La historia del salto cuantitativo y cualitativo de una empresa de construcciones de estirpe familiar como es el caso de Marval S.A. a mega contratista del gobierno colombiano y uno de los mayores urbanizadores del país no se dio por las condiciones de las ofertas y demandas del mercado en el sector infraestructura sino a sólidos anclajes con personajes políticos decisivos a la hora de consolidarla con el encargo de una serie de obras públicas.
Marval es el acrónimo de los apellidos combinados de los padres de los fundadores, tal como lo señala la historia “oficial” de la constructora. Según esta versión en 1976 Alfonso Marín Morales y Luz Marina Valencia –Marín y Valencia– constituyeron la empresa en Bucaramanga. Aquí aparece el primer dato relevante y es que el abogado Alfonso Marín Morales estuvo vinculado a la política y fue un férreo defensor, en épocas de violencia partidista, de la ideología conservadora durante los años 50 y 60.
Fue aspirante al senado sin lograr la elección, pero estuvo unos meses de legislador en una suplencia. Todo este entramado político en el departamento de Santander que a causa del conflicto entre los partidos Liberal y Conservador produjo masivas migraciones de campesinos y poblaciones, crímenes en torno a la afiliación partidista y surgimiento posterior de núcleos guerrilleros de izquierda.
La otra versión de la historia de la fundación de Marval S.A. es que se debe a los hijos del matrimonio Marín Valencia. Uno de ellos, Fernando se graduó con honores de ingeniero civil en la Universidad Industrial de Santander. Su hermano cofundador y actual presidente de Marval S.A. es Rafael Marín Valencia, también ingeniero civil de la misma universidad con una especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes.
Dicen en Santander que no hay campaña política que se desarrolle allí que no acuda a solicitar la respectiva “ayuda” a la empresa constructora siendo usualmente –pese a su filiación conservadora- consecuentes en dárselas a otras colectividades. Por cierto hay un viraje desde el partido Conservador –que no gana gobiernos y solo se suma por cuotas– a Cambio Radical que en el gobierno Santos, a través de Vargas Lleras, controló toda la contratación en obras públicas e infraestructura.
En 1979 los Marín Valencia construyeron su primer edificio en Bucaramanga al que le colocaron el acrónimo de sus apellidos y nombre de la empresa: Marval. En otras palabras, el rumbo que llevaban era de inversionistas en el sector de la construcción para lograr rentabilidad con la venta y alquiler de bienes raíces.
Las casas sin cuota inicial de Belisario Betancourt
En 1982 llega al poder el presidente Betancourt, militante histórico del partido Conservador, al que pertenecen por tradición familiar los Marín Valencia, con una serie de planes y promesas planteados en campaña relacionados con el sector de la construcción. Uno de ellos era la entrega de casas para los estratos socioeconómicos bajos (1-2) sin el pago de la onerosa cuota inicial, pero que obligaba a los adjudicatarios a un anclaje al devastador sistema financiero UPAC.
Se mencionó en ese momento por parte del gobierno Betancourt la cifra de 100.000 viviendas anuales como meta, que por supuesto los avezados economistas y vinculados al gremio de la construcción colocaron en duda. Una cifra ideal utópica para tratar de cumplirle a sus electores, pero de difícil realización.
El organismo encomendado de esta tarea fue el Instituto de Crédito Territorial (ICT) al que era menester entregarle una gran cantidad de recursos para financiar los planes que tenían férrea oposición entre los tecnócratas del gobierno con ideas alejadas a la construcción de vivienda barata, la que se denomina de “interés social”.
Para dirigir el macro proyecto fue encomendada María Eugenia Rojas de Moreno, la célebre “capitana”, hija del presidente de facto general Gustavo Rojas Pinilla y madre de Samuel e Iván, condenados por el carrusel de la contratación en Bogotá. El sistema diseñado para conseguir los recursos fue todo un artilugio soportado, entre otros –la realidad posterior demostraría que fue un acto casi criminal- en las corporaciones de ahorro y vivienda que se plegaron al gobierno a sabiendas que las cuotas serían impagables, acudiendo a mecanismos de desalojo después de 24 o 36 meses de vivir los “adjudicatarios” en las casas “gratis”.
