¿Quién tiene la culpa de la delicada situación en Santa Marta?

Un paro armado de 48 horas bastó para que el país descubriera lo que los samarios pagan en silencio desde hace cuatro décadas. La respuesta oficial fue enviar 1.100 uniformados. La pregunta incómoda es por qué el Estado tuvo que llegar a una ciudad de la que nunca debió irse.

Por Hipólito Palencia | 24 de septiembre de 2026

Nos encontramos en Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, la que tiene la Sierra Nevada a la espalda y el mar Caribe de frente, la que aparece en los folletos turísticos con Taganga, el Parque Tayrona y Minca. El martes 22 de septiembre de 2026 esa ciudad amaneció con dos buses de transporte público calcinados en el puente del 11 de Noviembre, la Troncal del Caribe cerrada entre Calabazo y la zona urbana, colegios sin clases, comercios con la reja abajo y el sonido de aviones Kfir de la Fuerza Aérea sobrevolando a baja altura como si el enemigo fuera una división blindada y no una banda de extorsionistas de la Sierra.

La secuencia oficial es limpia y se cuenta en tres líneas. El lunes 21, comandos jungla de la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea llegaron a una casa en la vereda Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, donde se reunían cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca. En el operativo murió José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo al mando de la estructura. La banda respondió con un paro armado de 48 horas. El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Santa Marta con chaleco antibalas, pistola al cinto, instaló un puesto de mando unificado en el Batallón Córdova, patrulló Cristo Rey, anunció la militarización de la ciudad y prometió que no quedaría piedra sobre piedra. El gobierno reportó nueve capturas, más de 500 policías, más de 500 soldados y el traslado a pabellones de máxima seguridad de 76 detenidos que, según el propio presidente, seguían delinquiendo desde las cárceles del Magdalena, La Guajira, Cesar y Atlántico.

Hasta ahí los titulares. Este artículo empieza donde los titulares terminan, porque la pregunta que el país se hizo esta semana, quién tiene la culpa de la delicada situación de Santa Marta, tiene una respuesta más larga que un puesto de mando unificado y más vieja que cualquier presidente en ejercicio. Los buses ardieron en dos días. La ciudad lleva cuarenta y cuatro años ardiendo a fuego lento, desde que Hernán Giraldo Serna fundó en 1982 una organización llamada Los Chamizos con la fachada de ofrecer seguridad a los comerciantes samarios. Lo que hoy cobra cuota a los vendedores de empanadas es la cuarta o quinta mutación de aquel negocio. Y en cada mutación hubo alguien con uniforme, con credencial de elección popular o con firma en un decreto que abrió la puerta, miró para otro lado o cobró su parte.

Empecemos por convertir los números en cosas. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su informe Control Total publicado en julio de 2026, estima que la ACSN recauda entre 6.000 y 7.000 millones de pesos cada mes. Eso son entre 72.000 y 84.000 millones al año, una cifra que supera el presupuesto anual de inversión de la mayoría de los municipios del Magdalena y que alcanzaría para construir alrededor de 800 viviendas de interés social cada año, o para pagar la nómina completa de un hospital de segundo nivel durante más de una década. Solo la plaza de mercado de Santa Marta, ese lugar donde la ciudad compra el pescado y el plátano, les representa más de 10.000 millones de pesos anuales. Y el 95 por ciento de quienes prestan servicios turísticos entre Santa Marta y Palomino pagan. No la mayoría. El noventa y cinco por ciento. Cuando una tasa de cumplimiento tributario alcanza ese nivel, uno ya no está frente a una banda: está frente a una administración de impuestos paralela con mejor recaudo que la DIAN.

La tarifa es conocida y tiene la precisión burocrática de un formulario. La Policía reportó esta semana que los cobradores exigían 200.000 pesos por un supuesto censo y luego 150.000 pesos mensuales para permitir que la víctima siguiera trabajando. Vendedores de empanadas, mototaxistas, dueños de hostales, fincas bananeras y palmeras, transportadores. En febrero, el Gaula capturó en Fundación y Zona Bananera a cobradores con un año de trayectoria y 130 cartuchos de fusil. En marzo cayó alias Diomedes, dinamizador de extorsiones en Santa Marta. En abril, capturas en el Magdalena por cobros de hasta un millón de pesos a finqueros. Cada mes hay capturas. Cada mes hay más cobradores. Esa aritmética es la primera pista de que el problema no es de capturas.

