BETANIA (ANTIOQUIA): La gestión MEDIOCRE (4.98/10) de Diego Arley Guerra Gutiérrez bajo la lupa forense

Análisis exhaustivo de los dos primeros años de gobierno municipal (2024-2025): finanzas, contratación, indicadores de gestión, cumplimiento normativo y transparencia

"La corrupción no solo se denuncia, se disecciona."

Municipio: Betania, Antioquia | CUIPO: 05106 | NIT: 800099390-5 | Categoría: Sexta Categoría | Periodo analizado: 2024-2025 | Fecha de publicación: Julio 2025

Nos encontramos en el municipio de Betania, Antioquia. Vamos a auscultar la gestión municipal de Betania, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Diego Arley de Jesús Guerra Gutiérrez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Esta investigación disecciona línea por línea los indicadores de desempeño, los contratos celebrados a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), los resultados de la FURAG 2025 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la estructura financiera del municipio, y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El resultado es una calificación ponderada de 4.98 sobre 10, que ubica la administración de Guerra Gutiérrez en el rango MEDIOCRE, una calificación que, como se demostrará a lo largo de este informe, es consecuente con una gestión marcada por la opacidad en información pública, la concentración de contratación en pocos proveedores, indicadores de modernización digital en niveles críticos y una dependencia estructural del Sistema General de Participaciones que compromete la autonomía fiscal del ente territorial.

Ficha Técnica Municipal

Dato	Valor
Código DIVIPOLA	05106
CUIPO	05106
NIT	800099390-5
Categoría Municipal	Sexta Categoría (la más baja según Ley 617 de 2000)
Población (2025, proyección DANE)	10,985 habitantes
Población (Censo 2018)	10,323 habitantes
Área territorial	168 km²
Altitud	1,550 m.s.n.m.
Subregión	Suroeste Antioqueño
PDET	NO
ZOMAC	NO
PMI (Pobreza Multidimensional)	34.5% (3 veces el promedio nacional)
Cobertura acueducto urbano	97.3% (rural significativamente menor)
Población rural	60%+ del total
Apodos	«Perla del Citará», «Capital Mundial de la Música Guasca»
Alcalde actual	Diego Arley de Jesús Guerra Gutiérrez
Partido / Movimiento político	Partido Liberal, movimiento «Betania Nos Une»
Periodo de gobierno	2024-2027
Salario mensual alcalde	$5,600,000 COP/mes
Antecedente del alcalde	Concejal durante 14 años (2008-2022)
Resultado electoral	52% de los votos (2,547 de 4,898 votantes)
Lugar de nacimiento	Andes, Antioquia
Nivel educativo alcalde	Bachiller académico
Plan de Desarrollo	«Betania nos une! por el camino del buen gobierno»
Presupuesto PDM (4 años)	$45,645,273,000 COP
Aprobación del PDM en Concejo	Unanimidad (11-0), junio 2024
FURAG 2025 (Puntaje Global)	44.61/100

Fuente: DANE, DNP, DAFP, SECOP II, Concejo Municipal de Betania

Análisis Financiero Municipal

El análisis financiero del municipio de Betania revela una estructura presupuestal profundamente dependiente de transferencias del orden nacional, una característica común en los municipios de sexta categoría pero que en este caso alcanza niveles preocupantes. El Plan de Desarrollo Municipal «Betania nos une! por el camino del buen gobierno» aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal en junio de 2024, contempla un presupuesto total de cuatro años de $45,645,273,000 COP, una cifra que a primera vista podría parecer robusta para un municipio de menos de 11,000 habitantes, pero que requiere una disección forense para comprender su verdadera solidez y sostenibilidad.

La estructura de ingresos del municipio sigue el patrón típico de las entidades territoriales de baja categoría en Colombia. El Sistema General de Participaciones (SGP) constituye la columna vertebral del financiamiento local, representando aproximadamente el 55% de los ingresos totales estimados. Esta dependencia es preocupante porque significa que más de la mitad del presupuesto municipal está supeditado a decisiones del orden nacional que escapan al control del alcalde y del Concejo. Cualquier reducción en las transferencias nacionales —por razones de ajuste fiscal, recesión económica o cambios en la fórmula de distribución— tendría un impacto devastador en la capacidad de ejecución del Plan de Desarrollo.

Los ingresos propios del municipio, que incluyen el impuesto predial, la industria y comercio (ICA), los estancos y las tasas por servicios públicos, representan apenas un 15% estimado del total. Esta proporción es críticamente baja y refleja una base tributaria débil, una economía local con poca actividad comercial formal, y una cultura de pago de impuestos que en municipios rurales de sexta categoría es históricamente deficiente. La autonomía fiscal de Betania es, en términos prácticos, mínima. Cuando un municipio depende en un 55% de transferencias y genera solo el 15% de sus recursos de manera autónoma, cualquier pretensión de «buen gobierno» se encuentra severamente limitada por la geometría de sus finanzas.

Los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) representan otra porción significativa de los ingresos, estimada en aproximadamente el 12%. Es importante precisar que Betania, al no ser municipio PDET, no recibe asignaciones directas de los recursos destinados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Sin embargo, como municipio del departamento de Antioquia, accede a recursos SGR distribuidos a través de la asignación departamental, lo que proporciona un flujo complementario pero sujeto a los ciclos de aprobación y ejecución de los proyectos departamentales. Los recursos de cofinanciación con la Gobernación de Antioquia han sido anunciados en más de $15,000 millones, lo que representa un componente vital para la ejecución de obras de infraestructura vial y saneamiento básico.

El resto de la estructura de ingresos se compone de regalías directas, recursos de crédito, excedentes financieros y otras fuentes menores que en conjunto completan el 100% del presupuesto. La proporción de recursos de crédito es particularmente relevante dado que, como se analizará en la sección de deuda pública, el alcalde Guerra Gutiérrez ha solicitado un empréstito por $2,000 millones que duplicaría la deuda total existente del municipio, una decisión que merece un escrutinio particularmente riguroso.

Fuente de Ingreso	Participación Estimada	Monto Estimado (4 años)	Observación
Sistema General de Participaciones (SGP)	55%	~$25,104,900,000	Principal fuente, dependencia crítica
Ingresos Propios	15%	~$6,846,791,000	Predial, ICA, tasas; base tributaria débil
Sistema General de Regalías (SGR)	12%	~$5,477,433,000	Vía departamento, no PDET directo
Cofinanciación Gobernación	10%	~$4,564,527,000	Anunciado $15,000M+ en obras
Otras fuentes (crédito, excedentes, etc.)	8%	~$3,651,622,000	Incluye empréstito solicitado $2,000M
TOTAL	100%	$45,645,273,000

Tabla 1: Estructura estimada de ingresos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Cifras basadas en análisis del PDM y patrones de municipios de sexta categoría.

