La Contraloría acaba de decirle al país lo que la ciudadanía sospechaba y corrupcionaldia.com documentó: las intervenciones del Estado en las EPS no han servido para salvarlas. Han servido para desangrarlas con nuevos actores.
Qué conveniente que el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, haya «descubierto» este martes 12 de mayo de 2026 que los agentes interventores de las EPS intervenidas deben renunciar. Porque claro, llevan meses —en algunos casos, años— administrando recursos públicos destinados a la salud de millones de colombianos, mientras la Contraloría General de la República confirmaba que las intervenciones «no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema.» Una conclusión que sorprende a nadie que lleve siguiendo este desastre con los ojos abiertos.
Las ocho EPS actualmente bajo medida de intervención —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca— no fallaron a pesar de los interventores. En varios casos documentados, fallaron gracias a ellos. Y eso no es una hipérbole periodística: es lo que encontraron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía cuando, finalmente, se decidieron a mirar. La pregunta que nadie en el Gobierno quiere responder es por qué tardaron tanto.
El nuevo superintendente fue honesto, al menos en eso: «Las intervenciones no han servido para salvar a las EPS ni en este Gobierno, ni en ninguno.» Una confesión que vale oro. Porque revela que este no es un problema del actual Gobierno ni del anterior. Es un Ciclo Secreto que se repite con perturbadora eficiencia desde hace décadas, cambiando los nombres en los cargos pero manteniendo intacto el mecanismo del saqueo.
El Mecanismo Expuesto — Cómo se Roba con Título de Funcionario
Para entender cómo funciona este esquema hay que conocer la arquitectura de la trampa. Cuando una EPS entra en crisis, la Superintendencia de Salud puede ordenar su intervención administrativa, nombrando agentes interventores con amplísimas facultades para administrar los recursos. En teoría, su misión es sanear las finanzas, pagar deudas y garantizar que los afiliados reciban atención. En la práctica, el cargo se convierte en una palanca de poder extraordinaria: deciden quién cobra, cuánto cobra y cuándo.
El esquema denunciado que involucra a Emssanar, SOS y Asmet Salud —y que la revista Cambio reveló con lujo de detalle— muestra cómo este poder puede capturarse. El mecanismo es lo que la Procuraduría llamó «el cartel de las postulaciones«: cada mes, los interventores determinan cómo distribuir los recursos girados por el Gobierno. Bajo reglas claras que fijan porcentajes y prioridades, nadie debería poder desviar esos flujos. Pero cuando el interventor responde a intereses externos en lugar de cumplir su mandato legal, las postulaciones se convierten en un instrumento de redistribución a favor de prestadores específicos —y en contra de otros que legítimamente esperan sus pagos.
La figura identificada como el nodo articulador de esta red fue Mario Andrés Urán, un lobista con décadas de experiencia en el sector salud, señalado como asesor de Coosalud y vinculado a los interventores de las tres EPS mencionadas. Según la Procuraduría, Urán «habría priorizado contratos y giros a ciertos prestadores, lo que podría haber favorecido intereses particulares en detrimento de los recursos públicos.» Entre las empresas beneficiadas aparecen estructuras offshore vinculadas a fondos de capital en América Latina y España, lo que añade una dimensión transnacional al escándalo que el Ministerio de Salud prefirió no explicar con detalle.
Lo más grave: los recursos desviados habrían terminado, según declaraciones del propio Presidente Petro, en paraísos fiscales. Que el dinero con el que los colombianos financian su derecho a la salud termine en una cuenta extraterritorial no es un accidente administrativo. Es el objetivo del sistema.
Los Actores y Sus Roles — Nombres, Cargos y Responsabilidades
César Augusto Sánchez Gutiérrez, nombrado interventor de Emssanar el 3 de mayo de 2024 por la propia administración, fue señalado como uno de los protagonistas del presunto desfalco. Su vínculo con Mario Andrés Urán —ambos trabajaron juntos en Caprecom— no fue obstáculo para su designación. Bajo su gestión, se detectó la adjudicación de contratos a empresas como Maca Supply y Crono Investment, propiedad del empresario Camilo Méndez, sin la debida experiencia previa en el sector. Porque claro, la experiencia en salud importa menos que las conexiones correctas.
Luis Carlos Arboleda Mejía, exinterventor de Emssanar, y Javier Ignacio Cormané Fandiño, exinterventor de Asmet Salud, también aparecen en los expedientes de la Procuraduría. Lo mismo Carlos Marino Escobar Vázquez, exinterventor de SOS. En Coosalud, el proceso involucra a Jaime Miguel González Montaño como representante legal y a Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Julio César Piñeros Cruz como interventores investigados disciplinariamente. Alexander Mesa Romero fue incluso suspendido preventivamente por tres meses.
En el caso de la Nueva EPS, corrupcionaldia.com documentó en diciembre de 2024 cómo el interventor Julio Alberto Rincón fue destituido por el entonces Superintendente Giovanny Rubiano García por incumplimientos reiterados en la presentación de estados financieros. Su reemplazo, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, asumió bajo la sombra de un sistema que ya había demostrado ser incapaz de producir interventores honestos. También Rubiano debió salir del cargo, y los nuevos nombramientos que realizó fueron cuestionados por no figurar en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores —el RILCO— el registro que supuestamente garantiza la idoneidad de quienes administran los recursos públicos de salud. Supuestamente.
