Treinta años de decisiones sin aritmética convirtieron el derecho fundamental a la salud en una promesa que el Estado no puede pagar
Por Javier Cormane, Analista Salud Independiente | 22 de julio de 2026
Nos encontramos en Colombia, el país del vecindario andino que consiguió afiliar al 98 por ciento de su población a un sistema de salud y, en el mismo movimiento, dejar que ese sistema acumulara una deuda de $32,9 billones de pesos con las clínicas, los hospitales, los laboratorios y las farmacias que lo sostienen.
La cifra, certificada por la Contraloría General de la República con corte a diciembre de 2024, equivale en orden de magnitud a la prima anual de salud de unos 20 millones de colombianos. Dicho de otra forma: la mitad del país ya recibió servicios que nadie ha pagado. La pregunta obvia sería quién se robó la plata. La respuesta incómoda es peor: buena parte de esa plata nunca existió. El sistema promete un plan de beneficios sin límites, financiado con una prima calculada sin información confiable y respaldado por un presupuesto nacional que carga con cerca de tres cuartas partes de la cuenta. Un artículo académico que publiqué en mayo de 2026 en la revista Ciencia Latina (Descargue Aquí) lleva el nombre técnico a lo que los pacientes viven en las filas: falla estructural del sistema de salud colombiano. Aquí la diseccionamos.
La arquitectura de la promesa impagable se construyó por capítulos y con las mejores intenciones, que es como se construyen los peores desastres fiscales. La Ley 100 de 1993 creó el aseguramiento con dos regímenes, una prima por afiliado llamada Unidad de Pago por Capitación y unas aseguradoras llamadas EPS. La Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional elevó la salud a derecho fundamental y ordenó unificar los planes de beneficios de ricos y pobres. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 convirtió esa jurisprudencia en mandato permanente. Hasta ahí, un país decente. El problema es la aritmética que nadie quiso hacer: un plan de beneficios que crece por sentencias judiciales, por resoluciones ministeriales y por tutelas falladas sin estudios técnicos, mientras el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, creado en 2011 precisamente para decidir con evidencia qué entra y qué no, mira el desfile desde el andén. Al plan médico se le sumaron los servicios sociosanitarios: pañales de adulto, cuidadores, fórmulas nutricionales. Todo necesario. Nada costeado.
La Ley 1819
En 2016 el Congreso remató la faena con la Ley 1819, cuyo artículo 114-1 del Estatuto Tributario exoneró a los patronos de cotizar salud por los trabajadores que devengan menos de diez salarios mínimos, es decir, por más del 90 por ciento de la fuerza laboral formal del país. La cotización que dejó de entrar se la cargaron al Presupuesto General de la Nación, el mismo que paga subsidios, seguridad y justicia. El resultado es un sistema que promete el infinito con la chequera de un país de ingreso medio. La Corte Constitucional lo reconoció en enero de 2025 con el Auto 007: la UPC de 2024 fue insuficiente y el Ministerio de Salud incumplió de manera general su deber de calcularla con soportes técnicos sólidos. En diciembre de 2025 la propia Corte abrió incidente de desacato porque la orden de reajustar seguía sin cumplirse. Un derecho fundamental administrado a punta de desacatos. Eso es Colombia.
En este naufragio nadie es inocente y nadie es el único culpable, que es exactamente lo que hace tan cómodo el reparto de culpas. Las EPS se presentan como víctimas de una prima mal calculada, y en parte lo son. También son las mismas que, según la Contraloría, incumplen masivamente las condiciones financieras que la ley les exige desde 2014: de 29 EPS activas, apenas 6 cumplen los tres indicadores de habilitación, capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión de reservas técnicas, y esas 6 cubren el 10,92 por ciento de los afiliados. Veintidós EPS no invierten las reservas que deberían respaldar los servicios ya prestados, un consumo que además quedó legalizado con decretos expeditos en 2020 y 2022, con firma oficial. Hubo integración vertical por encima del tope legal del 30 por ciento, declarada u oculta ante los ojos de los entes de inspección, vigilancia y control. El Gobierno, por su parte, intervino entre 2023 y 2024 a las aseguradoras más críticas, con cerca de la mitad de la población afiliada, y lo hizo sin aportar un solo peso de salvamento, porque en salud no existe un Fogafín: la intervención cambia al administrador y deja la quiebra intacta.