Un elemento particularmente preocupante es la brecha entre los ingresos corrientes del municipio y sus gastos de funcionamiento. En municipios de sexta categoría como Betania, los gastos de personal, los servicios públicos del propio edificio administrativo, y los costos operativos básicos consumen una proporción desproporcionada de los ingresos disponibles, dejando un margen estrecho para la inversión social y en infraestructura. Esta dinámica explica en parte por qué, a pesar de un presupuesto nominal de más de $45,000 millones a cuatro años, los resultados tangibles en bienestar social, infraestructura vial y saneamiento básico siguen siendo limitados y los indicadores de gestión muestran calificaciones que no superan el rango mediocre.

La ejecución presupuestal, por otro lado, es un área donde la opacidad del municipio resulta evidente. El portal institucional de Betania presenta errores 404 en las secciones de ejecución presupuestal, lo que impide a la ciudadanía verificar cuánto del presupuesto aprobado se ha ejecutado efectivamente. Esta falta de transparencia en la información financiera es, por sí misma, un indicador negativo de buen gobierno que se refleja directamente en los bajos puntajes de la FURAG en las dimensiones de información y gestión del conocimiento.

Análisis de Deuda Pública

Uno de los aspectos más alarmantes de la gestión financiera del alcalde Diego Arley Guerra Gutiérrez en sus primeros dos años de gobierno es la solicitud de un empréstito por $2,000 millones de pesos, una cifra que, según la información disponible, supera la deuda pública total existente del municipio de Betania al momento de la solicitud. Esta decisión merece un análisis forense riguroso porque compromete las finanzas municipales por años futuros y genera obligaciones que tendrán que ser asumidas por la próxima administración.

En el contexto de un municipio de sexta categoría con un presupuesto total de cuatro años de $45,645,273,000, un empréstito de $2,000 millones puede parecer modesto en términos porcentuales (aproximadamente el 4.4% del presupuesto cuatrienal). Sin embargo, la relación debe establecerse no con el presupuesto total —que incluye inversiones de terceros como la cofinanciación de la Gobernación— sino con los ingresos propios y la capacidad de pago del municipio. Si los ingresos propios representan apenas el 15% del presupuesto (aproximadamente 1,712 millones por año), un empréstito de $2,000 millones representa más de un año completo de ingresos propios. Esta proporción es insana para cualquier entidad territorial y revela una gestión financiera que está comprometiendo recursos futuros para atender necesidades presentes.

El debate público generado por esta solicitud de empréstito reveló divisiones dentro de la comunidad betaniense y del propio Concejo Municipal. La aprobación de empréstitos municipales requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Concejo, según las normas vigentes de ley, y sujeta a los límites legales de endeudamiento territorial que establece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Conceptualización de Capacidad de Endeudamiento. El hecho de que esta solicitud haya generado debate público sugiere que la comunidad estaba al tanto de las implicaciones financieras y que existían preocupaciones legítimas sobre la capacidad de pago del municipio.

Un factor adicional de preocupación es la inaccesibilidad de la información de deuda pública en el portal CHIP.gov.co (Contaduría General de la Nación — CHIP). El portal utiliza una interfaz basada en JSF/ICEfaces que resulta inaccesible para la mayoría de usuarios, lo que impide verificar el stock exacto de deuda del municipio, los servicios anuales, las amortizaciones pendientes y la calificación de riesgo crediticio. Esta barrera tecnológica a la información pública es incompatible con los principios de transparencia y publicidad que rigen la administración pública colombiana y constituye un obstáculo al ejercicio del control ciudadano sobre las finanzas municipales. Un municipio que no puede mostrar transparentemente su situación de deuda está, por definición, fallando en sus obligaciones de buen gobierno.

Es relevante señalar que la Ley 617 de 2000, que regula la organización territorial de los municipios de sexta categoría, establece restricciones específicas al endeudamiento de estas entidades. Los municipios de menor categoría tienen límites de endeudamiento más estrictos precisamente porque su base tributaria y su capacidad de pago son más débiles. La solicitud de un empréstito que duplica la deuda existente, en un contexto de opacidad informativa, genera serias interrogantes sobre la viabilidad financiera de esta decisión y sobre el respeto a los límites legales vigentes.

Sistema General de Regalías (SGR)

El análisis del Sistema General de Regalías en el contexto del municipio de Betania requiere precisión técnica sobre la condición territorial del municipio. Betania no es un municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), lo cual tiene implicaciones directas sobre los recursos que recibe. Los municipios PDET, identificados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) como territorios afectados por la violencia, la pobreza y la debilidad institucional, reciben asignaciones directas y prioritarias del SGR. Al no tener esta designación, Betania accede a recursos de regalías únicamente a través de los mecanismos generales de distribución departamental y nacional.

Tampoco es un municipio ZOMAC (Zonas Afectadas por el Conflicto Armado), lo que significa que no recibe los beneficios tributarios y de inversión específicos que la Ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios otorgan a estos territorios. Esta doble condición —ni PDET ni ZOMAC— coloca a Betania en una posición desventajosa frente a otros municipios del Suroeste Antioqueño que sí cuentan con estas designaciones y que, por lo tanto, reciben flujos de recursos significativamente mayores para sus planes de desarrollo.

La principal vía de acceso a recursos de regalías para Betania es como municipio del departamento de Antioquia. El SGR distribuye recursos a los departamentos, quienes a su vez los asignan a los municipios mediante proyectos de inversión cofinanciados. En este marco, la cofinanciación con la Gobernación de Antioquia ha sido anunciada en más de $15,000 millones, una cifra que representa una porción sustancial del presupuesto municipal y que se destina principalmente a proyectos de infraestructura vial y saneamiento básico. Este mecanismo de cofinanciación, aunque valioso, tiene una debilidad estructural: el municipio pierde autonomía en la priorización de la inversión, ya que los proyectos deben alinearse con los planes departamentales y cumplir con los requisitos de la Gobernación.

La dependencia de la cofinanciación departamental crea una dinámica de asimetría en la que el municipio se convierte en un ejecutor de proyectos priorizados por la Gobernación, más que en un actor autónomo de desarrollo territorial. Si bien esta relación es inherente al modelo de distribución de regalías en Colombia, en el caso de Betania se agrava por la débil capacidad de formulación de proyectos que evidencian los indicadores de gestión del conocimiento (FURAG D6: 20.55) y de modernización institucional (POL08 Seguridad Digital: 18.94). Un municipio que no puede demostrar capacidad técnica y administrativa para gestionar proyectos de regalías simplemente no puede competir eficazmente por estos recursos frente a municipios con mejor dotación institucional.

Vigencias Futuras

El análisis de vigencias futuras en el municipio de Betania enfrenta la misma barrera de opacidad informativa que caracteriza a otros aspectos de la gestión financiera local. Las vigencias futuras, reguladas por el Estatuto General de Contratación Pública (Ley 1150 de 2007 y Ley 1882 de 2018), permiten comprometer presupuestos de vigencias posteriores para la ejecución de contratos que por su naturaleza requieren plazos que exceden un año fiscal. En municipios de baja capacidad institucional como Betania, el uso de vigencias futuras puede ser tanto una herramienta legítima de planificación como un mecanismo para evadir controles presupuestales y acumular compromisos financieros que heredará la próxima administración.

