¿Alcalde o malhechores?

Verdad y Pruebas lanzó la pregunta sobre cuatro alcaldes del Magdalena. En corrupcionaldia.com ya teníamos la respuesta en cifras: Ciénaga 1,2; Fundación 1,8; El Banco 2,4; Tenerife 4,3. Promedio: 2,4 sobre 10.

Nos encontramos en el departamento del Magdalena, donde el portal Verdad y Pruebas publicó el 24 de septiembre de 2026 una pregunta que parecía titular y era una hipótesis de trabajo: ¿alcaldes o malhechores? Nombró a cuatro. Ronald Flórez Sierra en El Banco, Luz Helena Andrade Campo en Fundación, Jorge Miguel Mercado Botero en Tenerife y Luis Alberto “Becho” Fernández Quinto en Ciénaga. Anunció entregas futuras con el detalle de las contrataciones. En corrupcionaldia.com no necesitamos esperar. A los cuatro ya les calificamos, con los formularios oficiales del CHIP, el CUIPO y el SECOP sobre la mesa, sus dos primeros años de gobierno. Las notas quedaron publicadas entre febrero y marzo de 2026: 1,2 sobre 10 en Ciénaga, 1,8 en Fundación, 2,4 en El Banco y 4,3 en Tenerife. El promedio de los cuatro es 2,4. En cualquier colegio del país esa cifra se llama pérdida del año. En el Magdalena se llama administración municipal.

Conviene empezar por la pregunta de Verdad y Pruebas, porque tiene un fondo histórico que explica el presente. Cuando la Corte Suprema de Justicia abrió a finales de 2006 los procesos de parapolítica, el Magdalena perdió a buena parte de su clase dirigente en cadena de sentencias. El vacío no lo llenaron partidos con programa. Lo llenaron lo que aquel portal llama liderazgos emergentes: empresas electorales personales, sin ideología, sin militancia, sin más doctrina que el presupuesto municipal. Ese es el ciclo que se cierra hoy. Los cuatro alcaldes nombrados no son una anomalía del sistema. Son su producto lógico veinte años después. Y por eso la respuesta a la pregunta del titular no está en los adjetivos sino en las hojas de cálculo. Vamos municipio por municipio, de la nota más baja a la más alta.

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Ciénaga primero, porque su 1,2 sobre 10 es la calificación más baja que este portal ha otorgado a un alcalde en el Magdalena, y la única que rotulamos como gestión delictuosa. Luis Alberto Fernández Quinto, el docente conocido como Becho, gobierna un distrito de 134.841 habitantes, el segundo del departamento, con un Plan de Desarrollo que prometía una Ciénaga más social, productiva y sostenible. En sus primeros tres meses y veinte días de gobierno entregó, según documentamos en abril de 2024, 12.239 millones de pesos en contratos a dedo. Entre los beneficiarios aparecieron la Fundación Lucía del Mar, con 2.000 millones para operar Familias en Acción y una página de Facebook creada el mismo día del contrato; la Fundación Futuro por Colombia HC, con 250 millones y un NIT sin registro mercantil; y la Fundación Ciénaga Caribe, que recibió 1.200 millones para acciones de salud pública mientras el propio Hospital San Cristóbal firmaba un convenio por apenas 610 millones para hacer lo mismo. Una fundación desconocida cobró el doble que el hospital público por el mismo objeto. Eso no es incompetencia. Es una decisión.

El resultado de esa arquitectura contractual se mide en pasivos y en muertos. El Hospital San Cristóbal cerró marzo de 2025 con 51.417 millones de pesos en pasivos corrientes y un déficit acumulado de 7.400 millones en 2024, mientras la administración giraba cerca de 8.000 millones a la Fundación Sembradores de Esperanza en dos programas adjudicados con un solo proponente. En seguridad, Ciénaga registró 96 homicidios en 2025, segundo municipio más violento del Magdalena, y en febrero de 2026 cerca de 200 personas huyeron de las veredas La Tigra, La Mojana y Cerro Azul por combates en la Sierra Nevada. En obras, el concejal José Manuel Noguera radicó en diciembre de 2025 denuncias ante Fiscalía y Procuraduría por más de 40.000 millones de pesos en tres contratos: la vía San Pablo-San Javier, contratada en 22.100 millones para 11,45 kilómetros e inflada hasta 33.036 millones con la última adición firmada por Fernández Quinto en julio de 2024, con 9 kilómetros ejecutados y la obra abandonada; la quebrada La Aguja, 8.000 millones por contratación directa; y los espolones costeros, adición de 2.600 millones sin informe técnico. Los 10.000 millones pagados en adiciones a una vía que nadie termina alcanzan para pagar, a valor de 2026, más de 5.700 salarios mínimos mensuales. Con esa plata se sostenían durante un año los ingresos de casi 480 familias cienagueras. Y en enero de 2026 la Procuraduría le otorgó al distrito 100 sobre 100 en su Índice de Transparencia. El ITA mide si la alcaldía publica documentos. No mide si los documentos dicen la verdad. Un portal web impecable y una vía abandonada caben en el mismo municipio sin contradicción alguna.

