Un total de 559.853 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de 541 proyectos de infraestructura educativa en todo el país, tanto colegios nuevos como ampliaciones de existentes, para que cumplieran con los criterios económicos y especificaciones técnicas del denominado “Colegio Tipo 10” para la Jornada Única Escolar, de acuerdo a lo establecido en el Conpes 3831 de 2015, habrían ido a parar a manos de corruptos.
Así lo corroboró la Contraloría General de la República que abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, por esa cuantía, por irregularidades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, financiados con recursos públicos manejados a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa –FFIE del Ministerio de Educación Nacional, cofinanciados por 165 entidades territoriales.
Según la Contraloría hubo seis formas en que se presentó el detrimento de los recursos públicos del FFIE, que tiene patrimonio autónomo.
La Contraloría denunció afectación fiscal por el orden de los encontró 79.814 millones de pesos por obras abandonadas. De 311 Instituciones Educativas investigadas por la CGR, hay 71 abandonadas.
Por mayores valores pagados por metro cuadrado la Contraloría calcula el la afectación fiscal en 270.309 millones de pesos, situación que se evidenció en 223 instituciones educativas.
También se investigan pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias con un detrimento de 67.142 millones de pesos, en 104 instituciones educativas.
Por ambientes escolares no construidos se calcula una afectación fiscal por 76.816 millones de pesos en 133 instituciones.
Por costos desproporcionados de interventoría se denuncian malversación de 22.425 millones de pesos y por gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia, asociados a la Unidad de Gestión del FFIE, un despilfarro de 43.345 millones de pesos.
La Contraloría ha vinculado a este proceso a 65 presuntos responsables fiscales, que incluyen miembros de la Junta Administradora del FFIE, miembros del Comité Fiduciario, contratistas de obra, contratistas interventores de obra e integrantes del consorcio FFIE Alianza BBVA, para que expliquen sus actuaciones y posibles omisiones.
Todos estaban relacionados con instancias que tomaban decisiones respecto a los proyectos o sobre el manejo de los recursos o sobre el valor del metro cuadrado pagado, o tenían a cargo la construcción de los proyectos o la interventoría de las obras, dentro del marco de criterios económicos, especificaciones técnicas y metas de cobertura a 2018 establecidos en el Conpes 3831 de 2015 y en el Plan Nacional de Desarrollo, promulgado mediante la Ley 1753 de 2015, para la implementación de la Jornada Única Escolar.
Según los estándares y especificaciones de la norma técnica NTC 4595, actualizada, los colegios debían cumplir, con otros espacios mínimos, además de las aulas: biblioteca, laboratorios de física y química, laboratorio de multimedia y bilingüismo, comedor, cocina, áreas recreativas y zonas deportivas, de acuerdo con la priorización de proyectos a cargo de la Junta Administradora del FFIE.
A la fecha la Contraloría General ha hecho 47 citaciones a los vinculados.