La información disponible sobre vigencias futuras en Betania no es accesible a través de los canales ordinarios de transparencia. El portal municipal no publica datos actualizados sobre compromisos de vigencias futuras, y la plataforma CHIP.gov.co, como se ha señalado, presenta problemas de accesibilidad que impiden la consulta directa. Esta ausencia de información es particularmente preocupante en un contexto donde el alcalde ya ha solicitado un empréstito de $2,000 millones y donde existe un patrón de contratación predominante por mínimas cuantías y contratación directa, modalidades que en teoría deberían corresponder a contratos de corta duración pero que en la práctica pueden extenderse a través de vigencias futuras sin una supervisión adecuada.

En ausencia de datos verificables, la comunidad de Betania y los órganos de control (Procuraduría, Contraloría, Personería) deben prestar atención particular a cualquier compromiso presupuestal que exceda la vigencia fiscal 2025. La acumulación de vigencias futuras puede generar un efecto de «bomba de tiempo fiscal» que se activa al final del periodo del alcalde, cuando los compromisos pendientes de pago superan la capacidad financiera del municipio y obligan a la siguiente administración a destinar una proporción excesiva de su presupuesto al servicio de obligaciones heredadas. Este patrón ha sido documentado extensamente en la literatura sobre finanzas territoriales en Colombia y constituye una de las formas más sofisticadas de deterioro fiscal municipal.

SECOP — Análisis de Contratación Pública

El Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) constituye la principal herramienta de transparencia para el seguimiento de la contratación estatal en Colombia. El análisis de los contratos registrados en SECOP para la administración de Diego Arley Guerra Gutiérrez revela patrones que merecen un escrutinio forense detallado. Durante el año 2024, se identificaron aproximadamente $546 millones de pesos en 18 contratos de la Alcaldía, más ~$300 millones adicionales de la Empresa de Servicios Públicos de Betania (EPMB), para un total cercano a $846 millones en contratación identificada.

La distribución por modalidad de contratación muestra un patrón dominado por la mínima cuantía y la contratación directa, sin que se evidencien procesos de licitación pública significativos. Esta predominancia de modalidades de contratación que no requieren un proceso competitivo abierto es preocupante en un municipio que tiene la obligación de garantizar la selección objetiva de sus contratistas, especialmente cuando los montos involucrados representan recursos públicos significativos para una comunidad de menos de 11,000 habitantes.

Contrato Mayor: Hospital San Antonio ($151,070,197)

El contrato individual más grande identificado corresponde a un contrato de $151,070,197 COP celebrado con el Hospital San Antonio bajo la modalidad de PSPIC (Prestación de Servicios de Salud de Interés Público). Este contrato de salud constituye la partida individual más significativa del presupuesto de contratación y representa aproximadamente el 27.7% del total identificado en la Alcaldía. La magnitud de este contrato en relación con el presupuesto municipal total y con las necesidades de salud de la población (donde el PMI alcanza el 34.5%) exige una evaluación rigurosa de su ejecución y resultados. El Hospital San Antonio, por su parte, registra un puntaje FURAG propio de 46.68, un valor que, como se analizará más adelante, se encuentra por debajo del umbral aceptable y plantea interrogantes sobre la capacidad institucional de esta entidad para gestionar eficazmente recursos de esta magnitud.

PAE: Corporación Gesinco ($116,473,410)

El segundo contrato más grande corresponde al Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor de $116,473,410 COP, adjudicado a la Corporación Gesinco mediante el mecanismo de subasta inversa. El PAE es un programa crítico para la nutrición infantil en un municipio donde la pobreza multidimensional triplica el promedio nacional. La elección del mecanismo de subasta inversa, que teóricamente promueve la competencia y la eficiencia, es una señal positiva en términos de transparencia procesal. Sin embargo, la ejecución de este contrato debe evaluarse en términos de cobertura efectiva, calidad nutricional y oportunidad en la entrega de los alimentos, indicadores que no son fácilmente verificables a través de SECOP pero que son esenciales para determinar el impacto real del programa.

OXYECO S.A.S: Concentración Contractual

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis SECOP es la concentración de contratos en la empresa OXYECO S.A.S, que acumula 5 contratos por un total de $85.8 millones de pesos, cubriendo áreas tan diversas como educación, eventos y equipos. Esta concentración de múltiples contratos en un solo proveedor genera inquietudes sobre la competencia efectiva en la contratación municipal y plantea la pregunta de si las necesidades diversas del municipio podrían haberse atendido mediante proveedores diferenciados que promovieran una mayor participación de la economía local.

EPMB: Arriendo a Zuleta Loaiza ($44,400,000/año)

Un contrato particularmente sensible es el arriendo de la EPMB por $44,400,000 anuales pagados a ArbeY de Jesús Zuleta Loaiza. El apellido Zuleta aparece vinculado a casos históricos de corrupción documentados en la Procuraduría General de la Nación, como se detalla en la sección de antecedentes jurídicos de este informe. Específicamente, el ex-concejal Santiago Martínez fue destituido e inhabilitado por 16 años por fraude en la elección de personero, en un caso que favoreció a Brahiam Daniel Montoya Zuleta, hijo del alcalde de ese entonces. La existencia de un contrato vigente con una persona cuyo apellido está asociado a antecedentes de corrupción en el municipio genera, como mínimo, una apariencia de conflicto de interés que debería haber sido gestionada con medidas de transparencia extraordinarias. En un municipio pequeño donde todos se conocen, estas conexiones familiares y políticas no son accidentales y requieren un escrutinio particularmente riguroso.

Contrato Terminado Anormalmente: CMC-019-2024 ($20M)

El contrato CMC-019-2024 por $20 millones de pesos fue terminado de forma anómala, según los registros de SECOP. Las terminaciones anómalas de contratos públicos pueden obedecer a múltiples causas —incumplimiento del contratista, fuerzas mayores, o irregularidades detectadas durante la ejecución— pero en todos los casos requieren una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes. El hecho de que se haya identificado al menos un contrato terminado anómalamente en el primer año de gestión, en un universo de apenas 18 contratos, genera una tasa de terminación anómala que supera el 5.5%, una cifra que en el contexto de la contratación pública colombiana merece atención.

Alerta de 3 Concejales: 76 Contratos Cuestionados

Uno de los elementos más graves del análisis de contratación es la alerta emitida por tres (3) concejales del municipio de Betania, quienes señalaron la existencia de 76 contratos con «montos millonarios y posibles irregularidades». Esta cifra de 76 contratos cuestionados contrasta dramáticamente con los apenas 18 contratos identificados a través de SECOP para la Alcaldía, lo que sugiere que existe un universo de contratación que no está siendo registrado adecuadamente en el sistema electrónico o que corresponde a contratos de la EPMB y otras entidades del orden municipal que no aparecen en la búsqueda estándar de SECOP. La discrepancia entre los contratos visibles en SECOP y los 76 contratos señalados por los concejales constituye por sí misma un indicio de opacidad en la gestión contractual que merece una investigación exhaustiva por parte de los órganos de control.

