Hay una palabra que el establecimiento colombiano utiliza con la misma frialdad con que un médico anuncia una enfermedad crónica: «irregularidades». No corrupción. No robo. No traición al Estado. «Irregularidades». Como si alguien hubiera llenado mal un formulario en lugar de armar un entramado para robarle conectividad a más de siete mil escuelas rurales del país por un billón de pesos.
El 12 de junio de 2026, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres, empresario y ex alcalde de El Carmen de Bolívar, a doce años y nueve meses de prisión, una multa de 2.452 millones de pesos y una inhabilidad de 153 meses para ejercer cargos públicos. Los delitos: enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Su recompensa por prestar los papeles de sus empresas: 250.000 dólares en una cuenta bancaria en Estados Unidos. No está mal para alguien que, según los interrogatorios de Juan José Laverde, esperaba embolsarse hasta 4.000 millones de pesos adicionales.
Pero quedarse en Lascarro es exactamente lo que el sistema necesita que hagamos. Porque mientras la atención pública se concentra en el condenado de turno, la arquitectura que lo hizo posible, el Ciclo Secreto que produce, protege y recicla la corrupción en Colombia, sigue operando sin tropiezos.
El Mecanismo Expuesto
La sofisticación de Centros Poblados no reside en la audacia de sus protagonistas. Reside en su banalidad. El esquema no requirió genios del crimen. Requirió papeleo.
En 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones licitó el contrato 1043: llevar internet a 7.000 escuelas rurales en Colombia por más de un billón de pesos. Una obra de enorme valor social. Un presupuesto de proporciones extraordinarias. Una oportunidad irresistible.
Para acceder a ese dinero había que cumplir requisitos de capacidad técnica y financiera. Ahí es donde Lascarro Torres entra en escena, no como ejecutor de la obra, sino como prestamista de credenciales. Aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad, OLT Construcciones y otra del mismo conglomerado, para que la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 pudiera acreditar ante el MinTIC lo que en realidad no tenía: trayectoria real en telecomunicaciones.
El sistema no fue engañado por un especialista en tecnología. Fue engañado por un constructor de obras civiles de El Carmen de Bolívar que prestó su hoja de vida a una unión temporal que no tenía nada que ver con internet rural.
Qué casualidad que los funcionarios del MinTIC no hayan notado que una empresa de construcción no es exactamente la credencial obvia para gestionar conectividad satelital en zonas apartadas del país.
La respuesta, por supuesto, no es ingenuidad. Es el Ciclo Secreto funcionando con precisión de relojería: alguien presentó los documentos, alguien los recibió, alguien los validó, alguien adjudicó. Y en cada eslabón de esa cadena, nadie preguntó lo que era obvio preguntar.
Los Actores y Sus Roles
Lascarro Torres no opera en el vacío. La Fiscalía construyó un expediente que conecta su participación con una red más amplia, cuyos hilos siguen visibles en los interrogatorios de Juan José Laverde, también capturado, quien declaró con precisión quirúrgica quién recibió qué.
Según Laverde, la empresa Nouvo Security giró 300.000 dólares a OLT. De ese monto, 100.000 dólares correspondían a la participación de Lascarro en la unión temporal o al anticipo del pago de Omega Building. El resto siguió circulando por la red. No por azar. Por diseño.
Emilio Tapia figura entre los principales investigados del caso, un nombre que los colombianos ya conocen de otras investigaciones sobre contratación estatal. Juan Carlos Cáceres, representante legal de Novotic y socio central del conglomerado, es el llamado delator del caso, procesado por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Lascarro Torres fue alcalde de El Carmen de Bolívar entre 2001 y 2003. Pasó de administrar un municipio a construir empresas de fachada que acreditan uniones temporales para contratos billonarios. El arco es lógico. Es el arco natural de quien entiende cómo funciona el Estado colombiano desde adentro.
Y por supuesto, actuó con total «transparencia» y «buena fe» cuando presentó documentación de una constructora ante el MinTIC para acceder a un contrato de telecomunicaciones rurales. Suena perfectamente razonable.
El Impacto Real
Mientras Lascarro Torres recibía 250.000 dólares en su cuenta bancaria en Estados Unidos, en Colombia había 7.000 escuelas rurales esperando conectividad.
Colombia tiene más de 4 millones de estudiantes en zonas rurales. Para muchos de ellos, el acceso a internet no es un lujo: es la diferencia entre estudiar con recursos actualizados o quedar perpetuamente rezagados respecto a sus pares urbanos. Cada mes de retraso en la conectividad de una escuela rural es un mes en que los niños de esa escuela no pueden acceder a plataformas educativas, a bibliotecas digitales, a las mismas herramientas que sí tienen los niños de Bogotá o Medellín.
Costo de Oportunidad — Un Billón de Pesos
- 40.000 becas universitarias completas financiadas
- 500 colegios rurales construidos y dotados
- Conectividad de calidad para toda la región Caribe durante una década
- 7.000 escuelas con internet real, no con promesas
Pero Ottomar Lascarro necesitaba 250.000 dólares. Y el sistema se los dio.
El Sistema que lo Permite
James Buchanan, premio Nobel de Economía, describió con exactitud lo que ocurre cuando las instituciones no están diseñadas para limitar la arbitrariedad sino para facilitarla: los agentes del Estado dejan de actuar como servidores públicos y comienzan a actuar como lo que el sistema los incentiva a ser. La pregunta de Buchanan no es moral. Es estructural: ¿Qué reglas produce este sistema y a quién benefician?
Alejandro Nieto, en su obra «El desgobierno de lo público», identificó el mismo patrón: el Estado no ha degenerado por excepción sino por norma. La corrupción no es un fallo del sistema; es el sistema operando según su lógica real. Una clase política y empresarial que aprendió a extraer recursos públicos de manera sistemática, con instrumentos legales que la protegen y con una ciudadanía cuya indignación se agota en el ciclo del escándalo mediático.
El caso Centros Poblados sigue ese patrón con fidelidad perturbadora. La Fiscalía tardó años en construir el expediente. La sentencia es de primera instancia. Proceden recursos de ley. Lascarro Torres fue condenado, sí, pero Juan Carlos Cáceres sigue siendo procesado, no condenado. Emilio Tapia, figura central del entramado, sigue en la órbita de la investigación.
La Red Subterránea no se desmonta con una sentencia. Se desmonta cuando la sociedad civil deja de esperar que el Estado se fiscalice a sí mismo y empieza a exigir mecanismos independientes, verificables y vinculantes de control ciudadano. Mientras eso no ocurra, el Ciclo Secreto continuará produciendo su cuota regular de escándalos, condenas solitarias y billones que nunca llegaron a donde debían llegar.
La condena de Ottomar Lascarro Torres es una noticia. La arquitectura que lo produjo es el problema.
Colombia lleva décadas condenando individuos y absolviendo sistemas. Lascarro Torres irá a prisión. OLT Construcciones seguirá existiendo como registro mercantil. Los funcionarios del MinTIC que adjudicaron el contrato sin hacer las preguntas correctas seguirán, en su mayoría, en algún cargo público. Y el próximo billón ya está siendo licitado en alguna plataforma de contratación estatal, esperando a la próxima unión temporal con los papeles listos.
La pregunta no es si hubo corrupción. La pregunta es cuántos Lascarro Torres siguen presentando documentación de constructoras ante ministerios que necesitan contratar satelital, fibra óptica o vacunas.
Cada peso robado es una escuela rural sin internet. Cada silencio cómplice, una generación que pierde lo que merecía tener.
¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando al condenado y no al sistema que lo fabrica?
