Adlai Stevenson Samper

Anuncios

A propósito de la controversia pública en Barranquilla por la urbanización de los extensos latifundios urbanos que posee la empresa Argos, vale la ocasión para analizar si estos emprendimientos del holding cementero implican el cumplimiento cabal de los presupuestos jurídicos legales y constitucionales sobre responsabilidad empresarial social de la propiedad privada.

Existen precisos limites entre el accionar ético empresarial y la desmesura de la ambición con ánimo de lucro que produce daños colaterales como es el caso de Ciudad Mallorquín cuyas consecuencias en lo que aun sobrevive del estuario del río Magdalena son absolutamente previsibles: el poder contaminante de aguas residuales, la alta densidad habitacional, la afectación de la movilidad en áreas periféricas como la Circunvalar y Vía 40 y, no menos importante, su estética paisajística de altas torres de cemento imponiéndose sobre flora y fauna.

Y eso que el color distintivo de Argos es el verde luminoso, verde natural, verde esperanza.

Una teoría obsoleta y muy difundida señalaba que los objetivos de las empresas era la generación de utilidades; concepto austero, tacaño, con notorias insuficiencias legales y éticas. Por supuesto que se deben generar utilidades a los accionistas o propietarios, pero también, de forma simultanea y en el mismo rango de valores, es factor esencial para el funcionamiento que sus actividades alteren, de forma negativa o positiva, la calidad de vida de sus empleados y sobre todo de la comunidad en donde se encuentra enclavada la unidad de explotación económica.

Es un diálogo de doble vía y nunca en una sola basada en la omnipresencia de la propiedad privada, el uso de la soberbia arrasadora bajo la mirada cómplice, complaciente de controles estatales difusos o cooptados.  

En su esencia la responsabilidad empresarial es una visión de negocios que comprende valores éticos, respeto a las personas, a la comunidad y el medioambiente en el desarrollo de la gestión de la empresa. Es también la asimilación de estas condiciones y de ofrecer respuestas fundamentadas en el interés general social y no del estrecho marco unilateral personalista del afán de lucro desmedido.  

El artículo 58 de la Constitución Política señala explícitamente que en caso de disputas, controversias o conflictos, el interés privado debe ceder al interés publico o social. Añade; y ello tiene relación con la responsabilidad empresarial, que «la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica».

Para la Corte Constitucional «la propiedad privada ha sido reconocida como un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho». Nada menos.

No hay dudas que el Grupo Argos, perteneciente al disminuido Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) tras las sucesivas ofertas públicas de acciones de los Gilinski que a la postre, nunca mejor el concepto, se quedaron con el conglomerado de alimentos Nutresa. Argos es una poderosa empresa multinacional que debería estar curada de obsolescencias administrativas en su dirección y políticas, pero los indicativos —Ciudad Mallorquín es prueba de ello— muestran que sigue anclada en la voracidad capitalista sin consensos con las comunidad con un modelo depredador totalmente anti funcional a la grandeza de esta empresa multinacional pues tiene plantas en varios países, puertos, plantas generadoras de energía y es operador a través de su filial Odinsa de los  aeropuertos El Dorado de Bogotá y Mariscal Sucre, de Quito, Ecuador.

Una estructura oligopólica

La industria cementera en Colombia tiene por característica una estructura de competencia oligopolista. (Cañón, 2008). Tres grupos empresariales tienen a su cargo la producción de más del 98% del mercado nacional: Grupos Argos, Cementos Mexicanos S.A C.V (CEMEX) y Holcim. Estos grupos empresariales tienen una integración vertical generando barreras para la entrada de la competencia pues los obliga en la práctica a altas inversiones para capturar una porción del mercado.

Revisemos un diciente episodio al respecto. En el año 2000 subieron los precios del bulto de cemento de una manera desmesurada en relación a la inflación de ese momento, mientras la industria de la construcción se encontraba en estado de cuasi parálisis. Por ello en el 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) irrumpe a regular la industria cementera dado que dentro de sus funciones administrativas se encuentra la vigilancia de las infracciones a la normatividad relacionada con la competencia desleal. Por ello la SIC conmina a los tres conglomerados cementeros a firmar un acta de compromiso en el sentido de no realizar prácticas restrictivas de mercado, tales como acordar precios y la asignación de mercados por zonas.

