El Estado Colombiano en la Constitución Política de 1991, implementó un conjunto de instituciones en materia de derechos humanos enmarcadas por principios y valores de un Estado Social de Derecho que protege a las personas en su dignidad y dimensión cultural, entre las cuales, se encontró la Defensoría del Pueblo, una institución que surgió con la finalidad de promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.
Esta entidad vio la vida en el artículo 2812 de la Constitución, reglamentada por la Ley 24 de 1992 y modificada por el Decreto 25 de 2014, en la cual se establecieron las funciones del Defensor del Pueblo, la forma cómo sería elegido y quién podría serlo, así como la estructura orgánica de la entidad y el carácter vinculante de sus informes, entre otros asuntos.
En el papel, como suele ocurrir, la Defensoría funge como garante de los derechos de todos los colombianos; sin embargo, lo que menos ha hecho durante las jornadas de protestas que sacuden al país desde el pasado 28 de abril, es precisamente ser garante de los derechos humanos.
En principio, solo hasta este martes 4 de myo la entidad se apersonó de lo que está ocurriendo, ante las críticas que le llovieron a su director Carlos Camargo por estar prácticamente ausente y no pronunciarse sobre las graves denuncias por aparente uso excesivo de la fuerza pública sobre la población civil.
Este lunes, el funcionario del Ministerio Público en entrevista con W Radio, no quiso aclarar sobre dónde se encontraba el pasado fin de semana, cuando el país se sumía en una oscura noche de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en distintos puntos del país, en particular en la ciudad de Cali.
Periodistas de esa emisora cuestionaron a Camargo, sobre su paradero el viernes primero de mayo, luego de que el carro oficial fuera visto en Anapoima (Cundinamarca), donde se ubican varias fincas de descanso.
Le preguntaron si él iba dentro del vehículo, y le cuestionaron la razón por la que no estuvo presente en el puesto de mando del Gobierno Nacional el sábado primero de mayo.
La respuesta del Defensor fue bastante evasiva, no respondió de forma directa ninguna de las preguntas, y solo se limitó a decir que estuvo “de manera permanente” monitoreando los hechos de las manifestaciones y las denuncias de abuso policial.
“El jueves, a las 4 de la tarde, tres carros asignados al Defensor del Pueblo pasaron por el peaje de San Pedro (Cundinamarca). ¿Cuál era el destino de los carros e iba usted en esos carros?”, cuestionaron los periodistas.
Camargo indicó que él no iba en los vehículos y tampoco conocía la agenda de los mismos y, luego de hacerle la misma pregunta por segunda vez, respondió: «estaba monitoreando desde cualquier lugar de Colombia».
Esta información generó polémica en el país, y ahora algunos ciudadanos e incluso congresistas, como la representante de Coalición Decentes, María José Pizarro, pidieron la renuncia de Camargo. Esta última señaló que «la Defensoría del Pueblo ha estado muda en un momento en que su papel debería notarse».
Pero lo cierto es que la actitud de quien ostenta en la actualidad el cargo, no debería extrañar.
Este abogado conservador de la Universidad Sergio Arboleda (la misma institución donde se graduó el presidente Iván Duque), es yerno de la senadora cordobesa, Nora García Burgos.
Fue elegido en septiembre del año pasado como Defensor del Pueblo por la Cámara de Representantes por una mayoría la cual no acompañaron los congresistas de la oposición y su llegada a ese cargo no estuvo ajeno de controversias.
Entre los reparos de la oposición contra Camargo, estuvo precisamente su falta de conocimiento sobre temas de Derechos Humanos, lo cual por lo visto es una verdad de a puño.
Cuando fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró las investigaciones en contra el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y Juan Manuel Santos por el posible ingreso de dineros de Odebrecht a sus campañas. Semanas después, renunció a su cargo, para no inhabilitar a su suegra, la senadora García Burgos, en una nueva aspiración al Congreso.
Y como este tipo de personajes, siempre caen parados, de magistrado pasó a ser el director de la Federación Nacional de Departamentos. En el 2019 estuvo sonando para la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero señalamientos por supuestos manejos irregulares de la contratación –entrega de contratos a exmagistrados del Consejo de Estado, políticos y familiares- y el supuesto uso irregular de la tarjeta de crédito corporativa del FND, frenaron su aspiración.
Un año después, el presidente Iván Duque lo nominó en la terna para la Defensoría del Pueblo. Además de sus estudios en derecho administrativo, Camargo solo tiene en su haber una ‘preparación’ en derechos humanos y derecho internacional humanitario en la American University.
Los colectivos de defensa de derechos humanos en el país han expresado su descontento por la falta de acompañamiento por parte de la Defensoría en las jornadas de paro nacional que han estado marcadas por actos de violencia en distintas regiones.
Mientras las autoridades hablan de 19 personas asesinadas posiblemente en el marco del paro nacional, las organizaciones civiles hablan de al menos 30.
Además de la probable falta de cumplimiento de sus funciones y obligaciones de su cargo como Defensor del Pueblo, Camargo fue denunciado recientemente por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por presuntas irregularidades en el nombramiento para cargos directivos de 15 funcionarios que no cumplirían con los requisitos previstos por la ley.
Según el congresista, «algunos de los nuevos defensores han estado vinculados a escándalos de paramilitarismo y corrupción», además, han sido denunciados por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral, y otros pese a estar impedidos por el cargo que ocupan, continúan haciendo activismo político por el Centro Democrático.
Cepeda acusó a Camargo de haber politizado la defensoría y pidió a la Procuraduría que investigue si para Camargo primó la filiación política por encima de los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos de la propia entidad en materia de nombramientos.