Caso Nueva EPS
El caso emblemático es la Nueva EPS, con 11,5 millones de afiliados, que no presentó estados financieros certificados en 2023 ni en 2024 y registra patrimonio negativo. La Fiscalía imputó a exdirectivos de esa entidad por presuntamente ocultar facturas y desviar más de 70.000 millones de pesos. Están imputados, no condenados, y la presunción de inocencia los cobija, aunque las facturas represadas ya son un hecho documentado por los propios interventores. La superintendente de Salud ad hoc, Luz María Múnera, lo dijo en abril de 2026 con una franqueza que ningún comunicado oficial había tenido: «no vamos a solucionar el problema por una razón muy sencilla, es que es estructural y no es solo de la Nueva EPS, es el sistema de salud colombiano el que tiene problemas estructurales«.
El impacto no se mide en billones. Se mide en filas. Las peticiones, quejas y reclamos del sector pasaron de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024, un salto del 23,2 por ciento, la mayoría por barreras de acceso y medicamentos que no llegan. Múnera describió otra hemorragia silenciosa: sin contratación formal, la Nueva EPS paga por evento, y la misma operación puede costar dos, tres, cinco o siete millones de pesos según la IPS que la facture.
Mientras tanto el mercado se encoge y se concentra: había 40 EPS en 2019 y quedan 23 en 2025, justo cuando la demanda crece por el envejecimiento de la población. Y aquí aparece la parte que casi nadie nombra: el 8 por ciento de los colombianos con capacidad de pago, los estratos 5 y 6, ya está migrando a medicina prepagada, pólizas voluntarias y consulta particular. El gasto de bolsillo alcanzó el 17,2 por ciento del costo en salud de los hogares, según nuestro análisis, el mismo esquema que regía antes de 1993. Los que pueden pagar, se van. Los que no pueden, esperan. Y la espera en salud tiene dos nombres técnicos: morbilidad y mortalidad. El sistema que se creó para que el hijo del obrero y el hijo del banquero tuvieran el mismo plan de beneficios está regresando, en cámara lenta y con sentencia de la Corte incluida, al país de dos velocidades que juró enterrar.
Queda la pregunta estructural, la que este portal existe para hacer: por qué un sistema entero eligió no hacer la cuenta. La respuesta la dio hace décadas James Buchanan, premio Nobel de economía: la clase política maximiza beneficios concentrados hoy y difunde los costos hacia mañana. Ampliar el plan de beneficios produce votos, titulares y sentencias aplaudidas; la quiebra la paga el gobierno siguiente, o el subsiguiente, o los pacientes. Alejandro Nieto lo llamaría captura institucional: cada actor del sistema, Congreso, Corte, ministerios, EPS, jueces de tutela, gremios, capturó el pedazo de la regla que le convenía y ninguno respondió por la suma. La UPC se fijó durante años sin información confiable, la Corte misma lo constató. Las reservas técnicas se consumieron con permiso escrito. La exoneración de cotizaciones patronales de 2016 se vendió como alivio empresarial y era un traslado de la nómina privada al bolsillo público. Ninguna de esas decisiones, tomada por separado, es un delito. Todas juntas son una falla estructural. Y esa distinción importa, porque la corrupción probada y por probar, las EPS con manejos no santos, las IPS de papel y las facturas escondidas, prosperó precisamente en un sistema donde nadie podía calcular cuánto debía costar nada. El desorden no es el accidente de la corrupción. Es su hábitat. En agosto de 2026 se posesiona un nuevo gobierno y hereda la cuenta: o inyecta recursos frescos mientras sienta a todos los actores a acordar los límites reales del plan de beneficios frente a la capacidad fiscal del Estado, o administra el deterioro con comunicados.
Este portal ha documentado alcaldes que dejan morir acueductos y festivales que valen más que la cultura de un departamento entero. Este caso es distinto y por eso es más grave: el hueco de $32,9 billones no necesitó un ladrón, necesitó treinta años de decisiones que nadie quiso sumar. La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y la disección muestra que el derecho fundamental a la salud, el logro institucional más ambicioso de la Colombia moderna, padece una enfermedad perfectamente diagnosticada y perfectamente evitable: prometer sin pagar. La pregunta ya no es de quién es la culpa. Es cuántos muertos estamos dispuestos a contar antes de hacer la cuenta.
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