Son conocidos los métodos de un grupo de presión barranquillero denominado en redes sociales el “Cartel del Lodo”, enriquecidos cada año con los avatares de los buques encallados y los bajos niveles para la navegación en el río Magdalena.
El sistema, que debería patentarse por sus niveles de originalidad y de resultados comprobados, consiste en que dos o tres veces al año se remiten a difundir con alarma informes batimétricos de la Dimar sobre el estado del río, presentando como soporte la peripecias de algún buque encallado o desviado por los bajos calados y acto seguido solicitar; en nombre de la buena marcha económica de la ciudad pues se avendría en caso contrario una crisis de graves proporciones, la figura jurídica de la urgencia manifiesta para salir a las volandas, a dedazo puro, a contratar dragas e interventorías improvisadas cuyos costos son multimillonarios.
El truco consiste en diversos factores conjugados. El primero de ellos es que es casi imposible evaluar los metros cúbicos de dragado en una operación de urgencia en donde lo importante, antes que una planeación integral de la operación, consiste en la necesidad de abrir el paso en el canal para el tránsito de buques.
Consustancial a esa prisa se acude a un mecanismo extraordinario jurídico previsto en la Ley 80 de 1993 que permite afrontar circunstancias o eventos imprevistos, apremiantes, de calamidad pública y/o desastre que afecten de manera inminente la prestación de un servicio público, circunstancias que por su propia naturaleza hacen imposible acudir al trámite de escogencia reglada del contratista; o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas por lo cual acudir a la licitación pública con todos sus procesos de tramites no permite conjurar con la debida celeridad los sucesos imprevistos.
Otros grandes amplificadores de estos pedidos de urgencia manifiesta suelen ser los gremios económicos —muchas veces relacionados de forma directa o indirecta con los contratos o con algunos de sus protagonistas—, los medios de comunicación que suelen publicar con sentido apocalíptico noticias anunciando el probable desastre portuario y las autoridades administrativas políticas (alcalde y gobernador en función de consuno), pidiendo al gobierno central que solucionen a la mayor brevedad el problema del dragado apropiando una gruesa suma de dinero por el alquiler de una draga para la relimpia del canal de acceso y quede solucionado provisionalmente el impase.
Eventos de urgencia manifiesta
El 13 de diciembre de 2018 sucedió uno de estos eventos de urgencia manifiesta. Mediante resolución No 376 del 12 de diciembre de 2018, el Gobierno nacional en cabeza de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, declaró la urgencia manifiesta, procediendo como es costumbre, a la contratación de una firma de dragado que permitiera superar el estado de calamidad pública decretada en el distrito de Barranquilla por la situación del canal de acceso al sistema portuario.
Hay que señalar que Cormagdalena es la entidad con competencia institucional para estas contrataciones, así que su control se convirtió en presa codiciada de los grupos económicos políticos de presión de Barranquilla los cuales han nombrado varios directores oriundos de esa ciudad, entre ellos Augusto García, comisionado para la firma del frustrado contrato APP con Navelena, Álvaro Mendoza, Alfredo Varela que estuvo 14 meses en el cargo con la comisión de devolver los supuestos recursos invertidos por Navelena, siendo reemplazado por Lucas Ariza, en calidad de encargado, que es el quien firma el contrato de dragado de urgencia manifiesta en diciembre de 2018.
En el mes de junio de 2019, Ariza fue nombrado, tras su retiro de Cormagdalena, director de Asoportuaria de Barranquilla en un clásico acto de puerta giratoria. El último de los barranquilleros nombrados en propiedad en Cormagdalena el 30 de enero de 2019 es Pedro Pablo Jurado Duran, su actual director.
No es coincidencia ni nada que se le parezca.
Para sustentar el contrato firmado en diciembre de 2018 cuando era director encargado de Cormagdalena, Lucas Ariza Buitrago dijo: “Acudimos a la declaratoria de urgencia manifiesta con el fin de restablecer lo más pronto posible los niveles operativos de navegación en el Río Magdalena, con fundamento en el decreto de calamidad pública, velando por la equidad y competitividad socioeconómica del país y atendiendo las necesidades del sector portuario del Distrito de Barranquilla”.
Situemos el contexto de la historia. En septiembre de 2018 se había celebrado el contrato 188 de dragado de Cormagdalena con la firma Dredging International por un valor de $6.581 millones con la draga belga Uliesnspiegel cuyo plazo de ejecución se fijó hasta el 31 de diciembre de 2018, o hasta agotar el presupuesto. Cuando estaban casi agotados los fondos del dragado al final de año aparece el fantasma de otra emergencia, así que tras una evaluación para continuar con el contrato creando un otrosí con una adicción a la misma empresa de dragado, esta adujo que no podía disponer en el mes de diciembre de una draga para realizar la labor.
Dicho en otras palabras, les dijo que buscaran otro contratista con sus aparatos, aumentado el pánico en la ciudad ante el supuesto peligro de quedar el puerto cerrado por la falta de calado pese a que recién se había hecho un trabajo con la firma Dredging International, empresa calificada a nivel internacional en trabajos de dragado.
El asunto no daba espera y es así como Lucas Ariza, director encargado de Cormagdalena, da un parte de tranquilidad en donde focaliza el problema con la suma dramática de varios factores: “La situación del puerto de Barranquilla no da espera, los informes batimétricos del estado del canal evidencian la presencia de una barra de sedimentos en el sector de Bocas de Ceniza que reduce la profundidad disponible en el canal navegable, restringiendo el calado operativo por el puerto, esto sumado a la confirmación del IDEAM de que se avecina el Fenómeno del Niño, la primera temporada seca del año y bajos niveles de agua, nos llevan a tomar esta medida que nos permitirá contratar directamente una draga que rápidamente inicie tareas de mantenimiento”.
