La primera candidata en firmar los compromisos anticorrupción ofrece un diagnóstico lúcido del problema, pero sus recetas más ambiciosas dependen de reformas constitucionales que ella sola no puede hacer.
Claudia López llegó a la campaña presidencial de 2026 cargando algo que ningún otro candidato tiene: credenciales anticorrupción construidas durante décadas fuera del discurso electoral. Fue la investigadora que destapó la parapolítica. Fue la académica que cartografió con rigor metodológico cómo los grupos armados capturaban el Congreso. Fue la alcaldesa que reguló el lobby en Bogotá cuando eso todavía no era políticamente rentable hacerlo. Y fue la primera candidata presidencial en firmar formalmente los «10 Compromisos Ciudadanos contra la Corrupción» impulsados por el Instituto Anticorrupción, sumándole además cinco propuestas propias que amplían el catálogo. No es poca cosa.
Pero en corrupcionaldia.com no aplaudimos credenciales. Analizamos propuestas. Y cuando uno se sienta a leer con cuidado lo que Claudia López pone sobre la mesa para combatir la corrupción en Colombia, encuentra algo más perturbador que una promesa vacía: encuentra un diagnóstico clínico, preciso y, en varios puntos, brillante, atado a recetas que en casos centrales dependen de reformas constitucionales que ella sola no puede impulsar, de alianzas políticas que la historia colombiana sistemáticamente ha negado, y de instituciones que el país todavía no ha logrado construir en treinta años de intentarlo. La candidatura de López sabe exactamente qué está enfermo. El problema es que la sala de cirugía tiene paredes sin terminar.
El mecanismo expuesto
Hay que reconocerle a Claudia López algo que a muy pocos políticos colombianos se les puede reconocer: sabe exactamente de qué habla cuando habla de corrupción. Su marco analítico no es el del funcionario que confunde corrupción con ineficiencia, ni el del político que la reduce a funcionarios ladrones que merecen cárcel. López ve la corrupción como lo que realmente es: captura institucional. Un sistema en el que el Estado no falla por accidente sino por diseño, porque actores privados y criminales han colonizado sus estructuras para convertir el presupuesto público en un mecanismo de extracción privada.
Ese diagnóstico, que ella misma construyó durante años de investigación académica y práctica política, se traduce en un eje anticorrupción articulado dentro de su plan de gobierno bajo el rótulo «Poner la casa en orden»: 17 propuestas distribuidas entre seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y optimización del Estado. De esas 17, las más sustanciales son las que constituyen su propuesta «10+5»: los 10 compromisos del Instituto Anticorrupción más 5 propuestas propias.
Esas cinco propuestas propias son las que revelan cómo piensa López. La primera, una Fiscalía Antimafia y Anticorrupción con carácter independiente, especializada, con capacidad técnica real para perseguir delitos de cuello blanco y crimen organizado. La segunda, un sistema carcelario diferenciado que impida que los corruptos condenados sigan coordinando sus redes desde la prisión, algo que en Colombia ocurre con una regularidad que deja de sorprender. La tercera, la descentralización del DNP para que las regiones tengan más autonomía en la toma de decisiones sobre sus propios recursos. La cuarta, presupuestos participativos que involucren a los ciudadanos en la asignación del gasto público. Y la quinta, un «tribunal de vigilancia en tiempo real de contratos»: una plataforma digital con trazabilidad blockchain y veeduría ciudadana activa.
A estas cinco se agrega el Tribunal de Aforados: un organismo nuevo, técnico e independiente, para investigar y juzgar al presidente de la república, los magistrados de las altas cortes y el procurador general, sustituyendo a la actual Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ese dinosaurio constitucional que en décadas de existencia no ha logrado condenar a nadie de peso no falla por escasez de recursos. Falla porque fue diseñado para fallar. Sus miembros son congresistas elegidos popularmente, con afinidades políticas que hacen imposible la imparcialidad, y con incentivos perversos para proteger a quienes un día podrían protegerlos a ellos. La propuesta de López de sustituirla por un tribunal técnico e independiente es, desde el punto de vista del diagnóstico, impecable. El problema viene después.
