Si bien en Colombia lleva haciendo carrera, hace ya un tiempo, entre la clase política y empresarial, aquello de que uno no puede cargar con los pecados de sus familiares, pareciera que tal disculpa, en vez de ser excepcional, se volvió una constante.   

Y no podía faltar que tal condición es la que enfrenten los presidentes elegidos este 20 de julio en la Cámara de Representantes y el Senado

En medio de las polémicas en que se instaló la última legislatura del Congreso de la República, en este Gobierno, pues por un lado nuevamente el presidente Iván Duque y los partidos de gobierno se “pasaron por la faja” el derecho a la réplica de la oposición, por el otro, se eligieron como presidentes de Senado y Cámara a dos congresistas cuyos familiares tienen condenas por diversos delitos y crímenes. 

Las ‘perlas’ del nuevo presidente del Senado 

Este martes, con 93 votos, de 101, fue elegido como presidente del Senado Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, cuyo padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, fue condenado a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso para apropiarse de un predio urbano de 33.000 metros cuadrados en Bello Antioquia. 

Un informe del medio digital Vorágine relata que “La familia del senador pelea por unas tierras que invadieron hace 17 años, según una denuncia de la Cooperativa Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas. […] Coincidencialmente, el padre del senador, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias ‘la Ballena’, fue condenado en 2012 a ocho años por la Corte Suprema de Justicia, por apropiarse ilegalmente de tierras en Niquía, también en Bello. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel. […] Tras su muerte, el senador Gómez y su familia retomaron la pelea que había emprendido su padre por las tierras que había invadido. Un proceso judicial que ya cumple 17 años, y que se suma a otra denuncia por estafa contra el senador”. 

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Pero lo peor es que el mismo Juan Diego Gómez, ha estado involucrado en negocios con personas que terminaron vinculadas al narcotráfico, según una investigación que adelantaron en conjunto los portales Vorágine, Liga contra el Silencio y Cuestión Pública

En su investigación revelaron que en el año 2005 cuando Gómez Jiménez era diputado de la Asamblea de Antioquia, decidió comprar un predio en la vereda El Noral, una zona de fincas de recreo en el municipio de Copacabana, Antioquia, 40 kilómetros al norte de Medellín.  

En la compra del predio, de 2,3 hectáreas participaron seis personas más, cinco naturales y una jurídica. Tres de los socios de Gómez Jiménez en esta transacción terminaron vinculados al narcotráfico y en escándalos de corrupción.   

Diego Aristizábal Mejía, de 62 años en ese momento, compró el 4,6 % de la finca. Aristizábal fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de negocios y personas asociados al narcotráfico, la Lista Clinton, entre 2010 y 2018, por pertenecer a la estructura criminal del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar y socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En 1981 Aristizábal también fue miembro de la junta directiva de Confirmesa, empresa involucrada en el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador

Y añade el informe que además de las seis personas naturales, en la adquisición del lote en Copacabana participó la empresa AAA Estrategias Financieras S.A., que compró la mayor parte de la propiedad, el 32,11 %. El representante legal suplente de esa compañía era Fabio Jaramillo Guzmán, que ese mismo año, 2005, hizo un negocio inmobiliario con una empresa de alias El Arquitecto, narcotraficante incluido en la Lista Clinton en 2010. Por cuenta de este último negocio, las autoridades capturaron a Bermúdez Suaza, quien era un narco fantasma, es decir, sin figuración. 

Luego, cuando Gómez Jiménez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, ex-presidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”, por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios.  

Esta no es la única línea que conecta al nuevo presidente del Senado con Odebrecht. Uno de sus financiadores, el empresario César Hernández Sanmartín, dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado en 2014 y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017”, señala la investigación. 

Y remata advirtiendo que el nuevo presidente del Senado también ha enfrentado tres procesos civiles en los que le embargaron el carro, el apartamento y el sueldo, y que tienen como denominador común que no le gusta pagar sus deudas. Aunque no son los únicos. En el Juzgado Noveno Civil de Medellín reposan dos procesos más. 

Entonces, ¿será que se cumple el adagio de que “hijo de tigre sale pintao”? 

La presidenta de la Cámara no se queda atrás 

En cuanto a la Cámara de Representantes fue elegida como presidenta Jennifer Arias, del partido de Gobierno, el Centro Democrático. 

El padre de Arias, Luis Eduardo Arias Castellanos, según reveló Noticias UNO, asesinó a un hombre en 1993, aparentemente por líos sentimentales. 

Mientras que, en 2007, su hermano, Andrés Eduardo Arias fue capturado en Miami (Estados Unidos) cuando negociaba un alijo de cocaína con un agente encubierto de la DEA, por lo que fue condenado a tres años y medio de cárcel. 

Recientemente, una investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reseñó que “Arias Falla fue señorita Meta en el Reinado Nacional de Belleza Miss Colombia 2007, el mismo año en el que su hermano, Andrés Eduardo Arias Ochoa, fue capturado en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la DEA en Miami, Estados Unidos”, destacó Pares. 

También reveló que, en su rol como coordinadora de la campaña a la presidencia de Iván Duque en Vaupés y Guaviare, Arias logró estrechar una relación entre el expresidente Álvaro Uribe e Iván Duquecon empresarios del sector de la aviación en los llanos que presuntamente están vinculados a actividades relacionadas al narcotráfico”. 

Dos pilotos de la campaña del Centro Democrático aparecieron involucrados en operaciones contra la droga: una en Guatemala y otra en Providencia, Colombia. Adicionalmente, la representante a la Cámara es reconocida por ser lobista de las empresas de aviación de Los Llanos, a las que les logró conseguir autorizaciones para hacer vuelos al declararse la pandemia en marzo de 2020”, declaró Pares. 

Vale la pena preguntarse qué tipo de personas están dirigiendo el país y si ello tiene relación con la crisis social que sofoca a Colombia. Hasta qué punto puede tener razón el senador Gustavo Petro al manifestar hace unos días a la cadena de televisión CNN: «Si quieres ubicar la mafia (narcotraficante), la encuentras en el Congreso de Colombia, la Casa de Nariño y la Presidencia». 

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