Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025

Por Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

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Apertura

Nos encontramos en el municipio de Moñitos, 28 kilómetros de litoral Caribe en la zona costanera de Córdoba, tierra de pescadores, plataneros y una playa que el mar se está comiendo. Vamos a auscultar la gestión municipal de Moñitos, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde José Félix Martínez Bravo (Partido Conservador Colombiano), posesionado el 1 de enero de 2024 tras imponerse con 8.217 votos (50,35 %) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, apenas 751 votos por encima del liberal Pedro Ramón Terris Morelos (7.466 votos, 45,75 %). Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el Índice de Desempeño Institucional (FURAG) de la Función Pública, el SECOP, el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo y la prensa que registró lo que la gente gritó en las vías bloqueadas.

Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es un examen documental de un alcalde que gobierna Moñitos por tercera vez, que en 2011 se posesionó desde la cárcel de La Picota, capturado por el llamado Pacto de Marizco con el paramilitar Freddy Rendón, alias El Alemán, y que llegó a esta posesión con un reporte de responsabilidad fiscal de la Contraloría por $ 95,9 millones que sus contradictores exhibieron para cuestionar su credencial. Nada de eso, por sí solo, califica su gestión. La califican los números.

¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? La pregunta pesa en un municipio donde el 75,7 % de los hogares carece de agua mejorada según el Índice de Pobreza Multidimensional, donde la mortalidad materna alcanzó 292,4 por cada 100.000 nacidos vivos, donde no existe un hospital de primer nivel y donde, en abril de 2025, un carrotanque de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo fue grabado llenando el tanque de la residencia del alcalde mientras el pueblo hacía fila por agua. Adelantamos el veredicto: 4,45 sobre 10, MEDIOCRE 🟠 PREOCUPANTE. El resto del artículo explica, cifra por cifra, cómo se llega a ese número y por qué la Procuraduría y la Fiscalía tienen material para examinar.

Todas las cifras de este trabajo son rastreables: formularios CUIPO, FUT y SGR del CHIP para las vigencias 2024 y 2025, el reporte de Resultados de Desempeño Institucional 2025 de Función Pública, los datasets abiertos del SECOP I y II en datos.gov.co, el Acuerdo 001 de 2024 que adoptó el Plan de Desarrollo, el Informe de Gestión 2025 de la propia alcaldía y más de veinte notas de prensa regional y nacional. El lector encontrará el anexo de fuentes y limitaciones al final.

El municipio y el «Gobierno al Servicio de la Gente»

Moñitos tiene 32.414 habitantes proyectados para 2024, el 80,6 % en zona rural y el 87,93 % afrocolombianos. Es municipio de sexta categoría, no es municipio PDET (la subregión Sur de Córdoba agrupa a Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia) y su economía depende de la pesca, el plátano y un turismo de playa que la erosión costera está desmontando pieza por pieza: en noviembre de 2025 la alcaldía cerró el muelle turístico y en julio de 2026 tuvo que retirar cuatro pilotes por riesgo de colapso.

El Plan de Desarrollo «Gobierno al Servicio de la Gente» 2024-2027 fue adoptado por el Acuerdo 001 del 31 de mayo de 2024, dentro del plazo legal, tras cuatro mesas de trabajo convocadas en febrero de 2024. Tiene cuatro líneas: Vida Digna y Bienestar para la Gente; Desarrollo Económico Diverso; Inclusión Social y Reconciliación; Gobernanza e Institucionalidad. Su diagnóstico es honesto hasta la crudeza: IPM del 65,4 %, trabajo informal del 96,4 %, 4.540 hogares sin agua mejorada para cocinar, 5.169 hogares sin alcantarillado adecuado, 1.734 sin recolección de basuras, cobertura en educación superior del 0 % y, en salud, la frase que resume todo: «el municipio no cuenta con infraestructura hospitalaria de primer nivel».

El plan plurianual de inversiones proyectó $ 50.024 millones para 2024 y $ 42.734 millones para 2025, con un crédito previsto de $ 9.000 millones. El Concejo lo autorizó hasta por $ 13.000 millones mediante el Acuerdo 006 del 27 de junio de 2024 y la alcaldía firmó con Bancolombia un empréstito de $ 11.000 millones el 29 de noviembre de 2024. Guarde ese dato: ese crédito es el hilo que une las finanzas, la contratación y las protestas.

El alcalde Martínez Bravo tiene experiencia sobrada. Ese es, precisamente, el problema: a un mandatario en su tercer período no se le concede la curva de aprendizaje que se le concede a un novato.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Aplicamos la metodología forense de corrupcionaldia.com, la misma usada en Toluviejo, Agua de Dios, Abejorral y El Piñón. Seis componentes ponderados, cada uno calificado de 0 a 10 con evidencia documental.