Los primeros municipios en donde se construyeron viviendas sin cuota inicial en Colombia fueron El Socorro, Santander con la urbanización Manuela Beltrán y Girón; en el área metropolitana de Bucaramanga, con Corviandi Uno. Ambos construidos por Marval. También en el gobierno de Betancourt hicieron vivienda de interés social en el sector de La Cumbre, en el municipio de Floridablanca, también en el área metropolitana de esa ciudad.
En los años subsiguientes de los gobiernos liberales de Virgilio Barco, Cesar Gaviria y Ernesto Samper Pizano, Marval estuvo en apariencias fuera de la contratación estatal y se dedicaron a la construcción de proyectos de edificios de vivienda y casas. Hasta que nuevamente aparece en la presidencia el conservador Andrés Pastrana, político que los hermanos Marín Valencia habían auspiciado fuertemente en su campaña con la consecuente recompensa posterior.
Las cárceles construidas por Marval
Andrés Pastrana recompensó a los hermanos Marín Valencia su apoyo. A Fernando lo nombró en la junta directiva de la poderosa empresa petrolera estatal Ecopetrol. Después le dio el rango de diplomático como embajador de Colombia en Malasia, Thailandia y Vietnam. Cerca de los llamados “tigres asiáticos”. En los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez fue nombrado en similar posición diplomática en Venezuela, Surinam y Guayana.
Es preciso señalar que Fernando Marín Valencia fue acusado por la Fiscalía el 7 de febrero de 2019 de lavado de activos en el carrusel de la contratación. El historiador y sociólogo Julio Acelas, entrevistado por Blu Radio indicó que la “corrupción toca hasta las figuras más respetables. Esto es gravísimo, lo que pasa es que la corrupción no solo es de los políticos, la ilegalidad también se da en el sector privado y muchos empresarios interactúan y han hecho sus fortunas con lo público y este señor Fernando Marín podría ser un claro ejemplo de esto”.
Regresemos a las cárceles construidas por Marval. Según el portal La Silla Vacía “Justo después de hacerle campaña a Pastrana en Santander en los 90, los Marín Valencia ganaron las licitaciones públicas para construir cuatro grandes cárceles en el país: la de Popayán, El Barne en Boyacá, la de La Dorada (Doña Juana) y la de Cúcuta. Desde entonces tienen línea directa con Presidencia, en especial él (se refieren a Rafael) que es la cabeza principal”.
La empresa quedó con una fama de constructora de complejos penitenciarios. Después haría parte de un consorcio para construir en Combita (Boyacá) una cárcel de alta seguridad dada al servicio en 2002. El consorcio llamado PMOT – BARNE, estuvo conformado por Pedro Gómez & Cía S.A., Urbanizadora Marín Valencia S.A., Marval S.A., Construcciones Obycon S.A. y Triada Ltda. Allí se encontraban dobleteados los Marín Valencia.
El 16 de diciembre de 2015, ante la crisis en el sistema penitenciario por superpoblación se planearon 3 cárceles encomendadas a Marval. Solo una de ellas pudo hacerse ese año ubicada entre Buga y Tuluá. Después serían contratados para construir un centro penitenciario en Panamá.
Las casas gratis en el gobierno de Juan Manuel Santos
Es hecho público que el gran controlador de la infraestructura durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue el precandidato presidencial Germán Vargas Lleras del partido Cambio Radical. Rafael Marín se convirtió en amigo y aliado de este grupo, no solo con su director sino con algunos de sus más reconocidos dirigentes a nivel nacional, como el ex alcalde de Barranquilla Alex Char, constructor también y con quien compartió la desgracia de construir en el barrio Campoalegre, en terrenos inestables, varios proyectos. La diferencia es que Marval “recompró” las casas a los habitantes perjudicados mientras que Char quedó en un mutismo dejando en el limbo a los moradores de su conjunto Altos del Campo.
Con Char emprendieron proyectos conjuntos, consolidada su relación cuando fue nombrada Elsa Noguera en el Ministerio de Vivienda y Territorio en donde se le asignó un puesto, hombre importante en ese partido, en la mesa principal y que en la práctica se convirtió en una de las empresas favorecidas con el proyecto de casas, no sin cuota inicial de Betancourt, sino gratis, llave y título en mano del gobierno Santos.