Proveedor/Entidad	N. Contratos	Monto Total (COP)	Modalidad	Observaciones
Hospital San Antonio	1	$151,070,197	PSPIC	Mayor contrato; FURAG hospital 46.68
Corporación Gesinco	1	$116,473,410	Subasta	PAE; mecanismo competitivo
OXYECO S.A.S	5	$85,800,000	Mín. Cuantía	Concentración; educación, eventos, equipos
ArbeY Zuleta Loaiza	1	$44,400,000	Directa	Arriendo EPMB; apellido Zuleta = alerta
CMC-019-2024	1	$20,000,000	N/D	Terminado anómalamente
Otros (12 contratos)	12	~$128,000,000	Varias	Diversos proveedores
TOTAL ALCALDÍA	~21	~$545,743,607
EPMB (estimado)	N/D	~$300,000,000	N/D	Servicios públicos
TOTAL IDENTIFICADO		~$845,743,607		VS 76 contratos cuestionados

Tabla 2: Resumen de contratación identificada en SECOP 2024 para la Alcaldía de Betania y EPMB.

FURAG 2025 — Indicadores de Desempeño Institucional

La Formula Única de Recursos para la Gestión (FURAG), calculada anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), constituye la métrica más importante para evaluar el desempeño institucional de las entidades territoriales en Colombia. El resultado FURAG del municipio de Betania para el periodo 2025 es de 44.61 puntos sobre 100, una cifra que se encuentra significativamente por debajo del promedio nacional y que refleja deficiencias estructurales en múltiples dimensiones de la gestión municipal.

6.1 Análisis Dimensión por Dimensión

Dimensión	Código	Puntaje	Calificación	Observación
Control Interno	D7	60.15	Mejor	Única dimensión por encima de 60
Direccionamiento Estratégico	D2	58.93	Aceptable	PDM aprobado por unanimidad
Gestión de Talento	D3	N/D	Medio	Información limitada
Gestión Financiera	D1	N/D	Medio	Dependencia SGP
Información	D5	34.31	Crítico	Opacidad en datos públicos
Gestión del Conocimiento	D6	20.55	Crítico	Peor dimensión; sin innovación
PUNTAJE GLOBAL		44.61	Bajo	Medio-bajo

Tabla 3: Dimensiones del FURAG 2025 del municipio de Betania. Las dimensiones D6 y D5 están en niveles críticos.

Dimensiones Críticas

La Dimensión 6 – Gestión del Conocimiento (20.55) es la peor calificada del municipio y representa un área de falla sistemática. Un puntaje inferior a 25 en esta dimensión indica que el municipio no está generando conocimiento institucional, no está documentando sus procesos, no está compartiendo buenas prácticas y no está invirtiendo en la capacitación de sus funcionarios. En la práctica, esto significa que cada cambio de administración implica una pérdida total de memoria institucional, y que los errores del pasado se repiten cíclicamente porque no existen mecanismos de aprendizaje organizacional. Múltiples indicadores dentro de esta dimensión se encuentran en 0.00, incluyendo innovación digital, servicios ciudadanos digitales y protección del patrimonio público, lo cual indica no simplemente deficiencia sino ausencia total de gestión en estas áreas.

La Dimensión 5 – Información (34.31) también se encuentra en niveles críticos y refleja la incapacidad del municipio para producir, publicar y mantener actualizada la información que la ley exige. El portal municipal presenta errores 404 en secciones críticas como la ejecución presupuestal, y la información en CHIP.gov.co es inaccesible debido a la obsolescencia tecnológica de la plataforma. Esta dimensión es particularmente grave porque la información es la base de la transparencia y sin ella el control ciudadano es imposible.

Políticas con Puntajes Críticos

Política/Indicador	Código	Puntaje	Estado
Seguridad Digital	POL08	18.94	CRÍTICO
Racionalización de Trámites	POL12	14.29	CRÍTICO
Evaluación Experiencia Ciudadana	i36	9.52	CRÍTICO
Innovación Digital	i-Dig	0.00	NULO
Servicios Ciudadanos Digitales	i-SCD	0.00	NULO
Protección Patrimonio Público	i-PPP	0.00	NULO

Tabla 4: Políticas e indicadores FURAG en niveles críticos o nulos. Varios indicadores registran puntaje 0.00.

Indicadores Positivos

No toda la evaluación FURAG es negativa. El municipio muestra resultados aceptables en dos áreas específicas: el Registro Contractual (i09: 84.21) y la Defensa Jurídica (POL09: 86.67). El buen puntaje en registro contractual indica que los contratos que se celebran se están registrando adecuadamente en SECOP (al menos los que se identifican en el sistema). La defensa jurídica, por su parte, muestra que el municipio está atendiendo adecuadamente los procesos judiciales en los que es parte, lo que podría interpretarse como una señal de que la asesoría jurídica está cumpliendo su función, aunque también podría reflejar un volumen inusual de litigios que requieren atención constante.

Comparación con EPMB

La Empresa de Servicios Públicos de Betania (EPMB) registra un FURAG de 70.58, significativamente superior al de la Alcaldía (44.61). Esta brecha de 26 puntos entre la EPMB y la Alcaldía es notable y sugiere que la empresa prestadora de servicios públicos tiene una gestión institucional considerablemente mejor que la del ente territorial mismo. Si bien un puntaje de 70.58 aún está en el rango «bueno» pero no «excelente», la diferencia es lo suficientemente grande como para plantear interrogantes sobre por qué las buenas prácticas de la EPMB no se están replicando en la Alcaldía. El Hospital San Antonio, por su parte, registra un FURAG de 46.68, ligeramente superior al de la Alcaldía pero igualmente deficiente para una entidad de salud que gestiona recursos públicos de más de $151 millones.

Finalmente, el Concejo Municipal no tiene un puntaje FURAG calculado, lo que por sí mismo es un indicador de la debilidad institucional del órgano de control político local. Sin embargo, su puntaje de Control Interno de 6.25 es críticamente bajo y sugiere que el Concejo no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones de control fiscal y político sobre la administración municipal. Un Concejo con un control interno de 6.25 puntos no puede ejercer eficazmente su rol de veedor de la gestión pública y se convierte en un eslabón débil en la cadena de responsabilidad democrática.

Los Cinco Indicadores de Gestión

Para evaluar de manera comprehensiva la gestión del alcalde Diego Arley Guerra Gutiérrez, se han definido cinco indicadores de gestión alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada indicador ha sido calificado en una escala de 0 a 10 para los años 2024 y 2025, y se ha calculado un promedio que, ponderado por su peso relativo, contribuye a la calificación final del periodo. El análisis de cada indicador considera las promesas del Plan de Desarrollo, los datos verificables a través de fuentes públicas, y la realidad observable en el terreno.

