En la frontera colombo-venezolana, una ciudad entera sigue esperando el agua que nunca llega. Mientras tanto, un billón de pesos —sí, con «b» de billón— se ha esfumado entre las tuberías de asbesto que Aguas Kpital de Cúcuta nunca reemplazó, aunque estaba obligada contractualmente a hacerlo. Y es que, tal como reveló la Contraloría Municipal, el caso de esta empresa no es simplemente otro escándalo de corrupción más; es el manual perfecto de cómo saquear recursos públicos a plena luz del día durante casi dos décadas, sin consecuencias.
Lo fascinante del caso no es solo la magnitud del dinero desviado —$1.067.664.507.689 pesos para ser exactos— sino la sofisticación del Sistema Silencioso que permitió que ocurriera frente a los ojos de todos.
El esquema perfecto: una empresa fantasma al servicio del saqueo
La historia comienza con un contrato típico en la Colombia de principios de siglo: un alcalde condenado por homicidio (Ramiro Suárez) entrega en 2006 los servicios de agua de toda una ciudad a una empresa vinculada a los Nule, ese clan empresarial que ya por entonces era un sinónimo de corrupción en el país. El primer acto de esta obra estaba escrito.
¿Y qué hizo Aguas Kpital con el contrato 030 de 2006? Algo brillantemente perverso: jurídicamente dejó de existir, pero siguió operando.
«La propiedad de las acciones pasó luego a manos de una fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo», señala la Contraloría en un párrafo que traduzco para quienes no hablan el idioma de la burocracia: la empresa se las arregló para desaparecer legalmente sin dejar de existir operativamente.
El socio operador original, que debía mantener el 51% del capital accionario, cedió su participación sin autorización, lo cual está expresamente prohibido por la Ley 80 de 1993. Aguas Kpital entró en liquidación judicial desde 2010 y su matrícula fue cancelada en 2018. Si usted se está preguntando cómo es posible que una empresa cancelada siga operando el servicio de agua de una ciudad, ha dado en el clavo: ese es precisamente el genio del esquema.
El contrato quedó, como se dice coloquialmente, «en el aire«. No hay operador real ni responsable directo. Es el sueño húmedo de cualquier corrupto: operar un negocio multimillonario sin existir legalmente para responder por nada.
Asbesto para los ciudadanos, millones para los operadores
Si el escándalo fuera solo administrativo, sería grave. Pero es que la corrupción mata, literalmente.
Por décadas, los cucuteños han bebido agua que pasa por tuberías de asbesto, un material prohibido en gran parte del mundo por ser cancerígeno. Según la Contraloría, hay 396.885 metros de redes menores y más de 60.000 metros de redes primarias en asbesto cemento, algunas instaladas hace más de cuatro décadas.
Y eso no es todo. La tubería de conducción desde la bocatoma del río Pamplonita hasta los desarenadores incluye 1,5 kilómetros de asbesto cemento de 28 pulgadas de diámetro. De allí salen otras dos tuberías de 6,2 kilómetros cada una, también de asbesto, hacia la planta El Pórtico.
En otras palabras: mientras la empresa facturaba y cobraba millones por inversiones nunca realizadas, los ciudadanos seguían —y siguen— bebiendo agua transportada por un material que puede causarles cáncer.
La magia de cobrar dos veces lo mismo
Pero la sofisticación del esquema va más allá. La empresa encontró la manera de cobrar dos veces los subsidios destinados a los estratos 1 y 2. Durante el año 2023, Aguas Kpital facturó un supuesto déficit de subsidios por $13.214 millones de pesos, mientras que el municipio certificó y pagó $9.670 millones.
La diferencia, más de $3.543 millones de pesos, fue cobrada mediante un truco digno de un prestidigitador: incluyeron en las facturas usuarios del estrato 3 (que no reciben subsidios), usuarios de otros municipios que tienen su propio fondo de subsidios, e incluso predios sin estratificación válida.
