Un municipio que recibe millones en regalías desde hace décadas y todavía manda carrotanques de agua a sus veredas. ¿Qué está pasando con la gestión de «Leo Alcalde»?
Nos encontramos en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. Vamos a auscultar la gestión municipal de La Jagua de Ibirico, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Leonardo Hernández Cataño. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Y el escenario que encontramos, lector, no es para los de corazón débil.
La Jagua de Ibirico es, sobre el papel, un municipio afortunado. Segundo productor de carbón de Colombia, con yacimientos que han generado billones de pesos en regalías durante cuatro décadas. Tiene tres ríos —el Tocuy, el Sororia y Las Ánimas— que lo bañan y deberían garantizarles agua a sus más de 30.000 habitantes. Tiene dinero del Sistema General de Participaciones. Tiene Asignaciones para la Paz por ser municipio PDET. Tiene, en teoría, todo lo que necesita para ser un ejemplo de desarrollo local.
Y sin embargo, en agosto de 2025, sus líderes comunales tuvieron que hacer un cabildo abierto porque, según sus palabras, «el alcalde nunca responde«. Las veredas rurales siguen recibiendo agua en carrotanque. La planta de tratamiento de agua sigue sin funcionar correctamente. Y el municipio viola la Ley 617 de 2000 por destinar más del 85% de sus ingresos corrientes de libre destinación a gastos de funcionamiento.
Esta no es la historia de una administración corrupta en el sentido tradicional del término. Leonardo Hernández Cataño, médico ortopedista elegido en octubre de 2023 con 13.179 votos —más del doble de su contendor— llega al cargo con una coalición de los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical. Llega, también, a un municipio que ya estaba en cuidados intensivos financieros antes de que él tomara posesión el 1 de enero de 2024.
Pero el médico que opera huesos también tiene la obligación de operar las patologías del municipio. Y en eso es donde los números dicen una historia menos heroica que la de sus redes sociales.
RADIOGRAFÍA FINANCIERA: LAS CIFRAS NO MIENTEN
Los archivos del CHIP-FUT del Ministerio de Hacienda, reportados por la propia Alcaldía de La Jagua, revelan un cuadro financiero de extrema dependencia exógena y preocupante caída de ingresos.
2024: el año de las regalías abundantes que no alcanzaron
El municipio ejecutó ingresos totales por $122.835 millones de pesos. De ese total, los ingresos corrientes propios —predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina— apenas sumaron $30.957 millones. El Impuesto de Industria y Comercio representó $17.307 millones, sostenido casi en su totalidad por la empresa Drummond Ltd., la única minera grande que quedó tras la salida de Prodeco en 2021. El predial urbano y rural apenas alcanzó $1.650 millones, una cifra ridícula para un municipio de este tamaño y riqueza potencial.
El SGP de educación llegó a $2.134 millones, el de salud a $18.020 millones. Las regalías del Sistema General de Regalías registraron un ingreso de $104.155 millones, con asignaciones directas de carbón por $54.971 millones (el 20% del SGR) y anticipos del 5% por otros $26.261 millones. La Asignación para la Paz sumó otros $15.300 millones.
Los gastos de la Administración Central en 2024 muestran en la hoja de «Vigencia Actual» una apropiación inicial en funcionamiento de apenas $247 millones de cuentas por pagar heredadas. El grueso del gasto está concentrado en las regalías SGR, donde los compromisos llegaron a $141.449 millones y los pagos a $113.500 millones (80.2% de ejecución). Los sectores de transporte —vías terciarias— y agua/saneamiento básico concentraron la inversión.
2025: el año del desplome
Aquí es donde la realidad financiera del municipio se vuelve angustiante. Los ingresos totales cayeron a $108.319 millones, una reducción del 11.8% frente a 2024. Pero lo verdaderamente alarmante es la caída de las regalías SGR: de $104.155 millones en 2024 a apenas $12.145 millones en 2025, una contracción del 88.3%.