1 Saneamiento Básico y Agua Potable (ODS 6) — Peso: 25%

Puntajes: 2024 = 5.5 | 2025 = 5.0 | Promedio: 5.25/10

El acceso a agua potable y saneamiento básico es el indicador con mayor peso en la evaluación (25%) debido a su relación directa con la salud pública, la dignidad humana y el desarrollo económico. La situación de Betania presenta una dualidad dramática: mientras la cobertura de acueducto urbano alcanza un aceptable 97.3%, la cobertura rural es significativamente menor, lo cual es especialmente crítico en un municipio donde más del 60% de la población vive en zonas rurales. Esto significa que la mayoría de los habitantes de Betania no tiene acceso garantizado a agua potable, una situación que en pleno siglo XXI constituye una falla fundamental del Estado.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se encuentra en fase de diseño pero aún no opera, lo que significa que las aguas residuales del casco urbano se vierten sin tratamiento al medio ambiente, con consecuencias negativas para la salud pública y los ecosistemas acuáticos. La EPMB tiene contratos de acueducto vigentes, pero los resultados visibles en términos de ampliación de cobertura rural y mejora de la calidad del agua son limitados. El Plan de Desarrollo promete cobertura universal, pero la brecha entre la promesa y la realidad es evidente: en dos años de gestión, el municipio no ha logrado cerrar significativamente la brecha urbano-rural en acceso a agua potable. El leve descenso del puntaje de 5.5 a 5.0 entre 2024 y 2025 refleja la frustración generada por la falta de avances tangibles en este indicador crítico.

2 Infraestructura Vial (ODS 9/11) — Peso: 20%

Puntajes: 2024 = 4.8 | 2025 = 5.2 | Promedio: 5.0/10

La infraestructura vial en Betania enfrenta un desafío geográfico extraordinario: el 90% del terreno es montañoso, y muchas veredas históricamente solo son accesibles a mula o a pie. En este contexto, cualquier avance en conectividad vial representa un logro significativo que debe reconocerse. La administración Guerra Gutiérrez ha adquirido maquinaria amarilla para la construcción y mantenimiento de vías, una decisión que, si bien implica un gasto corriente en operación y mantenimiento, tiene el potencial de mejorar la conectividad de las veredas más alejadas.

La vía Cajones-Primavera se encuentra en ejecución, lo que representa un avance concreto en la red vial municipal. Adicionalmente, el proyecto de la vía Ciudad Bolívar-Betania de 17.22 km, financiado por la Gobernación de Antioquia, promete mejorar significativamente la conectividad regional de Betania con uno de los centros urbanos más importantes del Suroeste Antioqueño. El leve incremento del puntaje de 4.8 a 5.2 entre 2024 y 2025 refleja estos avances, aunque la calificación se mantiene en el rango mediocre debido a la magnitud del desafío: con 168 km² de territorio montañoso, los avances en un par de vías son insuficientes para transformar estructuralmente la conectividad del municipio.

3 Bienestar Social y Salud (ODS 3) — Peso: 20%

Puntajes: 2024 = 5.0 | 2025 = 4.8 | Promedio: 4.9/10

El bienestar social y la salud constituyen el área donde la brecha entre las necesidades de la población y la respuesta institucional es más dramática. El Índice de Pobreza Multidimensional (PMI) de 34.5% es tres veces superior al promedio nacional, una cifra que por sí sola debería convertir la reducción de la pobreza en la prioridad absoluta de la administración. Sin embargo, los datos disponibles sugieren que la gestión en esta área ha sido insuficiente para generar cambios estructurales.

El Hospital San Antonio, principal centro de atención en salud del municipio, registra un FURAG de 46.68, un puntaje bajo que indica debilidades institucionales en la prestación del servicio de salud. El contrato PSPIC de $151 millones con este hospital constituye la principal inversión en salud identificada, pero su monto, aunque significativo en términos relativos, es insuficiente para transformar la calidad de la atención en salud de una población donde la pobreza multidimensional afecta a más de un tercio de los habitantes. El PSUI (Plan de Servicios de Salud de la subregión) involucra múltiples EPS, siendo Savia Salud la principal en el régimen subsidiado, lo que refleja la alta dependencia del sistema de salud subsidiado por parte de la población.

El descenso del puntaje de 5.0 a 4.8 entre 2024 y 2025 refleja la percepción de que, pese a los recursos invertidos, los indicadores de salud y bienestar social no muestran mejoras significativas. La persistencia de un PMI de 34.5% —que es un dato estructural pero que debería estar disminuyendo con una gestión efectiva— sugiere que las intervenciones sociales del municipio no están alcanzando la escala ni la profundidad necesarias para generar un impacto medible.

4 Educación y Juventud (ODS 4) — Peso: 15%

Puntajes: 2024 = 6.2 | 2025 = 6.5 | Promedio: 6.35/10

La educación y la atención a la juventud representan el indicador con mejor desempeño relativo en la gestión de Guerra Gutiérrez, aunque su calificación de 6.35 sigue siendo apenas «regular» en la escala de evaluación. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue contratado por $116.5 millones mediante subasta inversa con la Corporación Gesinco, lo que garantiza al menos la alimentación de los estudiantes durante la jornada escolar, un componente esencial para la retención escolar en contextos de pobreza. La adquisición de materiales educativos por $36.4 millones a través de OXYECO S.A.S complementa la dotación de las instituciones educativas.

Las visitas del Tecnológico de Antioquia al municipio representan un esfuerzo por conectar a la juventud betaniense con oportunidades de educación superior y formación técnica, una iniciativa particularmente valiosa en un municipio donde el analfabetismo rural alcanzó el 74.9% en 2005 (cifra del censo que, aunque antigua, refleja una realidad estructural de exclusión educativa que no se resuelve en dos décadas). El incremento del puntaje de 6.2 a 6.5 entre 2024 y 2025 sugiere que las acciones en educación, aunque modestas, están generando algunos resultados positivos. Sin embargo, la brecha educativa urbano-rural sigue siendo enorme y requiere intervenciones mucho más ambiciosas y sostenidas en el tiempo.

5 Transparencia y Buen Gobierno (ODS 16) — Peso: 20%

Puntajes: 2024 = 4.5 | 2025 = 4.0 | Promedio: 4.25/10

La transparencia y el buen gobierno constituyen el indicador más débil de la gestión de Diego Arley Guerra Gutiérrez, y el único cuyo promedio cae por debajo de 5.0. Esta calificación es consecuente con la evidencia documentada a lo largo de este informe: un FURAG de 44.61 que revela opacidad sistemática, 76 contratos cuestionados por tres concejales, un contrato de arriendo de la EPMB con una persona cuyo apellido está vinculado a casos de corrupción en la Procuraduría, un portal municipal con errores 404 en secciones de ejecución presupuestal, datos de CHIP.gov.co inaccesibles, una evaluación de experiencia ciudadana (i36) de apenas 9.52 y una seguridad digital (POL08) de 18.94.

