El presidente electo prometió un gobierno de quienes nunca vivieron del Estado ni se robaron un peso. Su comité de empalme y su primer gabinete cuentan otra historia: condenados en firme, destituidos por los jueces e investigados por las cortes.

Periodismo Investigativo · Julio de 2026

“Nosotros somos los nunca. Los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que nunca nos hemos robado un peso, los que nunca hemos hecho politiquería”. La frase la repitió Abelardo de la Espriella en cada tarima, en cada reel y en cada entrevista, hasta convertirla en el corazón simbólico de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño el pasado 21 de junio con 12,9 millones de votos y un margen de menos de un punto sobre Iván Cepeda. Era una promesa de pureza. Un contrato moral con un país mamado de los de siempre.

El problema no está en la frase. El problema son los nombres que aparecieron detrás de ella cuando se apagaron las cámaras y empezó el reparto del poder. Una cosa es lo que se grita en tarima. Otra, muy distinta, es quién se sienta en la mesa cuando se arma el gabinete.

La consigna de “los nunca” no nació de la espontaneidad. Fue una construcción de marca, afinada durante años por el aparato de mercadeo político que convirtió a un penalista costeño en un fenómeno de consumo masivo, con ron, vino y hasta línea de ropa con su nombre. La operación fue impecable en lo comunicacional. El truco de toda buena narrativa es que el espectador mire el dedo y no la luna. Y mientras el país miraba el rugido del Tigre, la letra menuda del poder se escribía donde siempre se escribe: en los pasillos sin cámaras, en las reuniones sin actas, en las listas de nombres que solo se conocen cuando ya es tarde para devolverlas. Aquí es donde la Verdad Oculta empieza a doler, porque no se trata de un escándalo aislado, sino del contraste entre lo prometido y lo entregado.

Empecemos por la mano derecha. Joaquín Gutiérrez Caballero fue jefe de campaña, secretario privado y socio de vieja data del presidente electo, con quien comparte negocios desde los tiempos del bufete De La Espriella Lawyers. Gutiérrez es dueño de la Desarrolladora Salguero, la constructora del lujoso proyecto inmobiliario con el que De la Espriella dijo que financiaría su campaña. Según documentó La Silla Vacía, esa empresa pasó de un patrimonio de $447 millones de pesos en 2019 a activos reportados por $1,1 billones en 2026, con años enteros sin declarar ingresos. El mismo empresario controla la clínica Santa Mónica de Barranquilla, que se nutre de plata pública a través de la Adres y el Soat, que tiene sus estados financieros deshabilitados en la web y que acaban de embargar por no pagarle a un proveedor de laboratorios. Otras de sus sociedades de salud arrastran demandas de trabajadores a quienes, dicen, no les pagaron el sueldo. Ese es el hombre que manejó la caja de la campaña de los que nunca vivieron del Estado.

Sigamos con el abogado que hoy le pone tutelas a los periodistas. Germán Calderón España, defensor del presidente electo y encargado de callar a los medios que preguntaron por la financiación de la campaña, carga con una condena en firme por corrupción contractual. En 1998, siendo gerente de su propia empresa, recibió en Soacha dos contratos de señalización de tránsito que nunca ejecutó. La Fiscalía estableció que los contratos se fraccionaron a propósito para evitar la licitación pública y favorecerlo. En 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó su responsabilidad penal. El abogado que exige rectificaciones a nombre de la honra ajena tiene una sentencia por defraudar lo público. Qué casualidad.

El caso más didáctico es el de Jaime Andrés Beltrán, el pastor bumangués que se autoproclama el Bukele colombiano y que De la Espriella anunció como su ministro de Vivienda. Beltrán fue destituido de la Alcaldía de Bucaramanga en agosto de 2025 por el Consejo de Estado, que anuló su elección por doble militancia con fotos y videos como prueba. Sobre él pesan investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía por el llamado robo de la chatarra del alumbrado público, un presunto detrimento que la Subcontraloría de Bucaramanga estimó en hasta 46.626 millones de pesos, más del doble de lo calculado al principio. Su gobierno adjudicó contratos cuestionados, entre ellos uno de 1.500 millones a una fundación sin experiencia en el tema, salpicada por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El presidente electo, que prometió un empalme anticorrupción, lo miró y le dijo que tenía cara de ministro.

