De los 8 billones de Reficar a los apartamentos de lujo de Roa, la empresa más importante del Estado colombiano lleva dos décadas siendo saqueada con el beneplácito de sus propios presidentes —y la Procuraduría archivando expedientes.
Hay una pregunta que ningún colombiano debería dejar de hacerse esta semana: ¿cuántas veces hemos visto exactamente esta misma película?
El guion es siempre el mismo. Un presidente de Ecopetrol es señalado. Hay investigaciones, imputaciones, comunicados indignados, titulares de tres días. Luego el ruido se apaga. Y los billones robados se quedan sin consecuencias reales para quienes los ordenaron. Eso no es un accidente. Es el diseño.
Ecopetrol no es solo la empresa petrolera más grande de Colombia. Es, desde hace al menos dos décadas, el espejo más fiel de cómo funciona la corrupción estructural en este país: sofisticada, bipartidista, con nombres propios que se protegen mutuamente, y con una Procuraduría que, cuando llega la hora de la verdad, archiva los expedientes y manda a todos a casa.
Bienvenido al Ciclo Secreto. La buena noticia es que hoy puedes verlo completo.
EL CICLO QUE NUNCA SE ROMPE
Para entender lo que pasa con Ricardo Roa, hay que retroceder. No dos años. Veinte.
En 2003, el gobierno de Álvaro Uribe transformó a Ecopetrol mediante el Decreto Ley 1760: la convirtió de empresa industrial del Estado en sociedad por acciones, abrió el 20% de su capital al mercado, y —detalle que muy pocos recuerdan— escindió la Refinería de Cartagena para crear Reficar S.A., entregándole el 51% de las acciones a Glencore, una multinacional suiza sin ninguna experiencia en modernización de refinerías. Porque claro, en este país siempre hay una explicación técnica para privatizar lo que es de todos y entregárselo a quien nunca ha sabido operarlo.
El resultado fue el escándalo más grande de corrupción en la historia del Estado colombiano. El presupuesto inicial de Reficar era de $3.700 millones de dólares. El costo final: $8.000 millones. Una diferencia de más de $4 billones de pesos que desaparecieron en cenas de ejecutivos, gastos personales, facturas falsas, empleados fantasma y subcontrataciones duplicadas —todo bajo la mirada de las juntas directivas de Ecopetrol y los ministerios de Hacienda y Minas de los gobiernos de Uribe y Santos.
Aquí viene la parte que más duele: después de años de investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, después de que un juez condenara a los expresidentes de Reficar Felipe Castilla y Orlando Cabrales —con el irrisorio beneficio de casa por cárcel para el primero por enfermedad—, la Procuraduría General de la Nación decidió archivar el expediente y exonerar a todos los demás. Incluidos los expresidentes de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy y Juan Carlos Echeverry. Así, sin más. Como si nada hubiera pasado.
Qué casualidad que la Procuraduría haya encontrado tiempo para investigar a alcaldes de pueblo y funcionarios menores, pero no para sostener un proceso contra los hombres que supervisaron el desfalco de $4 billones de pesos de la empresa más importante del Estado.
LOS ACTORES Y SUS ROLES — NOMBRES, CARGOS Y CUENTAS
El elenco de este ciclo es extenso, y conviene nombrarlo con precisión.
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy presidió Ecopetrol durante ocho años, de 2007 a 2015. Bajo su gestión transcurrió la etapa más oscura de la modernización de Reficar: fue durante su mandato que se cambió la modalidad del contrato con Chicago Bridge & Iron de costos fijos a costos reembolsables —la decisión que abrió la compuerta a todos los sobrecostos posteriores. La Junta Directiva que él presidía y los ministerios tenían la facultad de intervenir. Prefirieron no hacerlo.
Juan Carlos Echeverry, quien llegó a la presidencia desde el Partido Conservador con el respaldo del gobierno Santos, incrementó la deuda de la empresa en 623 millones de dólares, redujo las inversiones en un 71,5%, vendió campos de producción en el Catatumbo, el Magdalena Medio y los Llanos. Exonerado por la Procuraduría.