El investigador Gerson Arias, de la FIP, lo explicó sin adjetivos: en varios territorios los habitantes y los comerciantes acuden a la ACSN para resolver conflictos y problemas de seguridad ante la débil presencia institucional. Es decir, la banda cobra y, con la misma mano, presta el servicio que el Estado no presta. Media en disputas de linderos, castiga al ladrón de motos, decide quién puede abrir un negocio y quién no. La FIP llama a esto gobernanza criminal. Los samarios lo llaman, con menos academia, la única autoridad que responde el teléfono. Y ahí está la segunda pista: un grupo cuyo 95 por ciento de integrantes nació en la Sierra, que resuelve pleitos, que censa negocios y que paga sueldos, no se derrota con un operativo. Se derrota reemplazándolo. Y reemplazarlo exige que el Estado que lo va a reemplazar no esté infiltrado por él.

Porque aquí llega la parte que ningún puesto de mando unificado incluye en su balance. La ACSN pasó de 120 integrantes en 2019 a 594 en 2025 según cifras de la propia Fuerza Pública citadas por la FIP: 334 en el componente armado y 260 en redes de apoyo o milicias. Fuentes alternas hablan de hasta mil. Un crecimiento cercano al 400 por ciento en seis años. Y esos seis años cubren tres gobiernos con estrategias opuestas: el de Iván Duque, que en junio de 2019 dio de baja a Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, y capturó a alias Flash; el de Gustavo Petro, que en agosto de 2024 abrió con la banda un espacio de conversación sociojurídico y en 2025, mediante la Resolución 335, reconoció como voceros a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y a su hermano Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; y el de De la Espriella, que en su primer mes cerró esa mesa, dio de baja en Riohacha a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y ahora a alias Cholo. Mano dura, diálogo, mano dura. El grupo creció con las tres. Cuando una enfermedad avanza igual con tratamientos contrarios, el problema no es el tratamiento. Es el diagnóstico.

Vamos ahora a los actores, sin eufemismos, porque la palabra cohonestar tiene nombres propios en el Magdalena. La lista es larga y cruza todos los partidos, así que el lector puede guardarse el reflejo de buscar al villano de su preferencia.

Primero, la clase política. El Magdalena es el laboratorio original de la parapolítica colombiana. Trino Luna Correa, gobernador elegido en 2003 como candidato único, fue el primer condenado de todo el escándalo nacional en 2007, tras aceptar que recibió apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y de Hernán Giraldo. Ante la JEP, en 2022, Luna declaró algo que debería estar enmarcado en cada despacho del departamento: que las irregularidades en la contratación pública de su gobernación hicieron parte del andamiaje político para cumplir las obligaciones adquiridas con las autodefensas. Es decir, la corrupción administrativa no fue un vicio paralelo al paramilitarismo. Fue su forma de pago. En 2008, cuando cayó el exgobernador José Domingo Dávila, estaban presos por lo mismo los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro Pacheco y Luis Eduardo Vives Lacouture, y los representantes Alfonso Campo, José Gamarra, Jorge Luis Caballero, Karely Lara y Alonso Ramírez. José Francisco Zúñiga, exalcalde de Santa Marta, también fue condenado. Esa es la generación que administró el departamento mientras Los Chamizos se convertían en Bloque Resistencia Tayrona. Y sus apellidos siguen en los tarjetones.

