Proyecto de Saneamiento Cuenca del Río Chinchiná: ¿Qué Salió Mal?
Han pasado tres años y ocho meses desde que se firmó el contrato para desarrollar el proyecto ‘Saneamiento Cuenca del río Chinchiná, municipios de Manizales y Villa María‘, conocida como Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) los Cámbulos, el cual fue aprobado por el Ministerio de Vivienda el 19 de junio de 2019, y para el cual se suscribió el Convenio de Uso de Recursos No. 621 de 2019 con el municipio de Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Manizales (ejecutor del proyecto).
El aporte de Minvivienda ($40.000 millones) formaba parte del Programa Saneamiento de Vertimientos (SAVER), un proyecto nacional más amplio financiado por el banco KFW de Alemania.
Sin embargo, después de este tiempo, las obras de la PTAR apenas si alcanzan un 9% de ejecución, y se embolataron $40 mil millones de pesos, que a la fecha se dan por perdidos.
Aunque todas las entidades financiadoras (Ministerio de Vivienda, Aguas de Manizales, Alcaldía de Manizales y Corpocaldas) depositaron sus aportes en un encargo fiduciario que administra los recursos, el contrato definía la entrega de un anticipo del 30% del valor total del proyecto, que se giraría directamente en las cuentas del constructor para dar inicio a las obras, lo que en efecto ocurrió en mayo de 2022, cuando se desembolsó el anticipo pactado contractualmente, $39.908 millones, que correspondía a los aportes del Minvivienda.
En el proyecto se estipulaba que la construcción de la planta tardaría 21 meses, el arranque y puesta en marcha obligatoria duraría 6 meses y la puesta en marcha adicional 10 meses, por lo cual aproximadamente en 37 meses se supone que estaría finalizado todo el proceso para tener una operación del 100% de la PTAR.
Sin embargo, a casi mitad del 2024, lo que hay en Manizales es preocupación porque para poder cristalizar el proyecto prácticamente tendrá que volver a empezar, convocar una nueva licitación que tendría un valor cercano a los $230 mil millones de pesos, es decir $100 mil millones más del proyecto inicial.
Y a todas estas nadie sabe en manos de quién quedaron esos $40 mil millones de pesos de anticipo.
El mes pasado en la plenaria del Concejo de Manizales, el nuevo gerente de Aguas de Manizales, Jorge Eliécer Rivillas, explicó que el sobrecosto del proyecto significa un 57% más de lo previsto con Carlos Mario Marín y casi un 126% en la administración de Octavio Cardona.
El arranque fallido
Desde el segundo semestre de 2022, el Ministerio empezó a evidenciar los atrasos en la obra, por lo que se requirió a Aguas de Manizales la entrega del plan de contingencia con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato de obra en los tiempos establecidos.
El Ministerio de Vivienda exigió los informes de inversión del anticipo de manera continua, teniendo en cuenta que, a diciembre de 2022, el único informe recibido y avalado por la interventoría contenía información con corte a julio de 2022.
Debido a que los requerimientos del Ministerio en cuanto a la información sobre la inversión del anticipo no estaban siendo atendidos, en mayo de 2023 se realizaron las denuncias ante Contraloría General de la República, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación. A partir de estas denuncias, la Procuraduría y la Contraloría convocaron visitas y mesas de trabajo en mayo, junio, y septiembre de 2023 y febrero de 2024, en las cuales el Ministerio de Vivienda participó activamente.
El asunto es que pese a las alertas del Minvivienda por incumplimientos en el cronograma de la obra, solo hasta octubre de 2023 Aguas de Manizales inició gestión para siniestrar la póliza por el amparo del anticipo y apenas hasta el día 22 de diciembre de 2023, se notificó a la empresa Fypasa la terminación del contrato de obra debido al grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Además, sólo hasta el 19 de diciembre de 2023, Aguas de Manizales envió el informe final de inversión del anticipo avalado por la interventoría. En el documento recibido, el Ministerio advirtió varias inconsistencias y presuntas irregularidades en los subcontratos.
Por todos estos hechos, el 29 de febrero de 2024, la Contraloría General de la República estableció hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria, administrativa y fiscal por el valor del anticipo.
Y el pasado 8 de abril, el Ministerio tomó la decisión de ampliar las denuncias ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Procuraduría, por las irregularidades en la inversión del anticipo, el retraso significativo de la obra, y por el hecho de que a la fecha la aseguradora Compañía Nacional de Seguros continúe desestimando el siniestro de la póliza de buen manejo del anticipo.
Adicionalmente toca recordar que cuando Carlos Mario Marín ganó la Alcaldía dijo que le generaba inquietud que solo una empresa mexicana hubiera quedado habilitada en la licitación de la PTAR, refiriéndose a Fypasa, y en consecuencia Aguas de Manizales suspendió a finales de 2019 la adjudicación que estaba lista.
Sin embargo, una vez posesionado, Marín volvió a abrir la licitación, por mayor valor, y los mexicanos de Fypasa, esos que había cuestionado, volvieron a ganar.
El contrato se firmó en noviembre de 2021 y fue liquidado dos años después porque la empresa incumplió. Casi no devuelven el lote de Los Cámbulos y todavía adeudan liquidaciones a sus extrabajadores. Sobre los $40.000 millones no responden ni ellos ni la aseguradora que otorgó la póliza de cumplimiento.
A todas estas, tampoco podría entenderse por qué el Minvivienda y la misma alcaldía de Manizales terminan contratando a una firma que estaba cuestionada tanto en Colombia como en su país de origen, es decir, México, precisamente por incumplir los contratos de obras que se les encargaban.
