¿Por qué De La Espriella mintió si siempre ha vivido de la “teta” del  Estado?

El abogado-candidato que juró no vivir de la teta estatal lleva años mamando de ella. Más de $3.000 millones en contratos con el SECOP lo prueban.

Abelardo De la Espriella dijo, con la soltura de quien está convencido de que nadie va a verificar nada: «Yo nunca he contratado con el Estado.» Lo dijo en televisión. Con cara seria. Con esa misma seguridad con la que los candidatos colombianos mienten: convencidos de que la ciudadanía no tiene ni tiempo ni herramientas para desmentirlos. Esta vez se equivocó. El SECOP no miente. Los contratos están ahí, con NIT, con montos, con fechas. Doce contratos. Más de $3.000 millones de pesos. Cero sanciones disciplinarias. Cero multas. Cero responsabilidades fiscales. Limpio en el papel, sí. Pero mentiroso en las palabras.

LA MENTIRA CON TRAJE DE ABOGADO

Hay un tipo particular de político colombiano que ha perfeccionado el arte de decir la verdad a medias, o directamente de mentir, con la convicción de un profesor universitario. Abelardo De la Espriella pertenece a esa especie. Su declaración —»yo nunca he contratado con el Estado»— no es solo una mentira. Es una estrategia. Es el Ciclo Secreto en acción: la normalización de un discurso que sabe que pocos van a chequear, que confía en la apatía del ciudadano y en la complicidad de los medios que no preguntan.

El Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) es una base de datos pública, abierta, consultable por cualquier ciudadano con internet. No requiere membresía. No requiere clave. Requiere, únicamente, voluntad de buscar. Lo que encontramos allí es una película de doce capítulos, todos protagonizados por la firma De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S., NIT 830133476, y su relación promiscua, constante y bien remunerada con el erario público colombiano.

El contrato más cuantioso: $600.000.000 con el Fondo Adaptación en 2018, para «prestar servicios profesionales de asesoría jurídica». Qué casualidad que justo el Fondo Adaptación —entidad creada para gestionar recursos de emergencias y desastres naturales— decidiera que ningún abogado en Colombia podía hacer ese trabajo mejor que la firma del señor que hoy jura no haber vivido del Estado. Qué casualidad.

Le siguen dos contratos de $595.000.000 cada uno con la Antioquia Hidroeléctrica Ituango, la misma obra que se convirtió en uno de los mayores escándalos de ingeniería y gestión pública del país. Y por supuesto, De la Espriella actuó con total «transparencia» y «buena fe» al cobrar casi $1.200 millones por asesorías a una empresa pública que en ese mismo período enfrentaba una crisis catastrófica en la que presuntamente se desviaron miles de millones del erario. Claro que sí.

También aparecen tres contratos con el ICBF Sede Nacional —el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que atiende a los niños más vulnerables del país— por un total cercano a $560.000.000. Y contratos vigentes hasta 2026 con el Distrito Especial Industrial de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, por más de $1.000.000.000 adicionales. En total, la suma identificada en el SECOP supera los $3.400.000.000 de pesos.

Ninguna sanción disciplinaria. Ninguna multa contractual. Ninguna responsabilidad fiscal registrada. Todo limpio. Todo legal. Todo, absolutamente todo, pagado con plata pública. Con plata nuestra.

CONTRATOS DE DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S. — SECOP

Fuente: SECOP — Portal de Datos Abiertos de Colombia. Consulta realizada abril 2026.

LOS ACTORES Y SUS ROLES — ¿QUIÉN ES ABELARDO DE LA ESPRIELLA?

Abelardo De la Espriella es abogado penalista. Ha sido representante de figuras polémicas en el mundo judicial colombiano. Es conocido por su verbo encendido, por su presencia en los medios, y más recientemente, por su candidatura a la presidencia de Colombia bajo una plataforma que, en su propio discurso, se posiciona como alternativa al establecimiento y a la corrupción.

El problema con ese posicionamiento es que requiere cierta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en el caso de De la Espriella, los contratos del SECOP revelan una brecha entre su narrativa pública y su historial de negocios que va mucho más allá de lo incómodo: es un problema de honestidad elemental con el electorado.

Porque cuando un candidato mira a la cámara y dice «yo nunca he contratado con el Estado», hay dos posibilidades: o no sabe lo que figura en el SECOP bajo el NIT de su propia empresa, lo cual sería preocupante para alguien que quiere manejar el Estado más grande de la historia reciente del país; o lo sabe perfectamente y decidió mentir de todas formas, confiando en que nadie lo verificaría. Ambas opciones deberían generar alarmas en cualquier ciudadano que esté pensando en votar por él.