Segundo, la generación actual. En junio de 2024 circuló una fotografía del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, junto a César Gustavo Becerra Gómez, alias Camilo, cabecilla político y encargado de las extorsiones de la ACSN, capturado dos meses después en Minca con dos fusiles y dos pistolas en el vehículo. El alcalde celebró públicamente esa captura en sus redes. El entonces presidente Petro dijo que el abrazo al criminal mientras delinque la banda era un empoderamiento del crimen contra la ciudadanía. Semanas antes, El Tiempo había publicado fotografías halladas en el celular del mismo alias Camilo con integrantes del movimiento Fuerza Ciudadana, el partido del exalcalde Carlos Caicedo, rival político de Pinedo; una de ellas, Rosa Villalba, explicó que asistió a una reunión en su condición de defensora de derechos humanos cuando se hablaba de una mesa de diálogo con el Gobierno. Es necesario decirlo con claridad jurídica: ni el alcalde Pinedo ni las personas de Fuerza Ciudadana que aparecen en esas imágenes han sido imputados por esos hechos y gozan de presunción de inocencia. Pero la pregunta periodística no es si cometieron un delito. Es cómo se explica que el cabecilla político de una banda que extorsiona al 95 por ciento del comercio turístico tuviera acceso fotográfico a los dos bandos de la política samaria. Alias Camilo, conviene recordarlo, sirvió diez años en el Ejército Nacional antes de pasarse a la ACSN. No cruzó de un mundo a otro. Los dos mundos ya se tocaban.

Tercero, la fuerza pública. En octubre de 2025, Semana reveló una investigación de la Policía Judicial que terminó con 23 capturas por una alianza entre militares de batallones del Caribe y Los Pachenca para traficar armas, munición y cocaína. Los uniformados pertenecían al batallón de ingenieros de Valledupar y no eran novatos: el soldado Rendón, capturado por tráfico de armas, tenía más de quince años de servicio y calificación de experto en munición. Según el expediente, ofrecía cartuchos de categoría militar al ELN, a las disidencias de las Farc y a la ACSN, y mantenía una línea alterna de negocio de cocaína con el ELN hacia Estados Unidos y Europa. Léase despacio: mientras el Gaula del Magdalena capturaba cobradores con 130 cartuchos incautados, en un batallón del Cesar un soldado con quince años de experiencia les vendía los cartuchos. El Estado combatía con una mano lo que alimentaba con la otra. Cuando el presidente pregunta por qué la inteligencia militar no tiene el portafolio completo de ese mundo criminal, la respuesta incómoda es que una parte del portafolio estaba en la nómina.

Cuarto, el Estado central, con equidad. La política de Paz Total del gobierno Petro le dio a la ACSN, entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, lo que ningún bombardeo le hubiera dado: reconocimiento formal, voceros con resolución, un espacio de conversación con delegado del Alto Comisionado y, según Las2orillas, un protagonismo nacional que hasta entonces no había tenido. La FIP concluye que el grupo aumentó su control sobre rentas legales e ilegales a pesar de los acercamientos, o durante ellos. En abril de 2025 la banda suspendió su participación tras un operativo con bajas; en agosto el mismo gobierno la declaró Grupo Armado Organizado, habilitando bombardeos; en septiembre oficializó los diálogos. Negociar y bombardear al mismo actor en el mismo semestre no es una estrategia. Es una contradicción con presupuesto. El gobierno anterior, el de Duque, dio de baja al jefe en 2019 y la organización pasó de 120 a varios cientos en su mandato. El actual lleva un mes y ya tiene dos cabecillas muertos y una ciudad militarizada. La pregunta que ninguno de los tres respondió es la misma: qué pasa el día después de que se van los 1.100 uniformados.

Quinto, el sistema penitenciario. El presidente ordenó trasladar a 76 detenidos vinculados a la ACSN porque, textualmente, seguían delinquiendo desde las cárceles. Esa frase es una confesión institucional. Si 76 personas capturadas, judicializadas y presas continúan operando la extorsión desde los pabellones del Magdalena, La Guajira, Cesar y Atlántico, entonces la cárcel en esta región no interrumpe el negocio: lo administra con guardia armada y alimentación pagada por el contribuyente.