¿Por qué? Porque el ciclo de distribución bienal del SGR se sincroniza con los OCAD regionales. El municipio recibió un crédito interno de regalías por $4.813 millones para proyectos de vivienda, pero la inversión en infraestructura se frenó dramáticamente.
En la Administración Central 2025, los compromisos de inversión de la Vigencia Actual llegaron a $28.272 millones, con pagos de $24.113 millones (85.3%). Pero el sector salud comprometió $43.004 millones (casi exclusivamente SGP y transferencias de régimen subsidiado). Los gastos de personal del municipio llegaron a $9.033 millones, y el funcionamiento total a $16.899 millones.
El problema estructural que nadie resuelve:
El municipio destina más del 85% de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) a gastos de funcionamiento, superando lo permitido por la Ley 617/2000. El Pilón Este es un hallazgo gravísimo. La Ley 617 establece que municipios de quinta categoría como La Jagua no pueden destinar más del 65% del ICLD a gastos de funcionamiento. Superar ese umbral equivale a decirle al gobierno nacional: «Estamos viviendo de las regalías y el SGP para pagar la nómina, porque con lo propio no alcanza.»
«Antes de la salida de Prodeco, La Jagua recaudaba cerca de 23.000 millones de pesos en el impuesto de industria y comercio; entre Prodeco y Drummond representaban cerca de 18.000 millones en promedio» Acmineria, reconoció el propio alcalde en una entrevista con la Asociación Colombiana de Minería. Hoy, sin Prodeco, esa base tributaria se redujo a la mitad.
La deuda pública formal reportada al Ministerio de Hacienda: en 2024, dos créditos vigentes (Reg. 611517521) para pavimento rígido y vivienda rural, con renta pignorada a otras fuentes sin señalar valor. En 2025: formulario vacío —sin créditos vigentes registrados—. Las vigencias futuras en ambos años: no reportadas (formulario vacío). Esto podría interpretarse como una señal de prudencia financiera, o como una señal de que el municipio simplemente no puede endeudarse por su precariedad fiscal.
LOS CINCO INDICADORES: EL CONTRATO CON LA COMUNIDAD
"El Plan de Desarrollo no es un catálogo de buenas intenciones. Es un contrato con la comunidad."
Indicador 1: Agua potable y saneamiento básico — Puntuación: 3.5/10 🔴
El problema del agua en La Jagua de Ibirico no es nuevo. La comunidad no tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene buenos colegios ni buenas vías Semana, dijo hace años el gobernador del Cesar. Dos décadas después, la diagnosis sigue siendo la misma.
La Jagua de Ibirico aumentó en 16 el número de barrios en los últimos 10 años, ocasionando un desabastecimiento de agua potable en un 50 por ciento, que actualmente se traduce en tener el servicio por casa cada cinco u ocho días. Gobernación del Cesar Y eso era antes de que Prodeco se fuera.
En las regalías 2024, el municipio comprometió $7.090 millones en alcantarillado y plantas de tratamiento (acueductos), con pagos de $5.647 millones (79.6%). Para agua potable: $448 millones comprometidos, $448 millones pagados (100%). En 2025, los proyectos de vivienda con infraestructura hídrica comprometieron $8.432 millones, con pagos ejecutados de apenas $1.761 millones (20.9%). El congelamiento de ejecución en proyectos de agua en 2025 es una alarma roja.
Mientras tanto, los habitantes de la vereda El Prado, corregimiento de Boquerón, zona rural de La Jagua de Ibirico, denunciaron que en esa localidad carecen de agua potable y el agua que recolectan no cumple con las condiciones sanitarias. El Pilón En 2025, la Gobernación del Cesar llevó gas domiciliario a 340 familias de Boquerón —una buena noticia—, pero el agua potable sigue siendo la promesa incumplida.
La calificación es 3.5 porque hay inversión documentada, pero la brecha entre lo comprometido y lo pagado en 2025 confirma que el problema estructural no ha sido resuelto en dos años de gestión.