Tabla 1. Escala de calificación

Rango	Calificación	Indicador
0,0 a 2,9	PÉSIMO	🔴 CRÍTICO
3,0 a 4,9	MEDIOCRE	🟠 PREOCUPANTE
5,0 a 6,9	Regular	🟡 VIGILAR
7,0 a 8,4	Bueno	🟢 BIEN
8,5 a 10,0	Excelente	🟢 BIEN

Tabla 2. Componentes y pesos

Componente	Peso	Qué mide
FURAG (IDI)	25 %	Índice de Desempeño Institucional de Función Pública
Ejecución presupuestal CUIPO	20 %	Ingresos, gastos, inversión, deuda, dependencia
Avance Plan de Desarrollo	20 %	Cinco problemas comunitarios prioritarios
Transparencia SECOP	15 %	Modalidades, competencia, publicación
Cumplimiento ODS	10 %	Seis ODS priorizados
Percepción ciudadana	10 %	Protestas, titulares, participación

La escala no es absoluta: exige en proporción al punto de partida. Un 7,0 en Moñitos no es un 7,0 en Montería. Lo que no cambia de un municipio a otro es la exigencia mínima de legalidad y transparencia. Regla del prevaricato: si la nota final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis del artículo 414 del Código Penal.

Componente 1 (25 %): FURAG, puesto 995 entre 1.099 alcaldías

El Índice de Desempeño Institucional mide, con formularios diligenciados por la propia entidad y verificados por Función Pública, la calidad de la planeación, la gestión del talento humano, la transparencia, el control interno y la atención al ciudadano. Es el termómetro más objetivo que existe sobre la máquina administrativa de una alcaldía.

Moñitos obtuvo 49,30 puntos en la medición de la vigencia 2025. Los números, esos testigos mudos que nunca mienten, dicen lo siguiente:

• De 1.099 alcaldías medidas en el país, Moñitos ocupa el puesto 995. El promedio nacional es 70,19 y la mediana 71,27; Moñitos está 21 puntos por debajo del promedio.
• Solo 24 alcaldías superan los 95 puntos (Funza 98,90, Sabaneta 98,74, Bogotá 98,63, Fredonia 98,09, La Gloria 97,85).
• En su grupo de pares, Alcaldía Grupo 3, hay 233 entidades con promedio de 72,31; Moñitos es la número 218.
• En Córdoba, con 30 alcaldías, Moñitos es la 19. La lidera Montería (80,43) y, dato que duele, Los Córdobas, municipio vecino de la misma zona costanera, con las mismas limitaciones geográficas y menos población, alcanzó 79,24. Moñitos queda a 30 puntos de su vecino.

Un IDI de 49,30 no es un accidente estadístico. Es la fotografía de una entidad que no planea, no documenta y no controla. Explica, en buena parte, todo lo que sigue: por qué la alcaldía dejó de reportar información al CHIP durante 2024, por qué no tiene un solo proceso en SECOP II en dos años y por qué la Gobernación advirtió en mayo de 2025 que Moñitos no entregaba la documentación necesaria para activar ayudas de calamidad.

Calificación componente 1: 4,93/10. MEDIOCRE.

Componente 2 (20 %): CUIPO, ejecución presupuestal línea por línea

Aquí empieza lo forense. Los formularios de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario muestran dos vigencias que parecen de dos municipios distintos.

Tabla 3. Ingresos recaudados por fuente (millones de pesos)

Fuente	2024	%	2025	%
Ingresos tributarios (esfuerzo propio)	992,8	3,8 %	3.673,0	5,0 %
No tributarios (SGP, ADRES, otros)	14.264,7	54,3 %	59.433,0	80,2 %
Recursos de capital (crédito Bancolombia)	11.000,0	41,9 %	11.000,0	14,8 %
Total recaudado	26.257,4	100 %	74.106,0	100 %

Fuente: CHIP, CUIPO, formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS, DIC A DIC 2024 y 2025.

Primera anomalía: la vigencia 2024 está subreportada. Ingresos corrientes de $ 15.257 millones en 2024 contra $ 63.106 millones en 2025 no reflejan un crecimiento real del 314 %: reflejan que el reporte 2024 al CHIP quedó incompleto. El propio Plan de Desarrollo programó $ 50.024 millones de inversión para 2024 y el SGP de salud por sí solo supera los $ 26.000 millones anuales. El Informe de Gestión 2025 confirma la lectura al señalar que la Contraloría certificó el cumplimiento de la Ley 617 de la vigencia 2024 «luego de varios años», es decir, la alcaldía venía incumpliendo su deber de reportar. Los formularios de gastos 2024 tampoco cuadran entre sí: la sección de vigencia actual de la Administración Central registra compromisos por $ 19.373 millones con obligaciones de $ 13.025 millones (ejecución del 67,2 %), mientras el consolidado por tipo de gasto suma $ 10.001 millones. Presentamos ambos y dejamos constancia: el municipio no fue capaz de entregar una foto consistente de su primer año.