Sexto, y esto es lo más difícil de escribir, la propia ciudad. Cuando la administración distrital salió en febrero de 2025 a desmentir un informe internacional que ubicaba a Santa Marta entre las ciudades más violentas del mundo, argumentando que la tasa real de 2024 fue de 34,5 homicidios por cada 100.000 habitantes y no superior a 45 porque el estudio incluía a Ciénaga y Pueblo Viejo, la discusión pública fue sobre metodología. Nadie se detuvo en que 34,5 es una tasa de guerra. Medicina Legal registra que Santa Marta pasó de 132 homicidios en 2019 a 208 en 2023, un aumento del 58 por ciento. En enero de 2025 una banda autodenominada La Muerte anunció por video una limpieza social y en 72 horas asesinaron a cuatro personas. Lerber Dimas, defensor de derechos humanos de la Sierra, dijo entonces que un flagelo de más de cincuenta años no se acaba en un fin de semana, en respuesta a un comunicado oficial que celebraba como hito no haber registrado homicidios el Día de las Madres. Esa es la mediocridad que el lector pide nombrar: no la del ladrón, sino la del funcionario que confunde un fin de semana tranquilo con una política de seguridad.

El impacto real no se mide en buses quemados. Se mide en la señora que vende empanadas en el mercado y paga 150.000 pesos mensuales para que no la maten, que es más de lo que paga de servicios públicos. Se mide en el mototaxista de Gaira que financia con su cuota el fusil que un día lo apunta. Se mide en los niños de Guachaca, Bonda, Minca, Calabazo y el barrio 11 de Noviembre a quienes la Alcaldía les suspendió las clases presenciales esta semana porque la vía al colegio es territorio en disputa. Se mide en el hotelero de Palomino que sube la tarifa al turista europeo para cubrir el impuesto de la Sierra y luego escucha al gobierno decir que Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos del país. Lo es. Con un socio silencioso en cada factura.

Y se mide en el costo de oportunidad. Con los 72.000 millones anuales que la banda extrae del Magdalena, el departamento podría financiar durante un año completo el programa de alimentación escolar de varias decenas de municipios, o terminar los 33 elefantes blancos que la Contraloría tiene identificados en el departamento por 336.386 millones de pesos. No lo hará, porque esa plata no existe para el Estado: existe para la Sierra. Y la ciudadanía, que paga dos veces, una al fisco y otra a la ACSN, recibe a cambio un puesto de mando unificado cada vez que un cabecilla muere.

Ahora ampliemos el lente, porque Santa Marta no es una anomalía. Es un síntoma con playa. El informe Tiempos Violentos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicado esta misma semana, identifica 527 municipios con presencia de al menos un grupo armado en 2026, frente a 212 en 2019: un crecimiento del 149 por ciento en siete años, algo así como un municipio colonizado cada ocho días. Más de la mitad del mapa. Nueve estructuras se disputan ese territorio: el ELN, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y la ACSN. La Defensoría del Pueblo, con otra metodología, registra al Clan del Golfo en 468 municipios, al ELN en 260 y a las disidencias en 265. La FIP calcula 27.121 integrantes en los grupos principales, la cifra más alta desde el Acuerdo de Paz de 2016; un informe de inteligencia entregado al nuevo gobierno en agosto habla de más de 30.000 en 31 departamentos. Pares estima la economía combinada de esos nueve grupos en 1.000 millones de dólares anuales y concluye que ningún actor tiene incentivos reales para ceder un territorio que le produce ese nivel de ingresos.

El lector notará un patrón: en cada uno de esos territorios el Estado tiene batallón, comando de Policía, alcaldía, personería, fiscalía seccional y juzgados. No es ausencia de Estado. Es presencia de un Estado que no funciona para la mayoría y que funciona muy bien para unos pocos. Esa distinción es el corazón de lo que corrupcionaldia.com llama ecosistema corrupto, y responde las cuatro preguntas que muchos samarios se hacen hoy.

Por qué las autoridades siempre han cohonestado con estos grupos. Porque la renta se comparte. Un soldado con quince años de servicio no vende munición a la banda por ideología; lo hace porque el sistema de incentivos dentro de su institución hace que el riesgo de ser descubierto sea menor que el beneficio de venderla. Un político no se toma fotos con el cabecilla porque le simpatice; lo hace porque en la Sierra ese cabecilla decide cómo se vota en Guachaca. La teoría de la elección pública, que James Buchanan formuló hace medio siglo, explica esto sin moralina: los funcionarios responden a incentivos, y cuando el incentivo dominante es la renta criminal, la conducta racional del funcionario es cohonestar. Lo irracional sería no hacerlo.