La coordinación del empalme quedó en manos de Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19 reconvertido a la derecha más dura, condenado en el año 2000 por la Corte Suprema por el delito de falsa denuncia, luego de montar un contrato simulado para respaldar créditos de una vieja campaña. A su lado camina Viviane Morales, designada ministra de Educación, cuya elección como fiscal general fue anulada por el Consejo de Estado en 2012. Aquí conviene la precisión, porque el matiz es el que salva la honra: a Morales no la tumbaron por robar. La tumbaron porque la Corte Suprema la eligió con 14 votos cuando la ley exigía 16, un vicio de la Corte, no un delito de ella. La ironía es de otro calibre. La primera mujer que lideró desde la Fiscalía las investigaciones de Agro Ingreso Seguro y de las chuzadas del DAS será ahora la ministra que enseñe ética pública en los colegios de un gobierno lleno de investigados.

La lista no se agota. Mauricio Gómez Amín, jefe de debate y carta para el Ministerio de Comercio, tiene una indagación preliminar en la Corte Suprema por el entramado de Centros Poblados, el contrato con el que se robaron la conectividad de los niños rurales durante el gobierno Duque. Iván Cancino, que suena para Justicia o Defensa, es el penalista de cabecera de la Gata, de Carlos Mattos, el confeso sobornador de jueces, y de medio directorio de los escandalosos del país. Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior confirmado, llega desde Cambio Radical, la colectividad con la lista más larga de condenados por parapolítica del país. Y en el sonajero del gabinete aparece Elsa Noguera de la Espriella, que lleva, por cierto, el mismo apellido del presidente electo. Ficha del clan Char, contrató en su gobernación del Atlántico La Gran Vía entre Barranquilla y Puerto Colombia por 208 mil millones de pesos, una obra que lleva años sin terminar, con comerciantes quebrados y una unidad funcional que debía entregarse en septiembre de 2024 y sigue en veremos. La revista Cambio señaló que buena parte de esas obras inconclusas pasó por Edubar, señalada de operar como un contratadero para pagar favores políticos. Hasta hoy, ni una sanción.

Elsa Noguera de la Espriella

Del partido Cambio Radical, más concretamente cuota del clan de los Char en el norte de país, Elsa Noguera fue Gobernadora del departamento del Atlántico del 2020 al 2023. Y ministra de Vivienda del 2016 al 2017, durante el segundo mandato del presidente  Juan Manuel Santos.

Ahora suena para ser ministra de Transporte del gobinero entrante de Abelardo de la Espriella.

Noguera ha estado en la mira de veedores y de la ciudadanía en general por recurrentes cuestionamientos a obras inconclusas, atrasadas o con sobrecostos que fueron adjudicadas mientras estuvo al frente de la Gobernación.

De hecho la Contraloría General de la República le mantiene abierta una investigación por un posible detrimento patrimonial de más de 15.000 millones de pesos a través de un programa de innovación agroindustrial del Atlántico supuestamente diseñado para apoyar micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector.

El proyecto fue aprobado el 12 de noviembre de 2019 por el órgano decisor en ciencia y tecnología del Departamento, con el fin de otorgar “vouchers” o subsidios de innovación — de hasta 40 millones de pesos por beneficiario — a empresas agroindustriales, que los usarían en servicios tecnológicos y de innovación. 
La ejecución quedó a cargo de la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación -Funcesi-, que recibió alrededor de 14.385 millones de pesos para operar el programa entre diciembre de 2020 y febrero de 2023. 

A través de una auditoría la Contraloría constató que de las 82 empresas beneficiadas, 79 no pertenecían al sector agroindustrial, según su Registro Único Tributario (RUT).
Algunas de las compañías señaladas, y cuya actividad no guarda relación con el objetivo inicial del programa, incluyen:

• Carhaz Óptical S.A.S. — una IPS dedicada a salud visual, con sede en Barranquilla.
• Centro Neurológico del Norte — especializada en salud neurológica.
• Medical & Nutrition S.A.S. — empresa de comercialización de productos medicinales y cosméticos.
• Hypersoft.Co S.A.S. — firma orientada a software clínico o empresarial.
• Proteger Seguridad S.A.S. — dedicada a servicios de vigilancia y alarmas. 
• Martinique S.A.S. — empresa dedicada a la producción artesanal de pasta y operaciones de restaurante. 
• La Casa 81 — de carácter comercial / digital.
• Branding Co — agencia de publicidad / marketing digital.
• Genética Superior del Caribe S.A.S. — dedicada a la cría de ganado, pero sin actividad agroindustrial registrada oficialmente en su RUT. 

