Más de diez años han pasado desde que se comenzó a construir el megacolegio Santa Rita en el municipio de Aipe en Huila y aún no está en funcionamiento.
La obra se haría en dos fases y su construcción se inició en 2010 y ha demandado una inversión de más de 20 mil millones de pesos.
El último plazo para su puesta en funcionamiento era septiembre del año pasado, cuando se suponía que ya la estructura estaba terminada en un 90%, pero diez meses después no ha sido entregada.
En agosto del 2019, luego de un cese de actividades académicas por parte de los estudiantes, protestas y marchas, se llevó a cabo una reunión en la Gobernación del Huila, con presencia de docentes, estudiantes, padres de familia, el alcalde de Aipe para aquel entonces, José Sevel Castro, y los representantes de la firma contratista e interventoría con quienes se socializó el plan de trabajo de las obras inconclusas del megacolegio ubicado en zona rural de Aipe.
Allí se aprobó la disponibilidad de nuevos recursos que equivalían a $374 millones más y así permitir la ejecución de nuevos planos y adecuación de unas instalaciones contempladas en el proyecto que a lo largo de más de 10 años había tenido varias modificaciones acordes a las nuevas normas. Del mismo modo se acordaron unas mesas de socialización con la comunidad para tenerla al tanto de los avances de la obra que beneficiaría a niños y jóvenes campesinos de 12 veredas en Aipe.
Sin embargo, hoy la obra permanece sin ser utilizada.
La construcción tuvo un valor inicial de $ 8.916 millones; luego, se hicieron tres adiciones, para un valor total de $ 20.448 millones. Y aun cuando estaba proyectado que el colegio se construiría en cinco meses, hoy, casi once años después, la construcción sigue embolatada.
El proyecto presentó dificultades en sus dos fases: en la primera, tuvo suspensiones por presuntas amenazas de grupos al margen de la ley; en la fase dos, ha presentado tres suspensiones para revisión técnica, dos prórrogas por falta de diseños y una nueva demora para esperar otra adición por $ 3.527 millones.
La Contraloría General visitó la obra y evidenció una grave falta de mantenimiento de las instalaciones, específicamente en el cielo raso y las baterías sanitarias: las dos fallas ponen en alto riesgo la integridad de los estudiantes. El techo presenta graves daños: cuando llueve, se empantanan los salones; muchos ventiladores están sueltos y no hay bomba de agua para el suministro que el colegio necesita; los pisos también están deteriorados.
Y claro, el contrato fue cancelado, el presunto colegio está cerrado y los estudiantes siguen esperando.
