Víctor Gamboa, una ciudadela de US$6 millones y el viejo milagro criollo de volver un trámite urbanístico en campo minado
Cuando un trámite deja de ser trámite
En Colombia, una licencia urbanística debería ser un acto administrativo. Pero demasiadas veces parece una ceremonia privada: alguien pide, alguien insinúa, alguien “colabora” y, si todo sale mal, todos juran que no se conocen. El caso que hoy tiene en aprietos judiciales al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, no solo apunta a un presunto episodio de concusión. También deja ver ese mecanismo tan nuestro en el que el poder local convierte el escritorio público en una aduana emocional, política y, según se investiga, eventualmente económica.
Ocho horas de audiencia y una pregunta de fondo
La captura del mandatario fue legalizada en una audiencia que se extendió por cerca de ocho horas. No es un detalle menor: cuando un alcalde termina ante un juez por un caso ligado a una licencia urbanística, lo que se sienta en el banquillo no es solo una persona, sino una forma de administrar el territorio. Porque el suelo en municipios como Villa de Leyva no solo vale por su paisaje; vale por la capacidad de algunos para convertir cada firma, cada permiso y cada silencio en una moneda de cambio.
El audio que no suena a trámite sino a peaje
El corazón del expediente, por ahora, está en unos audios revelados por EL TIEMPO. En una de las grabaciones se escucha la propuesta de “manejar un 20 por ciento del total de la licencia para poderla sacar adelante”, con referencias a inspectores, control urbano, planeación y CorpoBoyacá. Una frase así no prueba por sí sola toda la arquitectura del caso, pero tampoco suena a poesía costumbrista. Suena, más bien, a esa burocracia tropical donde el trámite no avanza con requisitos, sino con intermediarios, cercanías y fórmulas creativas para ordeñar la función pública sin llamarla por su nombre.
La denuncia: primero el acercamiento, después la exigencia
La denuncia fue presentada por José Alejandro Herrera, representante de Inversiones Sisol S. A. S., y una accionista de la compañía pidió ser reconocida como víctima dentro del proceso. Según la versión conocida, primero se habría exigido la contratación de una persona cercana al alcalde, luego un aumento salarial, y después habría aparecido la supuesta exigencia económica. Si esa secuencia llega a confirmarse en juicio, no hablaríamos de un simple exabrupto individual, sino de un método: primero se abre la puerta con familiaridad, luego se instala la dependencia y al final se cobra la peinada.
La ciudadela millonaria que complica todo
Pero esta historia no gira solo alrededor de un audio ni de una captura. También gira alrededor de una ciudadela levantada en el predio Nuestra Señora del Buen Suceso, en una vereda del municipio, con una inversión que superaría los US$6 millones. Según la defensa del alcalde, el proyecto no cumplía los requisitos legales, se le había negado la licencia y ya existía orden de demolición. O sea: el caso no se mueve en el limpio terreno de los expedientes impecables, sino en el barro clásico donde se mezclan intereses empresariales, decisiones administrativas y una pregunta inevitable: ¿cómo una obra de ese tamaño avanzó tanto antes de convertirse en escándalo?
La defensa no niega el lodazal: habla de entrampamiento
El abogado José Ricardo Burgos, defensor de Gamboa, no se quedó en la negación básica de manual. Fue más allá y habló de un “entrampamiento”. También aseguró que la obra “sobrepasa todo tipo de licencias”, que hubo desvío del cauce de un río y “hasta una piscina dentro de un lago”. Si esa descripción es exacta, el municipio no estaba frente a una simple discusión técnica sino ante una intervención de alto impacto. Y si era tan evidente, la duda se vuelve todavía más punzante: ¿la institucionalidad reaccionó tarde, reaccionó a medias o reaccionó solo cuando la pelea entre poder y negocio dejó de ser rentable para alguno de los bandos?
Juan Camilo Sánchez y la proximidad al poder como activo
La defensa sostiene, además, que no fue el alcalde quien impuso la contratación de Juan Camilo Sánchez. Según Burgos, fueron los propios empresarios quienes lo vincularon en marzo de 2025 para acercarse al mandatario y facilitar la obtención de licencias y permisos. Es una tesis jurídicamente relevante y periodísticamente explosiva: no niega que hubiera proximidad al poder, sino que disputa quién la instrumentalizó primero. En otras palabras, ambas versiones coinciden en algo bastante revelador para la salud pública del municipio: parecería que acercarse al alcalde o a su círculo era visto como un activo útil dentro del negocio. Eso, aun antes de una sentencia, ya dice demasiado sobre cómo se percibe el funcionamiento real del poder local.
La demolición, la multa y el momento en que explotó el caso
Burgos agregó otro dato sensible: en abril de 2026, un inspector de Villa de Leyva habría ordenado la demolición de la ciudadela y sancionado al grupo Sisol con $280 millones de pesos. Esa cronología le da espesor al alegato defensivo, porque sugiere que la denuncia estalló cuando el megaproyecto ya había chocado contra el muro de la autoridad urbanística. Pero una coincidencia temporal no desmonta sola una acusación penal, así como una grabación no liquida por sí misma todas las dudas. Lo serio aquí no es escoger bando por simpatía, sino entender que el caso parece menos una fábula de inocentes y villanos puros, y más una disputa donde cada parte intenta vestir de verdad absoluta lo que podría ser apenas una pieza de una trama más sucia.
La guerra por el relato ya empezó
El representante de Inversiones Sisol, optó por acogerse a la reserva del proceso, aunque dejó una frase cargada de intención: dijo que la defensa intentará sembrar dudas sobre la solidez del caso de la Fiscalía. Tiene lógica. En expedientes de este tipo, ya no basta con litigar ante un juez; hay que litigar también en el terreno de la percepción pública. Cada audio, cada declaración y cada silencio buscan instalar una idea simple: aquí no hay solo una pelea por los hechos, sino por el relato que sobrevivirá cuando llegue la fatiga informativa.
Lo más grave no es el escándalo: es que parezca normal
Y, sin embargo, el dato político más incómodo sigue intacto: en un municipio emblemático, patrimonial y altamente presionado por el negocio inmobiliario, una licencia urbanística aparece en el centro de un caso penal que incluye audios, denuncias, capturas, tesis de entrampamiento y una orden de demolición sobre una obra millonaria. Si eso no obliga a revisar cómo operan las decisiones urbanas en Villa de Leyva, entonces ya no estamos frente a un problema de control institucional, sino ante una forma refinada de resignación cívica. Esa costumbre colombiana de escandalizarse cinco minutos y luego aceptar que el territorio se administre como una finca con ventanilla.
La pregunta final no es solo judicial, sino política
La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra el alcalde, y todavía no se conoce si solicitará detención intramural o domiciliaria. Ese paso será importante, pero no resolverá lo esencial. Lo de fondo es establecer si aquí hubo una exigencia irregular para destrabar una licencia, si existió un montaje, o si ambas narrativas apenas rozan una verdad más incómoda: que en ciertos rincones del poder local la frontera entre regulación, influencia y negocio se ha vuelto peligrosamente porosa. Y cuando eso ocurre, la corrupción ya no necesita escándalos permanentes; le basta con que todos aprendan a verla como paisaje. La pregunta no es solo qué pasará con Gamboa. La pregunta es cuántas alcaldías más administran el suelo como si la ley fuera un estorbo negociable y no una obligación pública. EL TIEMPO