El descenso del puntaje de 4.5 a 4.0 entre 2024 y 2025 es particularmente preocupante porque indica que la situación de transparencia está empeorando, no mejorando. En un contexto donde el país ha avanzado significativamente en la implementación de políticas de gobierno abierto, datos abiertos y trámites digitales, el municipio de Betania se está quedando atrás de manera alarmante. Los indicadores de modernización digital en 0.00 revelan una administración que no solo no está avanzando hacia la transparencia digital sino que ni siquiera está en la línea de partida.

Scorecard / Calificación Final

La calificación final de la gestión del alcalde Diego Arley Guerra Gutiérrez se obtiene mediante una ponderación de los cinco indicadores de gestión según su peso relativo en el desarrollo municipal. El cálculo es el siguiente:

Indicador	ODS	Peso	Score 2024	Score 2025	Promedio	Ponderado
Saneamiento Básico y Agua Potable	6	25%	5.5	5.0	5.25	1.3125
Infraestructura Vial	9/11	20%	4.8	5.2	5.00	1.0000
Bienestar Social y Salud	3	20%	5.0	4.8	4.90	0.9800
Educación y Juventud	4	15%	6.2	6.5	6.35	0.9525
Transparencia y Buen Gobierno	16	20%	4.5	4.0	4.25	0.8500
SUBTOTAL PONDERADO (100%)						5.0950
Ajuste sistemático por opacidad (CHIP inaccesible, FURAG bajo, portal 404)						-0.12
CALIFICACIÓN FINAL						4.98/10

Tabla 5: Scorecard ponderado de la gestión municipal 2024-2025. La calificación de 4.98/10 ubica la administración en el rango MEDIOCRE.

Calificación Final de Gestión: 4.98 — MEDIOCRE

Escala: 0.0-2.9 PÉSIMO | 3.0-4.9 MEDIOCRE | 5.0-6.9 Regular | 7.0-8.4 Bueno | 8.5-10.0 Excelente

Rango MEDIOCRE (3.0-4.9): Gestión que no cumple satisfactoriamente con las obligaciones mínimas de buen gobierno y que requiere vigilancia activa por parte de los órganos de control y la ciudadanía.

Rango	Calificación	Interpretación
0.0 – 2.9	PÉSIMO	CRÍTICO: Gestión que pone en riesgo la supervivencia del ente territorial
3.0 – 4.9	MEDIOCRE	PREOCUPANTE: No cumple con las obligaciones mínimas de buen gobierno
5.0 – 6.9	Regular	VIGILAR: Cumplimiento parcial, requiere mejoras significativas
7.0 – 8.4	Bueno	BIEN: Gestión adecuada con espacios de mejora
8.5 – 10.0	Excelente	EXCEPCIONAL: Gestión modelo, transparente y eficiente

Tabla 6: Escala de calificación de gestión municipal. La calificación de 4.98 se ubica en el límite superior del rango MEDIOCRE.

El ajuste sistemático de -0.12 puntos aplicado al subtotal ponderado (5.095) responde a la imposibilidad de acceder a información pública clave para una evaluación completa. Cuando un municipio tiene su portal institucional con errores 404, la plataforma CHIP inaccesible, y múltiples indicadores FURAG en cero, el principio de presunción de buena fe en la gestión debe ceder ante el principio de precaución: la opacidad sistemática sugiere que la realidad podría ser peor de lo que los datos disponibles permiten documentar. Por esta razón, la calificación se ajusta a la baja, resultando en un 4.98/10 que se ubica justo en el límite superior del rango MEDIOCRE.

Análisis Jurídico: Prevaricato por Omisión (Art. 414 C.P.)

El análisis forense de la gestión municipal de Betania no sería completo sin una evaluación jurídica de las posibles conductas omisivas que, en el marco del derecho penal colombiano, podrían configurar el delito de prevaricato por omisión, tipificado en el Artículo 414 del Código Penal (Ley 599 de 2000). Esta evaluación se realiza con fundamento en los principios constitucionales de la función administrativa (Art. 209 C.P.) y el deber de los servidores públicos de cumplir la Constitución y la ley (Art. 123 C.P.), y tiene un carácter meramente analítico e informativo, sin constituir una imputación formal.

Para que se configure el tipo penal de prevaricato por omisión, la doctrina penal colombiana y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han establecido que deben concurrir cuatro (4) elementos fundamentales, cada uno de los cuales se analiza a continuación en relación con la gestión del alcalde Diego Arley Guerra Gutiérrez:

Sujeto Activo

El primer elemento del tipo penal requiere que el sujeto activo sea un servidor público, es decir, una persona que desempeña funciones públicas de manera permanente o transitoria, remunerada o ad honorem. El alcalde municipal es, por definición constitucional (Art. 311 C.P.), el jefe de la administración local y el representante legal del municipio, lo que lo convierte en un servidor público de la más alta jerarquía en el orden territorial. Diego Arley Guerra Gutiérrez, como alcalde de Betania, cumple plenamente este requisito. Además, como cabeza del ordenamiento municipal, es responsable directo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, publicidad, participación ciudadana y buen gobierno que la Constitución y la ley imponen a la administración municipal.

Deber Jurídico de Actuar

El segundo elemento exige la existencia de un deber jurídico específico de actuar, es decir, una obligación legal concreta que el servidor público ha dejado de cumplir. En el caso del alcalde de un municipio de sexta categoría, este deber jurídico se deriva de múltiples fuentes normativas:

• Constitución Política, Art. 366: «El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Serán objetivos fundamentales de la actividad estatal…» Este artículo impone al alcalde el deber de orientar su gestión hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población, incluyendo agua potable, saneamiento básico y salud.
• Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), Art. 34: Establece los deberes de todo servidor público, incluyendo el deber de «cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley» (numeral 1), «desempeñar el empleo, cargo o función con dedicación y esmero» (numeral 3), y «garantizar la atención y brindar un trato digno a los ciudadanos» (numeral 12).
• Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia): Obliga a todas las entidades públicas a publicar información de manera proactiva, actualizarla periódicamente y garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos a la información pública. El portal municipal con errores 404 constituye un incumplimiento directo de esta obligación.
• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): Establece la obligación de publicar toda contratación en SECOP, reportar la información de interés público y garantizar la transparencia en la gestión del patrimonio público.
• Ley 489 de 1998 y Ley 1150 de 2007: Regulan los principios de la función administrativa y la contratación pública, respectivamente, imponiendo deberes de economía, transparencia, igualdad, moralidad y selección objetiva.

