«La Estrella de la Guajira» tiene dos caras — una bien pavimentada y otra que lleva seis años esperando justicia
Nos encontramos en el municipio de Distracción, La Guajira. Vamos a auscultar la gestión municipal de Distracción, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Jacob Arnaldo Brito Brito. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Porque el ciudadano tiene derecho a saber. Y los datos — los del SECOP, los de los juzgados, los del DNP — tienen la palabra.
Distracción es, en el sur de La Guajira, una anomalía afortunada. Con apenas 16.000 habitantes, se enorgullece de tener su casco urbano casi 90% pavimentado y una cobertura de servicios públicos cercana al 95% en agua potable y alcantarillado. Eso es, en el contexto guajiro, poco menos que un milagro administrativo. La Estrella de La Guajira, dicen con orgullo sus habitantes. Y parte del crédito le corresponde al propio Jacob Arnaldo Brito Brito, quien ya gobernó el municipio entre 2012 y 2015, y que regresó en enero de 2024 para su segundo período con la promesa de llevar ese desarrollo a donde todavía no ha llegado: los corregimientos, las familias vulnerables, la concentración escolar de Buenavista.
Radiografía financiera: la verdad que solo el CUIPO revela
Las cifras no mienten, aunque los informes de gestión sí puedan disimular.
El análisis de esta investigación está basado en fuentes de datos oficiales del CUIPO (FUT Ministerio de Hacienda). Los presentamos con la transparencia con la que exigimos que gobiernen:
Primero: Distracción SÍ tiene regalías directas. El municipio recibe asignaciones directas del Sistema General de Regalías por $21.126 millones anuales (el 20% que le corresponde como municipio productor indirecto), más $5.232 millones de inversión local y $11.035 millones de inversión regional. El presupuesto de regalías supera los $37.392 millones — una cifra que ubica a Distracción en una posición financiera privilegiada dentro del departamento.
Segundo: la deuda fue cancelada. El único crédito activo del municipio — un préstamo del Banco de Bogotá firmado en mayo de 2019, a tasa fija del 4.54%, destinado al sector de vivienda y garantizado con SGP de propósito general — fue cancelado completamente durante 2024. El saldo al inicio era de $230 millones. Al cierre, el CUIPO registra cero. En 2025, el formulario de créditos aparece vacío. Sin deuda activa, sin renta pignorada, sin vigencias futuras comprometidas. El municipio tiene plena autonomía sobre sus recursos.
Tercero: el ratio de inversión es excepcional. El 90.9% del gasto total de 2024 fue inversión en sectores sociales e infraestructura. En 2025 ese porcentaje se mantiene en 90.8%. El límite de alerta nacional es 50%; el óptimo, 65%. Distracción casi lo triplica. Y cumple la Ley 617 de 2000 con un margen de 26 puntos porcentuales por encima del límite legal.
Todo eso es real, verificado, y reconocido en este análisis forense. La Estrella de La Guajira tiene, efectivamente, un brillo financiero que la separa de la mayoría de sus vecinos guajiros.
Ahora viene la pregunta que ningún informe de gestión responde: si hay $37.392 millones en regalías, si la deuda está cancelada, si el 90% del gasto va a inversión, ¿dónde está la partida presupuestal para las 140 familias que viven en la invasión ’15 de enero’ esperando que se cumpla un fallo de tutela de 2019?
No aparece en el CUIPO de 2024. No aparece en el CUIPO de 2025. Lo que sí aparece, ejecutado al 100%, es un proyecto de $8.168 millones en «parques mejorados» financiado con asignaciones directas del SGR. Ese es el hallazgo más incómodo de todo el análisis.