Segunda anomalía: la dependencia. El esfuerzo propio representó el 6,5 % de los ingresos corrientes en 2024 y el 5,8 % en 2025. La dependencia de transferencias externas fue del 93,5 % y 94,2 %, respectivamente. El predial unificado recaudó $ 37,5 millones en 2024 y $ 107,2 millones en 2025. Léalo despacio: un municipio de 32.000 habitantes con 28 kilómetros de costa turística recaudó por predial en 2025 lo que cuesta una camioneta de gama media. Industria y comercio pasó de $ 213,4 millones a $ 567,6 millones. El crecimiento porcentual es alto (186 % en predial, 166 % en ICA) y hay que reconocerlo; el nivel absoluto sigue siendo el de un municipio que no cobra impuestos.

Tabla 4. Gastos comprometidos por tipo (millones de pesos)

Tipo de gasto	2024	%	2025	%
Funcionamiento	3.138,9	31,4 %	4.683,0	5,6 %
Servicio de la deuda	95,3	1,0 %	619,9	0,7 %
Inversión	6.767,1	67,7 %	77.704,5	93,6 %
Total compromisos	10.001,3	100 %	83.007,5	100 %
Obligaciones	9.993,4		83.007,5
Pagos	9.765,0		71.596,8
Pagos / obligaciones	97,7 %		86,3 %

Fuente: CHIP, CUIPO, formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS, DIC A DIC 2024 y 2025.

Tercera anomalía: la inversión inflada por la salud. El 93,6 % de inversión en 2025 es un espejismo contable. De los $ 77.704 millones de inversión, $ 35.337 millones corresponden al sector salud, en su mayoría giros del SGP y de la ADRES al régimen subsidiado que pasan por el presupuesto municipal sin que el alcalde decida un peso. Depurado ese pasadizo, la inversión discrecional real sigue siendo alta (88,9 % del gasto restante), pero el monto que la administración administró de verdad ronda los $ 42.400 millones, no los 77.700.

Cuarta anomalía: se comprometió más de lo que entró. Los compromisos de 2025 ($ 83.007 millones) superan el recaudo total ($ 74.106 millones) en $ 8.901 millones. La diferencia solo se explica con disponibilidad inicial, reservas o recursos del balance; la alcaldía no aportó los formularios de reservas y cuentas por pagar que permitirían confirmarlo. Y las obligaciones de 2025 coinciden con los compromisos hasta el peso ($ 83.007.454.141 contra $ 83.007.454.131): una coincidencia del 99,99999 % que en la práctica solo ocurre cuando la obligación se registra al mismo tiempo que el compromiso, sin recibo a satisfacción de por medio. Es el rastro de la ejecución en papelería.

El funcionamiento merece una nota justa: $ 4.252 millones sobre ingresos corrientes de libre destinación de $ 6.175 millones dan un indicador Ley 617 del 68,8 %, por debajo del límite del 80 % para sexta categoría. Ese frente está en orden.

Cálculo del componente: base 5,0; inversión superior al 75 %: +1,5; pagos sobre obligaciones del 86,3 %: +0,5; deuda autorizada por acuerdo del Concejo y dentro de límites: +0,5; dependencia superior al 85 %: menos 1,0; indicios de ejecución en papelería y compromisos superiores al recaudo: menos 0,5; ajuste editorial por el reporte inconsistente de 2024: menos 0,5. Resultado: 5,5.

Calificación componente 2: 5,50/10. Regular.

Deuda pública, vigencias futuras y regalías: los $ 11.000 millones que nadie ve en la calle

Crédito. El contrato CE-001-2024 con Bancolombia, firmado el 29 de noviembre de 2024 con plazo de 120 meses, se dividió en dos líneas de 60 meses cada una con 12 de gracia, a DTF + 5 %: $ 6.800 millones para agua potable y saneamiento básico y $ 4.200 millones de propósito general. En 2025 el municipio pagó $ 722,4 millones en intereses sin amortizar un peso de capital; desde 2026 la amortización proyectada es de $ 1.320 millones anuales, cerca del 21 % de los ingresos corrientes de libre destinación. Las rentas pignoradas son el SGP de propósito general y de agua potable, con un porcentaje de pignoración del 50 %. El registro en SECOP aparece duplicado y un «Otrosí No. 2» del 15 de abril de 2025 marca el destino del crédito como «Funcionamiento», lo que, de ser cierto, sería ilegal (los créditos solo financian inversión) y, de ser un error de digitación, confirma el desorden documental que el FURAG ya midió.

