Cuando la «motosierra» llega a un país que ya tiene menos Estado que Guatemala, la pregunta no es si el recorte es necesario, sino quién gana cuando el Estado se vacía.
Periodismo Investigativo | corrupcionaldia.com | Junio 2026
Colombia tiene el Estado más pequeño de toda América Latina: apenas el 4% del total de su fuerza laboral trabaja en el sector público. Menos que Guatemala (5.5%), menos que Ecuador (6.6%), infinitamente menos que Noruega (30%) o Suecia (29%). Con ese dato sobre la mesa, Abelardo De La Espriella, candidato presidencial para 2026, propone eliminar 700 mil empleos públicos, es decir, la mitad de la nómina estatal del país, incluyendo maestros y fuerza pública. La receta tiene nombre: la llaman «Reforma Integral del Estado«. El sabor, lo conocemos: motosierra. El pretexto, también: eficiencia, mérito, ahorro. El resultado histórico de este tipo de medidas, sin embargo, no aparece en el programa de gobierno. Tampoco aparece en las entrevistas. Hay cosas que es mejor no decir en voz alta.
Este artículo no va a hablar de si De La Espriella tiene buenas intenciones. Eso es irrelevante. Vamos a hablar de lo que los datos dicen, de lo que la historia enseña y de lo que nadie le va a contar en una rueda de prensa: cuando un Estado ya es el más flaco de la región y le aplicas una motosierra, no sale un Estado eficiente. Sale un Estado vaciado, disponible para ser colonizado por contratos discrecionales, OPS a destajo y clientelismo disfrazado de modernización.
EL MECANISMO EXPUESTO: LA ARITMÉTICA DEL ENGAÑO
El argumento de De La Espriella parte de una afirmación que suena razonable hasta que uno la contrasta con la realidad:
«Un país pobre como este no puede ser el primer empleador.»
Bonita frase. El único problema es que es factualmente falsa. Colombia no es el primer empleador. Colombia es el último empleador público de la región.
Según datos comparativos regionales e internacionales, el promedio latinoamericano de empleo público es del 12% del total de trabajadores. Venezuela lleva el primer lugar con 24.3%. Argentina, antes de Milei, con 18.2%. Uruguay con 15.3%. Chile con 13%. Brasil con 12.2%. Y Colombia, con su robusto y «eficientísimo» Estado que De La Espriella quiere recortar a la mitad, con un 4.0%.
| País | Empleo Público (% del total laboral) |
|---|---|
| Venezuela | 24.3% |
| Argentina | 18.2% (antes de Milei) |
| Panamá | 17.0% |
| Uruguay | 15.3% |
| Costa Rica | 13.3% |
| Chile | 13.0% |
| Brasil | 12.2% |
| México | 11.6% |
| Perú | 8.9% |
| Ecuador | 6.6% |
| Guatemala | 5.5% |
| COLOMBIA | 4.0% — ÚLTIMO DE LA REGIÓN |
Fuente: análisis comparativos regionales BID y OCDE.
Y en Europa, para que nadie diga que estamos comparando peras con manzanas: Noruega tiene el 30% de su fuerza laboral en el sector público. Suecia, 29%. Dinamarca, 27.6%. Finlandia, 24.2%. Alemania, 10.6%. España, 15.6%. Estados Unidos, 14%. Países que De La Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo admirarían como modelos de eficiencia, tienen Estados significativamente más grandes que el colombiano.
| País | Empleo Público (% del total laboral) |
|---|---|
| Noruega | 30%+ |
| Suecia | 29% |
| Dinamarca | 27.6% |
| Finlandia | 24.2% |
| Francia | 21.2% |
| España | 15.6% |
| Estados Unidos | 14% |
| Alemania | 10.6% |
| Colombia (referencia) | 4.0% — Para comparar |
Pero claro, «un país pobre como este no puede ser el primer empleador» suena mucho mejor que «vamos a recortar la mitad del ya minúsculo Estado colombiano porque creemos que el mercado lo va a resolver».
LOS ACTORES Y SUS ROLES: QUIÉN HABLA Y QUIÉN CALLA
Abelardo De La Espriella, abogado penalista reconvertido en candidato presidencial, propone lo que él llama una «Reforma Integral del Estado«: eliminar ministerios inútiles y burocracia clientelista, un ahorro anual de 20 billones de pesos, meritocracia estricta con estándares internacionales y «cero tolerancia a la corrupción en el gasto público». El discurso es impecable. El problema es lo que viene después del titular.
Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, negó que existiera una lista oficial de entidades a eliminar o empresas a privatizar. Lo hizo justo después de que Noticias Uno revelara un documento denominado «Política de Balance Fiscal 2026-2027», atribuido a la campaña, que propone la reducción de hasta el 40% del tamaño estatal. El clásico: primero el borrador, luego la negación, luego el olvido.
Entre las entidades señaladas para supresión o privatización, según el informe, figuran: la Unidad Nacional de Protección (UNP), el INPEC, la ANLA, la Agencia Nacional de Minería. Para privatización: el Banco Agrario, Satena y Zenith, filial de Ecopetrol. Además, la JEP dejaría de operar en 2030 con una reducción presupuestal del 90%. Qué casualidad que justo la entidad que investiga crímenes de Estado sea la que más recorte lleva.
Y por supuesto, Restrepo actuó con total «transparencia y buena fe» al negar la lista. Porque en la política colombiana, la lista que no existe es exactamente la lista que mejor describe lo que vendrá.
