Dentro de las grandes redes de contratistas del gobierno colombiano vislumbradas con el software Océano de la Contraloría General de la Nación aparece la Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A. empresa domiciliada en Bogotá Carrera 18 #116-24 dedicada a prestar servicios de ingeniería, asesoría, consultoría en diversas y disímiles áreas.

Pero, de manera muy extraña, no cuenta con página web ni catálogos digitales que muestren los servicios y la infraestructura de la compañía. En la web no existen fotografías de sus obras ni de los socios de la empresa, lo que puede catalogarse como una empresa «fantasma«, no le gusta mostrarse en un mundo totalmente dependiente de la presencia en la red digital.

Tiene como característica que participa –muchas veces sin cumplir requisitos ni ganar- en todo tipo de licitaciones de entidades públicas pero, la mayoría de las veces, la “suerte” le sonríe y gana, tanto, que en una columna en el diario El Tiempo del 2 de junio de 2019 del político dirigente Germán Vargas Lleras del partido Cambio Radical y que por cierto manejó la infraestructura durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, aseveró que “la Compañía de Proyectos Técnicos, con cerca de $500.000 millones, está siendo objeto de minuciosa observación, dada la diversidad de objetos y modalidades en sus contrataciones”.

Datos económicos de CPT

La Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A. tiene un patrimonio neto de $5.246.919.000 COP y en el ejercicio del año 2020 generó un rango de ventas entre $5.000.000.000 y $10.000.000.000 COP obteniendo un resultado del ejercicio menor de $1.000.000.000 COP.

En sus últimos reportes financieros muestra una caída de ingresos netos 16,72% en 2020 debido a causa de la parálisis de la economía por efectos de la pandemia, pero su activo total registró un crecimiento del 17,91%. El margen neto de Compañía De Proyectos Técnicos Cpt S A cayó 0,74% igualmente durante el citado año.

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Es una empresa fundada el 29 de noviembre de 1974 y que pese a su antigüedad, su rango de operaciones de más de $500.000 millones emplea fijo (en 2021) a tan solo 8 personas, desmontando un mito muy difundido por parte de sectores del gobierno y los gremios de producción en el sentido que estas inversiones en infraestructura generan gran cantidad de empleos directos.

El propietario y también representante legal –en algunos contratos licita como persona natural o representante legal de otros consorcios- es Jorge Enrique Alfaro de los Ríos con CC. No. 80.412.013 y la suplente es su hermana Claudia Alicia Alfaro de los Ríos con CC. No. 39691684. El NIT de la empresa es el 860.041.968-1.

Exposición de contratos

En una comunicación fechada el 30 de junio de 2015 a la Agencia Nacional de Infraestructura por parte de la Aerocivil y un interventor, se indica sobre la aparente inexperiencia de la empresa Compañía de Proyectos Técnicos en materia de interventoría en infraestructura vial, alegato que fue respondido por esta empresa enunciando una exposición de su vasta contratación.

El contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá lleva la nomenclatura de IDU-036-2007. Se trata de la interventoría técnica, administrativa y ambiental de la carretera Choachí-Bogotá. Otro contrato 03001254 es el seguimiento y control a la línea 9 del sistema Metro de Barcelona, España. Eso dice esta empresa para sustentar su propuesta en unos recientes contratos de megaobras en Bogotá aunque no menciona si se trata de una indagación puntual de encargo o de los interventores.

Sigamos: el contrato 80000047-OK-2008 es la interventoría a los diseños, obras de construcción y expansión del aeropuerto El Dorado. Un contrato de interventoría con el IDU –esta entidad es una de los grandes proveedoras de contrato de CPT- bajo el número 36 de 2007 en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón para una interventoría para la malla vial de Bogotá. Fue firmado por el director del IDU y la malla vial Hernando Monroy Benítez con CC.  No. 19.322.451 y la representante legal de CPT María Dolly Jesús Ávila Neita con CC. No. 52.582.818.

Más contratos

El centro de operaciones de la empresa es Bogotá y Cundinamarca. Cuando no puede o por motivos estratégicos, CTP se abstiene, entra su propietario y usual representante legal Jorge Enrique Alfaro de los Ríos en escena.

Como tal fungió de representante legal del Consorcio Metro 2018 en calidad de interventor en contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá bajo el número CO1.PCCNTR de mayo 2018 cuyo objeto era la ejecución de la planta física y cerramiento del colegio Metrovivienda en Usme.

Funge de contratista del ente Urbaniscom, sin la presencia de CPT y si de la suya, con un valor inicial de la interventoría de $13.940 millones de pesos con un plazo de ejecución de 14 meses finalizado el 9 de noviembre de 2019.