"Mientras De la Espriella cobraba $600.000.000 por asesorías al Fondo Adaptación, miles de familias víctimas de desastres naturales esperaban que sus recursos llegaran a tiempo. La pregunta obvia es: ¿llegaron?"

Los beneficios obtenidos por la firma son claros: más de $3.400.000.000 en honorarios públicos. El daño causado es más difuso pero no menos real: la erosión de la confianza ciudadana, la perpetuación de un sistema en el que los abogados del poder económico y político cobran fortunas del erario y luego se presentan como salvadores de la patria.

¿QUÉ SE HUBIERA PODIDO HACER CON $3.400 MILLONES?

Pongamos los números en contexto. $3.400.000.000 de pesos colombianos equivalen, aproximadamente, a:

• Construir o rehabilitar entre 3 y 5 escuelas rurales en departamentos de alta pobreza.
• Financiar cerca de 340 becas universitarias completas de cuatro años para jóvenes de bajos recursos.
• Dotar con equipos médicos básicos a más de 20 centros de salud en municipios sin cobertura.
• Implementar programas de primera infancia en comunidades indígenas del Atlántico y el Magdalena durante varios años.

En cambio, ese dinero fue a honorarios de asesoría jurídica para entidades que, según todos los indicadores disponibles, no han resuelto los problemas para los cuales supuestamente fueron creadas. El Fondo Adaptación sigue siendo señalado por demoras en la restitución de derechos a víctimas de desastres. El proyecto Ituango sigue siendo objeto de investigaciones. El ICBF sigue enfrentando escándalos de gestión.

La pregunta no es si De la Espriella hizo un trabajo técnicamente correcto como abogado. Quizás lo hizo. La pregunta es: ¿tiene él la autoridad moral para decir que nunca ha contratado con el Estado, mientras más de $3.400 millones de recursos públicos pasaron por su firma?

LA LÓGICA DEL CICLO SECRETO

Lo que el caso De la Espriella revela no es solo la hipocresía de un candidato. Revela algo más profundo y más perturbador: la normalización de un sistema en el que los mismos actores que critican al Estado desde afuera son los que más contratan con él desde adentro.

Colombia tiene un mercado de asesorías jurídicas públicas que mueve miles de millones de pesos cada año. Ese mercado está capturado por un grupo reducido de firmas con las conexiones políticas correctas, con el acceso correcto a los funcionarios correctos. No hay concursos de méritos reales. No hay transparencia efectiva en la selección. Hay, principalmente, redes de contactos y la reproducción sistemática de los mismos contratistas de siempre.

El Ciclo Secreto opera así: el abogado de élite defiende a los poderosos, cobra fortunas del erario público, acumula capital político y reputacional, y eventualmente se convierte en candidato que promete limpiar el sistema que él mismo ayudó a alimentar. Es un sistema que se retroalimenta, que se autoprotege, que tiene una lógica interna perfectamente coherente aunque sea profundamente injusta para el ciudadano común.

James Buchanan, el Nobel de Economía que definió la sociedad civil como el contrapeso al Estado, advertía precisamente sobre esto: cuando los actores del mercado privado se funden con los del Estado, cuando los límites entre lo público y lo privado se vuelven porosos, la corrupción deja de ser un escándalo y se convierte en una rutina. Eso es lo que ocurre con los contratos de De la Espriella. No hay indicios de ilegalidad en las formas. Pero hay una pregunta filosófica que ningún titular periodístico ha hecho: ¿cómo puede alguien que cobró $600 millones del Fondo Adaptación presentarse como el candidato del pueblo?

Conclusión

La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir permitiendo que los candidatos nos mientan a la cara mientras el SECOP registra, en silencio, la verdad que ellos no quieren contar.

Abelardo De la Espriella tiene derecho a litigar. Tiene derecho a cobrar honorarios. Tiene derecho, incluso, a presentarse a la presidencia. Lo que no tiene es el derecho de mirar a los colombianos a los ojos y decirles que nunca ha contratado con el Estado, cuando el SECOP demuestra exactamente lo contrario con doce contratos y más de $3.400.000.000 de pesos.

Cada peso cobrado del erario mientras se construye una imagen de outsider del sistema es una mentira. Cada aparición en medios prometiendo limpiar lo que se ayudó a ensuciar es teatro. Cada voto que alguien le dé sin conocer esta información es una decisión tomada en la oscuridad.

Y precisamente para eso existe corrupcionaldia.com: para encender las luces.

Entra a corrupcionaldia.com y no permitas que la mentira sea el último acto de esta campaña.

Publicidad