Con menos suerte corrió su hermano y ex socio Fernando Marín Valencia, pues el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla lo condenó el 9 de junio de 2020 a cuatro años y cinco meses de prisión en el denominado ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá. Los cargos fueron negociados tras los testimonios ofrecidos por el llamado Cartel de los sapos vinculados a este proceso judicial. Por supuesto, el fallo le dio el beneficio de casa por cárcel y el pago de una multa equivalente a 295,4 salarios mensuales mínimos legales vigentes de la época de la comisión de los hechos, en un término no mayor de un año.
En el 2016 emprendieron un proyecto con el instituto de vivienda social de Bucaramanga (Invisbu) para una urbanización dirigida a beneficiarios del programa prioritario para ahorradores (VIPA) del gobierno nacional. El 26 de julio de 2019 la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá-ERU, recibieron tres (3) propuestas para la selección del desarrollador de la primera Unidad de Gestión (UG1) del Plan Parcial Tres Quebradas en la Localidad de Usme, que contemplaba la construcción de Viviendas de Interés Social y Prioritario para cerca de 9 mil hogares de bajos recursos económicos. El ganador fue el consorcio Unión Temporal BMC Usme, conformada por Constructora Bolívar S.A., Marval S.A y Construcciones Marval S.A. Otra vez Marval dobleteado con un socio suyo en otros proyectos en el país como constructora Bolívar (En Barranquilla son parte del consorcio que adelanta la urbanización Alameda del Río). El contrato con la alcaldía de Bogotá de Enrique Peñaloza tuvo un costo de $600.000.000.000.
Otra vez, como el caso del gobierno de Belisario Betancourt, la meta es la construcción de 100.000 viviendas. Según el ministro de Vivienda Henao –de Cambio Radical- el proyecto sería ejecutado entre 138 empresas constructoras, solas o mediante la figura jurídica de uniones temporales o consorcios. Dijo el Ministro Henao que entre las principales estaban Constructora Bolívar con 7521 y Cemex con 5254. Otros consorcios y uniones temporales tienen entre 2.000 y 4.000 unidades. El Ministro dio nombres concretos de otros beneficiados en los proyectos de casas gratis: “Lo curioso es que cuando nosotros comenzamos con el programa, muchos no creyeron que fuera posible, así que no se presentaron. Hoy están viendo que sí es una realidad. Por ejemplo, tenemos constructoras como Protesa, que no conocían trabajos en Barranquilla y hoy tienen proyectos ahí y en Cartagena; Marval está en Santander, Bucaramanga y Villavicencio; Amarilo tiene proyectos en Valledupar, Soledad y Barranquilla; y en Tolima uno ve empresas como Colpatria y Bolívar”.
Siguiendo la línea de negocios de viviendas (y cárceles) que constituye la fuerza fundamental de sus negocios, ahora Marval le apunta según información del 5 de junio de 2020, a un programa de vivienda para la fuerza pública (policía, ejercito, marina y aviación) liderado por Caja Honor, una entidad que trabaja en asocio con los constructores e inmobiliarios para impulsar la compra de vivienda a través de crédito, cesantías y subsidios para los miembros de la Fuerza Pública del país. Caja Honor es la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, una empresa del estado vinculada al Ministerio de Defensa que entregó en el 2019 más de 16.735 viviendas a miembros de la fuerza pública.
Caja Honor trabaja en asocio con los constructores, entre ellos Marval S.A., en busca de proyectos de vivienda que se ajusten al presupuesto y a las necesidades de los afiliados. En el caso Barranquilla, considerada como una ciudad clave para la inversión –eso dicen en los comunicados de prensa– se encuentran desarrollando proyectos en el sector de Miramar, como Torino, entre otros.
En suma: la constructora Marval S.A. es una de las más grandes de Colombia en el sector de desarrollos inmobiliarios y una de las grandes contratistas del gobierno.
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[…] En cuanto a Marval es propiedad de la familia santandereana Marín Valencia y está presidida por Rafael Marín Valencia (Ver👉🏽 https://corrupcionaldia.com/mega-contratistas-marval-s-a-el-gigante-santandereano/). […]