Henrique Pizano Callejas, personaje clave en la venta de Inassa.

Por: Jan Slodvak

 

Que inversionistas privados negocien sus activos en aparente legalidad por empresas de papel (Off shore) en paraísos fiscales como Panamá no tiene nada de extraño. Es uno de los recursos secretos de la banca internacional para salvaguardar fortunas mal habidas o para esconder las bien habidas del ojo avizor de la tributación. Lo raro, sospechoso, anormal si se quiere, es que se hagan este tipo de operaciones con activos de entidades públicas territoriales, escamoteadas a través de mecanismos financieros teñidos de legalidad, tal como sucedió con la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A ESP.

En la sesión del martes 5 de abril de 2016 de la Asamblea de Madrid, comparece ante ella Ángel Garrido García, presidente del Consejo de Administración de Canal Isabel II, empresa propietaria de Inassa y Triple A, bajo petición del grupo parlamentario socialista con el propósito de informar sobre la identidad de las empresas que actuaban como socios locales de las empresas del Grupo Canal en América Latina. En torno a esas explicaciones pedidas pasar relatar el caso del panorama de propiedad de Inassa y Triple A, partiendo desde Canal Isabel II, que “a través de Canal Extensia, Canal Isabel II Gestión —otra empresa— cuenta con una participación de 21 sociedades en Latinoamérica…de la compañía Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, encargada además de los residuos sólidos urbanos y la limpieza urbana de Barranquilla (Colombia), Inassa posee el 82.16%; el distrito, la Alcaldía de Barranquilla, posee el 14.5% y otros socios minoritarios tienen el 3.34%; de estos socios minoritarios se destaca la propia Canal Extensia SA con un 1.16 %”. En otras palabras, los españoles se encuentran entre los grandes accionistas y lideran los pequeños con una evidente falacia del presidente de Canal Isabel II pues la empresa que recoge el aseo en Barranquilla no es Triple A sino Aseo Técnico, con otros accionistas.

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OK Diario de Madrid, en su edición del 11 de mayo de 2007, en un reportaje titulado Un entramado de sociedades offshore en paraísos fiscales señala lo siguiente: “SAA (Sociedad de Aguas de América) es la instrumental del paraíso fiscal de Panamá a través de la cual el Canal compró Inassa. Los accionistas locales constituyeron más tarde Fidugan, que con un 48,2% de Inassa, ostentaba el poder fáctico de todo el negocio y, sobre todo, tenían el control de los políticos colombianos. El artífice de todo este entramado era el empresario local Marco Aurelio Royo, que estuvo implicado en un escándalo económico en Colombia, en 2002”.

Royo se defendió así: “La increíble y mentirosa acusación de Rodríguez López iba dirigida contra Marco Aurelio Royo y Enrique Gerlein Echeverría importantes accionistas del Banco Ganadero, S.A., éstos habían adquirido sus acciones con un préstamo dado a ellos y a otros múltiples accionistas, (vinculados a través del Fideicomiso Fidugan-Banco Ganadero), por el ING Bank el 18 de marzo de 1994 por la suma de USD115,000,000.00 con la pignoración de todas sus acciones del Banco y así poder adquirir entre todos los accionistas (53 en total) el 25% del Banco que pertenecía hasta ese momento al Banco de la Construcción de Venezuela. La falsa y bellaca acusación de Rodríguez López la hizo ante las autoridades Judiciales Españolas puesto que también acusaba al Presidente, al Consejero Delegado y a varios Vicepresidentes del BBVA en España. El juez encargado del caso fue el famoso y reconocido Juez Baltasar Garzón”. (http://www.marcoaurelioroyoanaya.com/esp/antecedentes.php)

Puede apreciarse que en el libelo de defensa de Royo sobre sus intereses en el control de acciones del desaparecido Banco Ganadero –absorbido por el español BBVA- se encuentra el nombre de Enrique Gerlein Echeverría, vinculado al accionariado criollo de la Triple A e Inassa y Fidugan, que tenía similar condición de accionista. Veamos a continuación cómo una sociedad de papel de Panamá terminó de propietaria y vendiendo a la empresa de servicios publicos Triple A, a través del control mayoritario accionario que tiene en esta empresa la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, INASSA.

Creación de Sociedad de Aguas de América SA (SAA)

Es de suma importancia recalcar que todos estos procesos externos, algunos ilegales, otros con una benefactora capa de presunción legal en que se ha planteado el desarrollo histórico de la empresa de servicios públicos de Barranquilla –antes EPM, hoy Triple A- se deben a una profunda crisis del ejercicio de la política en torno al concepto de administración urbana visionada como un botín, un tesoro disponible al mejor postor, al más avivato para que lo “corone” frente a una sociedad adormecida en todos sus estamentos con las notables excepciones de rigor. A este desolador panorama se le suman una serie de instituciones del estado colombiano ineficientes, omisivas como es el caso de la Superintendencia de Sociedades y la de Servicios Públicos. Caso aparte las omisiones de las ias: Contraloría, Fiscalía –Procuraduría, que reaccionó tardíamente- y la negligente rama del poder público judicial.