Tres expertos analizan el caso
James Buchanan — Teoría de la Elección Pública (Premio Nobel de Economía)
El problema no es el tamaño del Estado sino la estructura de incentivos de quienes lo manejan. Buchanan demostraría que reducir el número de cargos formales sin reformar los incentivos solo produce un Estado más pequeño con los mismos vicios concentrados en menos manos, y más dependiente de contratos discrecionales, que es exactamente la gasolina del clientelismo.
Alejandro Nieto — El desgobierno de lo público
Cuando se vacían las estructuras formales del Estado, no aparece la eficiencia. Aparece la captura. Los espacios vacíos los ocupa la política partidista, los lobbies y los grupos de interés. El resultado es un aparato que sigue gastando igual, pero sin la posibilidad de rendición de cuentas que dan los cargos de carrera administrativa.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) — Estudios de servicio civil en Latinoamérica
Los procesos de reforma estatal que han funcionado en la región no son los que recortan nómina, sino los que profesionalizan el servicio civil. Países como Chile y Uruguay mejoraron su gestión pública aumentando la carrera administrativa, no desmantelándola. El debate correcto no es cuántos cargos eliminar, sino cómo construir mérito real en los cargos existentes.
EL IMPACTO REAL: LO QUE NADIE CALCULA EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO
Colombia tiene hoy 1 millón 400 mil personas en la nómina pública, incluyendo maestros, médicos de hospital público, policía, fuerza militar, jueces, fiscales, funcionarios del ICBF, del INVIAS, del SENA. La propuesta de De La Espriella suprimiría 700 mil de esos cargos: la mitad exacta.
Si se elimina el 40% del Estado, y los maestros son parte de esa nómina, ¿quién enseña a los niños en las escuelas rurales de Bolívar, Chocó o Guainía? ¿El sector privado, que según la fórmula vicepresidencial debería absorber esa fuerza laboral? ¿A qué precio? ¿Con qué calidad?
El argumento de que el sector privado absorbería a 700 mil trabajadores es, con todo el respeto del mundo, una fantasía de modelo económico que no ha funcionado en ninguna parte del mundo donde se ha intentado.
| Servicio | Riesgo Inmediato | Consecuencia a Largo Plazo |
|---|---|---|
| Educación pública rural | Plazas docentes sin cubrir | Aumento deserción escolar |
| Salud pública | Hospitales sin personal | Privatización encubierta de servicios |
| Seguridad | Reducción fuerza pública territorial | Incremento criminalidad en zonas rurales |
| Justicia | Menos fiscales y jueces | Mayor impunidad y retraso judicial |
| Inspección estatal | Menos superintendencias operativas | Mercados sin regulación efectiva |
Y hay un ángulo que casi nadie menciona: la carrera administrativa. Eliminar 700 mil cargos formales implica, en la práctica, acabar con la carrera administrativa como mecanismo viable de empleo público. Lo que queda en su lugar son las famosas OPS: contratos de prestación de servicios, sin prestaciones, sin estabilidad, sin carrera. Es decir, contratación discrecional, temporal, dependiente del favor político de turno.
Las OPS son, en Colombia, uno de los principales vehículos del clientelismo político y la corrupción en contratación estatal. Aumentar su uso masivo mientras se reduce la carrera formal no es una reforma anticorrupción. Es todo lo contrario.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE: BUCHANAN TENÍA RAZÓN
James Buchanan explicó hace décadas que los políticos no son servidores públicos altruistas: son actores racionales que maximizan sus propios intereses dentro del sistema de reglas disponible. Por eso, cuando se propone reducir el Estado sin cambiar los incentivos estructurales de quienes lo gestionan, el resultado predecible no es eficiencia. El resultado es una captura más concentrada de los recursos que quedan.
El Estado Profundo, esa red de intereses económicos, políticos y mediáticos que opera por debajo de los cambios electorales, no se debilita porque le quiten ministerios. Se adapta. Ocupa los vacíos. Coloniza las nuevas estructuras. Hay una razón por la que las reformas de «choque» terminan siempre favoreciendo a los mismos actores de siempre: porque quienes diseñan el recorte conocen mejor que nadie cuáles son los espacios que quedarán disponibles.
El ciclo es siempre el mismo: se vacía el Estado formal en nombre de la eficiencia, se precariza el empleo público con OPS y contratos a destajo, y los espacios vaciados son ocupados por actores privados con menos rendición de cuentas y más dependencia del favor político de turno. No es conspiración. Es lógica de incentivos.
Hay una prueba empírica irrefutable: los países con menor corrupción y mayor eficiencia estatal del mundo tienen los Estados más grandes en proporción a su fuerza laboral. Noruega. Suecia. Dinamarca. Finlandia. No son países con menos Estado. Son países con mejor Estado.
Colombia no tiene un problema de exceso de empleados públicos. Tiene un problema de calidad institucional, meritocracia real y ausencia de carrera administrativa efectiva. Recortar la mitad de un Estado que ya es el más pequeño de la región no resuelve ninguno de esos problemas. Solo los concentra.
La propuesta de De La Espriella puede ser sincera. Puede ser una convicción ideológica genuina. Pero una convicción sincera basada en datos falsos sigue siendo una política pública peligrosa.
¿Si los países que mejor funcionan en el mundo tienen más Estado que Colombia, por qué la receta para Colombia es tener menos? ¿Y quiénes son los que van a ocupar los espacios que deje ese Estado vaciado?
Cada cargo de carrera eliminado es una OPS disponible para el favor político del siguiente gobierno. Cada superintendencia suprimida es un mercado menos vigilado. Cada empresa estatal privatizada es un activo público transferido a manos privadas sin garantía de servicio universal. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco cambia aplicándole la motosierra a lo que menos tiene.