Los actores y sus roles
Transparencia por Colombia publicó en mayo de 2026 el análisis más riguroso disponible sobre las propuestas anticorrupción de los cinco candidatos presidenciales con mayor intención de voto. Su evaluación de López identifica un vacío que la candidata no puede eludir fácilmente: varias de sus propuestas más ambiciosas, comenzando por el Tribunal de Aforados, no son ejecutables desde la presidencia de la república sin reformas constitucionales previas. Y las reformas constitucionales en Colombia requieren mayorías calificadas en el Congreso durante dos legislaturas consecutivas o una Asamblea Constituyente. En un Congreso fragmentado donde los partidos negocian su apoyo a cambio de cuotas burocráticas y contratos, y donde los mismos aforados que hoy tienen inmunidad son parte del bloque de poder que debe aprobar esa reforma, conseguir las mayorías para crear un tribunal que los juzgue es un ejercicio de optimismo institucional que linda con lo quijotesco.
¿Significa esto que López miente? No. Significa que presenta como agenda presidencial propuestas que en realidad son agendas legislativas. Y esa diferencia no es semántica. Es la diferencia entre lo que un presidente puede hacer el primer día de gobierno y lo que depende de negociaciones políticas que quizás no lleguen nunca.
El análisis de Transparencia por Colombia señala otro vacío crítico en la agenda de López: no hay un enfoque integral sobre la reparación a las víctimas de la corrupción. Colombia lleva décadas construyendo discurso sobre castigar a los corruptos, y décadas descuidando sistemáticamente la pregunta de qué pasa con el dinero robado, con los contratos que nunca se ejecutaron, con los hospitales que nunca se construyeron, con las familias que pagaron con su calidad de vida la extracción de recursos que debía servirles. López propone perseguir a los culpables, pero no diseña con claridad el mecanismo por el cual quienes fueron victimizados van a ser resarcidos.
Tampoco tiene propuestas sólidas en materia de transparencia electoral y financiación de campañas. En un país donde la captura del Estado empieza en el momento en que un candidato acepta dinero de fuentes cuestionables para financiar su campaña, y donde el sistema de control sobre la financiación política tiene más huecos que una malla de pescador, esa omisión habla. No necesariamente de deshonestidad, pero sí de un punto ciego en una agenda que se presenta como integral.
«Se ha vuelto algo correcto para las campañas hablar de anticorrupción. Sería costoso políticamente no decirlo. Pero la pregunta es qué tan profundo va ese discurso.» — Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia
El impacto real
Revisemos su hoja de vida ejecutiva, porque una candidata con trayectoria real de gobierno puede ser evaluada por lo que hizo, no solo por lo que promete. Claudia López gobernó Bogotá entre 2020 y 2023. Durante esa alcaldía implementó el sistema de Gobierno Abierto de Bogotá, reguló por primera vez en Colombia el lobby institucional, una medida pionera que otras administraciones tardaron décadas en siquiera discutir, y firmó un decreto con medidas específicas anticorrupción. Hasta ahí, bien.
Pero el Índice de Transparencia de Bogotá (ITB), el instrumento técnico que mide precisamente la transparencia de las entidades del distrito, arrojó un promedio de 78 puntos entre las 36 entidades evaluadas durante su administración. En la escala del ITB, ese puntaje no corresponde a «transparencia ejemplar». Corresponde a «riesgo moderado». No es un desastre. Tampoco es la vitrina que una candidata anticorrupción necesitaría para llegar a la presidencia argumentando que sabe cómo se hace.
Lo que ese resultado revela no es corrupción, sino la brecha estructural clásica entre las intenciones de un gobierno central y la práctica institucional de docenas de entidades que operan con lógicas propias, incentivos propios y resistencias institucionales propias. Es exactamente el problema que Colombia enfrenta a escala nacional multiplicado por cien. Si en Bogotá, con todos los recursos y la visibilidad que tiene la capital, el promedio de transparencia se quedó en riesgo moderado, ¿con qué argumento técnico se sostiene que a nivel nacional el resultado sería distinto?