En el proceso de creación en Panamá de la empresa Sociedad de Aguas de América S.A. (SAA) el 1 de marzo del 2000, esta empresa de papel, jurídica, solo tuvo un específico propósito: servir de “vehículo” para comprar las acciones de Aguas de Barcelona en Inassa (51%), para posteriormente, con el control total de esta empresa “ceder” las acciones de Inassa y Watco Dominicana, pues en los documentos de conformación y disolución de Sociedad de Aguas de América, ni siquiera aparecen precios ni forma de pago. Una cesión de acciones que es hecha a otra empresa “vehículo”, Canal Extensia, a su vez “vehículo” de Canal Gestión, subsidiaria de Canal Isabel II de la Comunidad de Madrid.

El embrollo judicial y político español consiste precisamente en ese eludido, pero indispensable articulado sobre el precio pagado por Inassa. La historia de los precios la narra el diario español El Confidencial en su edición del 14 de marzo de 2017: “El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El negocio, al parecer, no era rentable. Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa enseguida encontró nuevos socios e hizo el puente aéreo, de Barcelona a Madrid. Empezó a negociar con el Gobierno regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja como presidente del Canal. Ambos decidieron que la Comunidad debía crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. Pero en septiembre de 2001, tras una pequeña crisis de Gobierno, el Canal pasó a depender de la Consejería de Medio Ambiente, y la presidencia de la empresa pública pasó a manos de Pedro Calvo. El 14 de noviembre de ese año, el consejo de administración de Canal acordaba la creación de Canal Extensia, y un mes después, el 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83,6 millones de euros), 10 veces más que lo que habían pagado un año antes los socios colombianos por el 49%. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares ese mismo mes, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Un mes antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros”.

En otras palabras, el “tumbe” de los socios colombianos vendedores de Inassa a los compradores madrileños de Canal Extensia, a través de la empresa de papel Sociedad de Aguas de América SA, fue de aproximadamente $65 millones dólares. Ese es el meollo del escándalo político judicial en España pues se argumenta que en la negociación hubo comisiones, mordidas y sobornos. La prístina verdad es que las cantidades de dólares en juego y la nebulosa negociación en el paraíso fiscal de Panamá a través de una empresa de papel mueven a suspicacias de diversa índole.

La Sociedad de Aguas de América es conformada en la escritura pública #3501 de la Notaría Tercera de Panamá a cargo del licenciado Claudio Lacayo Álvarez con cedula de identidad 4-101-2344. Allí comparecieron los socios del bufete De Obaldía & García Paredes el 1 de marzo del 2000, abogados de profesión (Carlos Alberto De Obaldía cedula de identidad 8-222-2524 y José Ramón García De Paredes con cedula de identidad PE-2-605). Una empresa especializada en la creación de sociedades de papel, mencionada por estas actividades en los celebres Papeles de Panamá de sus colegas del bufete jurídico panameño Mossack-Fonseca. (Caribbean LNG Energy Solutions, de Belize y GT International Services en las islas Seychelles).

En otras palabras, el bufete De Obaldía & García de Paredes son profesionales expertos en las actividades de prestar servicios en la conformación y disolución de sociedades offshore con diversos objetivos. Precisamente De Obaldía & García de Paredes es el mismo bufete utilizado para la creación de otra empresa vehículo relacionada con Inassa y Triple A, Sociedad Latinoamericana de Aguas y Servicios SA (LASSA), en la misma Notaría Tercera de Panamá y con idénticos testigos: Leónidas Calvo Pinzón con cedula de identidad 4-112-798 y Hexhi Gloria Zapata con cedula de identidad 4-104-2418. Valga señalar que Calvo Pinzón aparece vinculado con 197 empresas de este tipo y con 324 nombramientos! Al igual que Gloria Zapata con quien comparte intereses en la Sociedad Río Largo en Panamá.

El pacto social de conformación de Sociedad de Aguas de América SA (SAA) parece extraído de un formato tipo confeccionado por De Obaldía & García Paredes, pues allí se encuentran relacionadas con el objeto social disimiles actividades hasta que en el artículo 4° expresa, en uno de sus apartes, aparece esta “perla” de gestión administrativa: “Ningún director estará inhabilitado para celebrar contratos, arreglos o tratos de la sociedad, y ninguno de tales contratos, arreglos o tratos serán nulos, ya sea que fuera con el director o con cualquier sociedad anónima en la cual estuviere interesado como accionista o director dignatario o de otro modo, y ningún director estará en la obligación de rendir cuentas a la sociedad de ninguna ganancia que emanará de ninguno de tales contratos, arreglos o tratos, siempre que tal director hiciere conocer a los demás directores de la sociedad su interés en tal contrato, arreglo o trato, ya sea antes o al tiempo en que tal contrato, arreglo o trato fuere determinado o celebrado, y siempre que tal contrato, arreglo o trato fuere aprobado por la Junta Directiva”.