¿Dónde están los $ 6.800 millones del agua? Los convenios de 2025 con objeto hídrico suman: mantenimiento de la planta Los Bolados $ 2.000 millones, redes de alcantarillado $ 1.100 millones, reposición de tubería en Villa Neila $ 343,6 millones, extensión de redes en Los Ramos $ 306,3 millones, más $ 570 millones en cinco planes y mapas contratados con dos fundaciones por 30 días cada uno. Total aproximado: $ 4.320 millones. Ni uno de esos contratos registra BPIN ni fuente de financiación. Y el resultado a noviembre de 2025, según la prensa regional, es que el agua de Moñitos «no cumple estándares de potabilidad» y que la Gobernación decidió construir un acueducto interveredal de $ 16.415 millones que funcionará independiente del sistema municipal. Traducción: el departamento no confía en la infraestructura que el municipio dice haber reparado con plata prestada.

Vigencias futuras. El formulario de autorizaciones OCT-DIC 2025 registra cero. No hay planeación plurianual comprometida; tampoco hay riesgo oculto por ese frente.

Regalías. El SGR de Moñitos vivió en 2024 de la herencia: recaudo de $ 10.842 millones (asignación para inversión local $ 9.988 millones, asignaciones directas $ 6.972 millones) y pagos de $ 28.325 millones, la mayoría en vías terciarias contratadas por la administración anterior. En 2025 el cuadro cambia: compromisos de $ 2.575 millones, obligaciones de $ 1.494 millones y pagos de apenas $ 300,5 millones, el 11,7 % de lo comprometido. Los proyectos nuevos aprobados con BPIN 2025 (pavimento Broqueles-Las Cruces por $ 6.000 millones, vías Río Cedro-Nuevo Oriente por $ 5.000 millones, box culverts por $ 798,6 millones) aparecen en el sistema nacional con pagos, pero no en el formulario SGR del municipio de la vigencia, otra inconsistencia de reporte. Y sobre la vía Moñitos-Broqueles, contratada en 2023 con Amucórdoba por $ 10.232 millones, la Contraloría General detectó en agosto de 2026 un presunto daño fiscal de $ 4.107 millones: anticipo de $ 2.827 millones sin soporte, asociación no inscrita en el registro de ejecutores y siete placas fisuradas. Ese contrato lo firmó el antecesor; la supervisión, el recibo y la reclamación le correspondían a la administración actual, que en enero de 2024 dijo estar «corrigiendo observaciones».

Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo frente al sentir de la gente

Cruzamos las mesas de participación del plan, las protestas y los titulares de 2024 a 2025 para identificar los cinco problemas que la comunidad puso en primera fila y que el alcalde se comprometió a resolver.

Tabla 5. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, avance y calificación

#	Problema	Compromiso del plan	Evidencia 2024-2025	Nota
1	Agua potable	Cobertura del 94,49 % al 98 %; 8.000 personas con acceso; 4 acueductos optimizados	$ 4.320 M en convenios sin BPIN; agua sin estándar de potabilidad; indagación de Procuraduría y Contraloría por el carrotanque (abr-2025); bloqueo de la vía por meses sin agua (jul-2025); la Gobernación construye acueducto aparte	3,0
2	Vías	15 km terciaria construida, 20 km mejorada, 10 km rehabilitada, 10 km urbana construida, 10 km mejorada	Pavimento urbano por $ 10.181 M (Av. Brasil 85 %, Villa Adis 100 %); 16,9 km terciaria mejorada declarados; SGR Broqueles-Las Cruces con $ 4.327 M pagados; vías El Santo-El Bongo y Coha intransitables; hallazgo CGR $ 4.107 M	5,5
3	Erosión costera y gestión del riesgo	Control de erosión, mar de leva, desabastecimiento en sequía	Cierre del muelle turístico (nov-2025); Gobernación advierte que Moñitos no entrega documentación para ayudas (may-2025); ninguna obra de protección costera contratada por el municipio	2,5
4	Hospital de primer nivel	1 hospital de primer nivel adecuado; afiliación del 75,4 % al 90 %	Lote donado no entregado (nov-2024); diseños por $ 500 M contratados por la Gobernación y suspendidos; afiliados 25.440; dotación puesto de salud Las Mujeres	3,5
5	Alcantarillado, aseo y energía	Ampliar cobertura; 1.734 hogares sin recolección; 5.169 sin alcantarillado	Alcantarillado fase 2 ($ 9.504 M) ejecutado por la Gobernación, cobertura del 44,1 % al 84 %; redes urbanas $ 1.100 M del municipio; «basurero a cielo abierto» (ene-2026); acuerdo de pago con Afinia por $ 1.800 M de energía atrasada	4,5

Promedio simple: (3,0 + 5,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5) / 5 = 3,8.

