Hace doce años, en La Guajira, se inició la construcción del Proyecto Estratégico Multipropósito Río Ranchería, una ambiciosa apuesta para abastecer de agua a nueve municipios del departamento y llevar agua a más de 354.000 habitantes. Esa infraestructura también debía suministrar el líquido vital a gran escala para el riego de cultivos en 18.536 hectáreas y permitiría el funcionamiento de una central hidroeléctrica que llevaría energía a unas 3.000 viviendas.
Y aunque esa obra costó 650.209 millones de pesos y su primera etapa fue culminada en el 2010, actualmente no cumple con ninguno de esos propósitos que deberían beneficiar a una población en la que cada año hay intensas sequías, escasez de alimentos, y en donde el desabastecimiento de agua genera crisis humanitarias.
Una investigación de la Contraloría General, conocida por este diario, documenta cómo esa obra –que debía ser desarrollada por el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), liquidado por corrupción– actualmente es casi que un elefante blanco.
La auditoría al Incoder reveló cómo la primera fase de este proyecto, que se terminó en noviembre del 2010, alcanzó a construir la presa El Cercado y las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan. Sin embargo, la megaobra está en una fase de transición en la que “su única función es regular el caudal del río, toda vez que no surte de agua a los acueductos y no se han construido los distritos de riego ni la central hidroeléctrica”.
Las demoras en las obras han llevado a que aún no se puedan aprovechar los recursos hídricos del río Ranchería y embalsar 198 millones de metros cúbicos de agua para su distribución.
La obra, además, ha generado nuevos gastos para poder conservarla mientras puede ser útil. Entre los años 2011 y 2016 se han firmado cinco contratos para garantizar la seguridad y la conservación de las instalaciones y sus equipos que han costado 34.217 millones de pesos, “para un proyecto que no cumple con los fines que perseguía la inversión realizada”, dice el informe.
Para la Contraloría, esos costos resultan preocupantes “si se tiene en cuenta que no existe certidumbre sobre la fecha de realización de las obras faltantes para completar el proyecto (fase II), por lo cual la denominada fase de transición puede prolongarse por un tiempo indefinido”.
El ente de control asegura que, aunque se puede aceptar que por lo menos lo que se ha entregado de la obra terminó cumpliendo la función de control de inundaciones, “no puede decirse lo mismo de las líneas de conducción principal de los dos distritos: San Juan y Ranchería, que igualmente llevan más de 5 años construidas sin que hayan sido sometidas a revisión o mantenimiento, para lo cual el Estado se va a ver abocado a invertir cuantiosos recursos”.
Esos túneles hoy están quietos sin poder llevar agua a las hectáreas proyectadas y sin transformar la economía del segundo departamento más pobre del país. Así construir la segunda fase de la obra es clave porque “permitiría democratizar el uso del agua en la medida en que actualmente solo puede ser aprovechada por los predios colindantes al río”, dice el ente de control.Incremento de costos
Además de quedar a medias, la obra ha significado mayores costos de los que estaban proyectados.
Para el mantenimiento de la represa el Incoder firmó en el 2015 un contrato con el Consorcio Etha por 10.174 millones de pesos que por las prórrogas tuvo una duración hasta diciembre del año pasado.
Inicialmente ese contrato iba hasta diciembre de ese año, sin embargo ha sido prorrogado ocho veces y se le han adicionado recursos en dos ocasiones. La última adición se hizo el 9 de junio del año pasado y fue firmada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que se encargó de reemplazar al Incoder en esas funciones.
La adición de presupuesto se hizo por 2.366 millones de pesos y permitió que se prolongara la construcción de la obra hasta el 29 de diciembre del año pasado.
“Lo expuestos representa un desgaste administrativo y económico tanto para la entidad estatal como para el contratista, teniendo en cuenta que cada prórroga requiere del trámite respectivo, más la consecuente ampliación de pólizas, su revisión y aprobación, situación que al parecer se presenta por la falta de planeación del proceso de liquidación y entrega de la entidad suprimida (Incoder) a la ADR”, dice el informe.
El negocio también fijó que a favor del contratista se reconocerían gabelas como el 8 por ciento de cada uno de los gastos reembolsables.
En los estudios previos nunca se contempló cuánto se le debía pagar al contratista por costos como la remoción de biomasa del embalse, las obras de protección y mejoramiento de las plantas de tratamiento, o el mantenimiento de vías internas del proyecto Río Ranchería.
En ese punto la Contraloría General afirmó que, de manera injustificada, al contratista se le terminaron pagando de más por esos gastos reembolsables una suma de casi 1.000 millones de pesos.
MILENA SARRALDE DUQUE
EL TIEMPO