En el 2003 entra un nuevo jugador, Cementos Andino, para incursionar en el mercado nacional. Pues bien, esta empresa construyó tres plantas estratégicamente ubicadas, una de ellas en Sabanagrande, Atlántico. Enseguida se desató una guerra de precios en que las bolsas de cemento bajaron de precio denunciando Cementos Andino ante la SIC que se enfrentaba a una competencia desleal. La idea de los precios bajos en las bolsas de cemento era sacar a esta nueva empresa del mercado.

Cementos Andino empezó a acumular pasivos no aguantando el embate.  Pronto mostraron iliquidez obligándolos a negociar con los denunciados —paradojas del libre mercado— aceptando la oferta de compra de Cementos Argos por $192 millones de dólares quedando esta última con el 59% del mercado. La idea de la planta en Sabanagrande era colateral a la construcción de un puerto sobre el río Magdalena que nunca se llevó a cabo. Tras la respectiva compra, Cementos Argos cerró la planta que ahora se encuentra en estado general ruinoso. Una inversión para liquidar la competencia y convertirse en controladores de los precios del mercado.

El 4 de diciembre de 2008 la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 51694 impuso sanción a Cementos Argos por haber integrado junto con Holcim y Cemex, un cartel empresarial en la modalidad de paralelismo consciente para fijar artificialmente los precios del cemento entre junio y diciembre de 2005 con el objeto de repartirse el mercado de cemento en Colombia.

En este caso de corrupción privada mediante la estrategia del cartel empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa risible a Cementos Argos por $923 millones de pesos y de $138 millones de pesos para José Alberto Vélez Cadavid, representante legal de esta compañía.

Cementos Argos sostuvo en medio de polémicas que era una sanción abiertamente injusta llevando el caso ante el Consejo de Estado que mediante Sentencia del 9 de agosto de 2018 confirmó; en todas sus partes, la sanción administrativa de la SIC.

Apropiación de minifundios y latifundios rurales: Carbones del Caribe y parcelación Santa Fe

La empresa Carbones del Caribe era una filial de Cementos del Caribe, propiedad de Cementos Argos. Tuvo una explotación minera en Becerril y La Jagua de Ibirico, Cesar, con un accidentado periplo que incluyó secuestros por parte de la FARC de directivos, quemas de avionetas y equipo pesado, despojo masivo de tierras en la parcelación Santa Fe que motivaron a la Fiscal 5 Especializada ante un Juez penal de Valledupar a solicitar en 2017 la captura de 16 personas, entre ellos el ex gerente de la mina La Jagua, Edgardo Percy Díaz Granado acusados de  los delitos de homicidio en personas protegidas, en concurso con el delito de desaparición forzada, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir agravado. Percy fue capturado en febrero de 2018 en Barranquilla.

https://verdadabierta.com/capturan—a—edgardo—percy—diazgranados—por—caso—de—despojo—en—cesar

El método para apropiarse de la parcelación Santa Fe fue el desplazamiento forzado con el posterior desalojo de 21 familias de las 30 que el extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) había titulado en 1991. Un hostigamiento en donde participó inicialmente el ejército y las FARC. Después llegaron los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En esas lides fueron asesinados 5 parceleros con el consecuente miedo que culminó en un desplazamiento sistemático de los campesinos bajo el imperio de un clima de violencia in crescendo, incluidas 3 masacres.

El período en que transcurren los hechos expuestos es entre 1997—2006 cuando los paramilitares mandaban en la zona del sur del Cesar. Diversas versiones ante la justicia ordinaria y transicional por parte de exparamilitares desmovilizados ante los fiscales, señalaron con nombre propio que altos directivos de la empresa Carbones del Caribe se beneficiaron del clima general de violencia por el conflicto armado para la compra de tierras en la parcelación Santa Fe pagando a los paramilitares para evitar a toda costa el retorno de los campesinos a sus tierras.

https://verdadabierta.com/ordenan—investigar—a—empresarios—por—despojo—de—tierras—en—cesar

Según las declaraciones de los desmovilizados esa tarea de apropiación de tierras producto de la violencia le fue encargada a Edgardo Percy Díazgranados, gerente de la mina La Jagua, por su jefe Alfredo González, gerente general, quien a su vez le respondía a Juan Manuel Ruiseco, presidente en aquella época de la junta directiva de Cementos del Caribe y Carbones del Caribe y accionista minoritario de la empresa. Los paramilitares involucrados llevaban los alías de ‘Cristian’ y ‘Escorpión’, al mando de Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, quien era jefe del Frente Juan Andrés Álvarez.