Lo que salta a la vista es un patrón: donde hay avance, la firma es de la Gobernación de Córdoba (alcantarillado fase 2, acueducto interveredal, diseños del CAMU, unidad recreodeportiva, pavimentación Broqueles-cabecera). Donde la responsabilidad recae en la alcaldía sola (potabilización, muelle, vías veredales, basuras), la comunidad respondió con bloqueos. La nota periodística del 5 de noviembre de 2025 lo tituló sin rodeos: «Ante la pobre gestión del alcalde, gobernador le da la mano para que su gente no muera sin agua».

Un reconocimiento necesario: el plan se aprobó a tiempo, con mesas de participación documentadas y un diagnóstico serio. La educación mostró gestión concreta: dos aulas en Broqueles y una en Pueblito por $ 600 millones, PAE rural para 1.053 estudiantes, transporte escolar por $ 1.200 millones adjudicado por licitación pública, el único proceso competitivo grande de los dos años.

Calificación componente 3: 3,80/10. MEDIOCRE.

Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública

Hallazgo uno: SECOP II no existe para Moñitos. Entre 2024 y 2025 la alcaldía no publicó un solo proceso en la plataforma transaccional que la ley exige desde 2020 para las entidades territoriales. Toda la contratación quedó en SECOP I, el sistema de solo publicación donde los documentos se cargan a discreción.

Hallazgo dos: 90 % de contratación directa. En 2024 se firmaron 189 contratos: 157 por contratación directa, 25 por régimen especial, 7 de mínima cuantía, cero licitaciones y cero selecciones abreviadas. En 2025 fueron 383 contratos: 345 directos (90 %), 13 de régimen especial, 22 de mínima cuantía, 2 selecciones abreviadas y una licitación (el transporte escolar). Los contratos de prestación de servicios pasaron de 159 ($ 3.998 millones) a 322 ($ 7.594 millones): la nómina paralela se duplicó en un año.

Hallazgo tres: las asociaciones de municipios como puerta de atrás. Los diez contratos más grandes de 2025 son, con la sola excepción del transporte escolar, convenios interadministrativos sin competencia con asociaciones de municipios: pavimento rígido del barrio Marbella con ASOMUCOSTA por $ 3.511 millones; pavimentación de acceso a la Unidad Recreodeportiva con ASOMUCOL por $ 2.337 millones; planta Los Bolados con ASOMUCOSTA por $ 2.000 millones; vía Los Bolaos por $ 1.188 millones; alcantarillado por $ 1.100 millones; vías rurales con la Asociación de Municipios del Sinú por $ 1.076 millones; afirmado Nicaragua con Amucórdoba por $ 1.072 millones; vía Bajo Blanco-Río Cedro por $ 1.028 millones; suministro de afirmado por $ 959 millones. ASOMUCOSTA acumuló al menos 14 convenios por $ 11.958 millones en un año; sumadas todas las asociaciones, cerca de $ 20.000 millones, dos tercios de la contratación de 2025 sin contar el crédito, se canalizaron sin licitación. En mayo de 2026 la prensa regional reportó que, tras el escándalo de AREMCA, Moñitos quedó entre los cinco municipios de Córdoba «bajo la lupa» por este mecanismo. Ninguno de esos convenios registra BPIN ni fuente; casi todos marcan destino «Funcionamiento» en un contrato de obra.

Hallazgo cuatro: obras en Caucasia y Carepa con el NIT de Moñitos. Al menos seis procesos de régimen especial publicados bajo la cuenta de la Alcaldía de Moñitos tienen por objeto pavimentos y redes en Caucasia y Carepa, Antioquia: PSCI-005-2024 por $ 1.527 millones, PSCI-004-2024 por $ 1.514 millones, PSCI-003-2024 por $ 853 millones, PSCI-002-2024 por $ 616 millones, la consultoría PSC-MNC-CONSUL-001 por $ 437 millones y SAMC-169-2025 por $ 638 millones. Suman $ 5.585 millones. O Moñitos actúa como ejecutor intermediario de obras de otros municipios a través de convenios que no ha explicado, o alguien está usando su cuenta del SECOP. Ambas hipótesis merecen una pregunta formal de la Contraloría.

