Desde que el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso de la República el proyecto de Reforma al sistema de Salud el 13 de febrero del año pasado, el gremio que sin lugar a dudas más se opuso a la iniciativa, fue el de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), es decir las aseguradoras, que no son más que las intermediarias entre el Estado y los usuarios del sistema.

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Tal resistencia por parte de las EPS se debe básicamente a que uno de los principales objetivos del proyecto era arrebatarles el control y manejo que tienen sobre no menos de $70 billones de pesos del presupuesto anual para garantizar la prestación del servicio de salud a los colombianos.

Lo que se vivió entonces durante estos 14 meses que duró el tortuoso trámite en el Congreso fue una medición de fuerzas, donde las EPS ejercieron medidas de presión para evitar ser prácticamente borradas del escenario del sistema de salud en Colombia.

Una de esas estrategias de presión consistió en hacer circular la versión de que estaban en crisis financiera por la falta de pago del Gobierno, y que como consecuencia sus afiliados es decir los casi 49 millones de colombianos que acceden a los servicios a través de dichas EPS, estaban en peligro de no seguir siendo atendidos.

Tal información, sospechosamente, comenzó a circular justo cuando la Superintendencia Nacional de Salud empezó a reportar un aumento en las quejas por la falta o atrasos en la atención o la entrega de medicamentos a los usuarios.

Pero contrario a estas versiones, lo que realmente aconteció a lo largo de estos 14 meses que duró el trámite del proyecto, finalmente hundido en la Comisión Séptima del Senado, fue que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud​ (Adres), giró cada mes de manera puntual los recursos necesarios y que corresponden por ley a las EPS.

De hecho, desde hace ya varios años la Adres publica en su portal web el reporte de los giros que cada mes hace tanto a EPS como a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS y ESE), correspondientes a los recursos de UPC y pago de eventos que el Gobierno paga por cada afiliado.

Por ejemplo solo en marzo de este año la Adres giró $6.51 billones a las EPS, IPS y otros proveedores de servicios y tecnologías de salud de ambos regímenes, es decir tanto contributivo como subsidiado.

Para el régimen contributivo fueron girados en total $3,13 billones, de los cuales $2,99 billones se entregaron por concepto de UPC; $110.504 millones para la provisión de incapacidades por enfermedad general de los afiliados cotizantes y $36.174 millones para que las EPS realizaran actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.

De los $2,99 billones correspondientes a la UPC, $201.123 millones se giraron de manera directa a 972 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, en nombre de las EPS Famisanar, Savia Salud, Capresoca, Emssanar, Asmetsalud y Servicio Occidental de Salud.

En cuanto al régimen subsidiado, el giro directo fue de $3,38 billones. De estos, $1,81 billones fueron para las EPS (53,52 %) y $1,57 billones (46,48 %) por giro directo a 2.705 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, autorizados por 26 EPS.

El acumulado de giros hechos por la Adres entre enero y marzo de 2024 para el aseguramiento de los afiliados ascendió a $20,61 billones, de los cuales $10,31 billones fueron para el régimen contributivo y por lo menos $10,30 billones para el régimen subsidiado. Así mismo, se reconocieron $321.906 millones por licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela.

Incluso, según la Adres, en comparación con marzo del 2023, el reconocimiento de los regímenes contributivo y subsidiado aumentó 7,61% y 14,82 %, respectivamente, y el reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad aumentó 54,08%.

¿Cómo entonces se explica el argumento dado por las EPS sobre una crisis financiera por falta de pago y de recursos? ¿No será más bien que efectivamente los dineros que deben financiar la atención en salud terminan desviados en gastos totalmente distintos, violando la ley con mañas corruptas?

Para la muestra un botón

En medio de toda la presión mediática y de tantos políticos que se oponían a la reforma, la Superintendencia Nacional de Salud decidió intervenir para administrar a la EPS Sanitas, la segunda más grande del país que cuenta con más de 5 millones de afiliados.

La intervención administrativa se dio por no cumplir con los indicadores financieros básicos para su funcionamiento, según precisó la Supersalud.

Y por lo visto sus indicadores financieros no están mal por falta de pago, sino por corruptos y malos manejos administrativos.

No de otra manera se explican los gastos en los que ha incurrido la EPS los últimos meses, que a vuelo de pájaro, no están relacionados con la prestación de servicios de salud.

¿Qué explicación tiene Sanitas para el pago de $10 millones de dólares en el 2023 a su casa matriz Keralty SAS por concepto de asistencia técnica? ¿O para los $8.644 millones de pesos que según se gastó en transporte, fletes y trasteos? ¿O por los $2.706 millones invertidos en alojamiento y manutención ¿?¡! ¿O los $26.617 millones de pesos justificados ante la Supersalud como ‘gastos diversos’? ¿O la escandalosa cifra de $29.472 millones de pesos gastados supuestamente en servicio telefónico? Estos gastos superan los $100 mil millones de pesos anuales, que la EPS tranquilamente pagó, lo que supone un flujo de caja más que suficiente.

Luego aquella teoría de que las EPS están en aparente crisis financiera por falta de recursos, se cae por su propio peso. Y de hecho si así fuera, no estarían peleando como gato bocarriba contra la reforma al sistema.

Como epílogo cabe mencionar la edición 2024 del Índice de Atención Médica de la revista CeoWorld, donde Taiwán fue clasificado como el país con el mejor sistema de salud del mundo.

Según dicho informe el sistema de salud colombiano quedó muy mal posicionado respecto al año anterior. Dicho estudio muestra que el sistema de salud en Colombia descendió 42 puestos, llegando a la posición 81.

A nivel regional, Colombia quedó por debajo de países como Brasil, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, y Perú. En el listado general, los países mejor posicionados son: 1. Taiwan. 2. Corea del Sur. 3. Australia. 4. Canadá y 5. Suecia. El último lugar de 110 es El Salvador.

Dicho informe internacional ratifica el colapso que atraviesa el actual modelo que prioriza el negocio de unos pocos a expensas de sus afiliados, abandonando el enfoque preventivo de la enfermedad y la gestión del riesgo en salud.

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