Cómo una familia con el alcalde, el equipo de fútbol y la cadena de supermercados convirtió el escenario deportivo público de Barranquilla en su mayor valla publicitaria gratuita
El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez pertenece a todos los barranquilleros. Lo financiaron con sus impuestos. Lo administra el Distrito. Lo cuida —o debería— el Estado. Pero si usted entra hoy al coliseo deportivo más importante de la Costa Caribe colombiana, no verá los colores de la bandera de Barranquilla ni el tricolor nacional. Verá el rojo, blanco y azul de Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A., que casualmente son los mismos colores corporativos de Almacenes Olímpica. Y casualmente también, el alcalde que ordena pintar ese estadio es Alejandro Char Chaljub, miembro de la familia propietaria tanto del equipo como de la cadena de supermercados.
Qué casualidad. Qué enorme, refrescante y absolutamente improbable casualidad.
Esto no es solo una historia de colores. Es la historia de cómo funciona el poder real en Colombia: silencioso, legal en apariencia, imposible de rebatir con argumentos de «criterios de representatividad territorial» — que fue exactamente la respuesta que dio la Alcaldía cuando un veedor ciudadano preguntó por qué un bien público luce la identidad visual de una empresa privada. Un ciudadano ya lleva el caso a los tribunales, y un juez ya fijó audiencia. Esto no es rumor: es expediente judicial radicado 08001-33-33-004-2026-00087-00 ante el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla.
El Mecanismo: Cómo se Privatiza lo Simbólico Sin Que Nadie Firme un Contrato de Venta
La Red Subterránea no siempre opera con maletines de efectivo. A veces opera con brochas de pintura.
El mecanismo es elegante en su sencillez. El Distrito de Barranquilla, como propietario del Estadio Metropolitano, suscribió en enero de 2025 un Acta de Utilización para Uso Asociado a la Masificación y Fomento del Deporte con el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. El acta permite al equipo usar el estadio para sus partidos, entrenamientos y — detalle crucial — la «colocación y comercialización de vallas rotativas o digitales, vallas fijas, pendones, pasacalles, anuncios o comerciales a través de cualquier medio" y el "posicionamiento, promoción y gestión de marca en el estadio durante las actuaciones del equipo.«
Mientras tanto, el escenario está siendo objeto de obras de ampliación y adecuación financiadas con recursos públicos. Y esas obras, según la demanda interpuesta por los veedores ciudadanos Carlos Adolfo Bolaño Duncan y Luis Ricardo Alvarado Martínez, se están ejecutando instalando una silletería cuyos colores no corresponden a la bandera de Barranquilla ni a la de Colombia, sino a la identidad corporativa del Junior — y de Olímpica.
¿Cuánto paga Junior por este privilegio? La propia Alcaldía respondió a un derecho de petición con una tabla de pagos anuales: en 2024 el club debió pagar $704.526.488 pesos. En 2023, $406 millones. En 2019, $361 millones. Montos que representan el 4% del valor de la boletería, como «disposición voluntaria» del club. No un arriendo de mercado. No una contraprestación proporcional a la explotación publicitaria de un escenario de uso público avaluado en miles de millones.
Y la gestión comercial del estadio — incluyendo ingresos por publicidad — no la maneja directamente el Distrito sino Puerta de Oro – Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S., mediante el Contrato Interadministrativo No. 002 de 2020. Cuando el veedor preguntó por los soportes financieros de los pagos de Junior, la Secretaría de Recreación y Deportes respondió que ese tema «no es de su competencia» y remitió la consulta a Puerta de Oro. Nuevo laberinto. Nueva muralla burocrática. La Lógica Invisible en acción: cada entidad señala a la siguiente, y la rendición de cuentas se evapura en el aire barranquillero.
Los Actores: La Familia, el Equipo y el Supermercado
Para entender este caso hay que entender quién es quién.
Alejandro Char Chaljub es el Alcalde Distrital de Barranquilla. Es también miembro de la familia Char, cuyo grupo económico incluye participación en el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. — el equipo cuyos colores corporativos son rojo, negro y blanco — y en Almacenes Olímpica S.A., cuya paleta de marca utiliza precisamente esas mismas tonalidades.
El Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. no es una entidad sin ánimo de lucro que defiende los colores de la ciudad. Es una sociedad comercial con NIT 900456729-2, organizada legalmente y con domicilio principal en Barranquilla, afiliada a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol. Es decir: un negocio privado que genera ingresos por venta de boletería, derechos de televisión, patrocinios y comercialización de espacios publicitarios — incluyendo los del estadio público.