Otras firmas con sede fuera del Atlántico: por ejemplo Básculas y Balanzas de la Costa y Sierra Coffee (en Santa Marta), así como Vinal Colombia y Macom Rental (en Bogotá), y Corporación Centro de Innovación Anfibio (en Bolívar).

Además, 29 de las 82 empresas beneficiarias no renovaron su matrícula mercantil para 2025 — lo que pone en duda su vigencia legal — y al menos tres se encontraban en proceso de liquidación o bajo medidas cautelares.

El hallazgo fue formalizado como un reparo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por un monto cercano a los 14.000 millones de pesos.

Pero además hay una lista de de obras sin acabar, la cual lidera el mejoramiento del corredor vial entre la Circunvalar y el municipio de Puerto Colombia, bautizada, en otro acto de ostentación local, como “La Gran Vía”. Le siguen la construcción del Mercado de la Sazón y Artesanías, en Puerto Colombia; y la sede de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, proyectos que parecen no tener fin.

También, presentan problemas el ordenamiento de Playa Pescadores, en Puerto Colombia, y la escandalosa construcción de los alcantarillados cuencas 2 y 3 en el municipio de Palmar de Varela, que lleva más de siete años de retraso.

Hasta ahora, no se conocen sanciones ni medidas contra los contratistas, ni a ningún otro responsable de la ejecución de las mismas. Por el contrario, para algunos, como la diputada Isabella Pulgar, en el ambiente existe un manto de silencio cómplice de parte de la nueva administración.

La Gran vía

El Corredor Universitario fue presentado como la solución a la congestión vehicular que mortifica a los habitantes de los barrios que conectan el norte de Barranquilla con Puerto Colombia. El 21 de septiembre de 2022, en una glamurosa rueda de prensa la gobernadora Noguera, junto a Jaime Pumarejo, entonces alcalde de Barranquilla, anunciaron que la inversión sería de 208.000 millones de pesos y que el plazo de la primera parte o Unidad Funcional 1 sería de 18 meses, incluyendo la compra de predios.

Edubar adjudicó la obra que consta de dos unidades funcionales. La primera inicia en la Circunvalar y termina en el Club Campestre. La segunda va hasta la Universidad del Atlántico. Toda la obra proyectaba la construcción de 3,5 kilómetros de doble calzada, con una ciclorruta, zona peatonal y dos deprimidos, uno frente a la Universidad del Norte y otro en el centro comercial Le Champ.

En diciembre de 2024, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, inauguró 1,2 kilómetros de la Unidad Funcional 1. Pero, tres meses después, al tramo aún le faltan obras complementarias y el caos vehicular que allí se registra es definido por los vecinos como “un verdadero dolor de cabeza”.

Pero, la situación más grave es la de la Unidad Funcional 2 del Corredor Universitario. Este fue adjudicado por Edubar por un valor inicial de 94.720 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 18 meses. El acta de inicio fue el 13 de marzo de 2023, es decir, que debía quedar listo el 13 de septiembre de 2024. Pero, aunque hay avances, las obras están prácticamente congeladas desde diciembre. El caos en que viven los habitantes del sector es terrible. Además la información sobre el contrato publicada por Edubar es muy poca.

Todas esas obras, cuya contratación se hizo durante el periodo de Elsa Noguera, dejan en evidencia la gran cantidad de errores que se cometieron en esos procesos, que comenzaron desde la firma de convenios con la empresa Edubar para que sea esta entidad fuera la que adjudicara y contratara a dedo las obras.

Viviane Morales

Su nombre fue anunciado para ocupar la cartera de Educación. Morales arrastra la deshonra de haber sido la primera Fiscal General en ser destituida. 