Indicador 2: Reactivación económica post-Prodeco — Puntuación: 4.0/10 🔴
Las afectaciones inmediatas se sentirán, en primera medida y con más fuerza, en La Jagua de Ibirico. Cifras preliminares indican que el impacto sobre las finanzas públicas por concepto de regalías será superior a los 12 mil millones de pesos anuales. La Silla Vacía Ese pronóstico se cumplió con creces.
Con la salida intempestiva de la empresa, ahora la población se enfrenta al desempleo y al enorme daño ambiental que dejó la explotación del mineral. Consejo de Redacción
El alcalde Hernández ha reconocido la urgencia del problema: «A nosotros nos afectaría si esto llega a ocurrir [salida de Drummond] porque la compañía dentro de sus políticas, el personal que utiliza para esta explotación, es personal de la región.» ELHERALDO Y añadió que se ha tratado de impulsar emprendimientos y agricultura, pero los resultados son aún tímidos frente a la dimensión del desafío.
Las regalías del sector agrícola en 2024 comprometieron $7.0 millones (asignaciones directas). El «Pégate al Madrugón» —un mercado campesino que generó celebración en redes sociales— refleja buenas intenciones, pero no compensa la pérdida de 5.000 empleos mineros directos e indirectos. La calificación es 4.0 por acción insuficiente ante un problema de escala estructural.
Indicador 3: Educación — calidad y cobertura — Puntuación: 5.0/10 🟡
En este sector se observan los mayores avances, principalmente gracias al trabajo conjunto con la Gobernación. La gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila, y el alcalde, Leonardo Hernández Cataño, lideraron una jornada con la entrega de obras, proyectos e inversiones que marcan el inicio de una nueva etapa de desarrollo en La Jagua de Ibirico. Gobernación del Cesar
El aulario de la I.E. La Palmita fue una inversión departamental aplaudida por la comunidad. Las regalías para educación 2024 comprometieron $11.093 millones, con pagos de $8.432 millones (75.9%). En 2025, la ejecución educativa fue más eficiente: comprometidos $1.465 millones, pagados $1.438 millones (98.2%).
Sin embargo, el fantasma del megacolegio DISCEP —contrato firmado en administraciones anteriores— sigue pesando sobre el entorno institucional del municipio. Discep SAS, entre el 2018 y 2022, durante las administraciones de Richard Aguilar y Didier Lobo, recibió contratos por cerca de $40 mil millones en la Jagua de Ibirico. Vanguardia
Calificación 5.0: progreso real en infraestructura pero sostenido en buena parte por gestión departamental.
Indicador 4: Infraestructura vial — vías terciarias — Puntuación: 4.8/10 🟡
Este es el sector donde la ejecución 2024 fue mejor: las regalías para transporte comprometieron $15.251 millones y ejecutaron pagos de $15.251 millones (100%) —incluyendo $5.061 millones para carreteras de la Asignación para Inversión Local y $4.106 millones de la Asignación para la Paz—. Pero en 2025, los proyectos de vías comprometieron $3.974 millones con pagos ejecutados de $0 (cero). Cero pesos pagados en vías terciarias en todo 2025.
Además, al cierre del ejercicio presupuestal 2025, las reservas presupuestales de la Administración Central incluyen $6.853 millones en «vía terciaria mejorada» —obras comprometidas pendientes de pago—. Esto confirma proyectos en ejecución pero no terminados.
La calificación 4.8 reconoce el trabajo del primer año pero penaliza el frenazo de 2025 y las obras inconclusas.
Indicador 5: Salud pública — Puntuación: 5.0/10 🟡
La salud es, financieramente, el sector mejor atendido. El SGP de salud 2024 movilizó $18.020 millones, principalmente en régimen subsidiado. En 2025, la sección de salud comprometió $43.004 millones, de los cuales $38.332 millones corresponden al aseguramiento en régimen subsidiado y los restantes a salud pública, vigilancia sanitaria e IVC. La ejecución técnica es aceptable.