Verdad y Pruebas añade a este expediente un elemento que nosotros no hemos verificado: que Becho intimidaría a sus contradictores con la ayuda de quien el portal llama su ángel guardián. Lo registramos como afirmación de ese medio, no como hallazgo propio. Lo que sí consta en Diario La Libertad, en junio de 2025, es que líderes sociales que denunciaron el freno a obras financiadas por más de 62.000 millones de pesos pidieron reserva de su nombre por temor a represalias. Cuando la gente pide anonimato para hablar de un colegio y de un centro de vida para adultos mayores, el miedo ya está haciendo el trabajo que antes hacían las armas. Fernández Quinto no ha sido imputado ni condenado. La presunción de inocencia lo cobija en todos los procesos abiertos.

Fundación sigue, con 1,8 sobre 10. Luz Helena Andrade Campo llegó a la alcaldía con 10.220 votos bajo la agrupación En Marcha, y su Plan de Desarrollo prometía construir una nueva historia para un municipio de 75.845 habitantes. La historia que se escribió fue la de siempre, con capítulos peores. En 2024 el municipio registró 46 homicidios, una tasa de 60,6 por cada 100.000 habitantes, la cuarta más alta del departamento, y la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos contó 80 asesinatos entre enero de 2024 y julio de 2025, incluida una niña de cuatro años. El agua llega con una continuidad del 45% del tiempo, tres o cuatro días a la semana sin servicio en varios barrios, con una planta de 200 litros por segundo que la Gobernación, no la alcaldía, prometió ampliar en 2025. El contrato de pavimentación urbana por 5.000 millones de pesos, adjudicado al Consorcio Pavimento Fundación, cobró el 50% de anticipo, no supera el 70% de avance y pavimentó calles que no estaban en el objeto contractual. En el Hospital San Rafael un bebé murió en junio de 2025 después de 17 horas de espera, y en septiembre de 2026 la Procuraduría formuló cargos a la exgerente por contratos con SODE Ingeniería, casi dos años después de que este portal documentara el saqueo. La inversión municipal en salud con recursos propios quedó en 15.000 pesos por habitante al año, un tercio de lo que el propio plan prometía. Con 15.000 pesos por persona no se compra ni una caja de acetaminofén de marca.

Sobre Andrade Campo, Verdad y Pruebas va más lejos que nosotros. Sostiene que la alcaldesa, a quien llama Landra, estaría incursa en enriquecimiento ilícito, lavado de activos y delitos contra la administración pública, con una ostentación de lujos que derivaría de vínculos con el Fondo Mixto Sierra Nevada. Esa afirmación es de ese medio y debe leerse como tal. Lo que consta en el registro público es otra cosa, y pesa lo suyo. El Fondo Mixto Sierra Nevada, que en corrupcionaldia.com diseccionamos en marzo y agosto de 2026, movió según la Fiscalía 3,1 billones de pesos de regalías en 480 contratos en 19 departamentos, con trece capturados y cinco gobernadores en indagación, entre ellos la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra. En mayo de 2026 la propia alcaldesa declaró a Hoy Diario del Magdalena que no tenía cargos de la Fiscalía y que la denuncia de un excontratista del Instituto de Tránsito estaba en verificación preliminar ante la Fiscalía 40 Seccional de Santa Marta. Es cierto: no hay imputación. Es cierto también que en marzo de 2026 Fedemunicipios le entregó un reconocimiento por su gestión. Con 60 homicidios por cada cien mil habitantes y un bebé muerto en la sala de espera, el reconocimiento dice más de Fedemunicipios que de Fundación. Andrade Campo goza de presunción de inocencia.

