Un municipio que recibe $18.317 millones en regalías en un solo año y aún no resuelve su sistema de alcantarillado ni garantiza agua potable no es un municipio pobre. Es un municipio mal gobernado.
EL INICIO: AUSCULTAR AL ALCALDE LALO
Nos encontramos en el municipio de El Molino, La Guajira. Vamos a auscultar la gestión municipal de El Molino, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Rafael Heraldo ‘Lalo‘ Manjarrez Aponte. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
El Molino no es un municipio anónimo. Es un municipio con identidad histórica: aquí se imprimieron Los Derechos del Hombre que Antonio Nariño tradujo. Aquí se libró La Batalla del Sardá. Un pueblo que durante cuatro siglos fue brújula de soberanía. Y sin embargo, hoy este municipio de 9.217 habitantes en el sur de La Guajira, categoría 6, no puede garantizar agua potable continua a sus habitantes, no ha terminado de pagar un crédito bancario para optimizar el alcantarillado contratado en 2019, y vive atado con el 94% de sus ingresos al cordón umbilical del gobierno central. Eso es lo que dos años de Rafael Manjarrez han confirmado: que el ciclo no se rompe, se perpetúa.
Los datos que leerá a continuación provienen de fuentes oficiales verificables: el sistema CUIPO del Ministerio de Hacienda, los registros SECOP I y II, el Sistema General de Regalías (SGR), el DNP Terridata, los informes de ejecución presupuestal y deuda pública reportados por la propia alcaldía a la nación.
EL MECANISMO — LA ANATOMÍA DE UN MUNICIPIO CAUTIVO
El Molino recaudó en 2024 un total de $20.543 millones de pesos. En 2025, la cifra creció a $22.847 millones. Son números que, a primera vista, podrían parecer dignos de un municipio que crece. Pero debajo de esa fachada se esconde una realidad que cualquier analista de hacienda pública describiría como una trampa estructural de dependencia fiscal.
De esos $20.543 millones de 2024, solamente $922.6 millones correspondieron a ingresos tributarios propios, es decir, a lo que el municipio genera por sus propios medios: predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, estampillas. Apenas el 4.49%. El resto, el 95.51%, vino de transferencias del gobierno central: el Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR) y otras transferencias. En 2025, el porcentaje de ingresos propios subió marginalmente al 5%, pero la dependencia del 95% del Estado central siguió siendo estructural.
Dicho de otra manera: si el gobierno nacional decidiera mañana suspender los giros del SGP, El Molino no podría pagar ni sus propios funcionarios. Eso no es gestión, eso es sobrevivencia institucional disfrazada de gobernanza.
¿Y qué hizo el alcalde Manjarrez en dos años para reducir esa dependencia? Nada que los datos muestren. El impuesto predial urbano creció apenas de $26.8 millones en 2024 a $32.9 millones en 2025, un alza del 22.7% que suena bien hasta que se recuerda que el municipio no ha actualizado catastralmente su territorio de manera significativa. El predial rural, paradójicamente, cayó de $22.4 millones a $18.6 millones. El ICA de actividades comerciales pasó de $8.5 millones a $51 millones en 2025, pero ese salto se explica casi en su totalidad por la aparición del DANE como contribuyente ($119.8 millones en ICA de servicios), no por un crecimiento real de la base comercial del municipio.
Un municipio que genera 5 de cada 100 pesos que gasta no está gobernado: está siendo administrado en modo crisis permanente.
LAS REGALÍAS: EL MANÁ QUE NO ALCANZA
En 2024, El Molino recibió $18.317 millones en ingresos del Sistema General de Regalías. Es una cifra enorme para un municipio de su tamaño. Para ponerla en perspectiva: equivale casi al total de los ingresos del presupuesto ordinario de ese mismo año. En 2025, las regalías bajaron dramáticamente a $2.219 millones, una caída del 87.9%.
¿En qué se invirtieron esos $18.317 millones de regalías en 2024? Las fuentes oficiales son claras: $5.237 millones en vías terciarias (mejoramiento, proyecto BPIN 202111301012429), $1.687 millones en obra para prevención de inundaciones en la Región Caribe (asignación regional), $4.143 millones en obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres, $1.687 millones en zona húmeda/reforestación, $719.9 millones en mejoramiento de parques recreativos, $709.7 millones en vivienda de interés prioritario (VIP), $495.6 millones en parques deportivos, $429.6 millones en asignación ambiental, $510.2 millones en reforestación, y $608.2 millones en educación ambiental.