Sin embargo, la crisis del agua impacta directamente la salud pública: sin agua potable no hay salud posible. Los brotes de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en comunidades rurales documentados por El Pilón son consecuencia directa de la ausencia de agua tratada. El municipio invirtió $294 millones en salud pública en 2024 y $866 millones en 2025 —cifras insuficientes para la magnitud del problema—. Calificación 5.0.
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: EL RASTRO DEL DINERO
"El Secop no miente: dice quién ganó, cuánto, y —si se lee bien— por qué."
La historia contractual de La Jagua de Ibirico es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros de la contratación pública colombiana. En los últimos 17 años, cinco alcaldes —Ana Alicia Quiroz, Hernando Díaz, Osman Mojica, Edinson Lima y Alfonso Palacio— acabaron en prisión, otro —Laureano Rincón— se encuentra huyendo de la justicia. ELHERALDO
La pregunta que surge naturalmente, y que este análisis no puede responder de manera concluyente, es: ¿ha roto la administración Hernández con ese patrón? Los datos disponibles del Secop muestran que durante 2024 y 2025 el municipio ejecutó contratos de regalías por sectores de vivienda, transporte, educación y agricultura, con distintos contratistas. El patrón recurrente de DISCEP SAS —que dominó la contratación municipal durante las administraciones Lobo (2016-2019) y Rangel (2020-2023)— no aparece de manera destacada en los registros del período analizado.
Lo que sí genera interrogante es la ejecución diferenciada entre 2024 y 2025: en 2024, los proyectos SGR tuvieron compromisos de $141.4MM y pagos de $113.5MM. En 2025, compromisos de $27.3MM y pagos de solo $12.1MM (44.3%). ¿Proyectos mal estructurados? ¿Contratistas con problemas de ejecución? ¿Deficiencias en supervisión e interventoría? La respuesta está en el Secop, y los organismos de control tienen la obligación de verificarla.
El Fondo Mixto Sierra Nevada, señalado por su constitución irregular, ha obtenido contratos millonarios en municipios como La Jagua de Ibirico y Codazzi en el Cesar, pese a las evidencias de corrupción. Corrupcionaldia Si en el período 2024-2025 aparece este contratista en el Secop del municipio, la Contraloría y la Procuraduría deberían actuar de inmediato.
LOS ODS: LAS PROMESAS DEL MUNDO
La Jagua de Ibirico fue objeto de análisis especial sobre los ODS por parte de CESORE y PRODECO en 2019. El diagnóstico de ese año es revelador: alta pobreza multidimensional (IPM), NBI que pasó del 71.8% al 21.1% entre 1993 y 2018 gracias a la minería, y brechas serias en agua, educación rural y diversificación económica.
Cinco años después, con Prodeco ya retirado, el balance ODS del bienio Hernández es el siguiente:
ODS 6 (Agua): Deficiente. Sin avance estructural en la planta de tratamiento ni en cobertura rural continua. ODS 3 (Salud): Parcial. Aseguramiento activo, pero sin resolver el determinante hídrico de la salud. ODS 4 (Educación): Parcial. Avances en infraestructura, sin datos de mejora en calidad ICFES o deserción. ODS 8 (Empleo): Deficiente. Sin diversificación real post-Prodeco. Dependencia del 80% en minería persiste. ODS 9 (Infraestructura): Parcial. Vías ejecutadas en 2024, frenadas en 2025. ODS 1 (Pobreza): Sin datos de avance. Crisis económica post-Prodeco sugiere deterioro. ODS 11 (Vivienda): Parcial. Proyectos en ejecución pero con pagos comprometidos sin ejecutar en 2025. ODS 17 (Alianzas): Activo. La coordinación con la Gobernadora Sanjuán Dávila genera resultados concretos.
¿PREVARICATO POR OMISIÓN? EL ANÁLISIS JURÍDICO
La calificación final es 4.4/10 —gestión REGULAR—, umbral que está por encima del nivel que activaría el análisis de Prevaricato por Omisión en su forma más grave (calificación inferior a 4.0). Sin embargo, existen elementos que merecen atención jurídica por parte de los organismos de control.
