Luis Tete Samper, alcalde Ciénaga
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Un par de arcos que simulan una polvorienta cancha de fútbol es lo que hoy queda en el lote que compró en el 2015 el municipio de Ciénaga durante la administración de Luis Tete Samper para construir la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Aquí se debió construir el edificio de Medicina Legal de Ciénaga.

El primer despilfarro hecho por esa administración fue la compra de un terreno compuesto por 14 lotes, en una extensión de 2.300 Metros2, por el monto de $198 millones 870 mil 550 pesos, a través de una compra directa, que no sólo no contaba con la totalidad de los servicios públicos habilitados, sino que además tuvo que ser rellenado porque se trataba de terrenos donde descargaban aguas residuales barrios circunvecinos en Ciénaga.

El ex concejal de Ciénaga Jhan Carlos Padilla, reveló a Corrupción al Día que además este terreno no estaba contemplado dentro del plan de inversiones de la empresa aguas Operadores de servicio La Sierra, por lo cual era poco probable que se le fuera a instalar alcantarillado.

Pese a que el ex concejal Padilla advirtió estas irregularidades en su momento, el Municipio siguió con su supuesta intención de entregar a Medicina Legal un lote para su sede, posterior a la compra, la Alcaldía radicó radicado en el banco de programas y proyectos de la oficina Asesora de Planeación identificado con código BPPIM 20150471890021, el proyecto cuyo objeto fue: “Suministro y compactación de relleno seleccionado para el terreno donde se va a construir la unidad de medicina legal del municipio de Ciénaga, Magdalena”, por valor de $612.881.541 pesos, con dineros de las regalías.

Es decir, que efectivamente los lotes adquiridos no eran los más apropiados para levantar allí edificación alguna. Con todo y eso, el proyecto fue contratado y ejecutado.

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El hecho, llevó al ex concejal a solicitar a la Contraloría su intervención, lo que generó una investigación preliminar que solo en marzo de 2019 dio paso a la apertura del proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00356, que aún permanece en esta etapa.

La Contraloría entró al indagar sobre el contrato 006 de 2015 suscrito entre el municipio de Ciénaga y la Unión Temporal Rellenos y Compactación del Magdalena, del 26 de mayo de 2015, con el objeto de efectuar el “Suministro y compactación de relleno seleccionado para el terreno donde se va a construir la unidad de medicina legal del municipio de Ciénaga Magdalena”, por un valor de $572.786.487, y plazo contractual de tres (03) meses.

El contrato fue liquidado en diciembre de 2015, bajo la interventoría del Consorcio Relleno UML, mediante contrato por concurso de mérito N°007-2015 del 26 de junio de 2015, por valor de $40.095.054 pesos.

En el informe adelantado por la Contraloría se evidenció que el relleno no cumple con las especificaciones técnicas contractuales, ni las normas técnicas vigentes, toda vez que la capacidad portante del terreno no garantiza el soporte de una estructura y/o edificación.

Además se encontró valor faltante de obra, es decir el área intervenida con 1,20 ml de profundidad solo 60 cm tenía material y no hubo relleno en piedra, de ahí que no cuenta con la capacidad de soporte para una edificación.

“No se evidenciaron los siguientes documentos del proyecto que hacen parte de la ejecución del mismo: Planos en altimetría y planimetría firmados. Plan de manejo ambiental. Especificaciones del contrato de obra. Licencia ambiental y permiso minero de la cantera utilizada para material en obra.  Ensayo de densidades de campo efectuadas, resultados de ensayos y prueba de laboratorio de suelos que permitan identificar la calidad de material utilizado si cumple con las especificaciones mínimas para material de afirmado”, advierte la Contraloría.

Con relación a la interventoría, el organismo de control no pudo evidenciar la existencia de documentos que sirvan de soporte para verificar el cumplimiento adecuado en la ejecución del proyecto en la parte técnica, lo que muestra que no se adelantó una adecuada interventoría en cabeza del municipio, ni seguimiento y revisión a la obra.

Lo que es peor es que la Contraloría verificó que la obra no está cumpliendo con el objeto contratado, debido a que el ente territorial no tiene presupuestado la construcción de la edificación que dio origen al contrato, además, el relleno no cumple con las especificaciones técnicas contractuales, ni las normas técnicas vigentes.

Al respecto, Padilla ratificó que nunca se suscribió ningún convenio entre la Alcaldía y Medicina Legal para la construcción de la sede de esta última y nunca se supo la existencia de algún acta de entrega del lote a su supuesto destinatario.

Pero además, las cantidades de obras y materiales contratados, no fueron las mismas a las comprometidas en el contrato.

Con base en el cruce de información la Contraloría sentenció que el valor de obras ejecutadas y pagadas por el Municipio fue de $572.786.487 millones, cuando en realidad el valor real ejecutado fue de $224.853.875 pesos, es decir se pagaron $347.932.612 pesos por trabajos no realizados.

Por lo anterior, la Contraloría General de la República evidenció una lesión al patrimonio público por el detrimento de los recursos de regalías invertidos por el municipio de Ciénaga – Magdalena por el orden de los $347.932.612 pesos, sin contar que se incumplió lo estipulado en el Estatuto de Contratación Pública Ley 80 de 1993, artículos 3 y 25, que señalan los fines de la contratación estatal.

Hechas las indagaciones del caso, la Contraloría decidió vincular e imputar como presuntos responsables fiscales al entonces alcalde de Ciénaga (quien resultó nuevamente elegido en las elecciones pasadas), Luis Alberto Tete Samper; a Jesús Cañas Padilla, quien fungía como Secretario de Infraestructura en calidad de supervisor; a la Unión Temporal Rellenos y Compactación del Magdalena, Servicios Integrales de la Costa Caribe y Asoagua en calidad de contratistas del Consorcio Relleno UML y a Civielec LTDA quien actuó como interventor.

Considera la Contraloría como falta gravísima la no aplicación de los principios de la función administrativa, así como de la inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, a través del supervisor del contrato.

No obstante, los cienagueros aún están a la espera de los resultados de esta auditoría, más aún teniendo en cuenta que pese a estos cuestionamientos, Luis Tete Samper, está nuevamente sentado en el palacio municipal de la capital bananera, manejando los recursos públicos.

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