La apropiación ilegal de 3 de las parcelas de tierras de la parcelación Santa Fe se colocaron a nombre de Carbones de La Jagua pues existía un contrato de explotación minera de 5.963 hectáreas, área que según el portal web Verdad Abierta «se traslapa y sobrepasa la parcelación Santa Fe».  

El titular de la concesión fue Juan Manuel Ruiseco Vieira, presidente de la junta directiva de Cementos del Caribe y representante legal de Carbones del Caribe entre 1997 y 2005, así como presidente de Cementos Argos entre 1999 y 2003. Ese título parece ser la razón de fondo para los despojos y desplazamientos de campesinos de sus predios.

Para febrero de 2017 el Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Tierras de Cesar ordenó a la Agencia Nacional Minera suspender parcialmente el título minero que coincide con el área donde que superpone con el territorio reclamado por las víctimas. Los campesinos, en virtud de la Ley 1448 de Victimas y Restitución de Tierras solicitaron la devolución de sus parcelas, pero pronto sufrieron un desengaño en sus aspiraciones pues esos 3 predios se convirtieron en espacios de escombros de la explotación del carbón que como tal le fueron transferidos a Carbones de La Jagua y los otros 13 restantes se dedicaron a la siembra de 18.165 plántulas de palma de aceite.

El diligente sembrador de estas parcelas cambiando dramáticamente del frente minero al agricultor fue la antigua firma Carbones del Caribe que se convertiría en Sator, una empresa filial del Grupo Argos, entregando las tierras a Carbones Sororia por un pacto económico previo. Estas empresas colocaron abogados para pelear su tenencia y posesión de la tierra, pero según Verdad Abierta «ninguna de las empresas se opuso al proceso de restitución, una decisión que puede estar relacionada con su preocupación por daños en su reputación empresarial, caída de las acciones en la bolsa o, en efecto, un eventual llamado a juicio».

Desplazamientos forzados, masacres y despojo de tierras…

en los Montes de María

Desplazamientos forzados, masacres y despojo de tierras en los Montes de María

El 30 de agosto de 2023 el presidente Gustavo Petro acusó a la empresa Argos de expropiación masiva en los Montes de María, territorio de los departamentos de Bolívar y Sucre, hecho corroborado por diversas sentencias judiciales de restitución a los que la empresa antioqueña acudió invariable al argumento que había comprado ‘de buena fe’ y que también aparece ampliamente documentados en el informe de la Comisión de la Verdad:

«La investigación ha identificado como padre del entramado del despojo a Álvaro Ignacio Echeverría. Según su propio testimonio, entregado ante un despacho de restitución de tierras, admitió haber llegado a la región de los Montes de María en 2002, cuando adquirió la Hacienda San Jacinto (por entonces abandonada y enmontada, según sus palabras) de manos de una firma antioqueña. Muchos propietarios de tierra me dijeron «paisa coja la tierra que después del conflicto arreglamos…» En ese momento la tierra tenía un precio abstracto, no era un precio determinado…, […] Eso de ARGOS no fue de un día para otro, ARGOS ya tenía un sembrado de teca en San Onofre… aquí no hubo violencia con la tierra, aquí no sucedió como en Montería, Catatumbo, aquí lo que hubo fue unos bandidos que ya los cogieron”, declaró Echeverría al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.

La red de despojadores también estaba conformada por Daniel Saldarriaga Jaramillo, Raúl Andrés Mora Pérez, Ana Patricia Serani Toro, Raúl Mora Abad, Luz Helena Pérez de Mora, Claudia María Moreno Ángel y Paula Andrea Moreno Ángel, según consta en sentencias de restitución de tierras. Como el propio Álvaro Ignacio Echeverría ha reconocido, él fue el que fundó la empresa Tierra de Promisión e impulsó la conformación de la red de aliados estimulada e instrumentalizada por ARGOS para comprar al menos 6.600 hectáreas en los Montes de María, cuyos integrantes compraron tierras a $300 mil la hectárea para vender a precios hasta 11 veces más altos en escasos 18 meses, mientras el cultivo de teca “aniquilaba la agricultura de consumo”, como bien se dice en una sentencia de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.

