De la Espriella: «Si perdemos no pasa nada». Colombia no es su hogar, es su negocio
Mientras su esposa declara que tienen la vida resuelta en otro país, el expediente de su firma revela a qué Colombia le interesa realmente llegar: la del presupuesto público, los contratos y el poder sin rendición de cuentas.
Ana Lucía Pineda, administradora de empresas, cofundadora de De la Espriella Lawyers, ex directora de negocios gastronómicos, culturales y de entretenimiento en los Estados Unidos, esposa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, dijo esta semana, en entrevista con la Revista Semana, algo que ningún asesor de campaña le habría permitido decir si lo hubiera consultado primero. «Tenemos dos caminos: ganar o perder. Si perdemos no pasa nada, tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos con nuestros hijos, estamos en otro país, si queremos vamos a Colombia y, si no, no.«
Pocas veces en la historia de la política colombiana una frase de campaña ha sido tan honesta. No porque revele algo que no se supiera. Sino porque lo dice en voz alta, sin vergüenza, con el desparpajo natural de quien genuinamente no comprende el problema.
El problema, para los colombianos que no tienen una mansión en Miami ni 35 empresas distribuidas entre Colombia, Estados Unidos y Panamá, ni activos patrimoniales que superan los $39.000 millones de pesos según registros de cámara de comercio, es este: el país que Abelardo de la Espriella promete rescatar no es su hogar. Es su proyecto de expansión.
El mecanismo que produce esta candidatura no es nuevo. Es el Ciclo Secreto de la política colombiana: el poder judicial se convierte en acumulación de capital, el capital se convierte en visibilidad mediática, la visibilidad mediática se convierte en candidatura presidencial, y la candidatura presidencial se convierte en la posibilidad de proteger el capital con el aparato del Estado. El ciclo se cierra. Y el país que figura en los discursos no es el mismo que figura en las escrituras de las propiedades.
La Conexión Perdida entre De la Espriella y Colombia no es un accidente biográfico. Es la lógica de quien construyó su fortuna defendiendo a quienes le robaron o le hicieron daño a ese mismo país, y que hoy propone combatir con mano de hierro la corrupción que financió su ascenso.
Empecemos con los números, que no mienten.
La firma De la Espriella Lawyers Enterprise acumula activos por más de $39.000 millones de pesos. Tiene sedes en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami. El propio candidato ha afirmado en entrevistas que su bufete es «hoy por hoy una de las firmas que más factura en Colombia«. Tiene al menos 19 propiedades registradas en el país, entre fincas, apartamentos de lujo y bodegas. Invirtió en complejos de apartasuites en Bogotá y en desarrollos de 4.000 apartamentos en zonas privilegiadas frente al mar en Cartagena y Barranquilla. Produce vino Fratellone en la Toscana italiana, ron Defensor y opera el restaurante Místico. Vende ropa de lujo masculina bajo su propio nombre. Su patrimonio estimado en 2025 ronda los 10 millones de dólares, según análisis periodísticos basados en registros públicos.
Todo eso está bien. Un abogado exitoso puede ser rico. El problema no es la riqueza. El problema es cómo se construyó parte de esa riqueza, y qué relación tiene esa historia con la promesa de combatir la corrupción con mano de hierro.
Repasemos la cartera de clientes que convirtió a De la Espriella en uno de los penalistas más mediáticos y rentables del país.
Sus primeros clientes en el escándalo de la parapolítica fueron Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Caballero, todos condenados por la Corte Suprema de Justicia por sus alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia. En todos esos casos, De la Espriella perdió. Pero cobró. Y la visibilidad que le dieron esos juicios le abrió las puertas a clientes más rentables.
Uno de los casos que más lo expuso fue la defensa de David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG que estafó a cerca de 214.000 ahorradores colombianos. Doscientas catorce mil familias que pusieron sus ahorros, sus cesantías, el dinero de la pensión de la abuela, la plata de la matrícula de los hijos, en un esquema que les prometía multiplicar sus recursos y que terminó expoliándolos. El candidato que hoy promete acabar con quienes roban al pueblo cobró honorarios por defender al hombre que robó a 214.000 colombianos. David Murcia Guzmán denunció disciplinariamente a De la Espriella ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, alegando la supuesta violación de deberes profesionales y la no devolución de $5.000 millones de pesos que le entregó durante el proceso. El candidato dice que es un montaje. La Comisión Seccional tendrá la última palabra.
En el tiempo en que De la Espriella defendió a Alex Saab, aproximadamente desde 2013, su empresa jurídica reportó ingresos considerables, triplicando lo que habían reportado históricamente. Saab, señalado por las autoridades internacionales como presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro, investigado por lavado de activos a escala continental, le representó al candidato su mayor salto patrimonial documentado. De la Espriella dice que abandonó la defensa en julio de 2019 cuando conoció la relación de Saab con Maduro. El calendario tiene sus propias opiniones: para 2019, los ingresos de la firma ya habían triplicado su nivel histórico.