El Código Penal colombiano, en su artículo 414, tipifica el Prevaricato por Omisión cuando un servidor público omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones, debiendo ejecutarlo. La violación sistemática de la Ley 617 —destinar más del 85% del ICLD a funcionamiento cuando el límite legal es 65%— configura una omisión presunta de los deberes del alcalde de restructurar la nómina y reducir gastos de funcionamiento. La baja ejecución de pagos en proyectos de agua potable (20.9% en 2025) cuando las comunidades llevan décadas sin servicio continuo es, cuando menos, una omisión que merece explicación pública.
Los organismos de control —Contraloría General de la República, Contraloría Departamental del Cesar, Procuraduría General y la Personería Municipal— tienen la obligación de revisar estos indicadores y emitir sus propias conclusiones.
CALIFICACIÓN FINAL
| Indicador | Puntaje |
|---|---|
| 1. Agua potable y saneamiento | 3.5/10 |
| 2. Reactivación económica post-Prodeco | 4.0/10 |
| 3. Educación (calidad y cobertura) | 5.0/10 |
| 4. Infraestructura vial – vías terciarias | 4.8/10 |
| 5. Salud pública y aseguramiento | 5.0/10 |
| Promedio ponderado | 4.46/10 |
Calificación final: 4.4 / 10 — Gestión REGULAR
Leonardo Hernández Cataño no es un alcalde que haya llegado a saquear. La evidencia no apunta hacia eso. Es, según los datos, un médico que recibió un paciente en estado crítico —finanzas rotas, déficit heredado de $7.890 millones, crisis post-Prodeco sin plan de transición, nómina inflada— y que ha hecho lo que ha podido. Invirtió en vías en 2024, coordinó con la Gobernadora para traer obras de educación y gas, y mostró sensibilidad con el comercio local.
Pero dos años no son suficientes para excusar que el municipio siga violando la Ley 617, que las regalías de 2025 tengan una ejecución de apenas el 44%, que el agua potable siga siendo una promesa y que los líderes comunales tengan que hacer cabildos abiertos porque «el alcalde nunca responde».
La Jagua de Ibirico afronta una crisis a raíz de la disminución de sus ingresos e impuestos desde la salida de la minera Prodeco. Por eso, las finanzas están en déficit. El Pilón Eso es real. Pero el diagnóstico no reemplaza el tratamiento.
La pregunta no es si hubo corrupción. Es si, con los recursos disponibles —$104.155 millones en regalías solo en 2024—, La Jagua de Ibirico merece seguir recibiendo agua en carrotanque.
Cada peso en regalías que no llegó a una llave de agua es una omisión que la historia cobrará.
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corrupcionaldia.com · Análisis Forense Municipal
La Jagua de Ibirico, tierra del carbón sin agua:
el veredicto dos años después
Las cifras no mienten, aunque los informes de gestión sí puedan disimular
Ingresos totales 2024
$122.8B
COP · presupuesto ejecutado
Ingresos totales 2025
$108.3B
Caída del 11.8% vs. 2024
Regalías SGR 2024
$104.2B
Asignaciones directas carbón
Regalías SGR 2025
$12.1B
Caída crítica: −88.3%
ICA 2024 (Drummond)
$17.3B
80% dependencia minera
Predial 2024
$1.65B
Bajo para el tamaño municipal
Ejecución SGR 2025
44.3%
$12.1B pagados de $27.3B
Déficit heredado 2023
$7.89B
Deuda de la adm. anterior
El Plan de Desarrollo no es un catálogo de buenas intenciones. Es un contrato con la comunidad.