Y por supuesto, la Superintendencia actuó con total «transparencia» al realizar estos nombramientos.
El Impacto Real — Lo que Pagan los Colombianos
Mientras los interventores definían quién cobraba en el «cartel de las postulaciones«, 312.567 tutelas por temas de salud fueron presentadas en 2025 —un incremento del 17,9% respecto a 2024. Una de cada tres acciones legales del país en ese año fue por dificultades en el acceso a servicios de salud. Eso no es una estadística: es el rastro que deja un sistema saqueado desde adentro.
Las clínicas, hospitales, droguerías y laboratorios que atienden a los afiliados de estas EPS llevan meses al borde del colapso financiero por los retrasos en los pagos. Cuando el interventor prioriza a una IPS vinculada a su red de contactos, las demás —las que realmente están atendiendo pacientes— se quedan sin flujo de caja. Eso significa médicos sin insumos, farmacias sin medicamentos y pacientes con diagnósticos suspendidos indefinidamente.
En Emssanar, la Procuraduría identificó cuentas por cobrar por más de $20.191 millones relacionadas con 18 EPS y proveedores tecnológicos de salud que no fueron compensadas. Los anticipos entregados no fueron legalizados. El dinero salió, pero el rastro desapareció. Y detrás de cada peso sin legalizar hay una consulta que no se hizo, un medicamento que no llegó, una cirugía que se postergó.
El costo de oportunidad de esta corrupción es inconmensurable. Con los recursos desviados a redes privadas y estructuras offshore se habrían podido pagar los tratamientos de oncología negados sistemáticamente por estas mismas EPS. Se habrían podido atender los pacientes con trasplantes que llevan más de 260 días esperando en la Nueva EPS. Se habrían podido pagar los 1,5 pesos que, según fuentes del sector, cuesta atender a cada afiliado por cada peso recibido — un déficit estructural que los interventores corruptos profundizaron en lugar de remediar.
El Sistema que lo Permite — La Trampa Está en el Diseño
La pregunta que el nuevo Superintendente Quintero respondió sin querer es más profunda de lo que parece: si las intervenciones no sirven «ni en este Gobierno ni en ninguno,» el problema no es de las personas que han ocupado el cargo. Es del diseño institucional que convierte la figura del agente interventor en una ventanilla de captura.
El Sistema Silencioso que sostiene este esquema tiene varios engranajes. Primero: el interventor no es funcionario público de carrera. Es un designado discrecional que llega con vínculos políticos y sectoriales y que no responde ante la ciudadanía sino ante quien lo nombra. Segundo: las EPS intervenidas siguen manejando billones de pesos del Sistema General de Seguridad Social sin la capitalización que necesitan para pagar sus deudas —como el propio Quintero reconoció, «los interventores no pueden capitalizar.» Tercero: los mecanismos de control son reactivos, no preventivos. La Contraloría advierte después de que el deterioro es «crítico y sostenido.» La Procuraduría investiga cuando el escándalo ya es público. La Fiscalía recibe la denuncia meses después de que los recursos desaparecieron.
Este patrón no es nuevo. Corrupcionaldia.com ha documentado el mismo ciclo desde Saludcoop —donde Gustavo Palacino y sus socios saquearon el erario con la mirada cómplice de los entes de control— hasta los más de $9 billones que 18 EPS desviaron de la UPC en plena pandemia de 2020-2021. Cambió la pandemia. Cambiaron los Gobiernos. Cambió el Superintendente. El mecanismo siguió intacto.
La Contraloría tiene razón en su diagnóstico: los recursos del Sistema General de Seguridad Social están en riesgo. Pero el riesgo no llegó con la intervención. El riesgo es la intervención mal diseñada, sin dientes fiscales reales, sin rendición de cuentas efectiva, sin consecuencias para quienes convierten un cargo de salvamento en una licencia para saquear.
La Pregunta que el País Debe Hacerse
Que el Superintendente pida la renuncia de todos los interventores es una señal positiva. Pero si el próximo lote de interventores llega con los mismos mecanismos rotos, con las mismas discrecionalidades sin control y con la misma impunidad garantizada por la lentitud judicial, en dos años estaremos escribiendo el mismo artículo con nombres diferentes.
La pregunta no es si hubo corrupción en las interventorías. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía ya confirmaron que sí. La pregunta es si Colombia está dispuesta a reformar el sistema que hace posible esta corrupción — no solo a cambiar a las personas que lo operan.
Cada peso desviado a una estructura offshore es un tratamiento negado. Cada interventor coludido es un hospital que no paga nómina. Cada «cartel de postulaciones» es una familia que espera 260 días por un trasplante que nunca llega.
El sistema no se cambia pidiendo renuncias. Se cambia eliminando los espacios de opacidad donde el saqueo florece sin que nadie lo vea. Y para eso, necesitamos ciudadanos informados y exigentes. No súbditos resignados.
Entra a corrupcionaldia.com y sigue el rastro de este escándalo. La verdad está en los documentos. Y los documentos no mienten.