El Banco, con 2,4 sobre 10, es la historia de un municipio que se lo traga el río mientras el alcalde no sabe cuánto presupuesto administra. Y eso último no es una figura retórica. El 29 de mayo de 2026, en presencia del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, Ronald Darío Flórez Sierra respondió con cifras confusas cuando le preguntaron por el presupuesto municipal, intentó pasarle la palabra a la gerente del hospital y recibió del ministro una frase que Opinión Caribe convirtió en titular: el alcalde no sabe, él tiene que aprender. El presupuesto que no sabe es este: 113.089 millones de pesos en ingresos en 2024 y 123.261 millones en 2025, de los cuales apenas el 7,4% son tributos propios. El predial de un municipio de 70.000 habitantes y 2.167 kilómetros cuadrados recaudó 739 millones en 2024, lo que un buen edificio de Barranquilla paga solo. El servicio de la deuda creció 51% en un año. Y en mayo de 2026 el municipio entró en Ley 550, el régimen de los entes territoriales en quiebra. Todo esto mientras la cobertura de alcantarillado sigue en 25,09%, el saneamiento rural en cero y 6.000 familias de San Roque, San Felipe, El Cerrito y el barrio El César esperan que alguien contrate un estudio hidráulico serio antes de que el Magdalena les lleve la casa. La respuesta oficial fueron postes de madera y sacos de piedra que la primera lluvia se llevó.

“¡No, no, no, usted debe saber! El presupuesto es suyo.”Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, al alcalde de El Banco, 29 de mayo de 2026 (Opinión Caribe)

En El Banco el dinero sí llegó. El Sistema General de Regalías giró 30.490 millones en el bienio y los compromisos presupuestales de dos años superaron los 244.000 millones de pesos. Al cruzar el SECOP encontramos un contrato liquidado en 2025 por 30.130 millones de pesos, equivalente a la cuarta parte del presupuesto anual, sin entregables verificables en el portal, y cuatro procesos terminados anormalmente por 3.715 millones. Ahí entra la denuncia que Verdad y Pruebas retoma y que nosotros publicamos en mayo de 2026: la ESE Samuel Villanueva Valest, gerenciada por Priscilla Pérez Bello, esposa del exalcalde Luis Fernando Vanegas y designada por Flórez Sierra, presentaría contrataciones direccionadas de compras y suministros con sobrecostos, y algunas beneficiarían a familiares políticos de un hermano del alcalde. La Empresa de Servicios Públicos, bajo la ingeniera Aura Teresa Jaramillo, mostraría el mismo patrón al amparo del régimen especial que la exime de la Ley 80. Ninguno de los tres respondió a nuestras llamadas. Sobre Flórez Sierra pesa también una denuncia de Diario La Libertad por presunta violación de topes de financiación electoral. No hay condena ni imputación en su contra. La presunción de inocencia lo ampara.

Tenerife cierra la lista con 4,3 sobre 10, la única nota que no cae en la franja mediocre, y aun así la que trae el vínculo documental más directo con el escándalo de regalías más grande del país. Jorge Miguel Mercado Botero, del Partido de la U, ya fue alcalde entre 2016 y 2019 y volvió con el eslogan Vuelve el Progreso. Volvió el crédito. El municipio, de categoría sexta y unos 26.000 habitantes, recaudó en tributos propios 1.534 millones en 2024 y 695 millones en 2025, una caída del 54,7% en un año, con un predial de 71 millones de pesos en un territorio de ganaderos ribereños. La dependencia del gobierno nacional pasó del 77,8% al 89,5%. La deuda subió 31% hasta 6.411 millones gracias a un crédito con BBVA de 2.000 millones firmado en agosto de 2025, todo pignorado al SGP y rotulado como transporte, mientras el muro de contención contra inundaciones que el propio Mercado Botero gestionó en su primer periodo sigue sin acta de terminación. El gasto en bienes y servicios de funcionamiento creció 204%. El gasto de personal, 35,8%. Los rendimientos financieros del municipio en 2025 fueron 2,3 millones de pesos. Un ahorrador con una cuenta de nómina en Tenerife gana más intereses que su alcaldía.

Lo que la calificación de marzo no alcanzó a incluir lo publicó El Informador el 11 de agosto de 2026. En 2024 el Concejo de Tenerife aprobó, a iniciativa del alcalde, la creación de la Empresa de Desarrollo del Magdalena, Edesma, una sociedad de economía mixta del orden municipal con un objeto social tan amplio como para hacer urbanismo, gestión inmobiliaria e infraestructura. Con esa figura, Edesma suscribió cerca de 20 contratos por unos 10.000 millones de pesos, la mayoría para ejecutar en el propio Tenerife, en lo que el diario samario describe como un yo con yo, y otros en convenio con Chivolo. Según la misma fuente, Edesma habría subcontratado con el Fondo Mixto Sierra Nevada un proyecto vial y otro de tecnología, y la Fiscalía tiene la lupa puesta ahí. El mecanismo es idéntico al de Aremca y al del propio Fondo Sierra Nevada: se crea una entidad mixta, se le entregan recursos públicos por convenio sin licitación, y la entidad contrata con quien quiera. Verdad y Pruebas suma una acusación que no hemos podido documentar: una cesión ilegal de territorio con pérdida potencial de regalías futuras. Queda como pregunta abierta, no como hecho. Mercado Botero no está imputado. Su presunción de inocencia se mantiene.