Ingresos 2024 vs 2025 — datos oficiales CUIPO
| Concepto | 2024 ($M) | 2025 ($M) | Variación |
| Ingresos totales ordinarios | 22.760 | 29.737 | +30.7% |
| Ingresos tributarios propios | 1.015 | 3.094 | +205% |
| Predial unificado | 116 | 120 | +3.4% |
| ICA (industria y comercio) | 376 | 698 | +85.6% |
| Tasa prodeporte | 84 | 494 | +488% |
| Estampillas | 226 | 1.469 | +550% |
| SGP total | 13.563 | 17.131 | +26.3% |
| Recursos ADRES (salud) | 8.171 | 8.371 | +2.4% |
| SGR presupuestado (corriente) | 37.392 | 37.392 | igual |
Los ingresos tributarios propios crecieron 205% entre 2024 y 2025 — del 4.5% al 10.4% del total ordinario. La tasa prodeporte se multiplicó por seis. Las estampillas crecieron 550%. Es un esfuerzo fiscal notable que contradice la narrativa de municipio sin recursos propios. Todavía depende en un 86% de transferencias nacionales, pero la tendencia apunta en la dirección correcta.
Los cinco problemas, los cinco indicadores: lo que las cifras reales dicen
El Plan de Desarrollo no es un catálogo de buenas intenciones. Es un contrato con la comunidad.
| Indicador | Puntaje | Sustento financiero CUIPO |
| Infraestructura vial y urbana | 7.5/10 | SGR $16M en vías ejecutadas + obra urbana gobernación |
| Salud pública | 5.5/10 | $13.378M pagados en salud 2024 (ADRES+SGP). Tutela pendiente. |
| Vivienda digna | 3.5/10 | SIN partida presupuestal para tutela 140 familias en CUIPO |
| Educación rural | 5.5/10 | SGR $5.996M infraestructura educativa 99% ejecutado |
| Agua potable rural | 5.5/10 | SGR $525M acueductos + SGP $1.868M. Pérdidas Sur Azul 80%. |
| CALIFICACIÓN FINAL | 5.6/10 | REGULAR — Sube 0.4 puntos con datos reales |
Infraestructura: 7.5/10. El SGR de 2024 financió $5.994 millones en vía terciaria (50% ejecutado), $9.963 millones en vía secundaria regional (100% ejecutado), y $662 millones en vía pavimentada local (93% ejecutado). A eso se suma la entrega de más de 1.000 metros lineales de vías urbanas en octubre de 2025, con recursos de regalías de la Gobernación. La inversión vial está documentada, ejecutada y verificada. Este es el mejor Brito: el que construye con disciplina y con datos.
Salud: 5.5/10. Los recursos ejecutados son contundentes: $7.910 millones en atención del régimen subsidiado, $4.686 millones de ADRES, $400 millones en salud pública — en total, $13.378 millones pagados en salud durante 2024. En 2025 suben a $15.151 millones. Pero la gestión local de la tutela de vivienda sigue siendo la herida abierta que contamina este indicador. El nuevo hospital municipal superó el 90% de ejecución (financiado por el Gobierno nacional), pero sin solución habitacional para las 140 familias vulnerables, el derecho a la salud de esas familias sigue en riesgo.
Vivienda: 3.5/10. Este es el hallazgo más grave del análisis forense y la única calificación que no mejora con los datos reales. En los CUIPO de 2024 y 2025 no existe ninguna partida presupuestal específica para la solución habitacional de las 140 familias de la invasión ’15 de enero’. Mientras tanto, $8.168 millones de asignaciones directas del SGR se ejecutaron al 100% en ‘parques mejorados’. El contraste no necesita interpretación: habla solo. La tutela de 2019 sigue sin cumplirse en 2025. La sanción de arresto fue revocada, no porque la obligación haya sido satisfecha, sino por ‘incumplimiento subjetivo’. El expediente sigue abierto.
Educación: 5.5/10. El SGR de 2024 ejecutó $5.996 millones en infraestructura educativa dotada, con un 99% de avance. En 2025 se añaden $3.007 millones adicionales. La concentración escolar prometida para Buenavista puede estar incluida en estos proyectos — pero la falta de un nombre específico en el CUIPO impide confirmar que la promesa de campaña central se está materializando. El SECOP de 2026 muestra contratos de ambientes tecnológicos, señal de movimiento. Pero la promesa de la escuela en Buenavista sigue sin evidencia concluyente.