Además de su sintaxis confusa, el mencionado artículo es un verdadero atentado a principios y normas del derecho comercial y de sociedades, pues implica –el caso fractal de los que ha venido mencionando Corrupción al Día– producir desbarajustes e inducir al desorden –corrupción- dentro de los directivos de la empresa. Ahora viene lo bueno pues en el artículo séptimo dice que el “capital autorizado de la sociedad consistirá en DIEZ MIL DOLARES (US $10.000), dividido en cien acciones con valor nominal de cien dólares cada una. Las acciones podrán ser emitidas al portador”. Una empresa con tan exiguo presupuesto realizando negocios de 73 millones de dólares?

Los accionistas Sociedad de Aguas de América SA (SAA) son Carlos Alberto de Obaldía, con una acción; y José Ramón García de Paredes, con otra acción. Los mismos del bufete jurídico denominado con sus apellidos, ubicados en la sede social en ciudad de Panamá: edificio Proconsa, sexto piso. Tienen una alterna en el edificio Plaza Credicorp Bank Piso 29, 50 y Calle, Calle 59 Este, Panamá. Los primeros directores de la recién conformada Sociedad de Aguas de América SA (SAA) son Violeta Annet Holnes, Jacekeline Ester Hayot y Kira Ivette Degracía. Todas ofrecen la misma dirección ubicada en el edificio Proconsa, sexto piso.

El agente residente en ciudad de Panamá es, otra vez, el bufete Jurídico De Obaldía & García de Paredes y la primera junta directiva fue conformada en el rol de Presidente Violeta Annet Holness; Tesorera Jacqueline Ester Hayot y Secretaria Kira Ivette Degracia. En otras palabras, una sociedad compuesta de yo con yo, pues todos son empleados del bufete. En otras palabras, testaferros de los verdaderos accionistas, tal como lo indicó en declaraciones la Fiscalía Española reproducidas por OK Diario el 19 de septiembre de 2017: “Como cargos directivos de la mercantil Sociedad de Aguas de América figuran Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldía, José Ramón García de Paredes, Kira lvette De gracia y Violeta Annet Holness, todos ellos miembros del citado despacho de abogados De Obaldía & García de Paredes, en lo que parece ser “un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado”. Además, en el domicilio social del despacho aparecen domiciliadas “otras sociedades panameñas relacionadas con la actividad del Canal de Isabel II en Sudamérica, siendo su cliente más reseñable la sociedad colombiana Triple A de Barranquilla”.

Disolución de la Sociedad de Aguas de América SA

Dos años después de su constitución, la Junta Directiva de la gaseosa Sociedad de Aguas de América SA (SAA) decide su disolución el 20 de febrero de 2002 a través de la escritura pública #2187 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá a cargo del licenciado Claudio Lacayo Álvarez.

Nuevamente desfila el mismo circo del bufete jurídico De Obaldía & García de Paredes, los mismos testigos Leónidas Calvo Pinzón y Hexhi Gloria Zapata, para informar que en sesión de la Junta Directiva del 4 de febrero de 2002 con la presencia de los directores Violeta Annet Holness, Kira Iveete Degracia, Jackeline Hayot y Álvaro Díaz Merediz deciden disolver la sociedad. El articulo 4° en donde expresan este acto de voluntad unánime comercial ordena: “Resuélvase además: Que los bienes y activos de la sociedad, después del pago de todos los pasivos y gastos de disolución, sean distribuidos a CANAL EXTENSIA S.A. en efectivo o en especie, o parte en efectivo y parte en especie, según lo determine la Junta Directiva. Resuélvase además: Que para los efectos del punto anterior la Junta Directiva de la Sociedad de Aguas de América SA ha determinado que después del pago de todos los pasivos y gastos de disolución, los activos de la sociedad se encuentran representadas única y exclusivamente en (1) 6.061.568 acciones de INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS SA (Inassa) y (2) 5.100 acciones de WATCO DOMINICANA SA, las cuales deberán ser entregadas inmediatamente a CANAL EXTENSIA SA, propietaria del 100% de las acciones en circulación”.

Inassa es accionista mayoritaria de Triple A, lo que significa que lo que se estaba vendiendo en el fondo era esta empresa de servicios públicos domiciliarios de Barranquilla en una operación difusa, gaseosa y cuestionable desde el punto de vista de su legalidad. Como llegan, por acto mágico, las acciones de Inassa, empresa constituida en Colombia, a los activos de Sociedad de Aguas de América SAA? Como aparecen en papel propietarios desconocidos de estas acciones en Panamá? No hay respuestas lógicas jurídicas para un análisis de la Sociedad Aguas de América SA (SAA) formada por un bufete jurídico de testaferros y abogados calanchines.