Parece un relato de ciencia ficción pues se apela a un suceso atmosférico previsto, pero todavía sin ocurrencia, tal es el fenómeno del niño y la probabilidad de la primera temporada seca del año, exponiendo un posible panorama de desenlace crítico como argumento central de una contratación directa con una draga para evitar el inminente colapso.
El 11 de diciembre de 2018 el Alcalde de Barranquilla Alejandro Char y el Gobernador Eduardo Verano dirigen una carta al Presidente de la República Iván Duque en donde exigen:
…“En tal virtud, requerimos de su apoyo para que sea declarada la urgencia manifiesta en atención a esta situación, en cumplimiento de su deber constitucional y de lo señalado en el parágrafo del artículo 34 de la Ley 1 de 1991, en pro que se mantengan las condiciones de navegabilidad en el canal de acceso al puerto de Barranquilla y se realicen a la mayor brevedad posible las obras de dragado necesarias para solucionar esta problemática con las cuales no se siga afectando el desarrollo sostenido de los sectores productivos de la ciudad y el departamento”… A su vez Alejandro Char mediante Decreto 0476 del 11 de diciembre de 2018 proclamó la “calamidad pública” del puerto de Barranquilla.
El parágrafo aludido de la ley 1 de 1994 dice textualmente: “El canal navegable del río Magdalena en el puerto de Barranquilla y sus obras complementarias seguirán siendo construidas, conservadas y mantenidas con recursos del gobierno nacional”. La citada Ley fue firmada por Aurelio Irragori en la presidencia del Senado y Hernán Berdugo, del Atlántico, en la presidencia de la Cámara.
A la carta petitoria de Char y Verano a Duque le fueron enviadas copias a la Ministra de Transporte Ángela Orozco, oriunda también de Barranquilla y a Lucas Ariza, director encargado de Cormagdalena. Fue la primera crisis en tal sentido de la Ministra Orozco, confesado públicamente en un evento de Findeter en Santa Marta el 15 de noviembre de 2019 denominado “Ruta del Desarrollo” dirigido a los nuevos alcaldes y gobernadores en donde anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había prestado 800 mil dólares para el plan maestro del Río Magdalena a futuro que en pesos colombianos da la suma de $280.000 millones.
La ministra propone otra fórmula
Allí es donde la Ministra, sin decirlo expresamente y sin señalar responsables, indica que Findeter es un gran aliado en el Plan de dragado estratégico, puesto que Cormagdalena no tiene la fortaleza institucional para licitar dragados. Curiosa afirmación pues Findeter es una financiera de desarrollo territorial cuyo objeto social no son precisamente los dragados ni la hidráulica.
Pero la ministra, acto seguido, soltó un buscapiés a la dirigencia barranquillera enquistada en Cormagdalena, y dijo lo siguiente: “Una entidad que cada 4 meses presenta una urgencia manifiesta no tiene cómo planear y primero hay que fortalecerla”. Así que basada en esa argumentación colocó a Findeter para licitar el dragado de los 22 kilómetros finales del río Magdalena entre el puente y Bocas de Cenizas
Sobrecostos por $2.486 millones de pesos
En este sentido, la Ministra Orozco resaltó que en el caso de Barranquilla se logró un hecho histórico, cuando le tocó sortear la primera urgencia manifiesta (en diciembre del año 2019) pagando 36 mil pesos por metro cúbico, pero se cuidó de señalar en donde estuvieron los posibles sobrecostos. Sin embargo, es fácil deducirlo de acuerdo a un análisis comparativo de precios entre la nueva licitación de Findeter a un costo de $11.300 millones de pesos para cubrir 22 kilómetros. Si dividimos 22 entre 11, aparece el costo de dragado por kilómetro a $514.000.000 millones de pesos.
Como se trata de un tramo de dragados de 3 kilómetros da en total $7.458 millones de pesos de posible sobrecosto.
Pues bien, el contrato de diciembre de 2018 de urgencia manifiesta comprendía el tramo del kilómetro 1 al kilómetro 2 en Bocas de Cenizas a un costo de $3.000 millones de pesos con vigencia de un mes y un contrato de interventoría que ascendía a $99.501.850. Según esta cifra, comparada con la licitada por kilómetro por Findeter, hay un sobre costo de $2.486 millones de pesos que, en realidad, es la suma a la que se refiere la Ministra Orozco de altos precios cuando habla de $36.000 por metro cubico.
Sume a lo anterior que la draga belga Ulienspiegel realizó trabajos de dragados en los kilómetros 14 y 15 por $6.851 millones. En total, por 3 kilómetros intervenidos con dragados entre septiembre y diciembre de 2018 los dos contratos suman $9.851 millones que da por kilómetro la suma de $3.283 millones. Como se trata de un tramo de dragados de 3 kilómetros da en total $7.458 millones de pesos de posible sobrecosto.
A esos precios y a esa insistencia en la falta de planeación de Cormagdalena es la que se refiere la Ministra Orozco en sus declaraciones ofrecidas en Santa Marta. A ese esquema oneroso, de discutible efectividad y difusa interventoría en la contratación de las obras de dragado del Magdalena es que se les llama el “Cartel del Lodo”.
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