Felipe Bayón, presidente entre 2017 y 2023, presidió Ecopetrol mientras una red de empresarios saqueaba el oleoducto Caño Limón-Coveñas en alianza con el ELN. Paralelamente, amplió la cúpula ejecutiva de 5 a 24 vicepresidencias, multiplicó las gerencias de 63 a 118, y pagó salarios de hasta 1.440 millones de pesos anuales a altos directivos. Está siendo investigado.
Ricardo Roa, exjefe de campaña de Gustavo Petro, imputado en marzo de 2026 por tráfico de influencias en la compra de un apartamento de lujo en el Chicó. Mientras tanto, el gerente de cumplimiento Alberto Vergara amplió unilateralmente un contrato con la firma Covington & Burling de 875.000 dólares a 5,8 millones, sin aprobación de la Junta.
Nótese la elegante continuidad: independientemente del gobierno de turno —uribista, santista, petrista— el patrón se repite. Cambian los nombres en la cúpula. Cambia el color político. La arquitectura de la impunidad permanece intacta.
EL IMPACTO REAL — LO QUE SE ROBARON EN TÉRMINOS QUE DUELEN
Cuando la Contraloría calculó que los sobrecostos de Reficar representan más de 4 billones de pesos, ese número necesita traducción.
Cuatro billones de pesos es aproximadamente lo que el Estado colombiano invirtió en el programa de alimentación escolar PAE durante dos años para millones de niños. Es suficiente para construir más de 800 colegios en zonas rurales. Es el presupuesto anual de salud de tres departamentos medianos del país.
El contrato de Covington & Burling, en su versión ampliada no autorizada, costó 5,8 millones de dólares. Con eso se podrían haber construido más de 15 acueductos rurales en municipios del Pacífico colombiano que todavía no tienen agua potable. Fue gastado en monitorear la reputación de un solo funcionario.
Y por supuesto, el funcionario que lo amplió actuó con total ‘transparencia’ y ‘buena fe’.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE — POR QUÉ EL CICLO NO SE ROMPE
El profesor Alejandro Nieto describió algo que aplica con dolorosa precisión al caso colombiano: la corrupción estructural no es un problema de individuos malos en instituciones buenas. Es un problema de instituciones diseñadas —o rediseñadas— para que los malos prosperen y los buenos no puedan intervenir.
El Decreto 1760 de 2003 no fue solo una reforma administrativa. Fue la instalación de los mecanismos que harían posible todo lo que vino después: la privatización parcial, la escisión de Reficar, la conversión de Ecopetrol en una sociedad por acciones regida por derecho privado. Cada uno de esos pasos redujo los controles públicos y aumentó el espacio de maniobra para los intereses privados.
Lo que hace falta es algo más incómodo: que los ciudadanos entiendan que cada archivo de la Procuraduría, cada prescripción de delito, cada condena simbólica con casa por cárcel no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar.
Lo que la historia de los presidentes de Ecopetrol revela no es la corrupción de unos pocos hombres excepcionales en su maldad. Revela la normalización sistemática del saqueo como práctica de gestión. Cada junta directiva que no preguntó, cada ministerio que miró para otro lado, cada Procuraduría que archivó: todos son engranajes del mismo Ciclo Secreto.
La pregunta no es…
La pregunta no es si Ricardo Roa es culpable. La pregunta es por qué en Colombia los culpables de los grandes robos siempre terminan siendo ‘investigados’ pero nunca ‘condenados’.
El 7 de abril de 2026, Ricardo Roa salió por la puerta de atrás de Ecopetrol con una licencia hasta el 28 de junio. Alguien lo reemplazó. Los titulares duraron tres días. La Fiscalía tiene imputaciones. Y en algún momento, como siempre, el escándalo se enfriará.
Pero los 4 billones de Reficar siguen sin dueño judicial. Los ejecutivos que multiplicaron sus sueldos mientras la deuda de la empresa se disparaba siguen sin condena. La pregunta que queda flotando no tiene respuesta en los titulares. Tiene respuesta en la historia que este artículo acaba de contarle.
Cada peso robado es una oportunidad perdida. Cada archivo de la Procuraduría, una injusticia perpetuada. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
Entra a corrupcionaldia.com y no permitas que el olvido sea el último acto de injusticia.
