pasar a tres administraciones, empezando por el alcalde encargado de la época, Henry Devia Prado, (2011), quien no puso en operación la obra; al siguiente alcalde Adolfo León, quien a pesar de los llamados de diferentes entidades incluyendo la Procuraduría, hizo caso omiso para la puesta en funcionamiento a través de un operador,; luego nuevamente como alcalde titular Devia Prado, desconoció las peticiones de sus gobernados y lo mismo ha hecho el actual mandatario Justino Sinesterra.
Catorce años llevan esperando una infraestructura que está desmantelada.