Hallazgo cinco: objetos vagos y contratistas repetidos. Fundaciones con contratos de «apoyo a la gestión», «fortalecimiento» y «campañas de sensibilización» por 30 días: Fundación Visión Divina del Mañana ($ 281,4 millones para «apoyo a la gestión de la autoridad sanitaria»), FUNDESOECREG (más de $ 470 millones en planes de 30 días), FUNHUEDID (más de $ 260 millones), Fundación Sol de Amores ($ 349 millones en dos contratos). Un convenio de $ 536,6 millones con ASOMUCOSTA para «servicios de apoyo al Festival Folklórico» y un contrato de $ 814,6 millones por régimen especial para revisar el PBOT completan el cuadro. Asesorías jurídicas y contables se renuevan a las mismas cinco personas cada seis meses.

Cálculo: base 6,0; sin procesos competitivos en los grandes contratos: 0; sin publicación proactiva (SECOP II vacío): 0; contratos de alto valor sin BPIN, sin fuente y con objeto ajeno al municipio: menos 1,5; contratación directa superior al 80 % del valor sin justificación técnica: menos 1,0; sin sanción de Colombia Compra Eficiente ni contratos cancelados por Procuraduría: 0. Resultado: 3,5.

Calificación componente 4: 3,50/10. MEDIOCRE.

Componente 5 (10 %): cumplimiento de los ODS

Tabla 6. ODS priorizados y evidencia

ODS	Evidencia 2024-2025	Nota
1. Fin de la pobreza	IPM 65,4 %; meta 60 %; sin programa municipal de generación de ingresos verificable; 80 estufas ecoeficientes ($ 393 M)	4,0
3. Salud y bienestar	Afiliación 25.440; PIC contratado con ESE CAMU; sin hospital de primer nivel; diseños suspendidos; mortalidad materna sin dato nuevo	4,0
4. Educación de calidad	3 aulas ($ 600 M); PAE rural 1.053 estudiantes; transporte escolar licitado; deuda de energía de colegios por $ 1.800 M	5,0
6. Agua limpia y saneamiento	$ 4.320 M sin resultado en potabilidad; alcantarillado avanzó por la Gobernación; carrotanque en casa del alcalde	3,0
11. Ciudades y comunidades sostenibles	Pavimento urbano $ 10.181 M en ejecución; PBOT en revisión; basurero a cielo abierto	4,0
14. Vida submarina (municipio costero)	Reforestación de manglar $ 826,7 M vía ASOMUCOSTA; sin obra de protección costera; muelle cerrado; convenio de limpieza de playas $ 557 M sin resultados visibles	3,0

Promedio: 23 / 6 = 3,83, redondeado a 3,8.

Calificación componente 5: 3,80/10. MEDIOCRE.

Componente 6 (10 %): percepción ciudadana

El registro de prensa entre enero de 2024 y diciembre de 2025 ofrece una secuencia inequívoca. Abril de 2025: video viral del carrotanque de la UNGRD en la residencia del alcalde, apertura de indagación preliminar por Procuraduría y Contraloría, titular «Moñitos está muerto de sed y el alcalde se llena el tanque». Mayo de 2025: la comunidad de El Santo, El Bongo y La Guajirita pregunta si el mandatario «quiere que expongamos a nuestros hijos» en una vía intransitable. Julio de 2025: bloqueo de la vía Moñitos-San Bernardo del Viento en la vereda Coha por meses sin agua; un líder declara: «Este alcalde ha sido una decepción total. Aquí no hay gestión, no hay presencia institucional, no hay nada». Noviembre de 2025: el cierre del muelle y el titular sobre la «pobre gestión». Enero de 2026, ya fuera del período pero consecuencia directa de él: Moñitos «vuelto un basurero a cielo abierto».

En el otro plato de la balanza: mesas de participación del plan, audiencia de rendición de cuentas convocada por el Decreto 0200 de diciembre de 2024, Informe de Gestión 2025 publicado en el portal, certificación de 72 habitantes en turismo marítimo. Ningún premio ni reconocimiento externo a la administración.

Cálculo: base 7,0; una ola de protestas contra la administración en el período: menos 1,0; titulares de crisis de servicios atribuidas al alcalde: menos 2,0; participación institucional documentada: +0,5. Resultado: 4,5.

Calificación componente 6: 4,50/10. MEDIOCRE.

Radar integral: la calificación final ponderada

Tabla 7. Cálculo desarrollado

Componente	Nota	Peso	Producto
FURAG (IDI 49,30)	4,93	0,25	1,2325
Ejecución CUIPO	5,50	0,20	1,1000
Plan de Desarrollo	3,80	0,20	0,7600
Transparencia SECOP	3,50	0,15	0,5250
Cumplimiento ODS	3,80	0,10	0,3800
Percepción ciudadana	4,50	0,10	0,4500
Calificación final		1,00	4,4475 ≈ 4,45

No aplicamos redondeo editorial: el número queda como sale de la suma.