«Colombia no necesita más leyes, sino que las que existen funcionen mejor.» — María Lucía Jaimes, experta anticorrupción (Transparencia por Colombia)
Colombia ya tiene Estatuto Anticorrupción. Ya tiene la Secretaría de Transparencia. Ya tiene el SIRI, el Secop, el SUI. Ya tiene instrumentos legales suficientes para castigar la corrupción si existiera la voluntad real de aplicarlos. El problema no es la escasez de leyes. El problema es la voluntad de aplicarlas y la capacidad institucional para sostener esa aplicación frente a la presión política que inevitablemente la resiste.
El sistema que lo permite
La corrupción en Colombia no sobrevive a pesar del sistema político. Sobrevive gracias a él. Eso es lo que López entiende mejor que casi cualquier otro candidato. Y es, paradójicamente, lo que hace que sus propuestas tengan un techo estructural difícil de superar con sola voluntad.
Pensemos en la propuesta del Tribunal de Aforados otra vez. Para que ese tribunal exista, se necesita una reforma constitucional. Para que esa reforma pase en el Congreso, López necesita construir una alianza política con partidos que hoy protegen a los aforados que mañana deberían ser juzgados por ese tribunal. Es una paradoja perfecta, cerrada sobre sí misma: el instrumento para combatir la corrupción tiene que ser aprobado por quienes se benefician de la ausencia de ese instrumento. Nadie pone candado en su propia puerta si el negocio depende de que esa puerta permanezca abierta.
No es que López no lo sepa. Es que no ha explicado todavía con qué coalición política real, con qué nombres concretos y qué compromisos verificables, va a romper ese círculo. Y esa explicación no es un detalle técnico menor. Es el corazón operativo de la propuesta.
Las propuestas de control digital son las más sólidas de toda la agenda de López precisamente porque requieren menos negociación política: la trazabilidad blockchain de contratos, el sistema de vigilancia en tiempo real, los presupuestos participativos, son medidas que un gobierno ejecutivo puede implementar con decisión administrativa y recursos presupuestales. Ahí López tiene margen de maniobra real. La comparación con los otros candidatos es reveladora: mientras Sergio Fajardo propone una agencia anticorrupción independiente con poderes vinculantes (la propuesta que los expertos de Transparencia por Colombia califican como la más técnica y con la ruta de implementación más clara), y mientras Iván Cepeda propone fortalecer la UIAF y la Secretaría de Transparencia con menos ambición pero más realismo operativo, López apuesta por una combinación de medidas ejecutivas alcanzables y reformas estructurales que dependen de condiciones políticas que no controla.
Colombia experimentó entre 2022 y 2025 lo que Transparencia por Colombia documentó como un retroceso sostenido en las acciones anticorrupción del gobierno nacional. No porque el gobierno Petro fuera explícitamente corrupto, sino porque la atención institucional se desvió, los controles se debilitaron y la agenda de transparencia perdió centralidad. López sabe eso. La pregunta que cualquier ciudadano informado debe hacerle es: ¿qué mecanismo específico evita que el mismo fenómeno se repita con otro gobierno y otra agenda que desplace la anticorrupción al quinto renglón de la lista?
El balance es el de una candidata con el mejor diagnóstico de la sala y con una receta parcialmente incompleta. Claudia López entiende la corrupción con una profundidad que ningún otro candidato ha demostrado en esta campaña. Pero entender la enfermedad no es lo mismo que tener la capacidad operativa para curarla. Y el sistema político colombiano, ese mismo que López ha descrito con tanta precisión durante su vida académica y su carrera política, no espera pacientemente mientras llegan los médicos de buena voluntad. Se defiende. Se adapta. Negocia su propia protección en cada ciclo electoral.
La primera candidata en firmar los 10 compromisos ciudadanos contra la corrupción merece que le hagan la pregunta que todo compromiso exige: ¿y cómo, exactamente? No en el discurso. No en el plan de gobierno. En la práctica. Con qué recursos específicos, con qué coalición legislativa nombrada, con qué cronograma verificable, y con qué mecanismo para que los ciudadanos sepan si se está cumpliendo o si es otra promesa que Colombia va a lamentar dentro de cuatro años.
La radiografía que López presentó es real y necesaria. El quirófano todavía está bajo construcción.