1. Agua potable y saneamiento básico
ODS 6 · Problema histórico №1 de la comunidad
Regalías comprometidas en alcantarillado 2024: $7.090 millones, pagados $5.647 millones (79.6%). En 2025, proyectos de agua comprometidos $8.432 millones — pagos ejecutados apenas $1.761 millones (20.9%). La planta de tratamiento continúa con fallas estructurales. Comunidades rurales reciben agua en carrotanque. En agosto de 2025, líderes organizaron cabildo abierto porque «el alcalde nunca responde». El problema histórico no fue resuelto en dos años.
2. Reactivación económica post-Prodeco
ODS 8 · Crisis laboral desde salida de Prodeco (2021)
ICA 2024: $17.307 millones, casi exclusivamente de Drummond. Con la salida de Prodeco se perdieron $20.000 millones anuales de ICA y 5.000 empleos directos e indirectos. Las regalías para sector agrícola comprometieron $7.0 millones en 2024. El «Pégate al Madrugón» muestra iniciativa, pero no compensa la pérdida estructural. La dependencia minera del 80% persiste sin transición efectiva.
3. Educación — calidad y cobertura
ODS 4 · Segundo problema identificado en diagnóstico PDET
SGP educación 2024: $2.134 millones. Regalías educación 2024: comprometidos $11.093 millones, pagados $8.432 millones (75.9%). En 2025: comprometidos $1.465 millones, pagados $1.438 millones (98.2%). La Gobernadora Sanjuán construyó el aulario de la I.E. La Palmita. Los avances existen pero son sostenidos en parte por gestión departamental.
4. Infraestructura vial — vías terciarias
ODS 9 · Demanda histórica PDET en zona rural
Regalías transporte 2024: comprometidos $15.251 millones, pagados $15.251 millones (100%). En 2025: comprometidos $3.974 millones en carreteras — pagos ejecutados $0 (0%). Reservas presupuestales 2025 incluyen $6.853 millones en «vía terciaria mejorada» pendientes de pago. Buen primer año, frenazo crítico en el segundo.
5. Salud pública y aseguramiento
ODS 3 · Tercer problema identificado en diagnóstico PDET
SGP salud 2024: $18.020 millones (régimen subsidiado). Inversión total salud 2025: $43.004 millones comprometidos, de los cuales $38.332 millones en aseguramiento (89%). Ejecución técnica aceptable. Sin embargo, la crisis hídrica impacta directamente la salud pública. Salud pública activa: $294 millones en 2024 y $866 millones en 2025 — insuficientes ante la magnitud del problema.
Promedio ponderado de los cinco indicadores de gestión vinculados a los problemas prioritarios de la comunidad.
| Indicador | Puntaje |
|---|---|
| 1. Agua potable y saneamiento | 3.5 |
| 2. Reactivación económica post-Prodeco | 4.0 |
| 3. Educación — calidad y cobertura | 5.0 |
| 4. Infraestructura vial — vías terciarias | 4.8 |
| 5. Salud pública y aseguramiento | 5.0 |
| Promedio ponderado — GESTIÓN REGULAR | 4.4 |
Alerta fiscal — Ley 617/2000: el municipio destina más del 85% del ICLD a gastos de funcionamiento, superando el límite legal del 65% para municipios de quinta categoría. Esto configura una posible omisión administrativa que la Contraloría y la Procuraduría deben revisar.
Alerta SGR 2025: proyectos de regalías con compromisos de $27.330 millones y pagos ejecutados de solo $12.145 millones (44.3%). El congelamiento incluye $0 en pagos de vías terciarias y 20.9% en proyectos de agua. Riesgo de caducidad de recursos SGR y obras inconclusas.
Señal ciudadana — agosto 2025: líderes de Juntas de Acción Comunal organizaron un cabildo abierto exigiendo respuesta del alcalde. Los organizadores manifestaron que «el alcalde nunca le contesta a los líderes». Esta es una señal institucional de ruptura en la comunicación entre la administración y la comunidad.
Fondo Mixto Sierra Nevada: esta entidad señalada por la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría por irregularidades en contratos SGR ha tenido presencia en La Jagua de Ibirico. Los organismos de control deben verificar si figura en el Secop del período 2024-2025.