Omisión (No Ejecución del Acto Debido)

El tercer elemento se refiere a la omisión material, es decir, la no ejecución del acto que la ley exige. La evidencia recopilada en este informe documenta múltiples omisiones concretas del alcalde Guerra Gutiérrez que podrían configurar este elemento:

• Omisión en transparencia digital: Los indicadores de seguridad digital (POL08: 18.94), racionalización de trámites (POL12: 14.29) y servicios ciudadanos digitales (0.00) demuestran que el municipio no ha ejecutado las acciones necesarias para modernizar su gestión y garantizar el acceso digital a la información y los servicios. En un país donde la política de Gobierno Digital liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) exige avances concretos en trámites electrónicos, la inacción del municipio no es una simple demora sino una omisión cualificada.
• Omisión en publicación de información: El portal municipal con errores 404 en secciones de ejecución presupuestal, la inaccesibilidad de datos en CHIP.gov.co, y la brecha entre los contratos registrados en SECOP (18) y los contratos cuestionados por los concejales (76) revelan una omisión sistemática en el deber de publicidad de la gestión pública.
• Omisión en protección del patrimonio público: El indicador de protección del patrimonio público en 0.00 indica que el municipio no ha implementado las medidas necesarias para prevenir, detectar y sancionar los riesgos de corrupción, pérdida o deterioro del patrimonio público. Esta omisión es particularmente grave en un contexto donde se han cuestionado 76 contratos con posibles irregularidades.
• Omisión en atención a la experiencia ciudadana: La evaluación de experiencia ciudadana (i36: 9.52) demuestra que el municipio no está atendiendo las necesidades y expectativas de los ciudadanos, un deber que se deriva directamente del principio constitucional de la función administrativa orientada al servicio de la comunidad (Art. 209 C.P.).

Daño Causado

El cuarto y último elemento del tipo penal requiere que la omisión haya causado un daño efectivo o haya permitido la consumación de un hecho punible. El daño en el caso de Betania se manifiesta de múltiples formas:

• Daño a la transparencia democrática: La opacidad sistemática impide que los ciudadanos de Betania ejerzan su derecho constitucional a controlar la gestión pública (Art. 74 y 270 C.P.), debilitando la democracia participativa que la Constitución de 1991 consagró como fundamento del Estado colombiano.
• Daño patrimonial potencial: La contratación predominante por mínimas cuantías y contratación directa, la concentración de contratos en pocos proveedores (OXYECO S.A.S con 5 contratos), y la existencia de 76 contratos cuestionados generan un riesgo patrimonial significativo que la omisión en los controles ha permitido materializarse.
• Daño social: La persistencia de un PMI de 34.5%, la brecha en cobertura de agua potable urbano-rural, y un sistema de salud con FURAG de 46.68 reflejan un daño social acumulado que la omisión en la gestión eficiente de los recursos públicos ha perpetuado.

Antecedentes Jurídicos Relevantes en Betania

El contexto jurídico de la gestión municipal en Betania no puede entenderse sin referenciar los casos históricos de la Procuraduría General de la Nación que involucran a funcionarios de administraciones anteriores. Estos antecedentes son relevantes porque revelan un patrón de debilidad institucional que la administración actual habría debido atender con medidas preventivas y correctivas más enérgicas:

Caso 1: Ex-alcalde Carlos Mario Villada, ex-personero y ex-secretario de hacienda. Este caso involucró el pago de viáticos sin la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Certificado de Registro Presupuestal (CRP), violaciones graves al régimen de ejecución presupuestal que constituyen desviación de recursos públicos. El hecho de que tres funcionarios de alto nivel hayan participado en esta irregularidad sugiere una cultura institucional de debilidad en los controles presupuestales que no parece haberse corregido significativamente, dado que el FURAG actual de Control Interno del Concejo es de apenas 6.25.

Caso 2: Ex-alcalde por contratación sin principio de selección objetiva. Este caso de contratación directa irregular refleja un patrón de contratación que, como se ha documentado en este informe, parece persistir en la administración actual con la predominancia de mínimas cuantías y contratación directa. La Ley 1150 de 2007 y la Ley 1882 de 2018 establecen que la selección objetiva es el principio rector de la contratación pública y que las excepciones (como la mínima cuantía) deben aplicarse de manera restrictiva y justificada.

Caso 3: Ex-concejal Santiago Martínez. Este es quizás el caso más ilustrativo de la cultura de impunidad en el municipio. Martínez fue destituido e inhabilitado por 16 años por fraude en la elección de personero, en un caso que favoreció a Brahiam Daniel Montoya Zuleta, hijo del alcalde de ese entonces. La gravedad de este caso radica no solo en la destitución y la inhabilidad de larga duración, sino en la revelación de redes de poder familiar y político que han operado en el municipio. La referencia al apellido Zuleta es particularmente relevante porque, como se ha documentado, el actual contrato de arriendo de la EPMB está a nombre de ArbeY de Jesús Zuleta Loaiza, una coincidencia de apellidos que en un municipio pequeño donde todos se conocen no puede ser ignorada.

Análisis de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados en la Agenda 2030, constituyen el marco global para la evaluación del progreso hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo. El gobierno colombiano se comprometió con esta agenda y las entidades territoriales, incluidos los municipios, tienen la responsabilidad de alinear sus planes de desarrollo con los ODS. A continuación se analiza el cumplimiento de los cinco ODS relevantes para la gestión de Betania.

ODS	Indicador de Gestión	Puntaje	Cumplimiento	Análisis
ODS 6 — Agua Limpia y Saneamiento	Saneamiento Básico y Agua Potable	5.25/10	Parcial	Cobertura urbana 97.3% pero rural muy baja. PTAR sin operar. Brecha urbano-rural inaceptable para ODS 6 que busca acceso universal.
ODS 3 — Salud y Bienestar	Bienestar Social y Salud	4.90/10	Insuficiente	PMI 34.5% (3x promedio nacional). Hospital FURAG 46.68. Meta ODS 3 es reducir mortalidad materna, enfermedades y promover bienestar. No hay evidencia de avances significativos.
ODS 4 — Educación de Calidad	Educación y Juventud	6.35/10	Parcial	PAE y materiales educativos cubiertos. Analfabetismo rural histórico 74.9%. Visitas TdeA positivas pero insuficientes. ODS 4 busca educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
ODS 9/11 — Industria/Infraestructura y Ciudades Sostenibles	Infraestructura Vial	5.00/10	Parcial	Maquinaria comprada, vía Cajones-Primavera en ejecución, proyecto vía Ciudad Bolívar 17.22 km. Pero 90% terreno montañoso y muchas veredas inaccesibles.
ODS 16 — Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	Transparencia y Buen Gobierno	4.25/10	Insuficiente	FURAG 44.61, i36 experiencia ciudadana 9.52, seguridad digital 18.94. 76 contratos cuestionados. Portal con errores 404. El ODS 16 requiere instituciones transparentes, responsables y participativas. Betania está fallando sistemáticamente.

Tabla 7: Análisis de cumplimiento de los ODS relevantes. Ningún ODS alcanza un nivel de cumplimiento «bueno».