Veredicto: 4,45 / 10. MEDIOCRE 🟠 PREOCUPANTE. Gestión por debajo del estándar mínimo, con señales de ineficiencia administrativa que la escala describe con exactitud. El único componente que roza lo aceptable es la ejecución presupuestal, y lo hace porque la salud infla la inversión y porque la Gobernación puso la mayor parte de las obras que la gente sí ve.

Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Art. 414 CP)

La calificación activa la regla metodológica. Este análisis no acusa: examina. No condena: indaga. La demostración del dolo excede lo periodístico y corresponde a la Fiscalía.

1. Tipificación. El artículo 414 de la Ley 599 de 2000 dispone: «El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses». Concurre con el artículo 410 (contrato sin cumplimiento de requisitos legales) cuando la omisión recae sobre el deber de seleccionar objetivamente al contratista.

Tabla 8. Elementos del tipo penal frente a la evidencia

Elemento	Exigencia	Evidencia documentada en Moñitos
Tipicidad	Omisión de un acto propio de las funciones del alcalde	Deber de publicar en SECOP II (Circular Externa 001 de 2019 de CCE y Decreto 1082 de 2015): cero procesos en 2024-2025. Deber de reportar al CHIP (Ley 1530, Decreto 111): vigencia 2024 inconsistente. Deber de entregar documentación de calamidad (Ley 1523): advertencia de la Gobernación, mayo de 2025
Antijuridicidad	Daño a la administración o a particulares	Agua sin estándar de potabilidad tras $ 4.320 M invertidos; presunto daño fiscal de $ 4.107 M en la vía Broqueles sin reclamación oportuna; comunidad bloqueando vías por meses sin agua
Culpabilidad	Dolo o, al menos, conocimiento del deber	Alcalde en su tercer período; con responsabilidad fiscal previa; requerido por Procuraduría y Contraloría en abril de 2025
Relación causal	Vínculo entre la omisión y el daño	La no selección objetiva concentró $ 20.000 M en asociaciones sin competencia; la no supervisión dejó siete placas fisuradas y un anticipo sin soporte

2. Omisiones documentadas.

Omisión uno: el deber de seleccionar objetivamente. Ley 80 de 1993, artículo 24, y Ley 1150 de 2007, artículo 2. Convenios interadministrativos con asociaciones de municipios por cerca de $ 20.000 millones en 2025, ninguno con BPIN, ninguno con estudio previo publicado que justifique por qué una asociación y no una licitación, y con la asociación principal (ASOMUCOSTA) subcontratando a su vez las obras. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que el convenio interadministrativo no puede ser un mecanismo para eludir la licitación.

Omisión dos: el deber de publicidad. Cero procesos en SECOP II durante dos vigencias completas, contratos de obra marcados como «Funcionamiento», registros duplicados del crédito, un otrosí que cambia el destino de un empréstito. La Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1082 de 2015 no dejan margen: publicar no es opcional.

Omisión tres: el deber de supervisión y de defensa del patrimonio. La vía Moñitos-Broqueles, con $ 2.827 millones de anticipo sin soporte según la Contraloría, fue recibida y no reclamada por la administración actual durante 2024 y 2025. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 impone al alcalde vigilar la ejecución y el artículo 4 de la Ley 80 exige exigir al contratista la ejecución idónea.

Omisión cuatro: el deber de garantizar el servicio de agua potable. Ley 142 de 1994, artículo 5, y Ley 1523 de 2012. Tras un crédito de $ 6.800 millones con destinación específica, el agua no cumplió estándares y el departamento tuvo que construir un sistema paralelo. La indagación preliminar por el carrotanque en la residencia del alcalde añade el ingrediente del uso de un bien destinado a la emergencia en beneficio propio.

Omisión cinco: el deber de reportar. Formularios CUIPO 2024 incompletos, certificación de la Ley 617 obtenida «luego de varios años», formulario SGR 2025 que no refleja los proyectos con BPIN aprobados.

3. Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito. Los procesos con objeto en Caucasia y Carepa bajo el NIT de Moñitos, la concentración en una sola asociación, la renovación semestral de asesorías a las mismas personas y las denuncias de septiembre de 2026 sobre compra de bienes por allegados constituyen indicios, no pruebas. Se registran para que las autoridades los examinen; este portal no afirma que configuren delito.