En 2025, las regalías invertidas se redujeron a $2.219 millones, destinados principalmente a: $1.678 millones en obras de control y reducción de la erosión, $265.8 millones en vía regional terciaria, $154.9 millones en vía pavimentada, y $233.8 millones en asignación para la paz. La caída en la inversión de regalías de un año al otro no necesariamente implica mala gestión — puede responder a ciclos de aprobación de proyectos en los OCAD. Sin embargo, el hecho de que el municipio no tenga proyectos de regalías en cartera para 2025 con alta ejecución revela una debilidad en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión.
El proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) aprobado para El Molino (BPIN 2023441100038, $500 millones comprometidos en regalías directas más $709.7 millones de asignación local) es un caso emblemático de baja ejecución. En 2024, de $709.7 millones comprometidos y obligados en vivienda VIP, se pagaron efectivamente los $709.7 millones (esto es un avance). Pero en 2025, de $500 millones comprometidos en asignaciones directas para VIP, el pago efectivo fue de apenas $23.8 millones — el 4.8%. Comprometido en papel, paralizado en la realidad.
LOS ACTORES — QUIÉN GOBIERNA, QUIÉN RESPONDE
Rafael Heraldo Manjarrez Aponte, ingeniero civil, llegó a la alcaldía de El Molino el 1 de enero de 2024 con 3.455 votos — 684 más que su contendora Karelis Rosado Acosta. Fue avalado por el Partido Conservador Colombiano, con el apoyo de cinco ex-alcaldes del municipio y del representante Juan Loreto Gómez. Es, en esencia, la continuación del sistema político tradicional del sur guajiro.
Su equipo de gobierno fue nombrado rápidamente. Su hermana, María Estela Manjarrez Aponte, psicóloga, fue nombrada Gestora Social — un cargo que en el mundo de la gestión pública colombiana es eufemismo para ‘vocera de la imagen del alcalde’. La Secretaría de Hacienda quedó en manos de Yésica Bolaño Vence, administradora de empresas con experiencia en alcaldías de la región. La Secretaría de Planeación, en Luis David López Daza, ingeniero civil. Todos perfiles técnicamente aceptables, pero sin rastro de reformismo o de ruptura con las prácticas clientelistas del territorio.
Antes de Manjarrez, El Molino tuvo en Juan Pablo Vega Escobar al alcalde que ganó en 2023 el premio Colombia Líder como mejor gobernante de municipios menores de 10.000 habitantes, y que además ocupó el primer puesto en Desempeño Fiscal departamental según el DNP. Con ese antecedente de excelencia, la llegada de Manjarrez significó un descenso notorio en estándares de gestión. La comparación es obligatoria porque los ciudadanos de El Molino saben lo que es posible lograr.
La pregunta que no puede responderse aún con datos públicos completos — pero que sí puede plantearse con rigor periodístico — es la siguiente: ¿los contratos adjudicados en 2024 y 2025 a través del SECOP I y SECOP II garantizaron transparencia, pluralidad de oferentes y precios de mercado? La alcaldía figura registrada como entidad contratante en el sistema SECOP con múltiples contratos activos, pero el análisis detallado de adjudicatarios, valores y justificaciones requiere acceso directo al portal que no está sistematizado por el municipio en su página oficial con la transparencia que la Ley 1712 de 2014 exige.