Lo más irónico es que Aguas Kpital hace parte del Comité de Estratificación del municipio. Es como poner al zorro a cuidar el gallinero, pero con la particularidad de que este zorro tiene acceso a la base de datos oficial que define qué gallinas puede comerse.
Cuando tampoco pagas impuestos porque… ¿por qué no?
Para completar el cuadro, la empresa dejó de pagar el impuesto predial de los bienes que usa para operar el servicio, a pesar de que el contrato establece claramente que todos los tributos causados sobre los predios serían asumidos por ellos.
Al momento de la auditoría, se comprobaron deudas en mora por el impuesto predial en predios clave como El Arrayán Bellavista, la estación de bombeo en San Cayetano y lotes en Los Patios, con deudas acumuladas por las vigencias 2023, 2024 y 2025.
Y cuando la Contraloría les pidió explicaciones, la respuesta fue sencillamente soberbia: argumentaron que, como empresa privada, no tenían por qué atender los requerimientos de auditoría. Olvidaron convenientemente que quienes administran bienes, recursos y servicios públicos son sujetos de fiscalización, sin importar su naturaleza jurídica.
El billón desviado que nadie vio
El dato más escandaloso, sin embargo, es la cifra: $1.067.664.507.689 pesos que los usuarios habrían pagado por concepto de «costo medio de inversión» vía tarifa. Dinero que, según la Contraloría, no está respaldado por inversiones reales.
Para dimensionarlo: con ese dinero se podrían construir varios sistemas de acueducto completos para ciudades del tamaño de Cúcuta. Es más dinero del que muchos departamentos colombianos reciben para inversión en cuatro años.
Y el daño no termina ahí. La Contraloría también detectó un presunto daño por valor de $27.031.475.270 pesos por descuentos indebidos pese al incumplimiento del índice de continuidad establecido en el contrato.
El arte de no cumplir y aún así obtener prórroga
El contrato de concesión fue pactado inicialmente para 15 años y 6 meses, pero podría extenderse cinco años más si el operador cumplía ciertas condiciones técnicas, especialmente la reducción del Índice de Agua No Contabilizada (IANC) y la ampliación de la oferta de agua potable en al menos un metro cúbico por segundo.
Estas condiciones nunca se cumplieron.
El contrato exigía reducir las pérdidas de agua al 35%. No solo no lo lograron, sino que modificaron el anexo técnico para legalizar el fracaso. En 2015, ese índice fue de 56,43%, muy por encima del límite permitido.
Y sin embargo, obtuvieron la prórroga.
Los cómplices silenciosos
Este esquema no podría funcionar sin la complicidad de quienes deberían vigilar. La interventoría y la supervisión del contrato brillan por su ausencia en la narrativa. Un contrato que contemplaba multas del 120% sobre las obras dejadas de hacer y penalidades mensuales fue suavizado en una modificación posterior.
El resultado: cero sanciones por incumplimientos evidentes y reiterados.
¿Cómo explicar que una ciudad fronteriza, capital de departamento, siga teniendo un servicio de agua tan deficiente como hace casi 20 años, mientras una empresa fantasma se lleva más de un billón de pesos?
La respuesta está en lo que llamamos el Sistema Silencioso: ese entramado invisible donde la corrupción no es un acto aislado sino un mecanismo perfeccionado que opera dentro de la legalidad aparente, aprovechando cada grieta del sistema para extraer recursos públicos sin despertar alarmas.
El caso de Aguas Kpital en Cúcuta no es una anomalía. Es la muestra perfecta de cómo opera la corrupción estructural en Colombia: contratos diseñados para el saqueo, supervisión inexistente, operadores que desaparecen legalmente mientras siguen facturando, y ciudadanos que siguen pagando por un servicio que nunca mejora.
Mientras tanto, más de un millón de cucuteños siguen esperando que el agua llegue a sus grifos. Y cuando llega, no saben que puede venir con una dosis de asbesto incluida.
