La aerolínea francesa Airbus, admitió que se adelantan investigaciones en torno a hechos de corrupción en las que funcionarios de la compañía habrían pagado 3.600 millones de euros a cambio de que se archivaran los casos contra la firma, en siete países: desde intermediarios ficticios a “regalos lujosos” o viajes de placer.
La investigación puso en evidencia prácticas fraudulentas en campañas de venta en Colombia, China, Corea del Sur, Rusia, Nepal, Taiwán y Emiratos Árabes Unidos, según la ordenanza de homologación de la Convención Judicial de Interés Público divulgada en línea por la Agencia Francesa Anticorrupción.
Las indagaciones, llevadas a cabo conjuntamente por la Fiscalía Financiera Nacional francesa (PNF), la Oficina de Fraudes Graves británica (SFO) y el Departamento de Justicia estadounidense (DoJ), desembocó el viernes en un acuerdo que puso fin a las investigaciones en los tres países.
Fue en Francia donde el constructor europeo tendrá que pagar la suma más importante, de 2.100 millones de euros, al Tesoro público en un plazo de diez días.
En Francia, el PNF y la Policía examinaron, principalmente, prácticas “de corrupción del agente público extranjero y de corrupción privada cometidas entre 2004 y 2016 con ocasión de contratos de venta de aviones civiles y de satélites”.
En 2014, Airbus cerró dos contratos marco con “la autoridad central china” sobre la venta a compañías de ese país de 13 aviones de pasillo único A320 y 27 del tipo A330, según el acuerdo.
Para conseguirlos, el constructor europeo financió un fondo de cooperación con hasta 24,2 millones de euros entre 2012 y 2017.
Parte de este se empleó “en beneficio de agentes de la administración y de dirigentes de compañías aéreas o de entidades públicas chinas que jugaban un papel en el proceso de compra”, señalaron los investigadores.
Prestaciones “discutibles”
El constructor europeo también organizó, en beneficio de funcionarios chinos y de su entorno, “varios viajes por China y fuera de China compuestos principalmente, o incluso exclusivamente, de actividades de entretenimiento […], además de regalos lujosos e invitaciones a varios acontecimientos”.
Asimismo, Airbus pagó “por medio de un contrato de compromiso ficticio con una empresa libanesa” 10,3 millones de euros a un intermediario comercial chino, una parte de los cuales “estaba destinada a agentes públicos chinos”, según el acuerdo.
En el centro de todo este entramado se encontraba una entidad de Airbus llamada Strategy and Marketing Organization (SMO), que gestionaba a los intermediarios. Desde entonces, la SMO fue disuelta.
En Corea del Sur, Airbus se comprometió a pagar 15 millones de dólares a un ex alto cargo de la aerolínea Korean Air, a cambio de la venta de 10 Airbus A330 entre 1996 y 2000.
En Taiwán, el constructor pagó 7,5 millones de dólares a un intermediario y medio millón de dólares a otro por su intervención en la cesión de 20 A350 (la mitad en opción de venta) a la compañía China Airlines. Ahora bien, “sus contratos fueron firmados después de que se cerrara la campaña de venta y mencionan remuneraciones sustancialmente inferiores a las prometidas”, advirtió la justicia.
En Rusia, por la venta de dos satélites al operador público RSCC, Airbus contrató de forma retroactiva a un intermediario y le pagó 8,7 millones de dólares, aunque “la sede de [su] empresa no se pudo identificar, no había disponible ninguna cuenta financiera y su capacidad para proveer las prestaciones propuestas era discutible”.
Al final de la investigación, la Agencia Francesa Anticorrupción consideró que el programa de cumplimiento puesto en marcha por Airbus estaba “terminado”, aunque el grupo tuvo que comprometerse a pagar los gastos de las auditorías de la AFA durante tres años.
Colombia, involucrada en caso de corrupción que obligará a Airbus a pagar 3.600 millones de euros.
El gigante de la aeronáutica realizó prácticas dudosas, que involucraban regalos lujosos y viajes de placer, en siete países, entre ellos Colombia. Tuvo que pagar 3.600 millones de euros a cambio de archivar los casos en su contra.El estudio obligó a la compañía a pagar 3.600 millones de euros a cambio de que se archivaran los casos.