Más sobre la empresa contratista mexicana Fypasa
Sin embargo, al indagar un poco más el asunto tiende a esclarecerse. Fypasa llegó a Colombia con pergaminos de ser una firma especializada en diseño, construcción y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Potabilizadoras, trabajos hidráulicos y edificaciones, y de haber construido 68 plantas de agua residuales y 48 plantas potabilizadoras; que fue constituida como sociedad en 1983 y tiene presencia en los 32 estados de México, Perú y Colombia; pero toca aclarar que llegaron de la mano del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), pues son socios desde el año 2013 a través del holding Ticsa.
Y tal vez por eso es que el gobierno de Manizales, y el Ministerio de Vivienda de Iván Duque, se hicieron los de la vista gorda con el hecho de que Fypasa ya estuviera envuelta en incumplimientos de contratos en otras zonas del país. Como en el consorcio colombo-mexicano PTAR San Silvestre, que construía la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de Barrancabermeja ( Santander), donde se destinaron $181 mil 898 millones con recursos de Ecopetrol, Alcaldía Distrital y la empresa Aguas de Barrancabermeja; y que desde el 2019 debía estar funcionando, pero en el 2021 aún no entregaban las obras.
En ese contrato hubo cambios de interventoría y diseños, y adiciones de tiempo y recursos. Entre las irregularidades están que en el 2019 el consorcio interventor Inalpro se retiró del proyecto; también en diciembre de ese año, 30 meses después de la fecha de inicio, la obra apenas estaba en diseños. Hubo un otrosí con una adición de $54 mil millones y en el Concejo de Barrancabermeja se reveló que el proyecto tiene un desfase de $9 mil millones en su cierre financiero. Otra advertencia fue que en el transcurso se modificaron los integrantes del contratista: la empresa Aqualia Intech S. A. se retiró y le cedió su parte a Fypasa Construcciones.
Incumplimientos en México
Fypasa también tiene cuentas pendientes y quejas por incumplimientos en su país de origen.
Por ejemplo presuntas irregularidades desde el 2017 por operar tecnologías de aprovechamiento energético de residuos urbanos en la PTAR de León ( Guanajuato), reconocida por la Cooperación Alemana al Desarrollo en México ( GIZ).
El proyecto fue firmado por los representantes de la GIZ, operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León ( SAPAL) y Fypasa, principal accionista de Ecosys III.
Sobre lo anterior, el periodista político mexicano Arnoldo Cuéllar Ornelas escribió en el 2020 un informe titulado “El agua en manos de empresarios, mal negocio”, publicado en el portal www.sinembargo.mx. Dijo que en el 2020 hubo quejas por la asociación entre SAPAL y Fypasa por pagos cercanos a los $200 millones de pesos mexicanos, pero el agua que trata la planta de tratamiento de aguas residuales ( PTAR) de León es deficiente.
El periódico Caracol en Movimiento, de León ( Guanajuato), informó: “Las autoridades municipales no descartan proceder legalmente contra la empresa que cobraba $18 millones de pesos mensualmente por operar y administrar la infraestructura hidráulica”.
En Torreón, ciudad del norte de México también cuentan con un prontuario poco envidiable.
Allí la empresa Ecoagua comenzó la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales en mayo de 2004. Luego en el 2010, Ticsa una empresa donde Fypasa era uno de los socios principales, adquiere a Ecoagua de Torreón.
Por desacuerdos de carácter financiero, a partir de octubre de 2011 el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, dejó de pagar las contraprestaciones asociadas al contrato de concesión con Ecoagua.
En septiembre del 2013 la compañía TICSA es adquirida por el grupo EPM, Empresas Públicas de Medellín; es decir, que Fypasa y EPM terminaron convirtiéndose en socios desde el 2013.
En octubre de 2014 se firma un convenio de reconocimiento de adeudos entre el Simas y Ecoagua por un monto total de 160 millones de pesos en moneda mexicana ($ 9,5 millones de dólares).
En enero del 2015, se inicia un proceso de rescisión administrativa por parte del Simas a la empresa Ecoaguas que culmina con el despojo de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.
El 9 de enero de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió: el pago a Ecoagua por parte del Simas de 160.9 millones de pesos (10 millones de dólares) más intereses del 10 por ciento anual.
Baja California
En la península de Baja California, también hay rastros de denuncias por el incumplimiento de Fypasa en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de La Paz, en Baja California ( México).
Según el reporte del diario El Sudcaliforniano, publicado el 22 de abril del 2021, “a quince meses de que la planta debió haber sido entregada, esta cuenta con serias deficiencias que impiden su operación, incluso se menciona que está entregando agua que no cumple con las normas oficiales y ante esta situación, es prácticamente imposible que sea recibida para su operación, ya que de lograr su funcionamiento requeriría de una inversión adicional de la Conagua”.
Este medio sostuvo que el proyecto fue inaugurado por el expresidente Enrique Peña Nieto, antes de terminar su mandato, y entregada a Fypasa. Según el diario, es la preferida del titular de Conagua, David Korenfeld Federman, en el sexenio de Peña Nieto. “A pesar de que la vigencia del contrato concluyó el 15 de enero del 2018, las obras no se terminaron. El contrato establece la construcción de 4 celdas de almacenamiento para lodos, pero sólo se construyó una, costó 485 millones”, escribió el periodista Mauricio Hernández Ch, del medio El Sudcaliforniano.
En resumen, lo que por lo visto va quedando cada vez más claro es que al igual que los políticos corruptos, las empresas corruptas por muy poderosas y grandes que sean, y con apariencias de exitosas multinacionales, no dejan de ser lo que son, unas compañías dirigidas por empresarios y socios corruptos, poco transparentes que no dudan en echar mano de dineros públicos para aumentar sus emporios económicos.
