Solo después de las protestas que realizaron estudiantes y padres de familia de los corregimientos de Casitas y Guacoche, en zona rural de Valledupar, por la falta de transporte escolar que les debía suministrar la alcaldía de esta capital, fue que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el actual secretario de Educación, Guido Andrés Castilla González.
El Ministerio Público busca esclarecer los posibles hechos omisivos de los funcionarios, toda vez que transcurrido casi cuatro meses del año, los estudiantes aún no contaban con el transporte escolar.
También el ente disciplinario confirma las posibles afectaciones en la colegiatura y desarrollo personal de los menores en el municipio y si los servidores públicos evadieron su responsabilidad con la niñez.
De hecho, solo después de las protestas, apenas el pasado 11 de abril, fue que la Alcaldía de Valledupar por fin adjudicó el servicio de transporte escolar para cerca de 2.200 estudiantes de la zona urbana y rural de la ciudad.
Dicho contrato por $8.693 millones fue adjudicado al Consorcio Transescolar 2024; es decir que los alumnos duraron casi tres meses sin transporte.
Lo primero por decir de la licitación es que solo se presentó un único proponente: el Consorcio Transescolar 2024, integrado por 3 empresas: HB Y CIA LTDA, Transportes Carvajal y Transportes Logística y Movilidad SAS, de Valledupar, cada una con un 33.33 % de participación.
También llama la atención el retorno de ‘Transportes Carvajal’, la empresa de Reinaldo Carvajal, el zar del transporte escolar de Valledupar.
Carvajal ha sido contratado por casi 17 años ininterrumpidos por las distintas administraciones para el tema del transporte escolar. Pero el año pasado fue sacado de la nómina por el entonces alcalde Mello Castro López y el contrato le fue adjudicado a la cartagenera HB & CIA LTDA, aparentemente para favorecer a contratistas del clan Gnecco en Cartagena.
El asunto es que esta contratación según se habla en los corrillos en Valledupar, estaba ya perfilada lista desde antes de finalizar el 2023.
A finales de 2023 la alcaldía de Valledupar tenía que abrir licitación para contratar tanto el Programa de Alimentación como el de transporte escolar para que iniciara en enero y no pasara como todos los años que los primeros meses los niños se quedaban los dos primeros meses, sin alimentos y sin transporte.
Sin embargo, al ganar las elecciones a la alcaldía Ernesto Orozco Durán, también del clan Gnecco, pero que fue avalado por el Partido Conservador y es muy cercano al congresista Ape Cuello, el Concejo municipal que terminaba su período, no quiso aprobar el proyecto de vigencias futuras para que el Mello Castro contratara tales servicios para la población infantil y le tocará hacerlo al nuevo alcalde en enero.
El encargado de hacer la vuelta, es decir, hundir en el Concejo el proyecto de vigencias futuras, fue el entonces concejal Guido Castilla, quien aparentemente ya sabía que sería nombrado secretario de Educación.
Guido Castilla fue presidente del Concejo en la época de la alcaldía de Augusto ‘Tuto’ Ramírez Uhia (2016-2019), y quien mantiene abiertas varias investigaciones por corrupción.
Castilla también fue el gestor las malogradas elecciones de los contralores Álvaro Castilla, Omar Contreras y Jorge Araujo, y votó también por la contralora Mary Flor Teherán a la que le declararon la nulidad. Incluso todos los concejales de la época fueron investigados por la Procuraduría por estas elecciones. Posteriormente en segunda instancia el proceso se precluyó.
Ahora, con apenas 4 meses de haber sido nombrado secretario de Educación, al cuestionado personaje le abre una investigación la Procuraduría, sencillamente por anteponer sus intereses sobre los de la población infantil de Valledupar.
Pero, como dijo el ciego, ‘amanecerá y veremos’ en qué termina esta nueva “exhaustiva” investigación del órgano disciplinario.