4. Conclusión jurídica. Cinco omisiones de deberes funcionales, documentadas en fuentes oficiales y de prensa, con daño verificable a la comunidad y al erario, cometidas por un servidor público que conoce el cargo desde hace más de una década. El material exige que la Procuraduría General convierta la indagación preliminar de abril de 2025 en investigación disciplinaria formal, que la Contraloría General extienda la auditoría de Broqueles a los convenios con ASOMUCOSTA y a los procesos de Caucasia y Carepa, y que la Fiscalía determine si existe dolo. Que lo haya, insistimos, no lo decide un periodista.

Lo que hizo bien y lo que falta

Lo que hizo bien. Aprobó el Plan de Desarrollo a tiempo y con participación documentada. Cumplió la Ley 617 (68,8 %). Multiplicó el recaudo de predial e ICA aunque desde una base ínfima. Licitó el transporte escolar. Construyó tres aulas y sostuvo el PAE rural. Publicó un Informe de Gestión 2025 de 158 páginas. Mantuvo al municipio sin homicidios entre 2021 y 2025, dato de El Tiempo. Firmó acuerdos de pago con la CVS y con Afinia para sanear deudas heredadas.

Lo que falta. Agua potable de verdad, no convenios. Un solo proceso en SECOP II. Explicar los $ 5.585 millones en obras de Antioquia. Reclamar los $ 4.107 millones de Broqueles. Una obra de protección costera. Un hospital de primer nivel que no dependa de un lote que la familia donante se niega a entregar. Un plan de amortización realista para los $ 1.320 millones anuales del crédito. Una base catastral que convierta 28 kilómetros de costa en ingresos propios.

Cierre periodístico: la pregunta que queda

Moñitos pidió prestados $ 11.000 millones para tener agua y vías. Dos años después la gente bloquea la vía porque no tiene agua, la Gobernación construye un acueducto paralelo porque no confía en el municipal, el muelle está cerrado y el 90 % de los contratos se firmó sin competencia. La pregunta no es si José Félix Martínez Bravo sabe gobernar; lleva tres períodos haciéndolo. La pregunta es para quién gobierna. Cada silencio se interpreta, y en Moñitos el silencio del SECOP II, el del CHIP en 2024 y el de la reclamación por Broqueles pesan tanto como las cifras. A la ciudadanía le queda la herramienta de siempre: vigilar, exigir y no aceptar que un carrotanque explique un mandato.

Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales. CHIP, CUIPO formularios B y D, DIC A DIC 2024 y 2025; FUT Deuda Pública (créditos, créditos por sector, renta pignorada) 2025; FUT Vigencias Futuras OCT-DIC 2025; SGR ejecución de ingresos y gastos 2024 y 2025. Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025, tabla territorio. Registraduría y La República, resultados alcaldía Moñitos 2023. Portal monitos-cordoba.gov.co: Acuerdo 001 de 2024, Acuerdo 006 de 2024, Acuerdo 012 de 2024, Decreto 0200 de 2024, Informe de Gestión 2025. Datos abiertos SECOP I (dataset f789-7hwg) y SECOP II (jbjy-vk9h), consultados el 25 de septiembre de 2026. Contratos.gov.co, constancias 24-12-14248941, 25-12-14418517, 25-12-14571398, 24-4-14260353, 24-4-14256773, 25-4-14449152. Sistema de Regalías, dataset v4ap-cvae.

Prensa. El Tiempo (7-nov-2025, 13-ago-2026), El Espectador (nov-2025), El Heraldo (11-nov-2024), El Universal (archivo 2011), La Razón de Córdoba, Chicanoticias (23-ene-2024, 9-abr-2025, 18-may-2025, 24-may-2025, 22-jul-2025, 28-ago-2025, 29-oct-2025, 5-nov-2025, 18-ene-2026, 26-may-2026, 12-ago-2026, 15-sep-2026), Burbuja Política (27-nov-2023), Gobernación de Córdoba (19-oct-2024, 30-oct-2025), Vive Radio, Renovación del Territorio (subregiones PDET).

Limitaciones. El reporte CUIPO 2024 es internamente inconsistente y se presenta con esa advertencia. No se recibieron los formularios de reservas y cuentas por pagar. El desglose oficial del crédito por líneas proviene del FUT de deuda; no se halló el acta del Concejo con la destinación detallada. La fuente de financiación de cada convenio de 2025 no está registrada en SECOP I. No se obtuvo el boletín oficial de la Contraloría sobre Broqueles ni el resultado de la indagación de abril de 2025; ambos se citan por prensa. No se encontró certificación oficial de categoría; se asume sexta por el registro del SECOP y la población.

«La verdad también tiene forma.» corrupcionaldia.com, Hipólito Palencia