Cuatro municipios, cuatro alcaldes, cuatro nombres distintos y una sola gramática. Miremos las coincidencias, porque ahí está el sistema. En los cuatro, la dependencia de las transferencias nacionales supera el 77% y en dos de ellos roza el 90%. Eso significa que ninguno de estos alcaldes gobierna con plata de sus vecinos. Gobiernan con plata de Bogotá, y la plata que viene de lejos se vigila con menos celo que la que sale del bolsillo propio. En los cuatro, el predial es una anécdota: 739 millones en El Banco, 71 millones en Tenerife. Un alcalde que no actualiza el catastro no tiene un problema técnico. Tiene un acuerdo tácito con los grandes propietarios, que son también los grandes financiadores de campaña. En tres de los cuatro aparece la misma criatura jurídica: la entidad intermedia que permite contratar sin Ley 80. En Ciénaga son fundaciones sin huella digital. En El Banco son la ESE y la empresa de servicios públicos con régimen especial. En Tenerife es Edesma. En Fundación, según Verdad y Pruebas, sería el Fondo Mixto Sierra Nevada. Cambia el nombre. No cambia el vacío.

Los concejos municipales merecen párrafo aparte, porque sin ellos ninguno de estos mecanismos existe. En Tenerife, Edesma nació por acuerdo del Concejo, con los votos del bloque mayoritario que El Informador identifica con nombre propio: Edinson Ledesma, Amauri Badillo, Efrén Díaz, Arnaldo Martínez, Pedro Quintana y Andrés Román, entre otros. En Ciénaga, un solo concejal, José Manuel Noguera, radicó las denuncias por más de 40.000 millones y votó en contra de las facultades extraordinarias que el alcalde pidió en enero de 2026, mientras los demás guardaban un silencio que también se remunera. En Fundación y El Banco los concejos aprobaron planes de desarrollo con metas de cobertura de acueducto, reducción de homicidios y kilómetros de vía que nadie volvió a leer después de la sanción. La Ley 136 de 1994 le da al Concejo el control político sobre la administración. En estos cuatro municipios ese control se ejerce, en el mejor de los casos, por una persona. Un alcalde con mayoría en el Concejo no tiene contrapeso: tiene notaría.

El escalón siguiente es el departamento, y ahí el Magdalena repite a escala mayor lo que sus municipios hacen a escala menor. La gobernadora María Margarita Guerra Zúñiga está en indagación ante la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema por el Fondo Mixto Sierra Nevada, junto con el exgobernador Rafael Martínez, y ha guardado silencio sobre los contratos que heredó y no revocó. Aremca, la Asociación Regional de Municipios del Caribe, movió un billón de pesos por la misma vía y tocó a alcaldes y exalcaldes de este departamento. Es decir: cuando un alcalde de Tenerife crea una empresa mixta para subcontratar con el Fondo Sierra Nevada, no está inventando nada. Está copiando la arquitectura que la Gobernación y las asociaciones de municipios validaron durante cinco años. El aprendizaje institucional en el Magdalena funciona perfectamente. Lo que se aprende es el atajo.

El profesor Alejandro Nieto escribió que el desgobierno de lo público no es una suma de casos aislados sino una práctica integrada al funcionamiento del Estado. En el Magdalena esa práctica tiene fecha de nacimiento. La parapolítica no fue derrotada en 2006; fue reemplazada por algo más barato y más difícil de procesar. El paramilitar ponía el fusil y exigía un porcentaje. El liderazgo emergente pone el aviso de campaña y se queda con la ordenación del gasto. El primero era un delito con nombre en el Código Penal. El segundo es una fundación con NIT nuevo y un convenio interadministrativo. La psicología de masas explica el resto: el votante que recibió los ladrillos y el cemento en octubre no le pide cuentas en enero al que se los dio, porque pedir cuentas es reconocer el precio al que se vendió. Esa vergüenza es el cemento más resistente del sistema.