Son cuatro los argumentos que estudió la sala plena del Consejo de Estado en el año 2012, para anular la elección como fiscal general a Viviane Morales, pero sólo uno tumbó el acto administrativo de la elección: el cambio del reglamento para que se alcanzara la votación equivalente a las dos terceras partes de los 24 magistrados de la Corte Suprema.
«Se violaron leyes superiores y por lo tanto está afectado de nulidad», fue la repuesta que entregó el entonces presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, tras anunciar el fallo.
Según el Consejo de Estado, no se contó con el número de votos que exige el reglamento interno de la Corte Suprema. El presidente del alto tribunal, Gustavo Gómez, dijo que en el reglamento «está establecido que para la elección de fiscal deben reunirse las dos terceras partes de los votos, 16, y la elección se hizo con 14». 
Para la época la elección de Morales se dificultó llegar a este quorum, ya que en la Corte Suprema faltaban cinco magistrados, lo que impedía una votación menos ajustada. 
La entonces fiscal Viviane Morales dijo que la votación había sido legal. En la argumentación presentada al alto tribunal por parte de la defensa de Morales se aseguraba que «la mayoría simple de la Corporación en ese momento en particular correspondía a 10 magistrados y 12 de ellos componían las dos terceras partes, lo cual lleva a concluir que la elección fue válida».
El Consejo de Estado no tuvo en cuenta los otros tres temas de la demanda entre ellos la firma y la reformulación de las ternas. 

Viviane Morales finalmente fue destituida en marzo del 2012, permaneciendo en el cargo entre enero del 2011 a marzo del 2012.

Aquí el Ciclo Secreto se vuelve evidente. Cambian las caras, cambian las banderas, cambia el eslogan, pero los nombres se reciclan gobierno tras gobierno como si el poder tuviera memoria propia y la ciudadanía no. El economista James Buchanan, premio nobel y padre de la teoría de la elección pública, lo explicó sin anestesia: el político no es un santo que se sacrifica por el bien común, es un actor racional que maximiza su propio interés dentro de las reglas que encuentra. Vender la marca de “los nunca” para capturar al electorado harto de los de siempre es, en esa lógica, una jugada de mercado impecable. El problema no es que mientan. El problema es que el sistema premia la mentira y castiga al que la señala.

El impacto de este reparto no es abstracto. Cada uno de estos nombres va a decidir sobre plata que sale de su bolsillo. El que manejó la caja de la campaña controla clínicas que viven de recursos públicos de la salud. El anunciado ministro de Vivienda arrastra un presunto hueco de 46 mil millones en el alumbrado de una ciudad, plata con la que se habrían construido cientos de casas para familias que hoy no tienen techo. La obra inconclusa del Atlántico dejó a estudiantes universitarios y a adultos mayores atrapados en un trancón eterno mientras los comerciantes de la zona veían caer sus ventas mes tras mes. La ecuación es vieja y es sencilla: cada peso que se pierde en un contratadero es un peso que no llegó a un colegio, a un puesto de salud, a un acueducto veredal. La corrupción no es un debate de tarima. Es el hospital que no se construyó.

El profesor Alejandro Nieto, en El desgobierno de lo público, describió cómo el Estado termina secuestrado por una casta parasitaria que no busca el bien común sino su propio beneficio, y que sobrevive a cualquier cambio de gobierno porque no depende del voto, depende de la estructura. Eso es lo que revelan estos nombres. No una traición individual, sino la reproducción del mismo aparato de siempre bajo una marca nueva. El aforamiento que blinda, los procesos que prescriben, los órganos de control cooptados, la prensa amenazada con tutelas: esa es la maquinaria que permite que un condenado por corrupción contractual redacte las demandas contra los periodistas, y que un destituido por los jueces sea premiado con un ministerio. La sociedad civil, esa comunidad de ciudadanos libres que Buchanan colocaba como el auténtico soberano de la democracia, es la única que puede frenar el ciclo. No espera que la salven. Se informa, exige y, si es necesario, desobedece lo ilegítimo.

Así las cosas, la promesa de los nunca queda desmentida por su propia nómina. No por especulación, sino por sentencias en firme, fallos de destitución e investigaciones abiertas que constan en expedientes públicos. El gabinete de los que nunca se robaron un peso reúne, en un mismo directorio, a los que ya fueron condenados por hacerlo, a los que los jueces sacaron de sus cargos y a los que las cortes tienen bajo la lupa. La pregunta, entonces, no es si De la Espriella mintió con su consigna. Los documentos ya respondieron eso. La pregunta es otra, y es para usted: cuando el próximo gobierno le pida creer en una marca nueva, ¿va a mirar el dedo o va a mirar la luna? Porque los nunca resultaron ser los de siempre, y los de siempre solo cambian cuando dejamos de aplaudirlos.

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