La lista de clientes polémicos también incluye a los primos Nule, protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, y al exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por corrupción tras exigir sobornos para influir en decisiones de la Corte Constitucional. El carrusel de la contratación le robó a Bogotá obras de infraestructura que hoy siguen inconclusas. La corrupción de Pretelt manchó la institución que debería ser el último guardián de los derechos de los colombianos. De la Espriella cobró por defenderse de esas acusaciones.
Aquí el sarcasmo tiene precio de lista: la campaña «Defensores de la Patria» del abogado que defendió a quienes la depredaron.
Cuestión Pública reveló que su firma ha tenido contratos con varios gobiernos por más de tres mil millones de pesos. El candidato que jura no haber vivido jamás del Estado, que promete reducirlo en un 40%, que lo presenta como el enemigo a derrotar, le facturó al mismo Estado tres mil millones de pesos en honorarios. No es contradicción ideológica. Es coherencia patrimonial.
Lo que afirmó la esposa de De la Espriella
Ahora volvamos a Ana Lucía Pineda y a lo que dijo, porque la frase merece todo el análisis que no le dieron las redes sociales.
«Si queremos vamos a Colombia y, si no, no.«
Colombia como destino turístico. Colombia como opción entre opciones. Colombia como el lugar al que se va «si uno quiere«, en la misma frase en que se admite que se puede perfectamente no ir. Esta es la Conexión Perdida que no puede ocultarse con un chaleco antibalas ni con un atril de cristal blindado. La desconexión entre el candidato y el país que aspira a gobernar no es una anécdota de campaña. Es la descripción exacta de la relación que existe entre una élite que extrae recursos de Colombia y los protege en jurisdicciones extranjeras, y la mayoría de colombianos que no tiene adónde irse si Colombia falla.
Mientras Ana Lucía Pineda describía la vida maravillosa que tiene su familia en otro país, en Colombia el salario mínimo para 2026 es de 1.423.500 pesos mensuales. Una familia trabajadora de cuatro personas, con ese ingreso, gasta lo que gana en alquiler, servicios públicos y alimentación básica antes del 20 de cada mes. Para esa familia, Colombia no es una opción. Es la única opción. No tienen un plan B con activos en tres países y 35 empresas distribuidas entre Bogotá, Miami y Panamá.
El costo de oportunidad de esta Conexión Perdida no es abstracto. Por cada peso que los clientes de De la Espriella Lawyers desviaron de los recursos públicos o estafaron a ahorradores, había una obra que no se construyó, una beca que no se entregó, un puesto de salud que no se dotó, un acueducto que no llegó a la vereda. La riqueza que hoy permite a la familia De la Espriella vivir maravilloso en otro país tiene, en parte, esa dirección de origen.
El sistema que lo hace posible
El sistema que hace posible esta candidatura no es nuevo. Ha funcionado durante décadas con nombres distintos. Un abogado o empresario acumula capital defendiendo o facilitando a quienes operan en los márgenes de la ley. Ese capital se transforma en visibilidad, en seguidores, en plazas llenas, en el Movistar Arena a reventar. La visibilidad se transforma en candidatura. La candidatura promete exactamente lo contrario de lo que construyó la fortuna que la financia. Y el ciclo se cierra cuando, si se llega al poder, el aparato del Estado protege ese patrimonio y abre nuevas oportunidades de expansión. Sus críticos consideran que este historial entra en tensión directa con la promesa de «mano dura» contra la corrupción que hoy es uno de los ejes centrales de su campaña presidencial.
A esa tensión se suma otro patrón que las organizaciones de libertad de prensa han documentado: la respuesta de Abelardo de la Espriella frente al escrutinio periodístico ha sido el anuncio de acciones judiciales contra periodistas que investigan su trayectoria, un patrón que organizaciones defensoras de la libertad de prensa han calificado como hostigamiento judicial contra la labor periodística y de investigación. El abogado penalista que cobró fortunas por defender a sus clientes en los estrados sabe perfectamente que una tutela estratégica, una denuncia por injuria o calumnia, o una demanda millonaria pueden silenciar a un periodista independiente mucho más eficazmente que un argumento. Eso también es parte de la arquitectura del poder.
Colombia va a las urnas el 31 de mayo de 2026. Abelardo de la Espriella disputa la primera vuelta en empate técnico según la prensa que lo respalda. Millones de colombianos que no tienen la vida resuelta en ningún otro país, que no tienen 35 empresas, que no producen vino en la Toscana ni venden apartamentos de lujo frente al mar, están decidiendo si entregarle el poder a un candidato cuya esposa acaba de admitir, sin querer, la verdad que sus discursos nunca dirán: que para ellos, perder no pasa nada.
Para los colombianos que no pueden irse, sí pasa. Todo pasa.
La pregunta no es si Abelardo de la Espriella ama a Colombia. La pregunta es si Colombia, para él, es una patria o es un negocio. Sus $39.000 millones en activos, sus 35 empresas, su firma con tres mil millones en contratos estatales y su esposa que admite que pueden vivir sin venir, ya respondieron. Antes de que él lo hiciera.