El acta de uso del estadio autoriza a Junior a comercializar derechos de transmisión televisivos, vallas, pendones, palcos y hasta el parqueadero externo del estadio. Todo en un escenario que pertenece al Estado. Todo a cambio de ese 4% de la boletería que la propia Alcaldía denomina «disposición voluntaria.«
Y cuando el veedor ciudadano pidió que los colores del estadio fueran los de las banderas oficiales — como corresponde a un bien de uso público, «casa de la selección Colombia» — la Alcaldía respondió por oficio del 19 de diciembre de 2025 que los colores cromáticos adoptados responden a «criterios de representatividad, en armonía con los símbolos que identifican a la ciudad y a su comunidad deportiva.» La misma respuesta que ya había dado antes, copiada y pegada con puntualidad burocrática, en lo que los veedores calificaron de «silencio administrativo sustancial» y «falta de respeto a la Ley 1437 de 2011.«
El Impacto Real: El Estadio es tuyo, pero no te pertenece
Cuando usted paga impuestos en Barranquilla, está contribuyendo al mantenimiento y adecuación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ese estadio vale miles de millones de pesos. Las obras de ampliación actuales implican una inversión adicional de recursos públicos.
Con esa inversión, el Distrito está instalando una silletería cuyos colores — según la demanda judicial — no representan a la ciudad ni a la nación, sino a una sociedad anónima privada y a una cadena comercial privada. Dos negocios vinculados a la familia del mismo alcalde que tomó la decisión.
¿Qué significa eso en términos concretos? Que cada partido de Junior en el Metropolitano es, simultáneamente, un evento deportivo y un despliegue publicitario masivo para una marca privada, en un estadio financiado con dinero de todos. Que la «disposición voluntaria» del 4% de boletería no es arrendamiento: es una tarifa irrisoria por el uso de un activo estratégico que genera millones en ingresos publicitarios y televisivos. Que las familias barranquilleras que pagan su impuesto predial, su ICA, sus contribuciones distritales, están subsidiando indirectamente el posicionamiento de marca de un equipo y un supermercado.
El costo de oportunidad es doloroso: con los recursos que el Distrito deja de recibir por no cobrar un arriendo de mercado real, podría financiar decenas de escuelas deportivas populares, adecuar parques en comunas históricamente olvidadas, o garantizar acceso gratuito al estadio para niños de estratos bajos.
El Sistema que lo Permite: El Estado Profundo en miniatura
Este caso es un microcosmos perfecto de lo que el análisis político denomina Estado Profundo: esa red de intereses económicos, políticos e institucionales que sobrevive a los ciclos electorales porque quienes están en el poder son los mismos que se benefician del sistema.
En Colombia, y particularmente en las ciudades donde clanes familiares controlan simultáneamente el gobierno local, los medios, los equipos deportivos y las empresas comerciales, la distinción entre lo público y lo privado se vuelve jurídicamente difusa y políticamente irrelevante. No hace falta firmar un contrato corrupto. Basta con tomar decisiones administrativas «discrecionales» que favorezcan intereses propios, amparadas en lenguaje técnico-institucional que ningún ciudadano común puede rebatir sin abogado.
La respuesta de la Alcaldía a los veedores es el manual del sistema: responder con palabras vacías, reiterar la misma respuesta ante el recurso de reposición, derivar la pregunta financiera a otra entidad, invocar «criterios institucionales» sin especificar cuáles. Todo dentro de la ley. Todo diseñado para agotar al denunciante.
Pero algo falló esta vez. Dos ciudadanos — Bolaño Duncan y Alvarado Martínez, de la Veeduría Ciudadana Al Fondo Plan — no se rindieron. Agotaron la vía administrativa, documentaron las respuestas evasivas, construyeron un argumento jurídico sólido basado en la moralidad administrativa (Art. 209 C.P.), la defensa del patrimonio público (Ley 472/98) y la protección del patrimonio cultural (Art. 72 C.P.), y llevaron el caso ante la justicia contencioso-administrativa.
El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, con la juez Mildred Arteta Morales, ya fijó Audiencia de Pacto de Cumplimiento para el 6 de mayo de 2026. El Distrito de Barranquilla intentó defenderse con excepciones de mérito — «inexistencia de vulneración de derechos colectivos», «legalidad de la actuación administrativa» — que el juzgado decidió diferir para la sentencia de fondo. Ninguna excepción prosperó en esta etapa.
El sistema que durante años operó en silencio ahora tiene un expediente judicial. Y tiene un nombre en la carátula: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Representado por el señor Alcalde Alejandro Char Chaljub.
Hay algo profundamente revelador en la imagen de un estadio público pintado con los colores de un equipo privado cuyos dueños también despachan desde el Palacio Distrital. Es el símbolo más visible de una realidad que este país ha normalizado hasta el punto de no verla: en Colombia, el poder no se esconde. Se pinta. Se instala en las graderías. Se ampara en «criterios de representatividad territorial» y se defiende ante un juez con excepciones que no prosperan.
Dos ciudadanos, sin más armas que el derecho de petición, el código contencioso-administrativo y una obstinación admirable, lograron lo que los medios tradicionales no hicieron: llevar este caso ante un tribunal. Ahora es la justicia la que tiene la palabra.
La pregunta no es si el Estadio Metropolitano debe llevar los colores de la bandera de Barranquilla. Esa respuesta es obvia. La pregunta es: ¿cuántas decisiones similares se están tomando hoy mismo en las secretarías distritales de este país, sin que ningún veedor las documente, sin que ningún juez las conozca, sin que ningún ciudadano las cuestione?
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
Entra a corrupcionaldia.com y accede al expediente completo de este caso.