Los organismos de control llegan, cuando llegan, con la plata ya gastada. En Fundación, la Procuraduría formuló cargos a la exgerente del Hospital San Rafael en septiembre de 2026 por hechos que este portal documentó en 2024. Dos años. En El Banco, la Contraloría General señaló 9.150 millones en hallazgos por obras de gobiernos anteriores que la actual administración tampoco terminó, con la I.E.D. Mitsilou Campbell de Los Negritos al 50% y sin pagos al contratista. En Ciénaga, las denuncias del concejal Noguera tienen nueve meses en la Fiscalía y ninguna medida cautelar conocida sobre los recursos. En Tenerife, la Fiscalía apenas mira a Edesma dos años después del acuerdo del Concejo. El mapa de impunidad de la Secretaría de Transparencia lo resume: de cada 100 denuncias por corrupción en Colombia, seis terminan en condena. Con esa probabilidad, un ordenador del gasto racional no tiene por qué cambiar de conducta. Cambiará cuando la vigilancia ocurra antes de la firma y no después de la sentencia.

El costo de oportunidad merece verse en unidades que la gente entienda. Los 10.000 millones pagados en adiciones a la vía abandonada de Ciénaga son, a precios de 2026, cerca de 4.000 becas técnicas de un año en el SENA privado o el sostenimiento anual de tres puestos de salud rurales dotados. El contrato liquidado de 30.130 millones en El Banco sin entregables verificables supera el doble de los 14.000 millones que la Gobernación invirtió en el acueducto del municipio, y con una fracción se contrataba el estudio hidráulico que 6.000 familias llevan dos años esperando. Los 5.000 millones de la pavimentación inconclusa de Fundación habrían cubierto durante más de cuatro años la inversión municipal en salud con recursos propios al ritmo actual de 15.000 pesos por habitante. Y los 10.000 millones que Edesma contrató en Tenerife representan más de catorce años del recaudo tributario del municipio. La plata no faltó en ninguno de los cuatro. Lo que faltó fue alguien que la viera salir.

El análisis jurídico es el mismo en los cuatro despachos y por eso lo hacemos una sola vez. El artículo 414 del Código Penal tipifica el prevaricato por omisión: el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. En Ciénaga, la omisión es no suspender un contrato con 10.000 millones en adiciones y la obra parada, y no revisar fundaciones con NIT inexistente pese a denuncias públicas. En Fundación, no sancionar a un contratista con el 50% del anticipo cobrado y el objeto sin cumplir, y no reaccionar ante la crisis hospitalaria documentada. En El Banco, no contratar con recursos propios el estudio de riesgo hidráulico que la Ley 1523 de 2012 ordena, con más de 116.000 millones en inversión comprometida en 2024. En Tenerife, no ejecutar el catastro multipropósito que la Ley 1955 de 2019 impone y no publicar la rendición de cuentas que la Ley 1757 de 2015 exige. Ninguna de estas omisiones es una sentencia. Son el sustrato fáctico que la Fiscalía y la Procuraduría tienen la obligación de examinar. En tres de los cuatro casos ya hay denuncias radicadas o investigaciones anunciadas. En los cuatro, el elemento del dolo se fortalece con un dato simple: cada uno de estos mandatarios firmó el Plan de Desarrollo en el que constan las metas que incumplió.

Queda la pregunta del titular. ¿Alcaldes o malhechores? La respuesta honesta es que la palabra malhechor la decide un juez, y ninguno de los cuatro tiene sentencia. La palabra alcalde la decidieron 15.000 votantes en El Banco, 10.220 en Fundación y las mayorías respectivas de Tenerife y Ciénaga. Entre esas dos palabras hay una tercera que no necesita juez: responsable. Responsable de 96 homicidios sin plan, de un bebé muerto tras 17 horas, de 6.000 familias frente al río, de un recaudo que se desploma a la mitad. Esa responsabilidad ya está probada con los formularios que ellos mismos enviaron al Ministerio de Hacienda. La ciudadanía del Magdalena tiene tres años hasta la próxima elección y una herramienta que no existía en 2006: la posibilidad de mirar el SECOP, el CHIP y las actas del Concejo desde un celular, con VIGI o sin ella, antes de que la plata salga. Las Zonas Libres de Corrupción no son un eslogan para estos cuatro municipios. Son el único mecanismo que convierte la pregunta de Verdad y Pruebas en una respuesta que no dependa de la Fiscalía. La pregunta no es si estos cuatro alcaldes son malhechores. Es cuánto va a costar cada año que nadie los vigile.

Presunción de inocencia: Luis Alberto Fernández Quinto, Luz Helena Andrade Campo, Ronald Darío Flórez Sierra y Jorge Miguel Mercado Botero no tienen imputación ni condena conocida a la fecha de publicación. Las calificaciones son un juicio ciudadano sobre gestión, construido con formularios oficiales, y no una decisión judicial. Los señalamientos atribuidos a Verdad y Pruebas son de ese medio y se citan como tales.