Agua potable: 5.5/10. Los datos muestran inversión real: $335 millones en acueductos + $190 millones en alcantarillado (SGR 2024), $1.868 millones en agua y saneamiento (SGP 2024), $589 millones en subsidios de acueducto y $643 millones en subsidios de aseo. En 2025 se suman $800 millones en subsidios acueducto y $852 millones en aseo. La cobertura urbana del 95% es histórica y real. La problemática estructural de las pérdidas del 80% en las redes de Sur Azul — la empresa de la que Brito fue gerente hasta 2022 — sigue siendo el talón de Aquiles del indicador rural.
El rastro del dinero: SECOP y contratación
El Secop no miente: dice quién ganó, cuánto, y — si se lee bien — por qué.
La base histórica de SECOP (Colombialicita.com) registra 1.181 procesos por $275.325 millones. Las licitaciones de obra pública (33 contratos) concentran el mayor valor: $140.753 millones a un promedio de $4.708 millones por contrato. Eso habla de inversión real en infraestructura. Lo que requiere auditoría es que el 73.6% de los procesos son contratación directa (418 casos) o mínima cuantía (451 casos) — modalidades de menor control competitivo.
Los contratos más recientes de 2025–2026 incluyen múltiples ‘prestaciones de servicios de apoyo a la gestión‘ para la Comisaría de Familia, planeación, contabilidad, Renta Ciudadana y otros programas. La Contraloría Departamental debe cruzar estos contratos con la planta de personal real para verificar que no configuran vínculos laborales encubiertos.
El sistema que permite esta contradicción
¿Por qué un municipio con $37.392 millones en regalías, deuda cancelada y 90% de inversión puede tener 140 familias esperando una sentencia judicial desde 2019?
La respuesta es política, no financiera. En Colombia el sistema de rendición de cuentas local premia la obra visible — el kilómetro de vía, el parque inaugurado, la luminaria LED — y castiga muy poco la omisión silenciosa. Un parque de $8.168 millones genera foto, nota de prensa y crédito político. Una familia en una invasión sin solución judicial genera invisibilidad.
Los datos CUIPO revelan que la restricción no es de recursos: es de prioridad. Con $37.392 millones en regalías y cero deuda, el municipio tenía y tiene la capacidad de aprobar una partida presupuestal para las 140 familias. La decisión de no hacerlo — o de no hacerlo aún — es administrativa y política. Y esa es exactamente la frontera donde el análisis forense se convierte en pregunta ciudadana.
La otra contradicción que los datos revelan: el potencial conflicto de interés con Sur Azul. El alcalde Brito fue gerente de esa empresa hasta 2022. Las pérdidas en redes que él mismo describió como del 80% — más del doble del promedio nacional — siguen afectando a la población rural. El CUIPO muestra inversión en el sector ($78 millones en asistencia técnica para administración y operación de servicios públicos, que no se llegaron a pagar en 2024). La Contraloría Departamental debe aclarar si hay convenios o contratos entre la alcaldía y Sur Azul durante la gestión actual que requieran impedimento.
Calificación final revisada con datos oficiales
| Indicador | Puntaje | Peso | Parcial |
| Infraestructura vial y urbana | 7.5 | 20% | 1.50 |
| Salud pública y hospital | 5.5 | 20% | 1.10 |
| Vivienda digna | 3.5 | 20% | 0.70 |
| Educación rural (Buenavista) | 5.5 | 20% | 1.10 |
| Agua potable rural | 5.5 | 20% | 1.10 |
| CALIFICACIÓN FINAL | 5.6/10 | 100% | REGULAR |
Jacob Arnaldo Brito Brito es un alcalde con capacidad real de gestión. Los datos lo confirman: deuda cancelada, regalías activas, inversión al 90%, crecimiento de ingresos propios del 205% en un año. Eso no es poco. En el contexto guajiro, eso es mucho.
Pero el análisis forense no califica lo que el municipio tenía antes. Califica lo que hizo con los dos primeros años del poder que le dieron. Y en esa escala, la deuda con las 140 familias de la invasión ’15 de enero’, la ausencia de partida presupuestal para cumplir el fallo de tutela mientras se ejecutan $8.168 millones en parques, y las preguntas sin respuesta sobre Sur Azul no permiten una calificación por encima de regular.
La pregunta no es si Brito tiene recursos para gobernar. Con $37.392 millones en regalías y cero deuda, la respuesta es sí. La pregunta es a quién gobierna cuando nadie está mirando.
