En un fallo que no deja de sorprender por su laxitud en lo que se ha considerado uno de los casos de corrupción más escandalosos en los últimos años en el país, la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación a los exintegrantes de la junta directiva de Ecopetrol, quienes estaban siendo indagados por las presuntas irregularidades en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). 

En la decisión del Ministerio Público, la entidad argumenta que no encontraron méritos para sancionar disciplinariamente a los nueve integrantes de la junta directiva de Ecopetrol de 2016. 

Los altos funcionarios eran investigados por la ampliación de la Refinería en la cual se detectaron millonarios sobrecostos. Sin embargo, para la Procuraduría la responsabilidad sobre esto recae exclusivamente en el contratista. 

“(Los sobrecostos) no se generaron por la actuación indebida de los aquí investigados, sino por el contrario, fue consecuencia de una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I”, señala el fallo. 

Se investigaba el aumento del presupuesto para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería entre el año 2011 y el año 2015 que pasó de $3.777 millones a $8.016 millones. Así como a retrasos en el cronograma de terminación del proyecto. 

El proceso se inició en febrero de 2016 contra Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro. 

La decisión señala que la junta directiva de la entidad encargada del proyecto “partió del principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que propuso la firma CB&I dada su complejidad” y que esa confianza es razonable “por los conocimientos específicos y la experiencia en la materia de CB&I”. 

Añadió que los miembros de la junta “no tenían experiencia en las técnicas necesarias para la construcción del presupuesto de inversión de una refinería, ni tienen conocimientos de campos especializados de la ingeniería” y que por ello confiaron en el presupuesto inicial que dio CB&I, quien era el contratista con mayor experiencia en dicha materia. 

En otras palabras para la Procuraduría el desconocimiento que pudieron tener los funcionarios, los exime de su responsabilidad, a pesar de que se trataba de una inversión de dineros públicos y que lo mínimo que debían hacer era vigilar que se cumpliera a cabalidad.  

“Adicionalmente, las cifras habían sido revisadas por Foster Wheeler en agosto de 2009, quien las definió como consistentes, informe que sirvió de soporte para las aprobaciones de las juntas directivas de Ecopetrol S.A. y de Reficar. Si bien Ecopetrol S.A. y Reficar no contaban con la experiencia por sí mismas para desarrollar una ingeniería de tal talante, habían pagado por ella una suma considerable y además lograron la intervención de un tercero reconocido internacionalmente para que emitiera su opinión sobre la razonabilidad del cálculo de costos”, se lee en la decisión. 

Y añade la Procuraduría: “este Despacho estima que las gestiones adelantadas por la junta directiva de Ecopetrol S.A., no fueron irregulares, en cuanto a la aprobación de los controles de cambio que vienen de exponerse en este auto, puesto que aquellos estuvieron justificados por razones que llevaron a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y Reficar necesariamente a reconocer que el costo del proyecto era mayor del que hasta entonces se estimaba”. 

La Procuraduría consideró que los cambios en los contratos y el cronograma de la obra “no se generaron por la actuación indebida” de investigados, “sino por el contrario, fue consecuencia de una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I, que hacía imposible continuar con la ejecución de la obra sino se autorizaba el incremento del presupuesto inicial”. 

El Ministerio Público indicó que en sesiones de la junta “siempre se planteó la necesidad de evitar un daño mayor al parar la obra, pues con lo invertido hasta ese momento era presupuestalmente más factible dar continuidad al proyecto que acabarlo y asumir los costos de una obra no terminada e inservible”. 

La versión contraria de la Contraloría 

La decisión de la Procuraduría contrasta con el fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones de pesos que emitió el pasado 26 de abril la Contraloría General de la República en contra de cinco exfuncionarios de la empresa, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas. 

Mientras que, para el Ministerio Público, lo sucedido en Reficar considerado como uno de los desfalcos de mayor daño al patrimonio público del Estado colombiano, fue responsabilidad de los contratistas, la Contraloría sí culpabilizó a los funcionarios responsables del contrato de ampliación de la refinería

Para la Contraloría en la modernización de la Refinería de Cartagena se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de US$997 millones. Asimismo, se determinó que algunas de estas mayores inversiones consistieron en retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción. 

“Se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva de Reficar, la administración de Reficar, el contratista y el supervisor del proyecto”, dijo la Contraloría. 

Los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales son: los presidentes Reyes Reinoso Yanes, Orlando José Cabrales Martínez, y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely. 

En cuanto a los miembros de la junta directiva se trata de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henru Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque. 

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