En cuanto a Watco Dominicana, es una compañía creada el 15 de julio de 2001 para la prestación de servicios de informática relacionados con el agua, aseo y alcantarillado con el número 133170, situada en la C/ Federico Geraldino #79 Ens. Piantini, disuelta por orden expresa de Canal Isabel II cuando empezó el escándalo. Indica OK Diario el 11 de mayo de 2017: “Con la compra de Inassa los gerentes del Canal se comprometieron también a la adquisición de la sociedad dominicana Watco, cuyo objeto social -electrónica- nada tenía que ver con el negocio de la compañía madrileña. Además, el Canal jamás llevó a cabo una valoración de sus activos ni una auditoría legal de la empresa, a la que se le atribuía un valor de 1,5 millones de dólares. Los letrados de Cuatrecasas (el bufete de Madrid que hizo una auditoría a estas compras) se lamentan de que “Canal Extensia asume sin restricción alguna cualquier responsabilidad de cualquier índole que tenga o pueda imputarse a Watco en el futuro”.

La maniobra de venta de Inassa a través de una sociedad de papel en Panamá tiene otras implicaciones para los españoles, pues los medios de comunicación, Audiencia Nacional y Fiscalía han presentado organigramas que explican el complejo entramado accionario creado en torno a las diversas empresas internacionales implicadas con Canal Gestión, Canal Extensia e Inassa, señalando OK Diario de Madrid en su edición del 11 de mayo de 2017 lo siguiente: “Además de la panameña SAA, los siete ejecutivos españoles de Agbar que se quedaron con parte del pastel constituyeron IAA, consiguiendo un 12% de Inassa. Otra de las sociedades que participó en el pelotazo fue Finanzas Internacionales Real que adquirió el 2% del capital antes de que el Canal pagara diez veces más de su valor”.

Allí es donde aparece la importancia de SLASA o LASSA, siglas de Sociedad Latinoamericana de Aguas y Servicios creada el 18 de julio de 2000, igualmente por la firma De Obaldía & García De Paredes en Panamá, que tenía como directores a Salvador Cardona Aucejo, (domiciliado en Paseo de Ruzafa, 5, 5, 4, 46002 Valencia, España) actuando a nombre de TECVASA, Técnicas Valencianas de Agua; Francisco Olmos y Javier Vilaplanas, (domiciliados en la carrera 58 No. 67-09 Barranquilla, Colombia). Los tres son de nacionalidad española, apreciándose que la dirección que dan en el documento constitutivo de LASSA en Panamá, son las instalaciones de la sede social de la empresa Triple A en Barranquilla manejada en ese momento por Olmos y Vilaplana. Los primeros directivos de esta empresa fueron, en calidad de presidente Jorge Enrique Pizano Callejas, vinculado a procesos relacionados con coimas con Odebrecht en su calidad de gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En noticia del diario El Tiempo de Bogotá el 24 de octubre de 2017 dice: “Pizano Callejas fue quien firmó la adjudicación de la obra Tunjuelo-Canoas, megaobra que en 2009 le fue entregada a Odebrecht por la administración del entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. La obra costaba 244.000 millones de pesos y la Fiscalía asegura que el contratista “habría pagado una millonaria coima para obtener el contrato directamente”

Otro de los directivos nombrados en la empresa offshore panameña LASSA fue el abogado Germán Sarabia Huyke, actual directivo de Inassa. En la última sesión de la Junta Directiva de Triple A, del 20 de marzo de 2018, nominada con el acta No. 54, en el punto 9, proposiciones y varios, se designa un miembro de la Junta Directiva. Dice textualmente el acta: “En este momento de la reunión, el señor Alberto Muguiro (español presidente de Inassa) propone un cambio en la composición de la Junta Directiva, en los representantes del sector privado, designando al señor Miguel Hernanz Sanjuan como principal y al señor Juan Andrés García como suplente. El señor Juan Andrés García reemplazaría al señor Germán Sarabia Huyke como suplente del señor Miguel Hernanz Sanjuan”. Pueden apreciarse en toda su magnitud como los antiguos nexos del entramado financiero de la constitución de empresas offshore en Panamá entre el 2000 y 2002 todavía tienen asiento en las juntas directivas de Inassa y Triple A.

Después de estos procesos en donde se conformaron empresas de papel en Panamá para el traspaso de acciones, la empresa de servicios publicos de Barranquilla Triple A pasó a propiedad española constituyéndose en la “joya de la corona” de la avanzada en América de la empresa de servicios publicos de Madrid Canal Isabel II.

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