TABLA RESUMEN FINANCIERO 2024-2025
| Concepto financiero | 2024 ($ millones) | 2025 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ingresos totales (presupuesto ordinario) | $20.543 | $22.847 |
| Ingresos tributarios propios | $922.6 | $1.143 |
| Ingresos SGP (transferencias nacionales) | $12.349 | $- |
| Ingresos no tributarios (multas, tasas, etc.) | $1.271 | $62.7 |
| Transferencias corrientes totales | $18.884 | $21.283 |
| Ingresos regalías SGR | $18.317 | $2.219 |
| Gasto total comprometido | $9.321 | $10.911 |
| Gastos de funcionamiento | $1.537 | $1.898 |
| Gastos de personal | $814.2 | $1.033 |
| Inversión social (SGP destinado) | $7.784 | $9.012 |
| Pagos efectivos realizados | $8.745 | $9.758 |
| Regalías invertidas (ejecución) | $17.359 | $3.331 |
| Saldo deuda crédito Bancolombia | $1.605 | $1.170 |
| Amortizaciones deuda pagadas | $458.7 | $434.9 |
| Intereses pagados deuda | $240.6 | $136.8 |
| Vigencias futuras aprobadas | $0 | $0 |
| % ingresos propios s/total | 4.49% | 5.00% |
| % dependencia SGP/transferencias | 93.5% | 94.2% |
| % ejecución (pagos/compromisos) | 93.8% | 89.4% |
EL IMPACTO REAL — LOS CINCO PROBLEMAS Y SUS PUNTAJES
Los cinco problemas que con más fuerza preocupan a los habitantes de El Molino, y que el alcalde Manjarrez asumió el compromiso implícito y explícito de resolver, son: el saneamiento básico (agua y alcantarillado), las vías rurales, la vivienda digna, la gestión ambiental y el riesgo de inundaciones, y la generación de recursos propios para la independencia fiscal del municipio. A continuación, el puntaje forense para cada uno:
| # | Indicador de gestión | Puntaje | Calificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Saneamiento básico y agua potable: crédito alcantarillado sin cerrar ($1.170M pendientes), sin reporte de avance en coberturas. | 3.5/10 | DEFICIENTE |
| 2 | Vías y conectividad rural: fuerte inversión en 2024 vía regalías ($6.014M), pero caída del 84.7% en 2025. Sin consolidación. | 6/10 | REGULAR |
| 3 | Vivienda digna: VIP comprometido pero ejecución de apenas 4.8% en 2025. Parque La Primavera entregado por MinVivienda. | 5.5/10 | REGULAR |
| 4 | Gestión ambiental y riesgo: inversión ambiental significativa 2024 ($5.891M regalías). Reducción drástica en 2025 ($1.912M). | 7/10 | BUENO |
| 5 | Generación ingresos propios / independencia fiscal: 5% de ingresos propios. Sin reforma catastral. Sin modernización tributaria. | 2.5/10 | MUY DEFICIENTE |
| CALIFICACIÓN FINAL GESTIÓN 2024-2025 | 4.9/10 | REGULAR | |
EL SISTEMA — POR QUÉ EL CICLO NO SE ROMPE
La Guajira tiene un NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que en zona rural supera el 70%. El Molino es un municipio categoría 6, el escalón más bajo de la categorización municipal colombiana, lo que significa recursos limitados pero también responsabilidades básicas que no pueden incumplirse. El problema no es que El Molino sea pobre. El problema es que los mecanismos de dependencia fiscal están tan arraigados que ningún alcalde ha sentido el incentivo real de reformar el sistema tributario local.
El alcance del SGP para educación, salud, agua potable y propósito general está diseñado para garantizar la operación básica de los municipios de quinta y sexta categoría. Pero eso no exonera al alcalde de trabajar en la diversificación de las fuentes de ingreso. La Ley 1943 de 2018 y sus reformas posteriores abrieron caminos para la modernización catastral y el fortalecimiento del predial. En El Molino, ese camino sigue sin recorrerse bajo la administración Manjarrez.
El crédito con Bancolombia para la optimización del sistema de alcantarillado sanitario, firmado en noviembre de 2019, reestructurado en octubre de 2021, con monto aprobado de $3.000 millones y un plazo de 84 meses (7 años), muestra un saldo pendiente al cierre de 2025 de $1.170 millones. En los dos años de la administración Manjarrez, el municipio pagó amortizaciones por $458.7 millones en 2024 y $434.9 millones en 2025. Eso es cumplimiento del servicio de deuda, lo cual es positivo. Pero la garantía de ese crédito es el SGP de propósito general con un porcentaje de pignoración del 130%, lo que significa que el municipio está hipotecando su principal fuente de transferencias libres para pagar una deuda que debería haber resuelto el problema del alcantarillado hace años. ¿Y el alcantarillado? Los registros oficiales de ejecución no muestran reportes de avance en cobertura ni indicadores de calidad de agua en el municipio para los años 2024 y 2025.
Frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el panorama es desalentador. El ODS 6 (agua limpia y saneamiento) sigue siendo la asignatura pendiente más grave de El Molino. El ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) muestra el parque La Primavera — pero fue el Gobierno Nacional quien lo entregó, no la gestión local. El ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres) muestra inversión ambiental real vía regalías en 2024, con reforestación y mitigación de inundaciones. Pero el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos) revela un municipio que gestiona recursos externos sin construir capacidad interna.
ANÁLISIS JURÍDICO: EL FANTASMA DEL PREVARICATO POR OMISIÓN
Advertencia legal: El análisis que sigue se basa en los datos financieros públicos disponibles. No constituye una acusación formal. Es un ejercicio académico y periodístico de aplicación del marco jurídico colombiano.
El Código Penal colombiano tipifica en el artículo 413 el Prevaricato por Acción y en el artículo 414 el Prevaricato por Omisión. Este último establece que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, multa, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El bien jurídico protegido es la administración pública. El elemento objetivo es la omisión del deber funcional.
En el caso del alcalde Manjarrez, la pregunta jurídica que los organismos de control deberían hacerse es: ¿el municipio de El Molino cumplió con sus obligaciones legales en materia de agua potable, saneamiento básico y reporte de indicadores de gestión? La Ley 142 de 1994 (Servicios Públicos Domiciliarios) impone a los municipios la obligación de garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico. El Decreto 1077 de 2015 reglamenta esas obligaciones. El artículo 42 de la Ley 715 de 2001 establece que los municipios de sexta categoría deben destinar al menos el 41.4% del SGP de propósito general a agua potable y saneamiento.
Los datos de ejecución de gastos 2024 y 2025 no muestran una línea presupuestal clara y cuantificada para mejora de acueducto y alcantarillado con recursos del SGP de propósito general, más allá del servicio de la deuda del crédito Bancolombia. Si el municipio no está cumpliendo el porcentaje mínimo legal de inversión en agua potable y saneamiento, el alcalde podría estar incurriendo en omisión de sus deberes funcionales.
Esta investigación no tiene acceso completo a los reportes del SIVICOF ni a los informes de la Contraloría Departamental de La Guajira para los años 2024 y 2025, por lo que no es posible afirmar categóricamente la comisión del delito. Sin embargo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Departamental de La Guajira tienen el deber legal de verificar si los recursos de agua y saneamiento se están ejecutando conforme a la norma, y si el alcalde Manjarrez ha cumplido o no con los indicadores mínimos de gestión en esta materia.
Lo que sí es constatable y documentado es que el municipio reporta una deuda de $1.170 millones pendiente en un crédito para el sistema de alcantarillado tomado en 2019, que el problema del agua en El Molino es reconocido como crónico por la propia Secretaría de Salud Departamental, y que en dos años de gobierno del alcalde Manjarrez no hay un solo documento público que acredite una mejora verificable en la cobertura o calidad del servicio de agua para los habitantes del municipio.
EL CICLO SECRETO Y EL DESAFÍO CIUDADANO
El Ciclo Secreto de El Molino no comienza con Rafael Manjarrez. Viene de décadas. Pero cada administración que llega tiene la responsabilidad moral, legal y política de romperlo o de perpetuarlo. Por ahora, los datos de 2024 y 2025 sugieren que la administración Manjarrez ha optado — consciente o inconscientemente — por la segunda opción.
El municipio que ganó el primer lugar en Desempeño Fiscal departamental en 2023 bajo el liderazgo de Juan Pablo Vega, hoy está calificado con 4.9 sobre 10 en su gestión bajo la administración entrante. La pregunta que los molineros tienen derecho a hacerse es: ¿qué se perdió en el camino, y quién es responsable de recuperarlo?
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros. Si usted es ciudadano de El Molino, o simplemente un colombiano que cree que la información pública es un derecho, este análisis es su herramienta. Exija rendición de cuentas. Pregunte por el alcantarillado. Pregunte por las viviendas VIP. Pregunte por el agua potable. Los datos están ahí, esperando que alguien los use.
La corrupción no siempre roba. A veces, simplemente, no hace. Y en un municipio donde el 50% de la población vive con Necesidades Básicas Insatisfechas, no hacer es un delito de consecuencias reales.