Así las cosas, estos datos muestran que todo se urdía mediante una triangulación entre el alto gobierno (que garantizaba la seguridad en la zona e invitaba a la inversión de capitales), ARGOS (que destinó capitales para desarrollar un proyecto agroforestal de gran envergadura) y los terceros compradores (funcionales a la compra de tierras a bajo precio para el proyecto agroforestal».

Fue un despojo indirecto tal como lo señaló la Comisión de la Verdad en sus documentos concluyentes: «La vanguardia, integrada por las dos fichas locales, el contacto en terreno y el comisionista;  El escuadrón principal, conformado por los inversionistas o terceros compradores (y revendedores) y la retaguardia, constituida por la red de actores económicos, jurídicos y políticos articulados al modelo de gestión para el despojo (…) Su función era diseñar y poner en marcha medidas de protección de las operaciones en terreno para garantizar la posterior transferencia de los predios, a efectos de que Cementos ARGOS pudiera explotar las tierras así adquiridas de manera tranquila. Esto es, sin perturbaciones de sus derechos de propiedad ni sobresaltos mediáticos. Además, garantizar el ocultamiento de la ruta de adquisición de los predios, para ocultar la participación de ARGOS en este entramado». 

https://www.comisiondelaverdad.co/caso—79—la—compra—masiva—de—tierras—por—cementos—argos—en—los—montes—de—maria

Argos y los 33 millones de acciones de los trabajadores

En octubre de 2025 una noticia que pasó desapercibida fue la presentación de 383 demandas de trabajadores, extrabajadores y pensionados de Cementos del Caribe (hoy Grupo Argos) reclamando el pago de dividendos por sus 33 millones de acciones por el orden de los $574.860 millones de pesos otorgadas desde el año 1962 cuando el presidente de la empresa Joaquín Ruiseco, ante una solicitud de aumento salarial del 6% planteó un aumento en dinero y otra parte en acciones de la empresa con un monto accionario equivalente a $250.000 de la época.

Con ese propósito se creó el Fondo de Beneficio Social de Cementos Caribe (Sindicaribe), el cual quedó legalizado mediante escritura pública protocolizada en la Notaría Tercera de Barranquilla con lo cual el fondo pasó a ser accionista de la empresa, hecho debidamente registrado en la Superintendencia de Valores. Estas acciones fueron creciendo con el transcurrir del tiempo mientras los trabajadores esperaban el pago de sus dividendos. Los sindicatos de trabajadores requirieron a los bancos involucrados en ese momento (Industrial Colombiano y Bancolombia, ambos del Grupo Empresarial Antioqueño GEA, propietario de Argos) información sobre sus dividendos sin mayores resultados. También se les negó la participación en las asambleas de accionistas pese a tener una importante participación de títulos valores de la empresa.

En esas mismas circunstancias de tiempo, se presentaron contra Argos 120 demandas por una pensión especial de vejez por alto riesgo. El argumento central del ´petitum’ era que por su actividad, las empresas cementeras poseen alto riesgo porque la caliza, materia prima para el cemento, contiene la sílice en forma de cuarzo, clasificada como cancerígena.

La imagen pública de Argos

En su página web Argos, en un lenguaje cromático y poético de bienaventuranzas sobre sus actuaciones señala que entienden por cultura en el sentido de función social de la propiedad y responsabilidad empresarial:

«En Argos entendemos la cultura como la forma particular de hacer las cosas, una forma que nos diferencia y nos fortalece. Una forma que define lo que somos, en lo que creemos y cómo seguir evolucionando HACIA EL FUTURO QUE SOÑAMOS. A nuestra cultura la que hemos denominado «Somos Luz Verde», la cual nos impulsa para ser la luz que guía, moviliza y construye nuestro propósito, guiándonos en todo lo que hacemos desde la forma en que trabajamos juntos, hasta la manera en que interactuamos con nuestros clientes, comunidades y públicos de interés. Es la luz que irradiamos desde nuestro interior para impactar en el mundo que nos rodea». 

Muy bonita retórica de preclaras intenciones, pero la historia expuesta indica exactamente lo contrario de tanta ‘iluminación verde’: una difusa transparencia y evidentes transgresiones a la ética social de la cual el proyecto Ciudad Mallorquín en Barranquilla no escapa. Es la aplicación de una rigurosa y obsoleta tradición empresarial.

Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.