Por qué nunca hubo una política para frenar a estas bandas. Porque hubo tres, contradictorias, y cada una duró lo que duró el gobierno que la firmó. Duque golpeó cabezas y el cuerpo creció. Petro negoció con el cuerpo y el cuerpo creció. De la Espriella vuelve a golpear cabezas y el cuerpo, como advierte la investigadora Norma Vera Salazar, mutará con nuevos mandos. Una política pública de seguridad contra una estructura de cuatro décadas necesita al menos dos décadas de continuidad, un aparato judicial que no deje que los presos sigan operando y una fuerza pública depurada. Ninguna de esas tres condiciones existe en el Magdalena. Lo que existe es un ciclo electoral de cuatro años que premia el operativo de esta semana y castiga la reforma de los próximos diez.

Por qué la inteligencia no tiene el portafolio completo. Aquí conviene corregir la premisa. Sí lo tiene. Semana publicó esta semana documentos de la Fuerza Pública con la línea de mando y control de Los Pachenca, el organigrama de frentes, los alias, la genealogía criminal desde 1982. La FIP puede decir cuántos son, dónde están y cuánto cobran. El problema nunca fue la información. El problema es que la información no se convierte en decisión, y cuando se convierte, se convierte en un operativo y no en una política. Un Estado que sabe cuánto extorsiona la banda, a quién y dónde, y aun así deja que el 95 por ciento del comercio turístico pague durante años, no tiene un problema de inteligencia. Tiene un problema de voluntad. Y en el Código Penal colombiano, el funcionario que sabe y omite tiene nombre: prevaricato por omisión, artículo 414. Que ese artículo se aplique alguna vez a un comandante de Policía, a un secretario de seguridad o a un alcalde por lo que dejaron de hacer frente a la ACSN es la verdadera pregunta de fondo.

Y por qué el ecosistema corrupto se fortalece en la justicia y en las fuerzas del orden. Porque la corrupción y el crimen organizado no son dos problemas que coinciden en el mismo mapa. Son el mismo problema visto desde dos ventanas. Trino Luna lo dijo ante la JEP con una franqueza que ningún informe académico ha superado: robó la contratación de la gobernación para pagarle a los paramilitares. El jurista español Alejandro Nieto llama a esto captura institucional: cuando la institución sigue existiendo, con su edificio, su presupuesto y su membrete, pero sus decisiones las toma otro. En el Magdalena esa captura tiene cuarenta años de antigüedad y ha sobrevivido a la extradición de Hernán Giraldo, a la desmovilización de 2006, a la muerte de Chucho Mercancía, a la Paz Total y ahora a la militarización. Sobrevivirá también a esta semana, a menos que alguien entienda que la Sierra no se toma con Kfir. Se toma con jueces que fallen, con guardias que no vendan celulares, con soldados que no vendan cartuchos y con alcaldes que no necesiten la foto.

Entonces, quién tiene la culpa de la delicada situación de Santa Marta. Por orden de antigüedad: Hernán Giraldo y sus herederos, que construyeron el negocio. La clase política del Magdalena que en 2002 firmó pactos y en 2007 aceptó condenas, y cuyos apellidos siguen en las listas. Los militares que vendieron munición y los guardias que dejaron operar a 76 presos desde las celdas. Los tres gobiernos nacionales que trataron un cáncer de cuarenta años con remedios de cuatro. Los funcionarios distritales que discutieron metodologías mientras la tasa de homicidios doblaba la del país. Y, en el último lugar de la lista pero no fuera de ella, una ciudadanía que aprendió a pagar en silencio porque cada vez que denunció, el denunciado ya sabía.

El presidente juró por Colombia que va a acabar con ellos. Duque también lo dijo. Petro lo dijo con otras palabras. La ACSN los ha escuchado a los tres y ha seguido creciendo, porque su fortaleza nunca estuvo en la Sierra. Estuvo en la ciudad, en el batallón, en la cárcel y en la urna. La pregunta no es si el Estado tiene la fuerza para tomarse Guachaca. La tiene desde hace décadas. La pregunta es si tiene la decencia para tomarse a sí mismo. Y esa respuesta, samario, no la va a dar un Kfir. La va a dar usted la próxima vez que un funcionario le pida el voto con la misma mano que saludó al cabecilla.