CPT tiene una serie de contratos con las Empresas Publicas de Cundinamarca relacionados con el objeto de estudios y diseños de optimización de cuatro acueductos veredales en el 2017 con el Consorcio Himec-CPT 2017 en donde Hidromecánica tiene el 50% de participación y CPT el otro 50%. Se trata de 4 contratos empacados en uno solo para los municipios de Anolaima, Jerusalén, Utica y La Vega con una cuantía de $786 millones. Se trata de un trabajo de “consultoría” tal como lo señalan las condiciones del contrato en donde se ofrecen recomendaciones generales para estos acueductos veredales.

Los nuevos contratos en Bogotá

El 12 de noviembre de 2020, durante la gestión de la alcaldesa Claudia López se adjudicaron cinco estudios de obras –estudios, no obras- que serían construidas con recursos de valorización en los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) adjudicó 6 contratos de estudios y diseños junto con 6 contratos de interventorías, para cinco proyectos de infraestructura vial que hacen parte de las obras de valorización del acuerdo 724 de 2018.

En lo referente a Compañía de Proyectos Técnicos, el contrato de interventoría de estos estudios y diseños fue adjudicado al Consorcio CPT-Airtificial, integrado por Compañía de proyectos técnicos CPT S.A. y Airtificial Intelligence Structures SA Sucursal en Colombia, por un valor de $1.056.351.428.

Los estudios y diseños que auscultará esta interventoría son la Av. Carrera 19 entre calles 127 y 134 con una inversión de $2.706.514.196 para los estudios y diseños. Allí se planea la construcción de una vía de 1.3 km y una ciclorruta con la misma extensión. También se construirán 18.000 m2 de espacio público para peatones. Esta obra beneficiará en un futuro a 180.000 habitantes de Usaquén.

Ingeniería y Gestión Vial S.A.A. – GEVIAL S.A.S. se encargará de la ejecución de este contrato de consultoría. El 4 de diciembre de 2020 fue firmado este contrato de interventoría con el número IDU-CMA-SGDU-028-2020.

Los cuestionamientos

El perfil de Compañía de Proyectos Técnicos muestra a una empresa dedicada a interventoría en el gaseoso y difícil terreno de anteproyectos de estudios y prediseños. Tiene concentración de contratos en entidades relacionadas con dependencias de Bogotá como el IDU, gobernación de Cundinamarca y municipios. Sin embargo, pasa en ocasiones la línea de interventor a ejecutor de obras tal como aconteció en el llamado Relleno Sanitario Doña Juana, de Bogotá, especializado en los manejos –ciertamente deberían tener un rango de alta especialización en este segmento- de residuos hospitalarios.

EL Decreto 2676 del 2000 del Ministerio de Salud imparte instrucciones y directrices respecto a su manejo y disposición que debe contar, obviamente, con un interventor de este tipo de contratos altamente tecnificado en estos procesos.

El 10 de septiembre de 2018 el concejal de Bogotá Yefer Vega hizo un vehemente llamado a la Personería Distrital de Bogotá y a la Contraloría General de la República para que realizaran in situ una verificación sobre lo que estaba sucediendo con los residuos hospitalarios manejados en forma inadecuada en el Relleno Sanitario Doña Juana, solicitando al interventor del contrato –una verdadera ironía- “que nos den a conocer los informes para conocer la realidad de la situación”, según denunció el concejal Vega.

El contrato de concesión es el 186E de 2011, con plazo de terminación en el 2020 suscrito entre la Unidad de Salud y la Unión Temporal Ecocapital. Señaló en ese momento el concejal que “se supone que este contrato es para el servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final de residuos hospitalarios generados en la ciudad”.

Al parecer, según el concejal –otra ironía- no existía interventoría sobre este contrato pues la UAESP (el contratante) publicó en el 2018 en la plataforma del SECOP II licitación para concurso de méritos con el propósito de contratar la interventoría al Contrato de Concesión 186E de 2011 y no avanzó en su trámite. Dicho sin ambages, la disposición de estos residuos hospitalarios que necesitan un operador ultra especializado en materia de interventoría no lo tenía.

El concejal Vega solicitó en el 2018 la condición actual de la interventoría contratada para el seguimiento a la ejecución de este contrato: “¿Qué nos dice la UAESP sobre el estado actual del Contrato suscrito entre la Unidad y el Consorcio Inter Capital, integrado por las firmas Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A. y por la Compañía de Ingeniería y Arquitectura CIARCO S.A.S?”.

Sugiere entonces el concejal –y se podría aplicar por extensión a otros contratos de CPT- que se trata de interventorías que no actúan, omiten funciones o son simplemente de carácter decorativo para amañar presupuestos estatales. De todos modos es una empresa con un alto rango de concentración de contratos que alcanzan la suma de $500.000 millones de pesos o, para decirlo de otra forma, medio billón de pesos.

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