El análisis de cumplimiento de los ODS revela que ninguno de los cinco objetivos relevantes alcanza un nivel de cumplimiento «bueno» (mayor a 7.0). Los ODS 3 (Salud) y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) se encuentran en niveles de cumplimiento «insuficientes», mientras que los ODS 6 (Agua), ODS 4 (Educación) y ODS 9/11 (Infraestructura) se mantienen en niveles «parciales». Esta situación es particularmente preocupante en el contexto de la Agenda 2030, que establece metas claras para 2030: a menos que la gestión mejore significativamente en los dos años restantes del periodo del alcalde Guerra Gutiérrez, Betania no cumplirá con ninguna de las metas relevantes de los ODS, perpetuando los ciclos de pobreza, exclusión y debilidad institucional que han caracterizado al municipio históricamente.

El ODS 16 merece una atención especial porque es un habilitador transversal: sin instituciones transparentes y responsables, los avances en los demás ODS serán siempre limitados e insostenibles. Un municipio que no puede publicar su información financiera, que tiene indicadores de modernización digital en cero, y donde el órgano de control político (Concejo) tiene un control interno de 6.25 puntos, simplemente no tiene la capacidad institucional para implementar eficazmente ninguna política pública, independientemente de su nobleza o urgencia.

Veredicto Final

Tras una disección forense, línea por línea, de la gestión del alcalde Diego Arley de Jesús Guerra Gutiérrez en sus dos primeros años al frente del municipio de Betania, Antioquia, la evidencia converge hacia una conclusión inequívoca: la calificación de 4.98 sobre 10 refleja una gestión MEDIOCRE que, aunque no alcanza los niveles críticos de un desastre administrativo, está muy lejos de cumplir con las expectativas mínimas de buen gobierno que la Constitución, la ley y los propios compromisos del Plan de Desarrollo exigen.

Los datos hablan por sí mismos. Un FURAG de 44.61 que sitúa al municipio en el cuartil inferior de desempeño institucional. Un indicador de experiencia ciudadana de 9.52 que revela el descontento de los ciudadanos con los servicios públicos. Un portal institucional con errores 404 que impide el ejercicio del control ciudadano. 76 contratos cuestionados por tres concejales. Una seguridad digital de 18.94 y una racionalización de trámites de 14.29 que demuestran una administración anclada en el pasado. Un PMI de 34.5% que no muestra signos de mejora. Y un Concejo Municipal con un control interno de 6.25 que no está cumpliendo su función de veedor de la gestión pública.

Pero la evidencia también muestra elementos positivos que merecen reconocimiento: un Plan de Desarrollo aprobado por unanimidad (11-0), la adquisición de maquinaria amarilla para vías, la ejecución de la vía Cajones-Primavera, un PAE contratado mediante subasta inversa (mecanismo competitivo), un buen puntaje en registro contractual (84.21) y defensa jurídica (86.67), y un FURAG de la EPMB de 70.58 que demuestra que la capacidad de gestión existe en el municipio aunque no se refleje en la Alcaldía.

El alcalde Guerra Gutiérrez llega a la mitad de su periodo con una deuda de confianza con los ciudadanos de Betania. Los dos años restantes serán determinantes para definir si su gestión pasa de mediocre a regular, o si se estanca —o deteriora— hacia niveles más preocupantes. La principal recomendación que surge de este análisis forense es que la administración priorice, de manera urgente, la transparencia y la modernización institucional, no como un ejercicio cosmético sino como una transformación real que permita a los ciudadanos de Betania ejercer su derecho a controlar la gestión pública y a participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Metodología y Fuentes

Metodología

Este informe se elaboró mediante una metodología de investigación forense que combina el análisis documental de fuentes públicas con la evaluación cuantitativa de indicadores de gestión. Las fuentes consultadas incluyen bases de datos gubernamentales (SECOP II, FURAG/DAFP, DANE, DNP, CHIP), el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, registros de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación. Los cinco indicadores de gestión fueron calificados en una escala de 0 a 10 con base en la información disponible para cada periodo (2024 y 2025), y la calificación final se obtuvo mediante una ponderación por peso relativo de cada indicador, con un ajuste sistemático de -0.12 puntos por la opacidad en la información pública que impide una evaluación completa.

Fuentes Consultadas

1. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) — FURAG 2025, indicadores de desempeño municipal. funcionpublica.gov.co
2. SECOP II (Colombia Compra Eficiente) — Contratos de la Alcaldía de Betania y EPMB, periodo 2024. colombiacompra.gov.co/secop-II
3. DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística — Censo 2018, proyecciones de población 2025, Índice de Pobreza Multidimensional. dane.gov.co
4. Departamento Nacional de Planeación (DNP) — CUIPO 05106, categoría municipal, distribución SGR. dnp.gov.co
5. Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 — «Betania nos une! por el camino del buen gobierno». Aprobado por Concejo Municipal, junio 2024. betania-antioquia.gov.co
6. Contaduría General de la Nación – CHIP — Información de deuda pública y ejecución presupuestal (portal inaccesible con interfaz JSF/ICEfaces). chip.cgr.gov.co
7. Contraloría General de la República — Registros de gestión fiscal, vigilancia y control. contraloria.gov.co
8. Procuraduría General de la Nación — Antecedentes disciplinarios de ex-funcionarios de Betania. procuraduria.gov.co
9. Portal Institucional del Municipio de Betania — Información municipal, ejecución presupuestal (secciones con errores 404). betania-antioquia.gov.co
10. Registraduría Nacional del Estado Civil — Resultados electorales 2023, datos del alcalde electo. registraduria.gov.co
11. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) — Política de Gobierno Digital, indicadores de trámites electrónicos. mintic.gov.co
12. Constitución Política de Colombia (1991) — Artículos 74, 123, 209, 270, 311, 366. Base jurídica del análisis de buen gobierno.
13. Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) — Artículo 414, prevaricato por omisión.
14. Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) — Artículo 34, deberes de los servidores públicos.
15. Ley 1712 de 2014 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
16. Ley 1474 de 2011 — Estatuto Anticorrupción.
17. Naciones Unidas – Agenda 2030 — Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). sdgs.un.org

Limitaciones

Este análisis enfrenta limitaciones importantes derivadas de la opacidad en la información pública del municipio de Betania. El portal institucional presenta errores 404 en secciones críticas, la plataforma CHIP.gov.co es inaccesible, y la brecha entre los contratos visibles en SECOP y los 76 contratos cuestionados por los concejales impide un análisis completo de la contratación. Las estimaciones financieras (participación del SGP, ingresos propios, etc.) se basan en patrones de municipios de sexta categoría similares y en la información disponible del PDM, pero no pueden verificarse con datos de ejecución presupuestal actualizados. Estas limitaciones han sido incorporadas en el ajuste sistemático de -0.12 puntos aplicado a la calificación final.

---

Informe de Investigación Forense Municipal
Municipio: Betania, Antioquia | CUIPO: 05106 | NIT: 800099390-5 | Alcalde: Diego Arley de Jesús Guerra Gutiérrez | Partido Liberal | Movimiento «Betania Nos Une»
Calificación final: 4.98/10 — MEDIOCRE
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

Este documento tiene fines informativos y de investigación periodística. No constituye una denuncia formal ni una imputación jurídica.