Sistema Silencioso: La anatomía de un saqueo a plena luz del día
En Bonda, corregimiento de Santa Marta, hay un esqueleto metálico que debería albergar risas infantiles. En su lugar, solo hay óxido, maleza y el eco de promesas vacías. Este monumento al fracaso administrativo tiene nombre y apellido: Centro de Desarrollo Infantil (CDI), firmado en 2014 bajo la administración de Carlos Caicedo.
Lo que nadie cuenta es que este no es solo un proyecto fallido más. Es la radiografía perfecta del Sistema Silencioso que opera en Colombia: ese mecanismo invisible donde la corrupción no necesita esconderse porque ha normalizado su presencia en cada grieta institucional.
Cuatro alcaldes después, tres mil millones de pesos menos, y ni un solo niño beneficiado.
La cronología del despojo
En 2014, el entonces alcalde Carlos Caicedo firmó un contrato por $6.500 millones de pesos para construir dos CDI: uno en Ciudad Equidad y otro en Bonda. El segundo, nuestro protagonista, comenzó a construirse en 2015.
Lo que sigue es una historia de manual para cualquier aspirante a corrupto:
- Adjudicación a un consorcio con historial turbio: Unión Temporal Constructora Graypod SAS de Montería y CM Construcciones y Mantenimiento SAS de Bogotá
- Once suspensiones contractuales
- Cinco otrosíes
- Tres adiciones presupuestales
- Una cesión sospechosa del contrato en 2018 cuando ya se había gastado el 90% del presupuesto con menos del 35% de ejecución
«La obra está terminada», afirma descaradamente el DNP en su página oficial. La realidad: un esqueleto metálico abandonado donde los únicos beneficiarios son el óxido y la maleza.
Los artífices del desastre: un catálogo de la impunidad
Detrás de esta obra hay personajes que deberían estar en un manual de «señales de alerta para contratación pública»:
Graypod SAS, empresa liquidada con múltiples deudas y demandas en Montería.
Y la joya de la corona: CM Construcciones, vinculada a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, personaje relacionado con el escándalo de las pólizas falsas en la licitación del MinTIC por $1.07 billones de pesos en 2020.
¿Sorprende que estas empresas fueran las únicas proponentes en la licitación? Solo en un sistema diseñado para el fracaso.
Cuatro administraciones, cero soluciones
La verdadera obscenidad de este caso es la continuidad del abandono a través de cuatro administraciones municipales:
- Carlos Caicedo (2012-2015): Inició el proyecto con contratistas cuestionables.
- Rafael Martínez (2016-2019): Heredó el problema, presenció la cesión sospechosa del contrato y no logró resolverlo.
- Virna Johnson (2020-2023): Otro periodo completo sin avances significativos.
- Carlos Pinedo (2024-actual): Hasta ahora, sin un plan claro para rescatar la obra o responsabilizar a los culpables.
El CDI de Bonda no es un simple error administrativo: es un testimonio de la mediocridad sistemática que ha caracterizado a estas administraciones. Cuatro alcaldes y ni uno solo ha tenido la determinación de resolver un problema que afecta directamente a los niños más vulnerables de la comunidad.
El daño que no se cuenta: las víctimas reales
Mientras la Contraloría habla de un daño patrimonial de $1.948.488.858, lo que no se cuantifica es el daño a los niños de Bonda.
En un parque donde antes había juegos infantiles, ahora hay una estructura abandonada que sirve como refugio para el consumo de drogas. Los niños que debían beneficiarse de esta obra hoy tienen varios años más y nunca disfrutaron de sus instalaciones.
El CDI prometía:
- Educación inicial de calidad
- Atención integral para la primera infancia
- Espacios seguros para jugar y aprender
- Alimentación adecuada
Nada de esto se materializó. La pregunta obligada es: ¿cuántos niños de Bonda perdieron oportunidades de desarrollo mientras las administraciones municipales jugaban al «no es mi problema»?
La aritmética del cinismo
Lo absurdo de este caso puede reducirse a simples matemáticas:
- 10 años desde la firma del contrato
- 4 administraciones municipales
- 11 suspensiones contractuales
- 90% del presupuesto gastado
- 35% de ejecución real
- 0 niños beneficiados
Estas cifras deberían ser suficientes para provocar indignación. Sin embargo, en el Sistema Silencioso, la indignación se disuelve en la normalización del fracaso.
Romper el ciclo: lo que este caso nos enseña
El CDI de Bonda no es solo una estructura abandonada, es un símbolo de cómo opera la corrupción en Colombia: a plena luz del día, sin necesidad de ocultarse, perpetuándose a través de administraciones sucesivas que prefieren mirar hacia otro lado.
La pregunta no es si se terminará algún día esta obra, sino cuántos «CDI de Bonda» existen en todo el país, consumiendo recursos sin generar beneficios para las comunidades más vulnerables.
Romper este ciclo requiere más que indignación momentánea. Exige vigilancia ciudadana constante, rendición de cuentas efectiva y, sobre todo, funcionarios públicos dispuestos a resolver los problemas en lugar de heredarlos a la siguiente administración.
Mientras tanto, en Bonda, un esqueleto metálico sigue oxidándose bajo el sol, recordándonos que en el Sistema Silencioso, la corrupción no necesita esconderse. Solo necesita que todos miremos hacia otro lado.
