Lo que va del caso Hyundai al abogado Jaime Lombana y los enlaces de corrupción

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Este fin de semana circuló en Internet un artículo en el portal Colombian Herald.com, en el que aseguran que el abogado Jaime Lombana está siendo investigado por el Departamento de Justicia en al menos tres casos de lavado de dinero en territorio estadounidense.

Según el portal, Lombana, quien es uno de los abogados de cabecera del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, ha estado bajo investigaciones federales durante varios años, entre otros, por la adquisición de cuatro costosísimos apartamentos en Nueva York.

Además, aseguran que durante varios años abrió en línea hasta 14 cuentas bancarias en Curazao en nombre de terceros. “Esas cuentas se nutrieron con un flujo constante de dinero que envió principalmente desde Colombia. Esos fondos fueron luego transferidos a los Estados Unidos, especialmente a una empresa de construcción y comercialización de bienes raíces”, indica el portal.

En su defensa el abogado Lombana ha dicho que se trata de una campaña de desprestigio en su contra que ha emprendido el empresario Carlos Mattos, por el llamado caso Hyundai.

Tildó de falsas las acusaciones y que, a su juicio, obedecerían a un supuesto complot orquestado por  Mattos, expresidente de Hyundai en Colombia, quien tiene orden de captura por presuntamente sobornar a funcionarios judiciales para ser beneficiado con medidas cautelares, en el famoso caso Hyundai.

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En este punto toca recordar que Lombana asumió la defensa del empresario ecuatoriano, Juan Eljuri, quien le arrebató a Mattos la franquicia de la producción de los carros coreanos en Colombia.

Atando cabos sobre lo publicado por el mencionado portal, vale refrescar la memoria sobre las denuncias y el desarrollo en que se han visto involucrados estos poderosos empresarios, con acusaciones que van desde lavado de activos, pasando por sobornos y competencia desleal.

Eljuri en Ecuador

En septiembre de 2017, la entonces fiscal de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía ecuatoriana, Diana Salazar, llamó a indagatoria al empresario Juan Gabriel Eljuri Antón para que rindiera versión libre en el caso Sai Bank, en el que se investigaba una supuesta captación ilegal de dinero por sobre los USD 153,7 millones, siendo la segunda ocasión en que era llamado a un estrado.

Eljuri Antón es padre de Juan Pablo Eljuri Vintimilla, quien estuvo vinculado al proceso por supuesta captación ilegal de dinero a través del Sai Bank. Este empresario es el mismo que consiguió que la matriz de la fábrica coreana le quitara la concesión de Hyundai en Colombia a Mattos.

En su momento la fiscalía ecuatoriana dijo que “fue una diligencia de allanamiento dentro del caso Odebrecht por parte de la fiscal de Pichincha, Diana Salazar, quien sigue la causa”. Es decir existe un proceso en el Ecuador donde se indica que a través del Sai Bank fue que se pagaron los sobornos que la firma brasilera Odebrecht entregó a políticos y empresarios en ese país.

La defensa de Juan Gabriel Eljuri Antón, informó en un comunicado que el South American International Bank (Sai Bank) está localizado en Curazao, lugar donde está domiciliado y registrado. Ratificó que no existían oficinas en Quito y que en el país existían representantes para la negociación de compra de cartera. Punto seguido admitió que el accionista de SAI Bank es una Fundación, de la cual él es beneficiario con otras personas.

Esta Fundación está en Curazao, fue creada años atrás pensando en el futuro de sus hijos. Y que en Ecuador el Sai Bank tenía dos representantes subcontratados para manejar exclusivamente la compra de cartera. Y añadió que no mantenía relación y negó haber recibido dinero alguno de la empresa Odebrecht. Finalmente aseguró que no conoció de las cuentas de Sai Bank en Ecuador y que no es ni ha sido responsable de sus operaciones ni en la toma de decisiones del Banco.

En agosto de 2018, casi un año después, la Fiscalía ecuatoriana absolvió a Eljuri, pero no sin que antes se removiera de su cargo a la fiscal Salazar, quien en el 2017 había denunciado presuntas amenazas y presiones y luego fuera nombrada Fiscal General de estado ecuatoriano.

En Colombia

Mientras eso ocurría en Ecuador, en Colombia la disputa con Carlos Mattos continuaba.

Mattos demandó a la firma de Eljuri el consorcio Neocorp que quedó con la representación de Hyundai en Colombia, por daños y perjuicios y exigió una millonaria indemnización. Después de perder la concesión de Hyundai, en 2016 Mattos consiguió que jueces, supuestamente sobornados expidieran una medida cautelar que prácticamente paralizó la comercialización de los automotores en Colombia. Un día después de ser radicada la demanda, en un tiempo récord de reparto, el caso terminó en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá cuyo titular era Reinaldo Huertas. Se movió rápidamente y en solo 48 horas admitió una demanda de gran calibre y en diez días tomó una decisión impensable. El miércoles 6 de abril el juez Huertas prohibió la venta, así como el suministro de repuestos de la marca Hyundai, con notificación a la casa matriz en Seúl. Eljuri quedó acorralado. Mattos había conseguido después USD 35 millones por el retiro de la demanda para habilitar la operación de Neocorp, en noviembre del 2016.

Los abogados que representaban a los ecuatorianos y de paso a los coreanos, denunciaron los hechos que terminaron con la captura de uno de los abogados de Mattos, y de los jueces Ligia del Carmen Hernández y Reinaldo Huertas. Es decir de un pleito de ribetes civiles, se agrandó a términos penales.

Por los delitos de soborno a la justicia y daños a terceros la Fiscalía ordenó la captura de Carlos Mattos, quien dado que reside en España, en diciembre pasado se ratificó una circular roja a la Interpol para su captura.

En medio de este pleito han estado presentes los más “reputados” abogados del país. Mattos contrató especialistas en cuatro áreas, según el tipo de proceso: la firma Salazar, Pardo y Jaramillo; el bufete de Néstor Humberto Martínez; la firma Ibarra Abogados y al especialista Jaime Granados.

Por el lado de Hyundai Corea y Neocorp, la firma de Eljuri, contrataron a José Alejandro Cárdenas; Jaime Lombana y la firma de abogados Brigard & Urrutia.

En resumen, este entramado judicial que ya lleva casi cinco años, y que tiene en la mira a dos empresarios, toca decir que ambos cuestionados, ahora asoma otra arista con las denuncias publicadas este fin de semana por el portal Colombian Herald.com. en la que sus abogados parece ahora también tendrán protagonismo de marca mayor.

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